Por años el sindicalismo colombiano ha sostenido una batalla de deslegitimación de los gobiernos nacionales, toda muerte de un dirigente o activista sindical es automáticamente mostrada como fruto de la persecución del Estado a esas organizaciones; en la OIT se registran numerosas denuncias como la que se hizo por el brutal asesinato del dirigente Adolfo González Montes, quien en el 2008, apareció en su casa degollado y con signos de asfixia.
González Montes era empleado de Cerrejón y miembro de Sintracarbón, que junto a la CUT, denunció el caso ante la Organización Internacional del Trabajo como una persecución del Estado contra el movimiento sindical; hecho que aún pesa como antecedente contrario a los intereses internacionales del país como se aprecia en las trabas que el partido demócrata de los EE.UU., le ha puesto a la suscripción del TLC con Colombia.
Hoy se sabe que el crimen no obedeció a una persecución estatal, que como en muchos otros casos es producto de situaciones personales o de la delincuencia común. González Montes fue asesinado por dos delincuentes contratados por su esposa Mildreth Castro Caro, quien junto con su novio obtuvo los servicios de dos desmovilizados de las AUC para que cometieran el homicidio.
El objeto ilícito del delito era cobrar un seguro de vida por $210 millones de pesos que tenía la víctima como empleado de la compañía carbonífera, Los asesinos alias 'Cabeza' y 'el Mico' fueron capturados en septiembre y confesaron que el compañero sentimental de Castro les entregó unas llaves de la casa del sindicalista para que lo mataran; lo paradójico es que la CUT y Sintracarbón presentaron el testimonio de la adolorida viuda como prueba de cargo contra Colombia, señalando como el Estado destruía no solo la actividad sindical sino la vida familiar de los dirigentes de ese gremio.
Debe recordarse como ante la Fiscalía fue denunciado, sin resultados hasta ahora, como dirigentes de la USO recurrían indiscriminadamente a delincuentes de las autodefensas o las narcoguerrillas para eliminar competidores dentro de la organización sindical; los mismos que ordenaron presuntamente los crímenes después aparecían denunciando ante la OIT y en los medios, que esos asesinatos eran producto de la tarea antisindical del Estado colombiano.
Hechos como estos deberían llamar a la reflexión a la dirigencia sindical colombiana para cesar sus ataques a la nación, los desmentidos posteriores que de las denuncias hace la realidad fáctica minan la credibilidad en tan importantes instituciones, mucho más cuando esa dirigencia no hace una rectificación pública y una retractación de sus denuncias internacionales.
Así como hay dirigentes sindicales honestos que en verdad luchan por los intereses más preciados de los trabajadores, hay gentes que utilizan el sindicalismo para sus propios fines políticos contra la democracia, que sin ningún rubor participan en eventos internacionales en los que se hace reconocimiento a la narcoguerrilla sin sentar su voz de protesta, asumiendo por convicción u omisión que hacen parte de esos reconocimientos como sucedió en 2007 con ocasión de un evento en el Ecuador (Seminario Internacional Sobre La Revolución en Latinoamérica celebrado en Quito, en julio de 2007). Debe recordarse que la denuncia de este hecho motivó que los sindicalistas promovieran una acción penal contra el entonces Vicepresidente Francisco Santos y el asesor presidencial José Obdulio Gaviria, la cual cursa en el juzgado 44 de Control de Garantías de Bogotá. Señalar que dirigentes sindicales de las Empresas Públicas de Cali se encontraban en ese seminario, fue considerado una persecución contra la actividad sindical.
Qué dirán ante estas realidades quienes indican que Colombia es el país más peligroso para la exigencia de los derechos laborales. 9 de cada 10 sindicalistas, dicen sin ninguan vergüenza, mueren en este país, como falsamente han sostenido a nivel internacional, que sin pena señalan que hay más de 15 mil personas detenidas desaparecidas. Crímenes todos estos, según algunos sindicalistas, cometidos al amparo del mismo Estado; más veraz es la tesis de algunas organizaciones vinculadas a ese gremio que señalan que el sindicalismo es objetivo de las organizaciones armadas ilegales que pretenden ponerlos a su servicio para generar conflictos sociales y laborales que permitan la creación del llamado clima insurreccional favorable a su proyecto socialista.
Prueba de ello lo ha dado la captura de dirigentes del sindicato Fensuagro en estructuras criminales de las Farc como se registró en el Sumapaz. Juan Efraín Mendoza Gamba, dirigente de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria y seis presuntos integrantes de las Farc, capturados el 28 de febrero de 2009 en el campamento de alias el “Negro Antonio", quienes posteriormente fueron dejados en libertad por vencimiento de términos por el Juez 21 con Función de Control de Garantías; el dirigente sindical alegaba que había sido secuestrado por las Farc y seguramente su captura fue tabulada como otro acto de persecución sindical en el país.
En el 2008 también había sido capturada Liliana Patricia Obando Villota, dirigente de esa misma organización sindical, quien hacía parte de la comisión internacional de las Farc y en el computador del abatido jefe de las Farc Raúl Reyes encontraron abundante material sobre sus actividades ilegales además de correos íntimos con Reyes pues sostenían una relación sentimental. Obando Villota, es sicóloga y aprovechaba su posición sindical que hablaba tres idiomas para hacer contactos internacionales a favor de la guerrilla. En este caso los sindicalistas hablan de criminalización de la ideología o de la opinión, pues se indica que la capturada jamás empuñó armas a favor de las Farc y que su delito fue expresar públicamente su admiración por los narcoguerrilleros.
El sindicalismo por sí mismo es necesario en el equilibrio de las relaciones empleador-trabajador y es una actividad protegida especialmente por nuestra Constitución y la ley, amén de los compromisos internacionales que priman en las relaciones de estas organizaciones con el Estado. Lo grave es que algunos sindicalistas comprometan la legitimidad de esa actividad al prestarse a los fines protervos de la narcoguerrilla y otras formas delincuenciales, casos en los que como cualquier ciudadano deben responder al incurrir en delitos tipificados en nuestro ordenamiento penal, lo que no puede tenerse como persecución u obstaculización de la actividad sindical.
Tampoco puede el Estado responder por los hechos que derivados de acciones criminales comunes, como es el caso del señor Adolfo González Montes, que afectan la vida o la integridad de los líderes sindicales.
El gobierno nacional debe documentar y hacer públicos los informes sobre los homicidios cometidos contra la dirigencia sindical para aclarar de una vez por todas que no hay una política estatal de persecución a esa actividad e imponer la verdad sobre los hechos que rodean cada caso, no sólo los atribuidos a las autodefensas y al Estado, sino también de aquellos cometidos por las Farc como es el caso del señor Germán Restrepo Maldonado, dirigente del sindicato de empaques, Sintraempaques, quien murió a manos de sicarios en el centro de Medellín. El dirigente, de 58 años, fue uno de los sindicalistas que más defendió el TLC ante el Congreso de los Estados Unidos. En el año 2009 fue condecorado por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, con motivo de la celebración de los 35 años de Sintraempaques.
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