Muchos apostaban a un silencio o la inactividad del Ejército frente al caso de los niños de Tame, pero ha sido el Ejército el que ha puesto a los presuntos responsables a órdenes de la Justicia Ordinaria dada la naturaleza del crimen, algo que ninguna otra autoridad nacional ha hecho, como por ejemplo el magisterio o las iglesias, encargadas también de la protección de las niñas, niños y adolescentes en Colombia y victimarios también de esa población.
Duele y es motivo de reto para el Ejército Nacional recuperar la confianza que pudo afectarse por la actividad delincuencial de algunos de sus miembros. Desde el Comando General de las FF.MM., hasta el último soldado de la patria piden que caiga todo el peso de la ley sobre quienes pudieron burlar el honor y el deber militar. Tanta es la indignación que hasta los medios registran posibles agresiones de quienes nada tienen que ver con la noticia con respecto al Subteniente que aceptó los cargos formulados por la Fiscalía, pero que se sienten agraviados por la conducta punible desarrollada, en tanto manchan el honor de los soldados que luchan contra esa delincuencia organizada o común que hizo precisamente de los niños, niñas y adolescentes su prioridad.
Para el Ejército Nacional es motivo de preocupación cualquier hecho delictivo cometido contra el futuro de la patria, que es precisamente el objetivo de su acción protectora y de servicio; el Ejército se duele ante la generalización mediática que se hace de las conductas individuales de alguno de sus miembros, mientras de manera alterna se dan a conocer actividades similares cometidas por integrantes de gremios civiles, como es el caso de los maestros y lo sucedido en un Colegio de Bogotá.
En 2008 se denunciaron 410 abusos sexuales cometidos en colegios, de los cuales 202 fueron protagonizados por profesores y 228 por estudiantes. Las estadísticas, reveladas por la senadora del Partido Verde Gilma Jiménez advierten que los centros educativos son el segundo lugar donde más se abusa a menores de edad, después de los propios hogares. Estas son estadísticas de los casos que fueron registrados, pues la senadora Jiménez insiste en que el abuso a menores sigue siendo silencioso y ocultado. Por ejemplo, entre 2004 y 2009, en 18 secretarías de educación departamentales, incluyendo la de Bogotá, sólo hubo conocimiento de 260 casos de abuso.
Sin embargo los medios siguen insistiendo de manera pertinaz solamente en los casos que involucran a militares, 18 según la información pública, con el único interés de deslegitimar a la institución militar frente a la realidad del fenómeno delincuencial. En el afán político de quienes atacan al Ejército, las cifras de la violencia contra la niñez y la adolescencia colombianas pasan a segundo renglón y son minimizadas, lo que indica la protervidad de esas intenciones.
Intenciones que no son aceptadas por la opinión pública según el sondeo preliminar de la revista Semana, donde se muestra que la acción de los Comandantes de las Fuerzas Militares y del Ejército fueron de completo recibo por parte de la sociedad colombiana.
El Ejército Nacional en este caso y conforme a su tradición histórica, nada tiene que maquillar o esconder en tanto se cumplan los principios y garantías constitucionales y legales aplicables a todos los ciudadanos del país, como tampoco lo ha hecho cuando un poder judicial interesado políticamente atenta y agrede a la institución militar. Más que ninguna otra institución constitucional, el Ejército Nacional da muestras fehacientes de su transparencia y su compromiso con la civilidad.
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