A raíz de las denuncias sobre la corrupción campante en la contratación pública en Bogotá, D.C., el representante Iván Cepeda del Polo Democrático Alternativo, se pronuncia pidiendo que no se asuman posiciones acríticas o encubridoras.
Hasta ahí todo bien, la duda comienza con la introducción de su discurso en tanto de plano deslegitima las denuncias presentadas sobre el carrusel de los contratos señalando que el PDA ha sido atacado por sus posiciones políticas en torno a asuntos vitales del acontecer nacional. Es innegable que el Polo ha sido objeto de una campaña sistemática que ha buscado desprestigiar a varios de sus dirigentes con el fin de crear una imagen negativa de estos.[1]
Para el lector común y corriente el discurso orienta una desestimación de la gravedad del asunto, indicando que es un ataque político contra los dirigentes del PDA y especialmente contra el Alcalde de Bogotá, D.C., reclamando como reconocimiento para el PDA los logros que han tenido las dos administraciones distritales del Polo han sido desconocidos con propósitos claramente políticos pero olvidando señalar que precisamente Luis Eduardo Garzón, “Lucho Garzón”, uno de los artífices de esos alcances tuvo que retirarse o fue retirado del PDA por no compartir la parafernalia totalitarista que se impone al interior del PDA por el PCC y el MOIR, que comulgan con la corrupción anapista para mantenerse vivos y presentes.
Dice Iván Cepeda que las denuncias presentadas por miembros del Polo resulta una oportunidad para demostrar con transparencia ante la sociedad colombiana el carácter democrático y los principios políticos del partido, pero ignora lo dicho ya por la presidente del mismo Clara López y altos dirigentes del mismo como Dussán, Carlos Romero, Jorge Robledo y otros, que de plano negaron las acusaciones de Petro, De Roux y Avellaneda, que descalificaron las denuncias y apuntaron como él, ha señalar una persecución de la derecha contra su partido.
Pide Cepeda que además de las investigaciones de los órganos competentes se requiere que la administración distrital y el Alcalde presenten ante el Polo una rendición de cuentas de su gestión en la ciudad; seguramente en su fuero interior el señor Cepeda espera que los entes de control se reduzcan a la acción del personero distrital, el señor Rojas Birry, o al contralor distrital señor Miguel Ángel Moralesrussi, todos a una cuestionados éticamente, jurídicamente y socialmente por su desempeño como agentes de las pirámides financieras o el carrusel de la contratación.
La Auditoría General de la República solo ha obtenido de las autoridades de Bogotá, D.C., compromisos protocolarios para revisar y ajustar sus procedimientos[2], entre otros la Auditoría General encontró entre otras cosas que los casos clave auditados -Calle 26: sobre los cuales se adelantan seis procesos de responsabilidad fiscal, cuatro con apertura formal, que datan de agosto 2010, nada más ha pasado.
Estos son los casos: por el manejo del anticipo en cuantía de $62.809 millones para la construcción de Transmilenio en la calle 26; por calidad diferente a la contratada en las obras de adecuación del sistema Transmilenio y el posterior mantenimiento de la adecuación calle 26, avenida Jorge Eliécer Gaitán y la carrera 10 avenida Fernando Mazuera, por cuantía de $1.175 millones; por presuntas irregularidades en ejecución del contrato de construcción y adecuación de la calle 26 al sistema Transmilenio desde la transversal 76 hasta la carrera 19. $1.686 millones, por presuntas irregularidades en un contrato relacionado con obras y actividades para la malla vial por valor de $1.686 millones; y por presuntas irregularidades en el contrato de diseños para la construcción de la fase III de Transmilenio en cuantía de $406 millones. - Carrera Décima: Se investigan daños prematuros presentados en 500 losas, equivalentes al 20 por ciento de las construidas en la troncal de la carrera Décima. Se hizo un control de advertencia el 19 abril 2010. - Relleno Doña Juana: Se indagan manejos administrativos del relleno Doña Juana, la declaratoria de urgencia manifiesta y presunto favorecimiento en la licitación, a la empresa Aguas de Bogotá. Aunque se efectuaron siete pronunciamientos, no se evidenció proceso auditor, ni traslados de hallazgos a otras autoridades. - Metro de Bogotá: Se indagan presuntas irregularidades en la contratación del proyecto del metro - Bosa. Se efectuaron advertencias y la Contraloría falló con responsabilidad fiscal por valor de 458.9 millones contra el alcalde de Bosa. - Acueducto: Irregularidades en adjudicación de contrato de vigilancia. Los casos se trasladaron en su momento a la Personería de Bogotá, sin que hasta la fecha se haya pronunciado.
No es entonces la persecución política contra el PDA del que habla Iván Cepeda y a la que han hecho referencia las personalidades de ese partido, son las losas y demás obras civiles que se ven a diario, son las denuncias sobre cómo se maneja la contratación en la ciudad y las irregularidades en los contratos advertidas desde hace tiempo, las que forman en el ciudadano del común la inconformidad y el desencanto con la administración distrital.
Tratar de utilizar lo realizado como muestra de eficiencia, no es correcto. La Administración Pública está diseñada para alcanzar y lograr esos retos en virtud de los postulados del Estado social de derecho que consagra nuestra Constitución; denunciar y cuestionar lo que a ello se opone es parte del derecho constitucional a la participación ciudadana. Estos principios son los que precisamente ignora el discurso de Iván Cepeda y la praxis del PDA en la administración de Bogotá, D.C., especialmente cuando históricamente el PDA ha negado lo que pide Cepeda ahora, un debate amplio y franco sobre las diferencias que se vislumbran al interior la organización. En medio de un ambiente nacional donde la única oposición política es el Polo.
1. https://mail.google.com/mail/?ui=2&view=bsp&ver=ohhl4rw8mbn4#12c17818f8f11ab4__ftn1
2. https://mail.google.com/mail/?ui=2&view=bsp&ver=ohhl4rw8mbn4#12c17818f8f11ab4__ftn2
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