Después de la tormenta despertada por informaciones de los medios de comunicación que hablaban de al menos 7 militares comprometidos en los dolorosos hechos ocurridos en Tame por el asesinato de tres hermanitos, cuya hermanita había sido abusada sexualmente y de la denuncia de otro hecho de violación que comprometía a un militar, se llegó a hablar del pavor que la presencia de la tropa provocaba en la población civil, incluso algunos periodistas escandalosos llegaron a hablar de la negativa de los niños para concurrir a sus centros educativos.
El Fiscal General (e), Guillermo Mendoza Diago navegando en las turbulentas aguas de la tempestad mediática se apresuraba en señalar que “se realizó inspección judicial al equipo de campaña, resultando hasta el momento que de 11 equipos revisados con pruebas de verificación de muestras en prendas con reactivo Blue Star, de las cuales han dado positivo siete equipos”; 70 militares eran puestos en duda ante la sociedad colombiana y se le mostraba al mundo la posible existencia de una fuerza bárbara, salvaje y siniestra que repetía en Colombia la dura experiencia de las guerras africanas.
Para este caso, el fiscal (e) Mendoza Diago señaló que “un grupo interinstitucional conformado por el CTI, el DAS y la Policía Nacional estarán a cargo de las investigaciones para dar con los autores del asesinato de estos tres menores”. Así mismo, aseguró que “todas las autoridades están adelantando ágilmente para encontrar a los responsables de este crimen”.
El delegado de la ONU Christian Salazar, llegó a decir la niña de 14 años fue violada y luego la asesinaron junto a sus otros dos hermanos de 6 y 9 años, repitiendo sin mayores argumentos que los sospechosos eran un grupo de militares que estaba en la zona el pasado 14 de octubre. Dio como prueba suficiente testimonios anónimos que comprometieron los derechos humanos que también le asisten a los soldados señalados, entre ellos el de la presunción de inocencia y del derecho a un debido proceso. Los presentó al mundo como culpables sin fórmula de juicio.
A su turno, aupado por las mismas ONG de siempre que aprovechan cualquier error militar para atacar la institucionalidad del Ejército, el padre de las víctimas, después de sus primeras declaraciones que no atacaban al Ejército, José Álvaro Torres, pidió medidas de seguridad especiales para evitar el riesgo de “ser desaparecido”, como ocurrió con sus hijos y le solicitó al presidente Juan Manuel Santos Calderón que el caso sea llevado personalmente por Mendoza Diago para contar con todas las garantías pertinentes, algo a lo que hasta el Ministro del Interior Vargas Lleras, respondió que intentará contactarse con él para definir las estrategias de protección.
El Ejército Nacional a través de una rápida investigación interna determinó que la responsabilidad recaía en una sola persona, el otrora Subteniente Raúl Muñoz Linares al que puso sin duda a disposición de la justicia ordinaria, con el fin de contribuir a la investigación concentró en un solo lugar y con todas las medidas y garantías a los hombres que hacían parte del Pelotón de Contraguerrillas bajo su mando; pero fue más allá, determinó la llamada a calificar servicios de 7 superiores suyos que pudieron incurrir en laxitud en las medidas disciplinarias y de control de tropas que pudieron facilitar la comisión del delito.
La explotación mediática del crimen llegó hasta el grado de señalar que los hechos se registraron tras el arribo al área de una brigada militar móvil conformada por unos 60 uniformados. Hecho reconocido por el comando del Ejército Nacional, que en un comunicado emitido el pasado 24 de octubre admitió haber conocido "versiones que asociaban a miembros de la institución con malos tratos a la población", en el que además anunció que había ordenado el traslado de los uniformados de dicha brigada a Arauca para facilitar una investigación interna y las tareas de las autoridades judiciales.
Ahora el Instituto de Ciencias Forenses y Medicina Legal acaba de producir su informe legal en el que libra de responsabilidades frente al aberrante caso a los 7 militares sobre los que se dijo presentaban rastros de sangre en sus equipos y al resto del personal por su presunta participación en el delito, quedando ya sólo como responsable confeso del acceso carnal violento al señor Muñoz Linares.
La verdad es hoy presentada en una escueta noticia: “El Fiscal de derechos humanos recibió esta tarde los resultados de las pruebas realizadas a los morrales de los soldados investigados, y en ellos se descarta la presencia del ADN de alguna de las víctimas”. Con este resultado la fiscalía se concentra en la sustentación de la acusación contra el señor Raúl Muñoz, vinculado al proceso y cuyas pruebas si resultaron positivas. Se ordenaron contrapruebas para descartar la vinculación de los uniformados en el crimen. Sin embargo la nota de prensa no tiene el mismo despliegue mediático que representó su absurda sindicación en los primeros días de la noticia.
Los periodistas siguen convencidos de que la dignidad humana es no relevante frente a la oportunidad de una chiva, de un titular que ayude a que la comercialización del medio sea más efectiva; seguramente la venta de prensa o la atención a los medios radiales y televisivos tuvo un impacto significativo en sus finanzas mientras se habló de 60 o 70 militares confinados como sospechosos, de tal manera que indicar que la misma institución forense que en principio dio información sobre la presunta vinculación de 7 de ellos hoy la desmiente, puede apenas significar un bajonazo en la atención del público al evento noticioso.
Es tanta la perfidia motivada por el interés comercial que algunos medios siguen hablando de “los militares” y no de la conducta depravada de un solo hombre, rasero que no se utiliza en los casos que comprometen a otros profesionales con respecto a su gremio, incluido el mismo periodismo como se recuerda con relación a uno de estos profesionales que fungía como asesor de prensa de la Gobernación de Cundinamarca y que fuera capturado y juzgado por producir vídeos de pornografía infantil.
Es doloroso para cualquier ciudadano, en especial para el profesional militar, cualquier delito, cualquier atentado o daño cometido contra nuestras niñas, niños y adolescentes. Mucho más lo es cuando uno de sus miembros apartándose de los principios y valores de la profesión militar resulta comprometido con hechos de ese tipo, ello rompe el alma de cualquier soldado. Que los resultados de Medicina Legal demuestren que fue solo la conducta de un miembro de esta familia, alivian el sentimiento de dolor sobre todo cuando por su culpa se expuso al escarnio a toda la institución.
Ojalá ahora no resulten los mismos Colectivos de Abogados de siempre tratando de poner en duda los resultados forenses para sembrar duda y desconfianza hacia el Ejército entre la población colombiana, ojalá los medios tengan la gallardía de aclarar sus primeras informaciones y presentar las retractaciones de algunos de sus columnistas, analistas y periodistas que con cizaña se encargaron de atacar la institución en estos días. Ojalá el Ministro de Defensa, el Procurador y el Fiscal (e) aclaren sus manifestaciones iniciales, producto de la pasión y no de la razón.
El daño institucional fue provocado por la conducta depravada de un solo hombre, pero al igual que las hormigas reaccionan cuando algún desperfecto amenaza la colonia, el Ejército debe actuar solidariamente y con presteza para restañar la herida y recuperar esa confianza que en los últimos 8 años lo ha mantenido como una de las instituciones públicas que goza del mayor aprecio de las gentes.
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