La noticia de consumo este fin de semana ha sido la solicitud de asilo de la ex directora del DAS María del Pilar Hurtado y la concesión del mismo como asilo territorial por parte del gobierno panameño. La abogada María del Pilar Hurtado, cuya responsabilidad en el escándalo de las “chuzadas” aún no ha sido definida por la Fiscalía General de la Nación, pidió asilo en Panamá, informaron este viernes fuentes diplomáticas en Bogotá.
El embajador panameño en Colombia, Ricardo Anguizola, dijo a la cadena Caracol Radio que la ex funcionaria formalizó su solicitud el jueves en Ciudad de Panamá. "En este momento, el Gobierno nacional (de Panamá) está evaluando (la petición) y oportunamente, a través de las instancias correspondientes (...), dará a conocer qué decisión toma", explicó el diplomático. Anguizola dijo que no conoce el documento con el cual la antigua directora del Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia pide que le sea conferida la condición de asilada política. "De manera que no podría decir cuáles fueron los argumentos, pero entendemos que, si fue aceptada, habrá llenado los requisitos básicos", apuntó luego [1].
El Gobierno panameño ha señalado que para tomar dicha determinación se tuvieron en cuenta "las circunstancias de razonable temor por su seguridad personal, que la han llevado (a Hurtado) a abandonar su país". Y concluye la comunicación: "Con el ánimo de contribuir a la estabilidad política y social en la región, en estricto apego a las normas y la doctrina de asilo territorial reconocidas por el derecho internacional e históricamente observadas por la República de Panamá, ha considerado favorablemente su petición, por lo que ha procedido a concederle asilo territorial en la República de Panamá, con base en lo que dispone el Decreto Ley No. 16 del 30 de junio de 1960 sobre Migración y sus modificaciones" [2].
Contra la petición de asilo concedida a la Dra. María del Pilar Hurtado no demoraron en reaccionar las organizaciones políticas que han abanderado la oposición a la Seguridad Democrática por cuenta de la circense excusa de las “chuzadas” efectuadas por los organismos de seguridad nacional a quienes puedan representar una amenaza para la estabilidad institucional o una participación de ciudadanos, sin importar su rango o cargo, en conductas punibles contra la seguridad del Estado y las cuales tienen como fin prevenir riesgos y amenazas contra la seguridad ciudadana, el orden público o el ordenamiento constitucional y legal.
Debe recordarse que los hechos que dieron lugar a la discusión mediática de las famosas chuzadas surgieron a partir de una información de prensa que daba cuenta de las andanzas de los Honorables Magistrados de la Corte Suprema de Justicia con elementos de dudosa reputación que sufragaron paseos y parrandas en Neiva y la Costa Atlántica, hecho que motivó la solicitud de investigar discrecionalmente cualquier actividad disciplinaria o penalmente ilícita de los funcionarios públicos comprometidos.
El conocimiento de esta noticia dio como origen la correspondiente investigación de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, juez natural de los Honorables Magistrados, quienes ripostan con el anuncio de apertura de investigaciones penales contra los Congresistas, lo que desemboca en la descarada y contraevidente absolución de los ex Presidentes de la Corte Suprema de Justicia
Sres. YESID RAMÍREZ y CARLOS ISAAC NÁDER, por su indiscutible vínculo con el mafioso GIORGIO SALE, a través de su socio ASCENCIO REYES SERRANO.
En Junio de 2.006, el narcotraficante Italiano GIORGIO SALE, fue capturado y encarcelado por la Justicia Italiana por el delito de tráfico de estupefacientes cometido con anterioridad a dicho año; debido a ello, se descubrió la relación que había tenido, en ése entonces, el asociado de GIORGIO SALE, señor ASCENCIO REYES, con el ex Presidente de la C.S.J. CARLOS ISAAC NÁDER en 2.005 y, en el mismo año, con el Presidente YESID RAMÍREZ. ASCENCIO REYES SERRANO, contrató y pagó un vuelo chárter Bogotá-Neiva-Bogotá para algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y les pagó su alojamiento y embriagues en el Hotel Pacandé de Neiva, por $42’165.144.oo El Tiempo VI-15-08. (US$28.110.10) [3].
El 31 de Julio de 2.007, la Comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes les inició la frustrada investigación con expediente 2219-07, por la financiación de fiestas y viajes para los magistrados y por los costosos regalos recibidos de GIORGIO SALE. También se incluyó la fiesta que en 2.005 en Sincelejo fue costeada por los narcotraficantes, para celebrar la designación de CARLOS ISAAC NÁDER como presidente de la Corte Suprema de Justicia. Como retaliación contra la Cámara de Representantes, por haber ‘osado’ iniciarles investigación, la Sala penal de la Corte Suprema de Justicia, inició una infame campaña de persecución contra los miembros del Congreso, fabricándoles supuestos vínculos con el ‘paramilitarismo’ y tomando como creíble lo afirmado por cualquier delincuente que, previo chantaje, declarase dicho supuesto vínculo [4].
La precariedad de los magistrados de las cortes colombianas quedó al descubierto cuando la esposa de uno de ellos agradecía a un mafioso el regalo de unos botines y otros bienes; la guerra jurídica contra el Estado colombiano quedó declarada porque a juicio de quienes incurrieron en posibles conductas criminales, nadie tenía el derecho a oír sus conversaciones privadas aún cuando ellas probaran prevaricato, cohecho o cualquier otra actividad punible sino existía orden de su juez superior para realizarlas.
La corta memoria de los colombianos olvidó que durante el famoso proceso 8.000 las mismas actividades fueron desarrolladas para proteger y blindar al entonces Presidente para superar el juicio del Congreso, entonces el DAS si fue utilizado como arma política. Ahora que se descubrían actividades posiblemente no legales de los Honorables Magistrados, la actividad de seguridad nacional tenía que ser criminalizada y los responsables de la misma tratados como los delincuentes que nunca fueron para la Corte Suprema de Justicia los señores Giorgio Sale y Ascencio Reyes.
De tal manera que no existe garantía legal para la señora MARÍA DEL PILAR HURTADO para afrontar un proceso justo conforme al art. 29 de la Constitución Política y que ella sólo objeto de la vindicta de los Honorables Magistrados de la Corte Suprema Judicial y por solidaridad por todo el Poder Judicial, por su atrevimiento de desnudar al rey en su paseo matinal.
Mientras los magistrados involucrados se rasgan las vestiduras por el asilo concedido, siguen manteniendo silencio sepulcral frente a la farcpolítica, nada dicen de los denunciados Alexander López Maya, Carlos Julio González Villa, Gema López de Joaquín, Gloria Inés Ramírez Ríos, Luis Enrique Dussán López, Luis Fernando Velásco Chávez, Mauricio Jaramillo Martínez, Pedro Nelson Pardo Rodríguez, Piedad Esneda Córdoba Ruíz y Wilson Alfonso Borja Díaz, como tampoco la justicia colombiana se pronuncia frente a las actividades del señor Javier Giraldo M., reatos al menos del delito de instigación al terrorismo.
Si el poder judicial colombiano fue el presunto afectado por las actividades de investigación en seguridad de la Dra. MARIA PILAR HURTADO, no asiste acaso una evidencia derivada de un hecho cierto de que sus investigados serán sus jueces, en tanto es clara y pública la inactividad, omisión y desidia de ese cuerpo judicial en investigar las conductas de quienes desde los años 50 por decisión propia se han puesto sistemáticamente por fuera de la ley.
La justicia colombiana está en crisis y la institucionalidad estará en mayor peligro mientras nuestro presidente considere que lo viable para Colombia es conseguir mejores nuevos amigos en Twitter mientras olvida el mandato del art. 188 e ignora que aún subsisten territorios en los que el narcoterrorismo representa amenaza, como lo señala el num. 4 del art. 189, u olvide que es su deber supervisar o ejercer la inspección y vigilancia de los servicios públicos, entre los que se encuentra la seguridad y la justicia como parte de las instituciones de utilidad común, para garantizar lo dispuesto en el preámbulo y el artículo 1º de la Carta.
[1] COLOMBIA.COM. Ex directora del Das, María del Pilar Hurtado, pide asilo en Panamá. Viernes 19 de noviembre de 2010. Disponible en: http://www.colombia.com/actualidad/politica/sdi/2148/ex-directora-del-das-maria-del-pilar-hurtado-pide-asilo-en-panama
[2] SEMANA.COM. Panamá concede asilo a María del Pilar Hurtado. Sábado 20 de noviembre de 2010. Disponible en: http://www.semana.com/noticias-nacion/panama-concede-asilo-maria-del-pilar-hurtado/147519.aspx
[3] SOYPERIODISTA.COM. ¿Justicia orwelliana en Colombia? III. Disponible en: http://www.soyperiodista.com/tematicas-activas/comente-el-nuevo-aplazamiento-d/nota835-justicia-orwelliana-colombia-iii
[4] Ibíd.
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