Indignación y estupor ha causado en el mundo la irregular citación que presuntamente le hace la Corte del Distrito de Columbia en Washington al expresidente Álvaro Uribe Vélez a fin de que se presente a declarar ante ese Tribunal el próximo 22 de noviembre en un caso relacionado en contra de la Drummond Company a causa de presuntas relaciones de esa empresa con grupos paramilitares y promovido por la presunta víctima Claudia Judith Balcero Giraldo.
Se dice que el Tribunal considera que Uribe Vélez tiene información “valiosa y relevante” sobre los nexos de la Drummond con los paramilitares. Si la citación es real y el Tribunal parte de esas consideraciones, indudablemente se están violando todas las normas protocolarias y de tratamiento diplomático entre los EE.UU y Colombia, pues los mandatarios extranjeros, aún cuando ya no ejerzan el cargo, tienen un fuero especial que impide sean tratados como cualquier ciudadano del común, nótese que excepto el caso de Noriega en Panamá, ningún mandatario o ex mandatario ha sido procesado sin agotarse previamente las normas legales y diplomáticas
Lo que causa estupor es la forma en que se presenta la presunta citación. Una estudiante de derecho de Georgetown le botó a Álvaro Uribe un papel que contenía una citación para testificar ante una corte de EEUU. Una de las activistas que confrontaron al presidente Uribe en sus primeras clases en la Universidad de Georgetown, de nombre Charity Ryerson, estudiante de derecho, fue la que le lanzó el papel al ex presidente Uribe en una de sus clases este miércoles. Este tipo de citaciones, al tener contacto físico con el citado, lo obliga a hacer presencia en una corte federal de los EE.UU. Es decir, bastaría que el papel hubiere tenido algún contacto físico con el expresidente, aunque éste no se enterara de su contenido, para considerarse cumplido el rito legal de notificar la citación.
El caso de Balcero Giraldo lo lleva el abogado Terry Collingsworth y en un comunicado de prensa dice que esperan que Uribe haga presencia el próximo 22 de noviembre “en las oficinas de Washington de la firma Conrad & Shcerer" que lidera el caso contra la Drummond en una corte de Birghmington, Alabama. Es decir la comparecencia ni siquiera sería ante el Tribunal de conocimiento, sino en las oficinas privadas de los demandantes.
En el papel arrojado contra el expresidente, la firma legal dice representar a más de 500 familias afectadas por asesinatos de los paramilitares en el Departamento del Cesar para proteger los intereses de la Drummond dentro del conflicto civil que ocurre en Colombia y habla de una guerra civil que libran las AUC y las Farc , señalando que específicamente en 1999 la Drummond proveyó de recursos a las AUC y por ende son patrocinadoras de los eventos criminales que se investigan.
El abogado del ex jefe de Estado, Jaime Lombana, manifestó a los medios de comunicación que se analizan las razones por las cuales la Corte de Alabama solicitó su declaración por un caso que lleva de presuntos nexos de la multinacional Drummond con las autodefensas. El jurista expresó que el ex mandatario no conoce de los hechos, lo que indica “una total ingenuidad” sobre la situación colombiana, de parte de los abogados defensores de las víctimas que solicitaron su testimonio, insistiendo en que de acuerdo con las leyes norteamericanas, si el citado toca el escrito, automáticamente queda notificado de su comparecencia.
Pero más allá de la discusión legal sobre la forma en que se cita a una persona en los EE.UU., o la validez de la citación efectuada al expresidente Uribe Vélez, no se puede perder de vista el evidente interés político del hecho. Indudablemente, las ONG y otras organizaciones que actúan abiertamente a favor de las Farc han extendido sus tentáculos a la misma sociedad norteamericana, cuyo interés radica en demostrar que la Ley de Justicia y Paz fue una decisión del gobierno para favorecer a los desmovilizados de las autodefensas ilegales rechazado por la sociedad colombiana, sin tener en cuenta que la norma legal abarca a todos los componentes de organizaciones armadas ilegales a la que también se han acogido algunos miembros de las Farc y Eln, sobre lo que nada se dice.
Dicen los críticos norteamericanos del instrumento legal que desde su aprobación, éste ha sido condenado y criticado por sectores sociales, pues impone penas de 5 a 8 años hacia paramilitares que ejecutaron masacres y secuestros, castigo que consideran insuficiente, sin citar las fuentes de su aseveración y mucho menos referirse al hecho de que miembros de organizaciones terroristas incluso fueron amnistiados e indultados por sus delitos igualmente aberrantes; desconoce también realidades fácticas como las expresadas en las marchas ciudadanas contra las narcoguerrillas y de respaldo a la gestión desarrollada por el expresidente.
El abogado de la Drummond, Bill Jeffreis, ha señalado que la citación es hecha por los acusantes del caso, pero no por la corte. Por ende, el propio Uribe puede apelar si lo desea hacer. "No hablo en nombre del presidente Uribe pero si él decide contradecir esta citación creo que la corte dirá que de hecho la citación no tiene validez", dijo Jeffreis. Desde hace 8 años se han hecho investigaciones contra la Drummond por parte de defensores de Derechos Humanos en EEUU y en Colombia, en representación de las víctimas del paramilitarismo. Ha habido dos casos en donde las cortes norteamericanas han absuelto a la empresa y este es el tercer caso que se lleva en Alabama, donde la empresa tiene sus oficinas principales.
En un comunicado de prensa la Drummond Company ha señalado: Drummond Company, Inc. y Drummond Ltda., impugnarán los esfuerzos inapropiados para obtener el testimonio del ex presidente colombiano Álvaro Uribe en los Estados Unidos. En días pasados, los abogados de los demandantes en un litigio contra Drummond Company, Inc., Drummond Ltd. y algunos de sus empleados notificaron inapropiadamente al ex presidente colombiano Álvaro Uribe una citación que busca obligarlo a dar testimonio.
La citación fue literalmente lanzada a los pies del Presidente Uribe mientras asistía a una conferencia en la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. En la demanda, la cual es sorprendentemente similar a dos litigios anteriores que fueron resueltos en su totalidad a favor de Drummond, los demandantes alegan que Drummond suministró ayuda a paramilitares que asesinaron a civiles que vivían cerca de la línea férrea de casi 200 kilómetros que utiliza Drummond en Colombia.
Al igual que en los dos anteriores litigios infundados, Drummond enfáticamente ha negado todos estos alegatos y espera tener la oportunidad de probar su falsedad. Parece que la citación notificada inapropiadamente al Presidente Uribe está simplemente dirigida a generar un impacto mediático para el litigio y hostigar al Presidente Uribe, quien no sabe nada acerca de los alegatos en la denuncia. Cabe resaltar que la citación es del mismo abogado quien presentó los dos litigios anteriores sin éxito contra Drummond.
Con base en la citación y su forma de notificación al Presidente Uribe, parece que los abogados de los demandantes esperan apoyar su último litigio mediante proezas mediáticas en vez de presentar las evidencias en la corte, y están buscando atacar al expresidente Uribe y al gobierno de Colombia por sus esfuerzos para terminar el conflicto, no resuelto por falta de voluntad política de las narcoguerrillas más interesadas en sostener sus intereses narcotraficantes.
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