Durante la más reciente cumbre de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), efectuada en Guyana, los países miembros han aprobado un protocolo contra “intentonas golpistas” en la región, como la que supuestamente ocurrió en Ecuador a finales de septiembre de este año. El Protocolo Democrático acordado por los mandatarios de la Unasur, incluso eal de Colombia, impone “una serie de sanciones diplomáticas, políticas y comerciales ante eventuales rupturas del orden democrático en la región”, que incluyen el cierre de fronteras y la suspensión del comercio con la nación que sufra un golpe de Estado.
Según Rafael Correa, presidente del Ecuador, el protocolo busca enviar el mensaje de que “cualquier gobierno de facto que pretenda llegar al poder por medio de un golpe de Estado, sabrá que se tendrá que enfrentar con el ostracismo total de la región". Entre tanto, Hugo Chávez, afirmó que este acuerdo “es un protocolo de apoyo a la democracia y de ataque a los golpes de Estado y movimientos desestabilizadores que siguen siendo una amenaza para la región y sobre todo para Bolivia, Ecuador y Venezuela" .
Este Protocolo parece condenar a la caducidad la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA), vigente desde 2001, que tiene objetivos similares al del documento democrático de la Unasur. La diferencia principal parece radicar en que la principal sanción a la que hace referencia la Carta Democrática, es la expulsión de la OEA del Estado que sea capturado por un gobierno de facto, mientras que el nuevo Protocolo de Unasur establece sanciones coercitivas muchos más importantes, incluso sanciones económicas. Asimismo, mientas la Carta de la OEA prevé mecanismo que favorecen el diálogo entre las partes en conflicto antes de la toma de sanciones, en el Protocolo de Unasur las sanciones son automáticas y compulsa compromete a los Estados miembros a asumir medidas como el cierre de fronteras y suspensión de las relaciones diplomáticas y comerciales, ante cualquier hecho que sea calificado de intento de ‘golpe de estado’ en un país de la región.
La iniciativa del Protocolo Democrático nació después de la sublevación policial de septiembre 30 en Ecuador, que tozudamente el gobierno de Rafael Correa se ha empeñado en calificar como un intento de golpe de estado, cuando en realidad se trato de una manifestación de una inconformidad laboral por parte de los policías de Quito, que sí bien se torno violenta, nunca tuvo una voluntad manifiesta por asesinar al presidente o deponer el gobierno legitimo. Violencia que además se incrementó y desbordó por la actitud desafiante de Correa que, queriendo posar de mártir de la democracia, hizo gala de una verborrea belicosa para llamar a las armas al pueblo y a los militares contra los policías sublevados. El discurso de Correa fue comprado por la comunidad sudamericana que inmediatamente se comprometió en la construcción de acciones colectivas en defensa de la democracia en la región.
Igual, esto no garantiza menores posibilidades de golpes de estado en la región. La verdad es que las intentonas de golpes son producto de una realidad política, social y económica en cada país y, por tanto, deben siempre entenderse dentro de este contexto particular. En tanto este contexto sea negativo, o mejor aun, en tanto existan malos gobiernos que propicien malas condiciones sociales, políticas y económicas, la posibilidad de un golpe de Estado siempre estará abierta, sin importar que sanciones impongan los organismos multilaterales. Por eso, los gobiernos deberían preocuparse primero por promover la democracia en sus instituciones y sociedades.
Por esto resulta curioso que sean los presidentes con tendencias comunistoides y totalitarias los que promuevan un protocolo en defensa de la democracia. Para no ir mas lejos, Chávez, el ‘nuevo mejor amigo de Colombia’, es uno de los principales abanderados de esta iniciativa, siendo él mismo, un ex golpista y uno de los mandatarios que menos respeta los valores democráticos en el mundo. Sólo para refrescar nuestra memoria, el mismo Chávez intento derrocar al gobierno legítimo de Carlos Andrés Pérez en 1992. Luego, como presidente de Venezuela, ha establecido un régimen policial que persigue a la oposición democrática, coarta la libertad de expresión y restringe la propiedad privada. Eso sin mencionar que apoya y patrocina a grupos narcoterroristas que atentan contra regimenes democráticos extranjeros.
El Protocolo Democrático parece ser parte del ‘jueguito’ megalómano de los mandatarios comunistoides que sufren de un delirio de persecución y utilizan el discursito del golpe de estado para perpetuarse en el poder e incrementar la represión sobre su pueblo. Para ellos, la culpa de los males endémicos de sus países no es de ellos ni de sus desastrosos gobiernos, sino de Estados Unidos y de la oposición interna que conspira para derrocarlos. Que pena que Colombia se preste para este ‘jueguito’ en un escenario controlado por la izquierda regional, como lo es la Unasur.
1.http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2010/11/101126_colombia_ecuador_relaciones_restablecimiento_unasur_jg.shtml
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