En su discurso sobre los primeros cien días de su gobierno, el presidente Juan Manuel Santos reiteró la decisión gubernamental de “No descansar hasta que consigamos la paz de Colombia, por la razón o por la fuerza", lo que significa que se mantiene la decisión para que en el país se creen escenarios para la reconciliación nacional en los que no se han cerrado las puertas del diálogo, siempre y cuando las guerrillas demuestren voluntad de paz, palabras que también pronunció al iniciar su mandato.
Esos gestos de buena voluntad que se exigen a la narcoguerrilla son el cese de las acciones terroristas, la devolución de todos los secuestrados sin ninguna condición, la desmovilización de niñas, niños y adolescentes reclutados forzosamente, conductas todas estas prohibidas por el derecho internacional humanitario y que constituyen delitos de lesa humanidad que no pueden ser aceptados por ninguna sociedad y que convierten a las Farc y Eln en organizaciones con las cuales no se puede adelantar ningún diálogo mientras persistan en las mismas.
Es evidente que el país no puede ceder en tal exigencia so pena de legitimar esos crímenes al permitir su continuidad y dialogar con sus autores. Las narcoguerrillas a través de videos han dicho que desean iniciar acercamientos con miras a unos diálogos que permitan escenarios de paz en Colombia a lo cual el gobierno nacional no ha respondido ni si, ni no, y más bien ha mantenido una actitud prudente frente al tema; el gobierno ha respondido que más que mensajes se esperan hechos concretos. El presidente Juan Manuel Santos ha sido reiterativo cuando ha asegurado que la llave de la paz no está perdida, pero que las narcoguerrillas tienen que ser serias en su voluntad de paz y negociación y para esto estableció unas condiciones muy precisas, estas fueron, acabar con la práctica del secuestro, el uso de minas antipersonas, respeto por las normas del Derecho Internacional Humanitario.
El Coordinador del Programa de Políticas Públicas de Paz del actual gobierno, Luis Eduardo Celis ha señalado que si bien se está en un momento en el que la sociedad colombiana comienza a entender la importancia no solo de explorar distintos caminos con miras a lograr un entendimiento nacional, sino también de iniciar o darle impulso al desarrollo rural, redistribución de tierras y ordenamiento del campo, que son las raíces de este conflicto. El gobierno ha mostrado interés en realizar un reordenamiento en el campo, tema que de darse, le daría posibilidades a la paz y para esto se le debe rodear y darle el apoyo necesario , pero no ha señalado tampoco que los diálogos con las narcoguerrillas puedan darse mientras estas no cumplan con el respeto al DIH.
La paz no es un producto de compraventa, ni puede darse mientras las narcoguerrillas insistan en la criminalidad como instrumento político, máxime ahora cuando la legislación penal internacional contempla unos claros y obligatorios principios que impiden cualquier negociación que tenga por objeto ignorar y no sancionar delitos de lesa humanidad para los cabecillas y autores materiales de los ataques contra la población civil, los homicidios en persona protegida, los secuestros, el reclutamiento de menores, entre otros; no habrá oportunidad para la paz y la culpa será exclusivamente de las narcoguerrillas y es a ellas a quienes les corresponde crear un ambiente favorable para que estos diálogos se den, ¿de qué manera?, liberando a los secuestrados, terminando con esta práctica, no sembrando minas antipersonas, etc., como señaló el señor Celis.
La sociedad colombiana e internacional deben tener claro que no se puede dialogar, no se puede negociar cuando el argumento de la contraparte es la amenaza criminal, acceder a ello, como lo ha demostrado la experiencia colombiana, simplemente fortalece a quienes por fuera de la ley pretenden imponer sus condiciones.
1. REVISTA SEMANA.COM. Blog Corporación Nuevo Arco Iris. Tanto el gobierno como las guerrillas creen que es necesario dialogar. 17 de noviembre de 2010. En: http://www.semana.com/wf_InfoBlog.aspx?IdBlg=59&IdEnt=2776
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