En un fallo sin precedentes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se ha declarado competente para procesar la demanda entablada por Ecuador contra Colombia por la muerte de un ciudadano ecuatoriano en desarrollo de la gloriosa Operación Fénix, contra el campamento de las FARC en el que se encontraba el narcoterrorista ‘Raúl Reyes’ y ubicado en zona adyacente a la frontera colombo ecuatoriana. Se trata de la primera vez, en sus más de 50 años de historia, que este organismo, perteneciente a la Organización de los Estados Americanos, se atribuye competencia para tramitar una demanda interestatal, hecha por un Estado en contra de otro. A partir de esta decisión, ambos Estados dispondrán de tres meses para establecer sus alegatos y la CIDH emitirá un fallo final en un año.
Aclaremos primero en que consiste la demanda ecuatoriana. En marzo de 2009, la Procuraduría General de Ecuador presentó un recurso ante la CIDH con el objetivo de obligar al Estado colombiano a indemnizar a la familia del ecuatoriano Franklin Aisalla quien, según las autoridades ecuatorianas, habría sobrevivido al bombardeo del campamento guerrillero y luego habría sido ‘asesinado’ mediante golpes en la cabeza propinados por las tropas colombianas. Un comunicado reciente del Ministerio Publico ecuatoriano, señala que la demanda interestatal contra Colombia es "por su responsabilidad internacional por la violación del derecho a la vida, garantías judiciales y a la protección judicial en perjuicio del ciudadano ecuatoriano Franklin Guillermo Aisalla Molina [quien] fue privado arbitrariamente de su vida por agentes de la fuerza pública de Colombia en el marco del Operativo 'Fénix', circunstancia que originó también la afectación de los derechos humanos de sus familiares". De esta forma, Ecuador acusa a Colombia de violar tres de los artículos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos: el articulo 4 que consagra el derecho a la vida, el numero 5 sobre el debido proceso y el numero 8 respecto a la integridad física.
Mas allá de este ofensivo señalamiento en contra de las FF.MM. colombianas y el grotesco reclamo de reparación a un narcoterrorista, genera aún mas estupor el hecho de que la CIDH haya decidido rechazar los argumentos colombianos, con sólidas bases jurídicas, para objetar la competencia del organismo multilateral en el caso. Primero, porque Colombia nunca ejerció control territorial ni tuvo una presencia militar permanente en territorio ecuatoriano, por lo cual no se puede argumentar que Colombia ejerció una jurisdicción extraterritorial sobre la zona de Angostura (Ecuador) y las personas allí situadas. Segundo, que el caso corresponde al Derecho Internacional Humanitario y no a la CIDH. Tercero, que los recursos legales no han sido agotados en Colombia y por tanto, la intervención de Comisión viola el principio del previo agotamiento.
Lo cierto es que mediante esta decisión, la CIDH está manifestando su apoyo a la postura politizada, ideologizada y maniqueísta con la cual Ecuador ha abordado el asunto. Primero, dando crédito a los señalamientos ecuatorianos, secundados por la extrema izquierda colombiana, de que nuestras FF.MM. colombianas están constituidas por criminales, que asesinan por fuera de combate y que violan sistemáticamente los derechos humanos. Segundo, la intervención de la Corte implica que la Operación Fénix es un caso de violación de derechos humanos y no, como efectivamente lo fue, una acción de legitima defensa por parte del Estado colombiano, en la que se neutralizó un blanco legítimo, un campamento narcoterrorista establecido en suelo ecuatoriano desde donde se planificaban los ataques terroristas en contra del pueblo colombiano.
En este sentido, cualquier investigación que se quiera adelantar por la muerte de los narcoterroristas que se encontraban en ese campamento, debe estar sujeta al Derecho Internacional Humanitario que regula los conflictos y que no por parte del derecho de los Derechos Humanos.
Es raro que un Estado decida demandar a otro en nombre de un ciudadano particular. Aunque en este caso en particular, no nos debería extrañar que Ecuador se muestre sumamente ofendido por la muerte de un narcoterrorista, quien actuaba al servicio de ‘Raúl Reyes’ para cometer crímenes en contra del Estado y la sociedad colombiana. Al fin y al cabo, sabemos muy bien de los vínculos y simpatías que el gobierno comunistoide de de Rafael Correa mantiene con las FARC, los cuales no se limitan a Aisalla, sino que involucra incluso a funcionarios como Gustavo Larrea, ex ministro de Seguridad Interna.
Lo realmente absurdo es que un organismo multilateral con la supuesta prestancia de la OEA, haga eco de acusaciones tan absurdas como las ecuatorianas, y pretenda condenar a Colombia por hacer uso del derecho a la legítima defensa e imponerle al país sanciones como la reparación a la familia del ecuatoriano muerto. Los valores se han invertido, los victimarios fungen ahora como victimas. En lugar de ser las FARC quienes reparen a las miles de victimas que ha dejado su accionar violento, es el Estado colombiano el que debe reparar a las familias de los criminales narcoterroristas ¡El mundo está al revés!
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