La Corte Constitucional, atendiendo una demanda presentada por la llamada Comisión Colombiana de Juristas, decidió el pasado 16 de noviembre declarar la inexequibilidad de la Ley de Inteligencia, la cual regulaba la actividad de las agencias de seguridad colombianas, al aceptar una demanda que consideraba que la misma violaba algunos derechos fundamentales por el uso desmedido de escuchas telefónicas y espionaje.
La Ley 1288 de 2009, o de inteligencia, fue demanda por la Comisión Nacional de Juristas, que señaló que esa norma violaba los derechos humanos y fundamentales de las personas debido a los presuntos excesos que se presentaron con el escándalo de las escuchas y espionaje por parte de funcionarios del anterior Gobierno a opositores, periodistas y magistrados. Debe recordarse que la Fiscalía adelanta actualmente las investigaciones sobre esos hechos y que algunos funcionarios del DAS se han acogido a beneficios legales aceptando los cargos imputados.
La Ley 1288 de 2009 permitía coordinar la producción de un reporte de análisis estratégico mensual dirigido al presidente y era la única que regulaba la actividad de las agencias de seguridad del Estado.
La sala plena de la Corte Constitucional consideró que la ley requería un trámite especial en el Congreso para ser aprobada y por eso deberá empezar un nuevo estudio en el Legislativo como ley estatutaria y, de ser aprobada, revisada de nuevo por ese tribunal. A juicio de la Corte el Congreso la tramitó como ley simple y no estatutaria como debe darse en cuanto pueda afectar derechos de los colombianos.
La Corte aceptó así el argumento central de la demandante Comisión Colombiana de Juristas, según el cual la Ley de Inteligencia era una norma estatutaria, por lo que debió ser aprobada con mayorías absolutas (la mitad más uno del total) en las comisiones y plenarias y no, como ocurrió, con mayorías simples (la mitad más uno de los asistentes). Según la demanda de la Comisión -que consideraba el articulado un abuso para los Derechos Humanos-, la categoría de estatutaria se la da el hecho de que regulaba la protección de derechos fundamentales como la intimidad y el hábeas data.
En todo caso, la decisión deja en el aire pasos claves dados por el Estado colombiano para depurar entidades como el DAS, la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) y las inteligencias de la Policía y el Ejército. Esa labor se realizaba con la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Por eso, en la práctica, se pierde, al menos temporalmente, una herramienta que, en palabras del presidente Juan Manuel Santos, buscaba "fortalecer los controles, definir los propósitos y dirigir los esfuerzos de las diferentes agencias de inteligencia del Estado" colombiano.
La Ley de Inteligencia fue sancionada en marzo de 2009 por el entonces presidente, Álvaro Uribe (2002-2010), y con ella buscaba fortalecer las actividades de inteligencia y contrainteligencia, a pesar del escándalo desatado en la central de inteligencia estatal DAS. Además creaba la Junta de Inteligencia Conjunta (JIC), compuesta por el cuestionado Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), el Ministerio de Defensa, el departamento de inteligencia de las Fuerzas Militares y de Policía. La JIC se reuniría una vez al mes para analizar asuntos relacionados con la seguridad y defensa del Estado.
Los demandantes de la Comisión Nacional de Juristas consideraron además que de aprobarse la ley se crearía una base de datos de las personas sin que existiera un soporte legal claro sobre su manejo, lo que no corresponde a un hecho jurídico sino a presunción de mala fe atribuible a los organismos de seguridad, desconociendo la realidad jurídica contenida en la norma, en efecto la ley obligaba la creación de un centro de protección de datos en cada uno de los organismos de seguridad para evitar filtraciones o afectación a esos derechos fundamentales.En el Senado se afirma que el fallo hay que respetarlo pero que atenta contra la iniciativa que buscaba eficiencia de las instituciones. A la mayor brevedad se radicará en el Congreso, un nuevo proyecto con carácter estatutario que incluya las materias esenciales de la ley de inteligencia declarada inconstitucional por la Corte Constitucional, anunció el senador del partido liberal Juan Manuel Galán, quien lamentó la declaratoria de ilegalidad de la propuesta, pues en su opinión, esa decisión “crea un vacío legal para las actividades de inteligencia en detrimento de la efectividad de los derechos humanos y la eficacia de las instituciones”.
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