La ONG inglesa de extrema izquierda, 'Justice for Colombia', ha lanzado una nueva andanada de calumnias y ultrajes como parte de su extensa campaña de desprestigio internacional contra el Estado Colombiano. Esta vez, en contubernio con Parlamentary Friends of Colombia, un grupo de parlamentarios miembros de la Cámara de los Comunes del Reino Unido, laboralistas en su mayoría, han lanzado un comunicado en el que exigen al Presidente de la Republica, Juan Manuel Santos, la liberación de cinco ‘presos políticos’ detenidos en Colombia. Según el grupo, estas personas son "miembros de la sociedad civil colombiana encarcelados en su país sin que fuesen condenados por delito alguno" .
Se trata de los sindicalistas Rosalba Gaviria y Liliany Patricia Obando, los activistas de derechos humanos David Ravelo y Carmelo Agamez, y el profesor universitario Miguel Ángel Beltrán, todos ellos presos legalmente por cargos de rebelión y conspiración con fines criminales, y en algunos casos, por vínculos directos con grupos narcoterroristas. No obstante, la insolente organización izquierdista presenta a estos individuos como “prisioneros políticos” que han pasado varios años encarcelados sin juicio “bajo falsos cargos de rebelión que las autoridades colombianas utilizan en contra de sus oponentes” [sic]. Y continúa la desinformación de la ONG señalando que estos “presos políticos” son mantenidos en “cárceles con pésimas condiciones de hacinamiento, muchos de ellos son torturados y, con frecuencia, se les son negados servicios médicos, tiempos de ejercicio y oportunidades de formación y educación”. [Sic]
Lo peor es que existan parlamentarios miembros de una instancia tan connotada como la Cámara de los Comunes, que se presten al juego pernicioso de la izquierda radical británica. Juego que, en últimas, termina sirviendo a los intereses narcoterroristas pues reviste a la violencia guerrillera con un halo de legitimidad, una ‘justa lucha revolucionaria’ contra un ‘régimen opresor y violador de derechos humanos’ culpable de la inequidad social en Colombia.
Entonces hemos de escuchar declaraciones de laboristas como Jim McGovern, diputado por la circunscripción de Dundee West (Escocia), quien señala que el régimen colombiano encarcela personas simplemente para silenciar sus opiniones y se refiere a los cinco presos como "hombres y mujeres inocentes que han sido encarcelados simplemente porque no están de acuerdo con el Gobierno o porque critican políticas gubernamentales” . Y otro diputado laborista, Jim Sheridan, por la circunscripción de Paisley (Escocia), hace un llamado al gobierno del Reino Unido a romper relaciones con Colombia mientras el régimen en Bogotá siga encarcelando a sindicalistas, activistas de derechos humanos y otros líderes de la sociedad civil.
Es claro que, lejos de lo que parece pensar el servicio exterior colombiano, la campaña de difamación de la extrema izquierda sí está teniendo un impacto significativo en las instancias legislativas y ejecutivos europeas. No se trata simplemente de un grupo de ONG mamertas que sirven de idiotas útiles al narcoterrorismo guerrillero, sino de grupos con influencia política que pueden llegar a determinar decisiones políticas que Europa tome hacia Colombia. Sin ir más lejos, el año pasado esta organización logró que el gobierno británico congelara algunos pocos recursos de la ayuda que el Reino Unido presta a Colombia en el marco de la guerra contra el narcoterrorismo. ‘End UK Military Aid to Colombia’, es aún una de las principales campañas de esta ONG y se fundamenta en presentar a las Fuerzas Militares colombianos como un ejercito de violadores sistemáticos de los derechos humanos, y para ello promocionan, ponderan y tergiversan casos como la reciente muerte de los tres niños en Arauca.
Entre tanto, el gobierno colombiano duerme en los laureles y parece no prestarle atención a las injurias de estas organizaciones que actúan en todo el continente europeo, desde España, pasando por Francia, Holanda, Dinamarca y, por supuesto, Suecia, sede de la agencia noticiosa narcoterrorista ANNCOL, sembrando dudas sobre la legitimidad del régimen y la misión legal y constitucional de las fuerzas de seguridad del Estado en defensa de su sociedad amenazada por los criminales narcoterroristas. La verdad es que, en cuanto relaciones ‘diplomáticas’, las FARC han sido muy activas en lograr apoyos políticos y financieros en el exterior, mientras que la cancillería colombiana ha carecido de firmeza para exigir a los gobiernos de estos países que cierren cualquier espacio de expresión al narcoterrorismo guerrillero.
1. http://www.eltiempo.com/mundo/europa/diputados-britnicos-piden-la-libertad-de-cinco-presos-en-colombia_8377800-4
2. Ver: http://www.justiceforcolombia.org/campaigns/prisoners/
3. http://www.eltiempo.com/mundo/europa/diputados-britnicos-piden-la-libertad-de-cinco-presos-en-colombia_8377800-4
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