Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia muestran el cobre e indican que su interés no es la cumplida administración de justicia, sino que el cargo es un vehículo para el enriquecimiento a cualquier costo.
El señor Yesid Ramírez, uno de los promotores de los llamados “choques de trenes” entre el poder ejecutivo y el judicial, aspira a una indemnización de $2.000 millones de pesos para él y $154.5 millones de pesos para su esposa y cada uno de sus hijos, como reparación moral por los perjuicios derivados de las presuntas “chuzadas” de que fue víctima. En su empeño lo acompañan el infaltable Colectivo de Abogados Alvear Restrepo, la Comisión Colombiana de Juristas y el señor Gustavo Petro.
Habría que revisar las sentencias que este señor produjo con respecto a las peticiones de indemnización por daños y perjuicios que le fueron negadas a cientos de colombianos que verdaderamente por acción de la delincuencia sufrieron esos daños morales y materiales. A la pretensión de Ramírez se sumará inmediatamente Iván Velásquez y seguramente el bloque minoritario de Magistrados que ha tenido la capacidad para poner en Jaque al Estado.
En un pasaje del evangelio de Lucas se lee: Buena es la sal; pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué será sazonada? No es buena ni para la tierra ni para abono; por eso la arrojan fuera. Quien tiene oídos
para oír, oiga (Lc.:42:14:34). Ya no es un ataque personal de estos individuos contra el expresidente Uribe, es un ataque alevoso, premeditado y traicionero contra la misma República que los honró con
las altas magistraturas, es un capítulo más de esa guerra jurídico-política que el narcoterrorismo y sus áulicos le han declarado al Estado social de derecho.
Puede entonces pensarse que el Estado podría iniciar acciones indemnizatorias contra estos Magistrados de la CSJ por atentar contra las instituciones democráticas al impedir la elección del Fiscal
General por más de un año generando inestabilidad jurídica en perjuicio de miles de colombianos pendientes de procesos penales y qué decir de la incapacidad manifiesta para conformar las Salas al impedir la elección de Magistrados que se encuentra pendiente por más de un año o la responsabilidad de estos elementos en la administración del poder judicial al impedir que se tomaran las medidas y provisiones necesarias para garantizar su correcto funcionamiento.
La situación que hoy se vive no es más que el producto de la soberbia y la prepotencia de estos Magistrados que hoy aspiran a enriquecerse a costa del patrimonio público; su génesis surge a partir de la ira que les produjo que Uribe no acompañara su intención de eliminar la Corte Constitucional y convertirla en Sala especializada como ocurría en la Constitución del 86, la intención proterva que aún sostiene la CSJ es la de que la Corte Constitucional no revise como máxima instancia sus decisiones especialmente en la campo de las acciones de tutela. A partir de entonces declararon una guerra sin cuartel contra el Poder Ejecutivo.
Luego vinieron las denuncias de los medios de comunicación sobre los vínculos de algunos Magistrados con personajes de dudosa reputación que no solo les hicieron regalos costosos, sino que les pagaron viajes y parrandas en varias ocasiones; algunos de esos individuos están purgando penas por narcotráfico en el exterior. Estos hechos nunca fueron aclarados debidamente y se tendió la cortina de humo de escuchas ilegales, de interceptaciones y otras para restarles importancia.
La contradicción entre el Ejecutivo y el Judicial se convirtió entonces en un asunto personal de estos Magistrados que hoy demandan a la Nación; la manipulación de testimonios y pruebas, la oferta de beneficios judiciales para delincuentes que involucraran al Presidente en conductas punibles, las parrandas de Magistrados Auxiliares con presuntos testigos de la parapolítica, y otra serie de conductas
irregulares para deslegitimar al Presidente terminaron en los estrados judiciales con denuncias y contradenuncias, incluso abogados militantes de partidos políticos opositores al gobierno no dudaron en ponerse al servicio de los Magistrados para introducir el elemento político en el debate.
Si hay responsables de daños morales a la nación son estos magistrados que convirtieron la sacralidad de los procesos judiciales en tema farandulero a través de los medios de comunicación, en espectáculo
circense y en debate de cantina. Si alguien debe responder por daños y perjuicios son estos magistrados que represaron todos los procesos ordinarios negándose a administrar justicia a los ciudadanos del común que aún esperan la CSJ se pronuncie sobre los temas que les interesan; hay cientos de ejemplos de cómo estos magistrados no son más que toga, como es el caso del ciudadano a quien el Mono Jojoy le robó el nombre y que por ese hecho sufrió persecución judicial, la CSJ reconocía la injusticia pero decía que nada podía hacer porque sus condenas ya eran cosa juzgada, sólo a través de la tutela la Corte Constitucional le restituyó sus derechos. ¿Indemnizarán estos magistrados a ese ciudadano por su absurda decisión?
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