Siguiendo los pasos del tristemente recordado juez español Baltasar Garzón, el Fiscal de Roma, Giancarlo Capaldo, cerró la investigación sobre el llamado "Plan Cóndor", el que definió como un sistema de coordinación represiva ilegal entre las dictaduras militares sudamericanas en los años 70 y 80. El cierre de la investigación, que duró más de diez años, precede al pedido de envío a proceso de alrededor de 140 indagados.
Los que podrían ser sometidos a proceso, incluso en contumacia, son los miembros de las juntas militares y de los servicios de seguridad de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, acusados de la muerte de 25 italianos. De esta lista, el único encarcelado es el ex fiscal militar durante el régimen de Augusto Pinochet, Alfonso Podlech Michaud, quien fue extraditado a Italia tras ser detenido el 27 de julio de 2008 en el aeropuerto de Barajas.
Al ex fiscal se le acusa de la desaparición en la cárcel de Temuco del ex sacerdote de origen italiano Omar Venturelli vinculado a actividades políticas clandestinas durante el gobierno de Salvador Allende.
También se pedirá enjuiciar al ex jefe de la DINA, Manuel Contreras, y al ex ministro del Interior de Paraguay Sabino Augusto Ciarletti Montanaro, al ex presidente de Perú Francisco Morales Bermúdez y al primer ministro de ese país Pedro Prada Richter. A estas personas se les sindica de haber hecho parte del llamado “Plan Cóndor” desarrollado dentro de la guerra contra la subversión armada comunista en el Continente durante los años 70 y 80.
Como fundamento para la decisión del fiscal italiano se tiene un presunto “expediente del terror” que se dice encontró el izquierdista juez paraguayo José Fernández quien afirma haber encontrado el 22 de diciembre de 1992 un volumen importante de información sobre esta operación. Al visitar una comisaría en Lambaré, suburbio de Asunción, para buscar archivos de un ex preso político, descubrió los llamados "archivos del terror", que detallan el destino de miles de latinoamericanos secretamente secuestrados, torturados y asesinados.
El citado documento jamás fue utilizado en Paraguay para abrir causas penales contra posibles violadores de los derechos humanos, sólo hasta ahora 20 años y en pleno auge de la guerra jurídica y política desatada por el Foro de Sao Paulo y el comunismo internacional contra las Fuerzas Militares, especialmente latinoamericanas, resurge como motivo de discordia y sin que nadie haya avalado su legitimidad o validez para indicar que de haber existido la Operación Cóndor fue adelantada contra inocentes demócratas en el sur del continente.
Todos estos presuntos documentos, manipulados y tergiversados a conveniencia de las organizaciones terroristas que asolaron el continente en los años 60 y 70, han sido productos de las llamadas Comisiones de la Verdad, las Comisiones sobre Prisión Política y Tortura, Comisiones de Reconciliación y otros organismos no gubernamentales que de manera sesgada siempre han mostrado a los terroristas y sus secuaces y voceros como víctimas y a los militares como victimarios, excluyendo o minimizando en sus politizados informes las acciones criminales adelantadas por el comunismo internacional en nuestros países.
Los informes de estas comisiones sólo tienen como fin transformar mediante el miedo a futuros procesos similares a los militares activos, convirtiéndoles por la fuerza en brazo armado del socialismo (como ocurre en Venezuela), y neutralizar la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo (como se pretende en Colombia).
Hay una conclusión que brillantemente expone el hoy preso político venezolano Alejandro Peña Esclusa: La Conclusión propone “diseñar una estrategia continental para defender las Fuerzas Armadas frente a la injusta y brutal agresión de las que son objeto. Esta defensa” -añade- “debe ser emprendida no solamente por los militares, sino por la sociedad entera; porque la existencia de unas FF.AA. bien equipadas, bien entrenadas y con una Alta Moral, es requisito indispensable para la supervivencia misma de nuestras naciones. De ello pueden dar testimonio el pueblo colombiano, que ha sido rescatado por las Fuerzas Armadas de las garras de las FARC; y el pueblo hondureño que, gracias a sus militares, pudo salvarse de una dictadura chavista.”[1]
En ningún momento se puede bajar la guardia y si los funcionarios que lucharon contra el narcoterrorismo son hoy víctimas de la persecución judicial de una Corte Suprema de Justicia protagonista de muchos de los escándalos que suscitaron las escuchas e investigaciones de hechos que podrían haber sido considerados delitos cuando fueron divulgados por la prensa, indudablemente no constituyen garantía del debido proceso para los militares que han sacrificado sus vidas persiguiendo a los bandidos que por más de 50 años han sumido nuestra patria en el dolor de una violencia infame y que ahora son presentados por esa Corte como luchadores altruistas.
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[1] PEÑA ESCLUSA, Alejandro. Ver: http://www.unoamerica.org/unoPAG/libros.php?id=11
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