Radio Estéreo Café, la radio de ANNCOL y las Farc, habla de 70 mil exiliados políticos, para referirse a unos ciudadanos que se han ido a vivir a Europa huyendo de las investigaciones por sus vinculaciones con las Farc y que las mismas comunicaciones de las agencias propagandísticas de las narcoguerrillas los muestran como promotores de seminarios, encuentros, paseos y fiestas donde se hace apología de los terroristas para recoger apoyo de los ciudadanos europeos.
Entre esos exiliados políticos se encuentran los hijos de los más importantes jefes narcoterroristas, entre ellos, ‘Alfonso Cano’, ‘Rodrigo Granda’ y los muertos ‘Raúl Reyes’ y ‘Mono Jojoy”, no porque la guerra contra el narcotráfico y el terrorismo los amenace, ser familiar de un bandido en Colombia no traslada los llamados ‘delitos de sangre’, es decir que sean las familias las que paguen las consecuencias de los delitos de sus componentes, tanto así que en este país es difícil judicializar a un delincuente si no se ha procedido a su correcta e indiscutible individualización, más ahora con la vigencia del sistema penal acusatorio, salvo que su relación se refiera a los vinculados con quienes se hayan opuesto al modelo fariano.
Antes de la UP, era la URSS o Cuba el paraíso al que los dirigentes del PCC y las Farc enviaban a sus hijos; muchos de ellos llegaron de nuevo al país convertidos en profesionales, algo que le negaban al pueblo que decían defender, y ocuparon prominentes puestos en el Estado que combatían. Aún hoy se observa la realidad del fenómeno, el hermano del cabecilla de las Farc es Concejal de Bogotá y por ese hecho no ha sido perseguido política o judicialmente, algo que no sucede con quienes se encuentren relacionados como opositores o combatientes contra las narcoguerrillas. Ellos tienen mejores garantías judiciales que sus pares de la otra orilla que deben asumir la condena social por los actos de sus familias.
Este clima ficticio, aceptado por nuestros gobiernos, ha permitido el surgimiento de cualquier clase de organizaciones, que socavando el orden institucional, han logrado que los narcoguerrilleros, sus auxiliadores y promotores políticos, puedan hoy ser considerados prisioneros por delitos de opinión, ninguno de ellos, dicen, ha empuñado armas aunque se les capture o se desmovilicen con ellas en la mano; mientras haber asistido a una reunión, aún bajo presión, se convierte en prueba reina para condenar a quienes estén en la orilla opuesta, aunque tampoco hayan empuñado armas para el fin criminal, son determinadores ideológicos dice el poder judicial que presentó candidatos propios de oposición al Estado social de derecho.
Los que le declararon la guerra a Colombia para imponer mediante el terror el régimen comunista son luchadores altruistas, los que militaron en cualquier forma de oposición a esa pretensión hoy son reos de delitos comunes. Eso hubiere tenido alguna discusión válida en los 70 del siglo pasado, cuando la guerrilla era apenas una molestia rural, pero a partir de los 80 cuando se hace evidente la alianza narcoguerrillera es imposible tal jurisprudencia de nuestro poder judicial, que desde entonces como un mea culpa, trata de equiparar en la balanza de la justicia a los bandidos que se apartan de la ley y a quienes la defienden.
La solicitud de exilio de algunos dirigentes políticos y sobretodo de quienes tienen vínculos con las Farc y el Eln hacen, sólo tiene como fin dos objetivos: Sacar a las familias de los narcoguerrilleros del país para evitar cualquier acción hipotética que pudiere servirles como medio de presión militar y segundo, comprometerlos a llevar la propaganda fariana o elena a donde lo requieran.
¿Pero quién paga esa propaganda? Hasta el M-19 mantiene políticamente hoy supuestos exiliados en México, Clara Helena Enciso, que jamás ha sido llamada a declarar sobre los hechos que rodearon la Toma del M-19 al Palacio de Justicia cuyos 25 años se conmemoran ahora. Muchos más, que son invisibles, viven en el exterior como esa terrorista y por los que nadie se ocupa, salvo las finanzas nacionales.
Cierto es que tal afirmación es una especulación, ¿Pero no ha sido sobre especulaciones que se ha fundado la persecución judicial y política contra los militares por haber recuperado el orden y la ley en los luctuosos días del 5 y 6 de noviembre de 1985?
La misma excusa utiliza el ahora prófugo de la justicia colombiana Yahir Klein, cuya defensa, basada en unas declaraciones del expresidente Santos quien dijo que “ojala se pudriera en la cárcel”, bastó para decir que aquí no se respetan los derechos humanos, la misma excusa que se utiliza en los ambientes comunistas para denigrar del país en torno al mismo tema; allí se reúnen los intereses criminales de los actores armados en un solo fin: atacar al Estado colombiano y el modelo de Estado social de derecho como ejemplo. No en vano una senadora colombiana caracterizada y sancionada por extralimitar sus funciones y convertirse en vocera de las Farc, hoy sea vocera también de los ayer enemigos naturales, a los que denunció y persiguió, los miembros de las desmovilizadas AUC.
No es raro que esa senadora termine ahora como exiliada, si la Corte Suprema de Justicia abordara con seriedad la investigación de la llamada farcpolítica, cosa cuestionable mientras se mantenga la misma composición que hasta ahora no sólo ha privado de la elección de un Fiscal o de los componentes de las mismas Cortes, sino que tiene como objetivo destruir lo alcanzado por el anterior gobierno mientras más del 60% de los casos judiciales sometidos a su consideración se mantienen represados y sobre una cantidad enorme de ellos operará la preclusión por vencimiento de términos, en perjuicio de los afectados.
No sólo el estado colombiano debe certificar la situación de perseguido político para que el exiliado obtenga la visa correspondiente, sino que debe garantizar al Estado receptor una serie de condicionamientos que garanticen tal status, generalmente económicos, de tal manera que son los contribuyentes colombianos los que terminan sufragando el tour internacional de quienes atacan precisamente ese ordenamiento estatal conforme al derecho internacional, aunque internacionalmente se considere que el motivo del exilio fue provocado por el mismo Estado.
Usted y yo, con los impuestos que pagamos, aunque el oneroso IVA para alimentarnos, le pagamos el paseo y la propaganda a los hijos de ‘Alfonso Cano’, ‘Rodrigo Granda’ y los muertos ‘Raúl Reyes’ y ‘Mono Jojoy”, al hermano de Cano en Bogotá y a los militantes del PC3 en todo el país.
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