Daniel Ortega vuelve a arremeter contra Colombia para justificar sus ambiciones expansionistas en Centroamérica. En una clara señal de la esquizofrenia que caracteriza a los déspotas bolivarianos, Ortega ha señalado que el fallo en su contra por parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), en referencia al conflicto limítrofe con Costa Rica, ha sido producto de un complot orquestado por Colombia para proteger al narcotráfico y apoderarse del Caribe. Según el mandatario nicaragüense, su país fue víctima de la conspiración encabezada por Bogotá, que "impulsa una política expansionista en el mar Caribe".
El mandatario guerrillero dijo que los gobiernos de México, Panamá, Honduras y Guatemala se han aliado con Costa Rica y Colombia para fustigar a Nicaragua y defender los intereses del narcotráfico en el Caribe. Con total insolencia, Ortega afirmó que Colombia "ha querido apoderarse del mar Caribe, mantiene por la fuerza de las armas a San Andrés, Roncador, Providencia, entre otras. Mantiene por la fuerzas de las armas sus patrullas en estas zonas”; y que Bogotá ha firmado tratados limítrofes con San José y Tegucigalpa para “robarle” territorio a Nicaragua y ahora estimula las “ambiciones expansionistas” costarricenses en el río San Juan [sic]. Y finalizó lanzando acusaciones temerarias contra estos seis países, señalando que son aliados de los narcotraficantes que no quieren que Nicaragua combata el tráfico de drogas ilícitas [sic]1.
Para contextualizar, cabe señalar que el conflicto entre Costa Rica y Nicaragua por los territorios contiguos al Río San Juan se ha intensificado recientemente. De acuerdo al Tratado Cañas-Jerez de 1858, la soberanía de la margen norte y las propias aguas de aquel río son potestad de Nicaragua, mientras que la margen sur pertenece a territorio costarricense. Sin embargo, este mismo tratado le otorgó derechos perpetuos de libre navegación con fines comerciales a Costa Rica, si bien le prohibió la navegación con fines militares o policiales.
A pesar del Tratado, según lo explica Arturo Wallace, “los sedimentos acumulados durante años han creado meandros y cambios en el curso del río"2, con lo cual la delimitación y soberanía de los territorios ha resultado bastante difusa. Aprovechándose de esta ambigüedad, en meses pasados el gobierno nicaragüense decidió iniciar un proceso de dragado del río, provocando el malestar de Costa Rica que señala que dicha acción tiene por objetivo desviar el cause del río y, de esta forma, su vecino del norte busca adueñarse de zonas que nunca le han pertenecido.
El cuadro se complica con la reciente decisión de Ortega de desplegar efectivos militares en la Isla Calero, con el argumento de la presunta presencia del narcotráfico en aquel territorio. La Isla Calera ha sido reconocida históricamente como parte de Costa Rica, pero Nicaragua reclama su soberanía y busca apropiarse de un territorio de unos 150 kilómetros cuadrados en el delta del San Juan al que considera parte de la laguna Harbor Head.
Ante la incursión militar de Nicaragua en Costa Rica, la OEA emitió una resolución en la que se insta al gobierno de Ortega a retirar las tropas del territorio en disputa y hace un llamado a la cordura y el dialogo sobre una solución bilateral al litigio. Es esta resolución la que Ortega, que como cualquier déspota no acepta oposición alguna, ha dicho que no acatará, calificándola como una conspiración contra su país y ha amenazado con retirarse de la organización multilateral.
Con estas declaraciones queda claro que Daniel Ortega siente un total desprecio por el Derecho Internacional y busca pasar por encima de los tratados para adueñarse de los territorios que no le pertenecen. Para ello, saca ventaja de la condición de Costa Rica, país que no cuenta con fuerzas militares desde 1948, pero sí con una acreditada tradición democrática y de respeto irrestricto por el Derecho Internacional. Calidades que no comparte Nicaragua, cuyo gobernante es un guerrillero perteneciente a esa aberración comunista – terrorista comandada por Hugo Chávez, y quien asaltó el poder del país centroamericano a sangre y fuego en la década de los ochenta; desde aquel momento, Ortega ha hecho lo posible por desestabilizar la paz y la seguridad de la región, amenazando la soberanía territorial y marítima de sus vecinos, incluyendo la de Colombia.
Y mientras la OEA y los países ofendidos han mostrado un firme rechazo a las temerarias acusaciones de Ortega y a la violación de la soberanía de Costa Rica, la cancillería colombiana duerme. Para no molestar al déspota de Miraflores, gran amigo del presidente guerrillero, probablemente el gobierno colombiano decida mirar hacia otro lado y callar ante tamaña ofensa de ser ‘socio del narcotráfico’. Con tal de congraciarse con su ‘nuevo mejor amigo’, el gobierno Santos es capaz de rifar la dignidad del país. ¡Que vergüenza!
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