Un escándalo mediático y político ha despertado la declaración del ex Presidente Uribe al señalar la falta de garantías judiciales en los procesos que se adelantan contra sus antiguos colaboradores, especialmente en los casos que más explotó la oposición política y la narcoguerrilla durante su mandato, los llamados yidispolítica y las chuzadas.
Como debe recordarse la yidispolítica nació de las declaraciones de la exparlamentaria Yidis Medina quien resolvió ante la Corte Suprema de Justicia, buscando una atenuación de su culpa en una serie de conductas delictivas, señalar que sus actuaciones de derivaron de compromisos con funcionarios para cambiar su voto como Representante a la Cámara para aprobar la reelección presidencial; las chuzadas es la denominación que se le da a una serie de investigaciones y escuchas realizadas para determinar la certeza de unas denuncias de la prensa con referencia a vínculos de Magistrados y otros ciudadanos con posibles elementos u organizaciones criminales.
Las garantías judiciales hacen referencia en primer lugar a los derechos consagrados en el art. 29 de la Carta como lo son el debido proceso, el derecho a la defensa, la presunción de la ley, el principio de favorabilidad de la ley y otros conexos que deben ser garantizados por el poder judicial en cabeza de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación y en lo que actúa como garantía el Ministerio Público, esto es la Procuraduría General de la Nación.
Los citados derechos consagrados en la Carta hacen parte de lo dispuesto en el art. 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que exigen, entre otras cosas, que los operadores judiciales garanticen a los procesados la presunción de inocencia la cual debe ser controvertida en los estrados judiciales y mediante pruebas idóneas; en el caso de los funcionarios de la anterior administración y desde su misma vigencia, tal derecho no ha sido garantizado y se hacen juicios mediáticos, de linchamiento moral y social que fácilmente ponen en peligro la vida de estos funcionarios en una sociedad polarizada y propensa a la justicia por propia mano como la nuestra.
El mismo Presidente de la Corte ya había anunciado su posición frente al tema de las chuzadas cuando aún antes de iniciarse la investigación anunciaba a los medios que quienes intervinieron ese órgano judicial no quedarían impunes; ese poder judicial que su afán de ejercer venganzas políticas contra el anterior gobierno es pródigo en ofrecer beneficios legales (rebajas de pena, aplicación del principio de oportunidad, etc.), a delincuentes y funcionarios de menor rango si en sus declaraciones vinculan a los mandos superiores tratando de llegar a la misma cabeza del gobierno nacional.
Son garantías judiciales que se han inocuas e inaplicables en un poder judicial con más de 1.5 millones de procesos represados que vulneran el derecho al acceso a la justicia, donde para convalidar la ineficiencia e ineficacia de ese poder público se vulneran y desconocen los términos fijados en los códigos procesales llevando los procesos a la perención, al vencimiento de términos y otras figuras que eximen de responsabilidad a los jueces por la negación de ese derecho.
¿Qué garantías judiciales pueden ofrecer estos Magistrados que han definido a las narcoguerrillas como organizaciones de luchadores altruistas y se niegan a procesar a los políticos que las han estimulado, apoyado y defendido? ¿Si el poder judicial considera altruista el narcoterrorismo qué pueden esperar quienes lo han combatido?
Esa respuesta bien la conocen los militares que se han visto enfrentados a la guerra jurídica en contra la institución castrense. Basta la declaración de un individuo psicológicamente insano para desechar por parte de nuestros jueces todo el acervo probatorio favorable al militar y proferir sentencias condenatorias, pisoteando principios como el del juez natural, de la cosa juzgada o el de favorabilidad de la ley penal en su afán de mostrar el altruismo de las narcoguerrillas.
Es un hecho que en Colombia hace carrera la venganza política de las narcoguerrillas derrotadas militarmente por la Política de Defensa y Seguridad Democrática; lo ganado en el terreno por las armas corre el riesgo de perderse en los estrados judiciales y algunos círculos políticos que tienen en la mira a Álvaro Uribe Vélez para mostrarle a los ciudadanos la validez de sus razones que nunca pudieron conquistar el alma de los electores.
No es coincidencia que en Panamá la pretendida marcha de las juventudes contra el asilo territorial otorgado a la anterior Directora del DAS solo hubiere congregado una veintena de miembros de la juventud comunista de ese país, de unos despistados que gritaban consignas contra la dictadura en Colombia o el espionaje colombiano como pudo apreciarse en las declaraciones de los presuntos organizadores a los medios, que ese despiste no hubiere sido recogido por los medios colombianos mientras magnificaban el alcance de unas protestas de minorías contra el hecho diplomático.
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