EL PROTOCOLO DE UNASUR CONTRA LOS “GOLPES DE ESTADO”

Durante la más reciente cumbre de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), efectuada en Guyana, los países miembros han aprobado un protocolo contra “intentonas golpistas” en la región, como la que supuestamente ocurrió en Ecuador a finales de septiembre de este año. El Protocolo Democrático acordado por los mandatarios de la Unasur, incluso eal de Colombia, impone “una serie de sanciones diplomáticas, políticas y comerciales ante eventuales rupturas del orden democrático en la región”, que incluyen el cierre de fronteras y la suspensión del comercio con la nación que sufra un golpe de Estado.

Según Rafael Correa, presidente del Ecuador, el protocolo busca enviar el mensaje de que “cualquier gobierno de facto que pretenda llegar al poder por medio de un golpe de Estado, sabrá que se tendrá que enfrentar con el ostracismo total de la región". Entre tanto, Hugo Chávez, afirmó que este acuerdo “es un protocolo de apoyo a la democracia y de ataque a los golpes de Estado y movimientos desestabilizadores que siguen siendo una amenaza para la región y sobre todo para Bolivia, Ecuador y Venezuela" .

Este Protocolo parece condenar a la caducidad la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA), vigente desde 2001, que tiene objetivos similares al del documento democrático de la Unasur. La diferencia principal parece radicar en que la principal sanción a la que hace referencia la Carta Democrática, es la expulsión de la OEA del Estado que sea capturado por un gobierno de facto, mientras que el nuevo Protocolo de Unasur establece sanciones coercitivas muchos más importantes, incluso sanciones económicas. Asimismo, mientas la Carta de la OEA prevé mecanismo que favorecen el diálogo entre las partes en conflicto antes de la toma de sanciones, en el Protocolo de Unasur las sanciones son automáticas y compulsa compromete a los Estados miembros a asumir medidas como el cierre de fronteras y suspensión de las relaciones diplomáticas y comerciales, ante cualquier hecho que sea calificado de intento de ‘golpe de estado’ en un país de la región.

La iniciativa del Protocolo Democrático nació después de la sublevación policial de septiembre 30 en Ecuador, que tozudamente el gobierno de Rafael Correa se ha empeñado en calificar como un intento de golpe de estado, cuando en realidad se trato de una manifestación de una inconformidad laboral por parte de los policías de Quito, que sí bien se torno violenta, nunca tuvo una voluntad manifiesta por asesinar al presidente o deponer el gobierno legitimo. Violencia que además se incrementó y desbordó por la actitud desafiante de Correa que, queriendo posar de mártir de la democracia, hizo gala de una verborrea belicosa para llamar a las armas al pueblo y a los militares contra los policías sublevados. El discurso de Correa fue comprado por la comunidad sudamericana que inmediatamente se comprometió en la construcción de acciones colectivas en defensa de la democracia en la región.

Igual, esto no garantiza menores posibilidades de golpes de estado en la región. La verdad es que las intentonas de golpes son producto de una realidad política, social y económica en cada país y, por tanto, deben siempre entenderse dentro de este contexto particular. En tanto este contexto sea negativo, o mejor aun, en tanto existan malos gobiernos que propicien malas condiciones sociales, políticas y económicas, la posibilidad de un golpe de Estado siempre estará abierta, sin importar que sanciones impongan los organismos multilaterales. Por eso, los gobiernos deberían preocuparse primero por promover la democracia en sus instituciones y sociedades.

Por esto resulta curioso que sean los presidentes con tendencias comunistoides y totalitarias los que promuevan un protocolo en defensa de la democracia. Para no ir mas lejos, Chávez, el ‘nuevo mejor amigo de Colombia’, es uno de los principales abanderados de esta iniciativa, siendo él mismo, un ex golpista y uno de los mandatarios que menos respeta los valores democráticos en el mundo. Sólo para refrescar nuestra memoria, el mismo Chávez intento derrocar al gobierno legítimo de Carlos Andrés Pérez en 1992. Luego, como presidente de Venezuela, ha establecido un régimen policial que persigue a la oposición democrática, coarta la libertad de expresión y restringe la propiedad privada. Eso sin mencionar que apoya y patrocina a grupos narcoterroristas que atentan contra regimenes democráticos extranjeros.

El Protocolo Democrático parece ser parte del ‘jueguito’ megalómano de los mandatarios comunistoides que sufren de un delirio de persecución y utilizan el discursito del golpe de estado para perpetuarse en el poder e incrementar la represión sobre su pueblo. Para ellos, la culpa de los males endémicos de sus países no es de ellos ni de sus desastrosos gobiernos, sino de Estados Unidos y de la oposición interna que conspira para derrocarlos. Que pena que Colombia se preste para este ‘jueguito’ en un escenario controlado por la izquierda regional, como lo es la Unasur.

1.http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2010/11/101126_colombia_ecuador_relaciones_restablecimiento_unasur_jg.shtml

KIM JONG IL Y CHÁVEZ, DOS DÉSPOTAS CORTADOS CON LA MISMA TIJERA

El régimen comunista de Corea del Norte, presidido por Kim Jong Il, ha decidido atacar brutalmente y sin justificación alguna a su vecino del Sur. Aunque las tensiones entre las dos Coreas han perdurado desde el fin de la Guerra (1950-1953), el ataque de esta semana a la isla surcoreana de Yeonpyeng representa la segunda agresión de importancia del norte contra el sur en este año, después del hundimiento de un buque de la Marina surcoreana en el mes de marzo, causando medio centenar de victimas. Según las informaciones de prensa, las fuerzas comunistas descargaron alrededor de 50 obuses sobre las torres de vigilancia militar surcoreanas, así como sobre viviendas civiles, dejando una estela de dieciocho heridos y cinco muertos (tres civiles y dos soldados).

Sendos comunicados del régimen de Pyongyang ‘rezan’ que el ataque fue una respuesta a las ‘provocaciones’ de Corea del Sur, cuya Marina había estado desarrollando maniobras militares en la zona durante los días pasados. "Les avisamos varias veces de que no toleraríamos su presencia" y agregaron que lanzarían ataques inmisericordes si "el enemigo se atreve a invadir nuestras aguas territoriales por un solo milímetro". Con la retórica guerrerista que caracteriza a los regimenes autoritarios, en Asia y en America Latina, la comandancia militar norcoreana llegó a señalar que “sí nos siguen provocando, el próximo objetivo será Seúl. Se convertirá en un mar de fuego. La guerra nuclear puede empezar en cualquier momento" .

Seúl, como no podía ser de otra forma, ha puesto a sus fuerzas militares en máxima alerta y ordenó la movilización de sus reservistas. Ha prometido además fuertes represalias, pero sólo contra una segunda agresión de Norcorea. Segunda agresión que ya ha sido propuesta por el Norte de continuar la presencia ‘sureña’ en la zona en conflicto. Estados Unidos por su parte, ha manifestado su apoyo resuelto a la Corea democrática y ha anunciado la realización de ejercicios militares conjuntos con la Corea agredida en el Mar Amarillo –donde se encuentra la isla atacada. Mientras tanto, China, el principal aliado de la Corea comunista, se ha limitado ha expresar su ‘preocupación’ por la situación en la península, pero ha bloqueado una resolución condenatoria al régimen de Kim Jong Il por parte del Consejo de Seguridad de la ONU.

Seamos claros, el ataque no sólo fue una advertencia de Pyongyang a Seúl. Fue una demostración de la capacidad militar norcoreana y su determinación de llevar a cabo ataques fulminantes contra su vecino del sur, contra Japón, contra Estados Unidos o contra cualquier otro que se oponga al desarrollo de su programa nuclear y su aspiración de convertirse en una potencia regional. Pero el ataque fue posible por la falta de firmeza de las grandes potencias, particularmente de Estados Unidos, para imponer limites a la dictadura comunista. Pues mientras Occidente se ha preocupado por negociar el ‘desmonte’ de los planes nucleares norcoreanos, incluso dándole contraprestación económicas a Pyongyang, Kim Jong Il ha continuado trabajando subrepticiamente en el enriquecimiento de uranio, utilizando ahora un nuevo y mejor modelo de centrifugadoras, las P2, que son las mismas que los iraníes están utilizando en sus instalaciones atómicas.

Corea del Norte ha desplegado todo su arsenal para amedrentar a su vecino del sur. Lo hace a sabiendas de que, mientras ellos parecen estar dispuestos a llegar a la guerra total y destruir a sus ‘hermanos del sur’, la Corea democrática cederá y tratará de buscar soluciones más salomónicas con ayuda internacional. Lo hace porque calcula muy bien los daños que le puede ocasionar una guerra como la del año cincuenta, tomando en consideración el potencial de destrucción que ahora posee su contraparte.

La responsabilidad recae entonces en la comunidad internacional, particularmente en Estados Unidos, y permitir que una democracia sea aniquilada por una dictadura comunista. Hace sesenta años, los estadounidenses con la ayuda de varios países, incluyendo a Colombia, actuaron en defensa de la democracia y la libertad, si bien en aquella ocasión no se logró poner punto final al régimen comunista autoritario de Pyongyang. Hoy, este ataque representa una oportunidad para que la comunidad internacional entienda por fin que con gobiernos de este tipo, tiránicos y terroristas, no es posible negociar, pues se trata de déspotas que no están dispuestos a ceder un centímetro.

En este momento, los ojos del mundo están puestos en la zona del Mar Amarillo. Pero la situación en Corea nos da pie para hacer un paralelo con nuestra propia situación. Al igual que Corea del Sur, Colombia tiene la desgracia de tener que convivir con una dictadura comunista que constantemente amenaza nuestra democracia. Hugo Chávez es tan déspota como lo es Kim Jong Il, y al igual que lo ha hecho éste, aspira a perpetuarse en el poder de su país, propagar su comunismo del siglo XXI y convertirse en una potencia regional. También ha iniciado un programa nuclear para enriquecer uranio, a la tétrica sombra de Irán. Y aunque el régimen bolivariano no ha atacado directamente a Colombia, como lo ha hecho la Corea tiránica con aquella democrática, sí lo ha hecho indirectamente mediante sus aliados narcoterroristas que pretenden desestabilizar el Estado de Derecho. Y, al igual que con Corea del Norte, la comunidad internacional ha querido ‘dialogar’ y tratar con ‘buenísimo’ al déspota de Miraflores; ojala no se necesite una agresión directa contra Colombia para que Occidente se de cuenta que Chávez es también una amenaza a la seguridad internacional.

1. http://www.eltiempo.com/mundo/asia/el-peor-ataque-de-corea-del-norte-a-su-vecino-del-sur-en-50-aos_8424480-4

OTRO TORPEDO JUDICIAL

La decisión de la Corte Constitucional de tumbar la aplicación del principio de oportunidad a cerca de 19 mil desmovilizados rasos de las AUC y cerca de 10 mil de las organizaciones narcoterroristas, indudablemente constituye un injustificado torpedo del poder judicial con la peregrina excusa de que no se consulta con los derechos de las víctimas.

El 19 de junio de 2009, el Congreso había aprobado una ley que permitía el sometimiento a la justicia de los desmovilizados rasos que lo hubieren hecho mientras era aprobada la Ley de Justicia y Paz, y que quedaron en un limbo jurídico porque no se les podía aplicar los beneficios de la ley pues la Corte Suprema de Justicia (sentencia del 11 de julio de 2007) y la Corte Constitucional argumentaron que estos paras no se podía procesar por delitos políticos y debían ser juzgados por el delito de concierto para delinquir, mientras elevaban a la categoría de luchadores altruistas a los narcoguerrilleros.

La realidad fáctica y jurídica no tenida en cuenta en la actual decisión de la Corte Constitucional amenaza directamente lo alcanzado en la pacificación de amplios territorios del país y estimula la vuelta a la actividad delictiva de los desmovilizados con argumentos deleznables. Señalar que el principio de oportunidad no se permite para la justicia transicional, porque concede un grado muy amplio de discrecionalidad al fiscal, es un adefesio contrario a esa realidad. La decisión pone en una situación crítica el proceso con estos desmovilizados porque todos tendrán que ser juzgados por la justicia ordinaria y pueden recibir condenas mayores a las que recibirán los jefes paramilitares por estar en Justicia y Paz (8 años como pena alternativa).

Esta ley fue presentada por el Gobierno Uribe al Congreso, y en ella introducía una modificación al Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), permitiendo que el 'principio de oportunidad' fuera aplicado a desmovilizados de grupos armados ilegales bajo ciertas condiciones, incluyendo a los que se desmovilizaron después de julio de 2005. Lo que buscaba esa reforma era que si un integrante de un grupo armado ilegal se entregaba a las autoridades pudiera recibir un beneficio al confesar sus delitos, pero quedaban exentos quienes hubieran cometido delitos de lesa humanidad.

El texto aprobado preveía la aplicación de dicho beneficio al desmovilizado que "haya manifestado con actos inequívocos su propósito de reintegrarse a la sociedad, siempre que no haya sido postulado por el Gobierno Nacional al procedimiento y beneficios establecidos en la ley 975 de 2005 y no cursen en su contra investigaciones por delitos cometidos antes o después de su desmovilización con excepción de la pertenencia a la organización criminal, que para efectos de esta ley incluye la utilización ilegal de uniformes e insignias y el porte ilegal de armas y municiones".

La Ley ha sido tergiversada desde siempre por los políticos liberales y de izquierda, como por las narcoguerrillas, al señalar perversamente que solamente beneficiaba a quienes hicieron parte de las autodefensas desconociendo que al amparo de ella se han desmovilizado cerca de 10 mil integrantes de otros grupos armados entre ellos las Farc y Eln; sin duda para las narcoguerrillas la decisión judicial constituye un inimaginable triunfo político y servirá como elemento propagandístico para tratar de cerrar el dique de las desmovilizaciones.

Si a la decisión judicial se le suma el riesgo a la vida e integridad de los desmovilizados, que debería ser garantizada por la Policía Nacional, y que según la Fiscalía registra cifras impresionantes, 800 desmovilizados fueron asesinados entre 2007 y 2009, y la Policía sostiene que durante los últimos tres años murieron 923, “siendo la tendencia al incremento”, dice la Comisión Nacional de Reconciliación y Reparación CNRR, se tiene que los mecanismos de protección para la seguridad personal de los desmovilizados no han sido los necesarios y se revela falta de capacidad del Estado para responder a fondo, con medidas adecuadas y oportunas, ante la aguda problemática de violencia que los afecta, es de preverse el retorno de muchos de estos a las narcoguerrillas y las BACRIM, por falta de voluntad política y judicial para consolidar la paz.

La decisión de la Corte Constitucional es un torpedo evidente contra la última fase del proceso de Desarme y Desmovilización, pues al negar la posibilidad de aplicación del principio de oportunidad dentro de la fase de Reintegración claramente amenaza lo alcanzado en las dos fases anteriores.

El desarme, como señalan las normas expedidas, comprende el proceso de recolección, control y destrucción de armas que se encuentran tanto en poder de combatientes como de civiles. Se incluyen también campañas y políticas para el uso responsable de armas. La desmovilización por su parte, que constituye la siguiente etapa, se trata de un proceso menos tangible o mesurable porque consiste en la disolución de la unidad armada en el caso de desmovilización colectiva o la reducción de los combatientes de un grupo en el caso de la desmovilización individual. Teniendo en cuenta que por combatiente se entiende no sólo quien porta un arma sino también aquellos que trabajen en logística, administración o suministro de información, la desmovilización cobija también a estas poblaciones. Finalmente, la tercera etapa llamada reintegración, comprende desde la desarticulación del grupo hasta que los combatientes recobran el carácter civil, por tanto su sustento proviene de actividades lícitas y libres de violencia, que es la garantía de no repetición de la conducta criminal que se exige para la aplicación del principio de oportunidad en la justicia transicional.

Negros nubarrones se extienden pues en el firmamento que permitía a los colombianos vislumbrar una paz cercana y un estado posconflicto; las erradas decisiones judiciales y políticas nos están devolviendo 8 años en el tiempo y los violentos reclamarán satisfechos que las derrotas militares que se les propinaron en ese tiempo son ilícitas y que lo lícito es su lucha altruista a juicio de nuestras Cortes.

¿HAY GARANTÍAS JUDICIALES EN COLOMBIA?

Un escándalo mediático y político ha despertado la declaración del ex Presidente Uribe al señalar la falta de garantías judiciales en los procesos que se adelantan contra sus antiguos colaboradores, especialmente en los casos que más explotó la oposición política y la narcoguerrilla durante su mandato, los llamados yidispolítica y las chuzadas.

Como debe recordarse la yidispolítica nació de las declaraciones de la exparlamentaria Yidis Medina quien resolvió ante la Corte Suprema de Justicia, buscando una atenuación de su culpa en una serie de conductas delictivas, señalar que sus actuaciones de derivaron de compromisos con funcionarios para cambiar su voto como Representante a la Cámara para aprobar la reelección presidencial; las chuzadas es la denominación que se le da a una serie de investigaciones y escuchas realizadas para determinar la certeza de unas denuncias de la prensa con referencia a vínculos de Magistrados y otros ciudadanos con posibles elementos u organizaciones criminales.

Las garantías judiciales hacen referencia en primer lugar a los derechos consagrados en el art. 29 de la Carta como lo son el debido proceso, el derecho a la defensa, la presunción de la ley, el principio de favorabilidad de la ley y otros conexos que deben ser garantizados por el poder judicial en cabeza de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación y en lo que actúa como garantía el Ministerio Público, esto es la Procuraduría General de la Nación.

Los citados derechos consagrados en la Carta hacen parte de lo dispuesto en el art. 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que exigen, entre otras cosas, que los operadores judiciales garanticen a los procesados la presunción de inocencia la cual debe ser controvertida en los estrados judiciales y mediante pruebas idóneas; en el caso de los funcionarios de la anterior administración y desde su misma vigencia, tal derecho no ha sido garantizado y se hacen juicios mediáticos, de linchamiento moral y social que fácilmente ponen en peligro la vida de estos funcionarios en una sociedad polarizada y propensa a la justicia por propia mano como la nuestra.

El mismo Presidente de la Corte ya había anunciado su posición frente al tema de las chuzadas cuando aún antes de iniciarse la investigación anunciaba a los medios que quienes intervinieron ese órgano judicial no quedarían impunes; ese poder judicial que su afán de ejercer venganzas políticas contra el anterior gobierno es pródigo en ofrecer beneficios legales (rebajas de pena, aplicación del principio de oportunidad, etc.), a delincuentes y funcionarios de menor rango si en sus declaraciones vinculan a los mandos superiores tratando de llegar a la misma cabeza del gobierno nacional.

Son garantías judiciales que se han inocuas e inaplicables en un poder judicial con más de 1.5 millones de procesos represados que vulneran el derecho al acceso a la justicia, donde para convalidar la ineficiencia e ineficacia de ese poder público se vulneran y desconocen los términos fijados en los códigos procesales llevando los procesos a la perención, al vencimiento de términos y otras figuras que eximen de responsabilidad a los jueces por la negación de ese derecho.

¿Qué garantías judiciales pueden ofrecer estos Magistrados que han definido a las narcoguerrillas como organizaciones de luchadores altruistas y se niegan a procesar a los políticos que las han estimulado, apoyado y defendido? ¿Si el poder judicial considera altruista el narcoterrorismo qué pueden esperar quienes lo han combatido?

Esa respuesta bien la conocen los militares que se han visto enfrentados a la guerra jurídica en contra la institución castrense. Basta la declaración de un individuo psicológicamente insano para desechar por parte de nuestros jueces todo el acervo probatorio favorable al militar y proferir sentencias condenatorias, pisoteando principios como el del juez natural, de la cosa juzgada o el de favorabilidad de la ley penal en su afán de mostrar el altruismo de las narcoguerrillas.

Es un hecho que en Colombia hace carrera la venganza política de las narcoguerrillas derrotadas militarmente por la Política de Defensa y Seguridad Democrática; lo ganado en el terreno por las armas corre el riesgo de perderse en los estrados judiciales y algunos círculos políticos que tienen en la mira a Álvaro Uribe Vélez para mostrarle a los ciudadanos la validez de sus razones que nunca pudieron conquistar el alma de los electores.

No es coincidencia que en Panamá la pretendida marcha de las juventudes contra el asilo territorial otorgado a la anterior Directora del DAS solo hubiere congregado una veintena de miembros de la juventud comunista de ese país, de unos despistados que gritaban consignas contra la dictadura en Colombia o el espionaje colombiano como pudo apreciarse en las declaraciones de los presuntos organizadores a los medios, que ese despiste no hubiere sido recogido por los medios colombianos mientras magnificaban el alcance de unas protestas de minorías contra el hecho diplomático.

VUELVE Y JUEGA

El fanático esquizofrénico que mal gobierna a Venezuela ha lanzado nuevas acusaciones contra el "imperio yanqui” y sus “lacayos en Venezuela y América Latina". Nuevamente Chávez ha inculpado a la “extrema derecha” estadounidense de patrocinar conspiraciones para derrocar a su gobierno, en asocio con la burguesía venezolana. Según el déspota bolivariano, Washington arremete contra su revolución socialista porque se siente "engolosinado" por los resultados electorales de la mitaca.

Las declaraciones las hace el mandatario después de haber ‘develado’ la existencia de un nuevo plan para asesinarlo, orquestado esta vez por Guillermo Zuloaga, director del canal de televisión Globo visión. En la mente de Chávez, la oposición venezolana habría recaudado unos 100 millones de dólares para entregarlos como recompensa a quien lo asesine. Por eso exhortó a las autoridades venezolanas, “al señor Vicepresidente, la Fiscal General, al Tribunal Supremo de Justicia, a que hagan algo” y actuar contra las propiedades y acciones que Zuloaga tiene en el canal televisivo.

Cabe recordar que Zuloaga es uno de los principales opositores al gobierno socialista y debió escapar de Venezuela por la persecución política de Chávez, quien lo acuso de usura y asociación para delinquir. Globo visión, por su parte, es el único canal televisivo que mantiene una clara línea editorial crítica al gobierno, después de la censura y cierre de los otros canales de oposición.

Hace pocos días, Zuloaga comentó desde Washington que el gobierno déspota de Caracas representa una amenaza para la seguridad de Estados Unidos, por sus probadas relaciones con el gobierno de Irán, Libia, Argelia e Irak. Afirmaciones que fueron secundadas por congresistas republicanos de Estados Unidos quienes prometieron, ahora que recuperaron la mayoría en la Cámara de Representantes, aumentar la presión frente al "declive de las libertades democráticas" en Venezuela y sus aliados regionales, que algunos calificaron de "azote".

En hora buena el Congreso estadounidense vuelve a posar sus ojos sobre las dictaduras bolivarianas que amenazan la paz y la seguridad de la región. Durante el cuatrienio pasado, y pese a la constante preocupación del presidente republicano George W. Bush, el Congreso, que había estado controlado por el ala más izquierdista del Partido Republicano encabezada por Nancy Pelosi, sólo prestaba atención a América Latina para condenar al Estado colombiano por supuestas violaciones a los derechos humanos e interponerse en la ratificación del Tratado de Libre Comercio con nuestro.

Sin embargo, cuando se trataba de condenar a Chávez y a sus compañeros populistas en Bolivia, Ecuador y Nicaragua, por sus vínculos con organizaciones narcoterroristas, por sus relaciones con estados terroristas como Irán, por el armamentismo exagerado, por el intervencionismo en los asuntos internos de otras naciones, por la censura a la libertad de prensa en sus países, por la opresión de sus sociedades, entre otros muchas conductas detestables, los demócratas preferían mirar para otro lado y pasar por alto la conductas antidemocráticas de los socialistas del siglo XXI. Ahora los republicanos prometen establecer límites a los desmanes de los déspotas bolivarianos y empezar a tratarlos como lo que realmente son, una amenaza para la seguridad de Estados Unidos y de America Latina.

Sin embargo, mientras esto ocurre en Washington, Colombia parece plegarse cada vez más a las exigencias del tirano de Miraflores. En su afán por restaurar las relaciones diplomáticas con el país vecino, Juan Manuel Santos parece estar sometiéndose, sin mayor reparo, a los dictados de Chávez. La desidia del gobierno actual por salvar el acuerdo de cooperación militar con Estados Unidos y la extradición del narcotraficante Makled a Caracas, son desafortunadas decisiones políticas que corroboran la aparente capitulación de Nariño a Miraflores, y que pueden acarrear graves consecuencias en la relación de Colombia con su más importante aliado en la lucha contra el narcoterrorismo, Estados Unidos.

Es inaceptable que el gobierno colombiano prefiera ahora la sanidad de unas relaciones diplomáticas con un régimen antidemocrático que patrocina a las guerrillas narcoterroristas. El ‘nuevo mejor amigo’ de Santos es el mismo dictador que ha proferido, en repetidas ocasiones, insultos y amenazas contra el Estado y las instituciones democráticas colombianos. Es el mismo déspota que incita a Nicaragua y Ecuador para que fustiguen a Colombia. Es el mismo megalómano que inventa conspiraciones en su contra para aniquilar a toda oposición, a toda voz discordante con su trasnochado discurso comunista totalitario.

AHORA ITALIA SE SUMA A LA GUERRA JURÍDICA CONTRA MILITARES LATINOAMERICANOS

Siguiendo los pasos del tristemente recordado juez español Baltasar Garzón, el Fiscal de Roma, Giancarlo Capaldo, cerró la investigación sobre el llamado "Plan Cóndor", el que definió como un sistema de coordinación represiva ilegal entre las dictaduras militares sudamericanas en los años 70 y 80. El cierre de la investigación, que duró más de diez años, precede al pedido de envío a proceso de alrededor de 140 indagados.

Los que podrían ser sometidos a proceso, incluso en contumacia, son los miembros de las juntas militares y de los servicios de seguridad de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, acusados de la muerte de 25 italianos. De esta lista, el único encarcelado es el ex fiscal militar durante el régimen de Augusto Pinochet, Alfonso Podlech Michaud, quien fue extraditado a Italia tras ser detenido el 27 de julio de 2008 en el aeropuerto de Barajas.

Al ex fiscal se le acusa de la desaparición en la cárcel de Temuco del ex sacerdote de origen italiano Omar Venturelli vinculado a actividades políticas clandestinas durante el gobierno de Salvador Allende.

También se pedirá enjuiciar al ex jefe de la DINA, Manuel Contreras, y al ex ministro del Interior de Paraguay Sabino Augusto Ciarletti Montanaro, al ex presidente de Perú Francisco Morales Bermúdez y al primer ministro de ese país Pedro Prada Richter. A estas personas se les sindica de haber hecho parte del llamado “Plan Cóndor” desarrollado dentro de la guerra contra la subversión armada comunista en el Continente durante los años 70 y 80.

Como fundamento para la decisión del fiscal italiano se tiene un presunto “expediente del terror” que se dice encontró el izquierdista juez paraguayo José Fernández quien afirma haber encontrado el 22 de diciembre de 1992 un volumen importante de información sobre esta operación. Al visitar una comisaría en Lambaré, suburbio de Asunción, para buscar archivos de un ex preso político, descubrió los llamados "archivos del terror", que detallan el destino de miles de latinoamericanos secretamente secuestrados, torturados y asesinados.

El citado documento jamás fue utilizado en Paraguay para abrir causas penales contra posibles violadores de los derechos humanos, sólo hasta ahora 20 años y en pleno auge de la guerra jurídica y política desatada por el Foro de Sao Paulo y el comunismo internacional contra las Fuerzas Militares, especialmente latinoamericanas, resurge como motivo de discordia y sin que nadie haya avalado su legitimidad o validez para indicar que de haber existido la Operación Cóndor fue adelantada contra inocentes demócratas en el sur del continente.

Todos estos presuntos documentos, manipulados y tergiversados a conveniencia de las organizaciones terroristas que asolaron el continente en los años 60 y 70, han sido productos de las llamadas Comisiones de la Verdad, las Comisiones sobre Prisión Política y Tortura, Comisiones de Reconciliación y otros organismos no gubernamentales que de manera sesgada siempre han mostrado a los terroristas y sus secuaces y voceros como víctimas y a los militares como victimarios, excluyendo o minimizando en sus politizados informes las acciones criminales adelantadas por el comunismo internacional en nuestros países.

Los informes de estas comisiones sólo tienen como fin transformar mediante el miedo a futuros procesos similares a los militares activos, convirtiéndoles por la fuerza en brazo armado del socialismo (como ocurre en Venezuela), y neutralizar la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo (como se pretende en Colombia).

Hay una conclusión que brillantemente expone el hoy preso político venezolano Alejandro Peña Esclusa: La Conclusión propone “diseñar una estrategia continental para defender las Fuerzas Armadas frente a la injusta y brutal agresión de las que son objeto. Esta defensa” -añade- “debe ser emprendida no solamente por los militares, sino por la sociedad entera; porque la existencia de unas FF.AA. bien equipadas, bien entrenadas y con una Alta Moral, es requisito indispensable para la supervivencia misma de nuestras naciones. De ello pueden dar testimonio el pueblo colombiano, que ha sido rescatado por las Fuerzas Armadas de las garras de las FARC; y el pueblo hondureño que, gracias a sus militares, pudo salvarse de una dictadura chavista.”[1]

En ningún momento se puede bajar la guardia y si los funcionarios que lucharon contra el narcoterrorismo son hoy víctimas de la persecución judicial de una Corte Suprema de Justicia protagonista de muchos de los escándalos que suscitaron las escuchas e investigaciones de hechos que podrían haber sido considerados delitos cuando fueron divulgados por la prensa, indudablemente no constituyen garantía del debido proceso para los militares que han sacrificado sus vidas persiguiendo a los bandidos que por más de 50 años han sumido nuestra patria en el dolor de una violencia infame y que ahora son presentados por esa Corte como luchadores altruistas.

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[1] PEÑA ESCLUSA, Alejandro. Ver: http://www.unoamerica.org/unoPAG/libros.php?id=11

EL COMUNISMO INTERNACIONAL MUESTRA LAS GARRAS

A la invasión nicaragüense del territorio costarricense se suma ahora la salvaje y cobarde agresión del ejército de Corea del Norte. Un ataque de Pyongyang con batería de artillería sobre aguas surcoreanas del Mar Amarillo mató a dos soldados surcoreanos, hirió a otros 12 y al menos a cuatro civiles al impactar sobre una isla cercana a la frontera occidental de ambos países.

El Ejército de Seúl respondió inmediatamente con hasta 80 proyectiles y desplegó varios cazas de combate en el más grave enfrentamiento entre los dos países desde el hundimiento de una corbeta surcoreana en marzo, cuando murieron sus 46 tripulantes. Ambos ejércitos seguían intercambiando fuego cruzado una hora después del enfrentamiento.

La Península de Corea permanece dividida y en tensión permanente desde la contienda civil de 1950, en la que Colombia tuvo un destacado papel y que desembocó en un armisticio en 1953 entre Corea del Norte y del Sur, pero no en un tratado de paz. Miles de efectivos estadounidenses vigilan junto a los militares de Seúl a un lado de la llamada 'Zona Desmilitarizada' que separa ambos territorios, con cientos de miles de soldados norcoreanos en el extremo septentrional.

El ataque se produce apenas dos días después de conocerse que Corea del Norte podría contar ya con capacidad para fabricar bombas nucleares con uranio enriquecido gracias a un moderno complejo atómico hasta ahora oculto. Con todo, los expertos creen que Pyongyang todavía no tiene capacidad de montar cabezas nucleares de uranio sobre misiles.

El Ejército estadounidense cree que el ataque de artillería de Corea del Norte sobre una isla surcoreana está vinculado con la sucesión del liderazgo, la sucesión por parte de su hijo de Kim Jong-Il en el aislado Estado, dijo el miércoles el almirante Mike Mullen, jefe del Estado Mayor Conjunto, quien indicó que Estados Unidos estaba trabajando con sus aliados para responder al incidente, pero advirtió que "es muy importante que China lidere" el esfuerzo. "El único país que tiene influencia en Pyongyang es China, por eso su liderazgo es absolutamente crucial", declaró Mullen en un programa de televisión estadounidense.

Por su parte, China ha instado a Corea del Norte y a Corea del Sur a mostrar "calma y moderación" y a participar de conversaciones lo antes posible para evitar una escalada de tensiones, después de un mortal incidente que causó la muerte de cuatro surcoreanos. El llamamiento fue hecho en un comunicado del portavoz del Ministerio del Exterior de China, Hong Lei, que fue la primera respuesta oficial detallada de Pekín al incidente del martes cuando Corea del Norte bombardeo una isla de Corea del Sur. A diferencia de otros Gobiernos de la región, China no condenó directamente a Corea del Norte.

Mientras, el embajador de Japón en España, Fumiaki Takahashi, ha dicho hoy que la comunidad internacional "debe contener" a Corea del Norte para impedir una guerra que, a su juicio, sería "muy peligrosa".

Debe recordarse que al igual que Nicaragua, Corea del Norte ha mantenido una política agresiva y de constante provocación a sus vecinos incluido el Japón, para justificar internamente la grave crisis de miseria, desabastecimiento y ausencia de oportunidades socioeconómicas para su población, alimentando el chauvinismo comunista para impedir cualquier reacción en contra del gobierno comunista que se ha venido heredando de padres a hijos desde la primera mitad del siglo XX.

Es indudable que el mayor peligro no lo representa el apoyo chino a Corea del Norte, sino la indudable alianza entre este país, Irán y la internacional terrorista que busca debilitar políticamente a EE.UU y la ONU ante la indecisión del gobierno Obama frente al papel que debe jugar la potencia del norte en la contención de las nuevas amenazas a la paz mundial. El espíritu conciliador de la democracia occidental siempre será visto como una manifestación de debilidad por parte de sus enemigos que no dudarán en utilizar todos los recursos para generar crisis en cualquier campo.

EN BOLIVIA CONTINUA EL POLÉMICO DEBATE POR LA POLITIZACIÓN DE SUS FUERZAS ARMADAS.

En recientes declaraciones, el actual comandante del Ejército, el general Antonio Cueto, afirmó que la nueva Constitución de ese país (promulgada en 2009) propicia una institución militar socialista y comunitaria. Y puntualizó que los militares bolivianos se declaraban antiimperialistas “porque en Bolivia no debe existir ningún poder externo que se imponga” y anticapitalistas “porque este sistema está destruyendo a la madre tierra" .

Estas declaraciones desataron toda una serie de objeciones por parte de miembros de la oposición y militares en retiro, que ven con preocupación como la creciente ideologización de la institución armada es un síntoma mayor del progresivo debilitamiento de la democracia boliviana a causa del gobierno bolivariano–comunista de Evo Morales. Algunos oficiales en retiro pidieron que el general Cueto pase a retiro obligatorio por "comprometer a una institución que está por encima de las divisiones partidarias con una ideología determinada". En tanto que el general en retiro Marcelo Antezana, antiguo comandante del Ejército y actual senador, ha anunciado que citará a Cueto a la Cámara Alta para que dé explicaciones por sus trasgresiones a la Constitución.

Inmediatamente, el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) salió a la palestra publica a defender al general. El portavoz de la presidencia, Iván Canelas, señaló que las Fuerzas Armadas siempre han sido revolucionarias y han luchado contra los imperialismos, como lo hicieron para independizar a Bolivia del yugo español, y lamenta que la oposición molesten porque el comandante del ejercito llame a que las Fuerzas Armadas recuperen su esencia "revolucionaria", aunque entiende que esta es una mentalidad impuesta por Estados Unidos en "etapas negras" de la historia boliviana.

Ya en marzo de este año, Morales había propuesto que las Fuerzas Armadas incorporaran en sus uniformes la wiphala, bandera indígena, como símbolo de guerra del ejército. Asimismo, adoptaron el lema socialista "patria o muerte, venceremos", una arenga utilizada por el guerrillero ‘Che’ Guevara y popularizada por el dictador cubano, Fidel Castro. Lo contradictorio es que, precisamente fue el ejército boliviano quien dio de baja al guerrillero argentino, quien había dejado toda una estela de muerte durante su recorrido ‘revolucionario’ por varios países de América Latina, y que luego fue convertido por la magia del marketing comercial en un infame icono de la ‘cultura popular’.

Lo cierto es que, al igual que en Venezuela, las fuerzas militares en Bolivia están siendo instrumentalizadas por los regimenes comunistas para lograr sus cometidos totalitarios y antidemocráticos. Morales, como su amigote Chávez, han postrado a los militares de sus países, mediante dadivas y corruptelas, a un estado de servilismo y degradación ante el proyecto despótico bolivariano. Lo peor es que muchos de estos militares han olvidado voluntariamente la dignidad que implica detentar las armas legítimas de la nación, para servir sin mayores miramientos a detestables caudillos que buscan aniquilar toda oposición democrática y hacerse con el poder absoluto en sus terruños.

En el marco de este servilismo y corrupción, los militares han permitido que se ensucie el honor de sus uniformes con execrables insignias socialistas y han abrazado con agrado los ingresos provenientes del narcotráfico criminal.

Bolivia y Venezuela caminan con rapidez hacia el modelo cubano, un régimen fanático y autoritario en el cual las fuerzas militares se encuentran al servicio de una revolución fracasada que reprime las libertades básicas de las personas, mientras sume a sus ciudadanos en la más profunda pobreza. Hacia allá se dirigen estos dos países y ese es el destino que quiere para Colombia la guerrilla narcoterrorista de las FARC, a la que la izquierda bolivariana trata con tanta camaradería. Gracias a la Providencia Divina, contamos con militares profesionales, honorables, respetuoso de los valores democráticos y al servicio de un Estado de Derecho y no de un régimen fanático y totalitario.

1.http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2010/11/101118_bolivia_ejercito_polemica_socialista.shtml

LOS AMIGOS DE LAS FARC SE CONSOLIDAN EN LAS FAN

“Por disposición del ciudadano presidente de la República [...] se resuelve ascender al grado de general en jefe (el mayor rango castrense venezolano) al mayor general Henry de Jesús Rangel Silva”. Con este decreto presidencial, el mandatario de la Republica Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, anunció el nombramiento del mayor general Rangel Silva, como jefe del Comando Estratégico Operacional de las Fuerzas Armadas Nacionales (FAN), órgano encargado de coordinar la acción conjunta de las cuatro unidades militares. Este hecho sería irrelevante de no tratarse de un polémico militar alineado con el proyecto totalitario comunista que se viene desarrollando en el vecino país, y que ha sido constantemente señalado por sus vínculos con actividades del narcotráfico y por ser amigo de las FARC narcoterroristas.

Recientemente, el mayor general Henry de Jesús Rangel Silva, ya había estado en el centro de la controversia por sus polémicas declaraciones sobre el rechazo por parte de los militares venezolanos de un presidente diferente a Chávez, en el supuesto de la victoria de la oposición política en las elecciones presidenciales de 2012. Según palabras del propio general, la institución castrense está “casada” con el proyecto político bolivariano y cualquier triunfo antichavista en 2012 desataría situaciones que no serían aceptadas por los soldados […] “La FAN no tiene lealtades a medias sino completas hacia un pueblo, un proyecto de vida, y un comandante en jefe (el presidente de la República). Nos casamos con este proyecto de país” .

Se trata, ni más ni menos, de una amenaza proferida por uno de los generales de más alto rango en Venezuela, contra la oposición política y la poca democracia que aún queda en ese país, acosado por el totalitarismo comunista de la revolución bolivariana. Ante esto, incluso el secretario general de la OEA, Miguel Insulza, quien en el pasado ha sido bastante tolerante con las posiciones antidemocráticas de Chávez, calificó el hecho de “inaceptable” y se mostró indignado de que un comandante del Ejército amenace con una insubordinación a un eventual gobierno opositor. Ante estas declaraciones, Chávez, haciendo gala del talante despótico en el que sustenta su régimen, ha lanzado una andanada de improperios contra Insulza por atreverse a criticar al ‘respetable’ general Rangel Silva.

Pero el prontuario de Rangel Silva no termina con los ataques a la oposición venezolana. En 2008, este general fue acusado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por estar involucrado con actividades de narcotráfico. Acusaciones que han sido corroboradas recientemente por Walid Makled, el narcotraficante capturado por las autoridades colombianas y cuya extradición ha desatado un pulso diplomático entre Colombia, Venezuela y Estados Unidos. Según las declaraciones de Makled, Rangel es uno de los principales cabecillas de la red de narcotraficantes conocida como el ‘cartel de los soles’, un grupo de militares de alto rango que han establecido negocios con los narcoterroristas de las FARC para traficar cocaína hacia Europa y Estados Unidos utilizando los puertos nacionalizados.

Este mismo hombre fue señalado como uno de los principales contactos de Iván Márquez para la compra de armas por parte de las FARC en Venezuela. De acuerdo a los registros de los computadores de ‘Raúl Reyes’, Rangel Silva, por entonces director de inteligencia de la Policía, facilitó la compra de proyectiles tierra-aire y equipos de comunicación por parte de la guerrilla, y sirvió de intermediario para la expedición de documentos que les permitía a los narcoterroristas movilizarse libremente por el país vecino.

Este es el perfil del nuevo jefe del comando conjunto de las FAN. Un digno agente del comunismo que ha jurado lealtad al régimen antidemocrático que mal gobierna al país vecino. Porque no nos llamemos a duda, las FAN lejos de defender y salvaguardar a las instituciones democráticas como corresponde a las fuerzas armadas en cualquier régimen democrático, se ha aliado con un déspota que ha impuesto una dictadura castrista en Venezuela y, para la consecución de sus objetivos, se ha aliado con los narcoterroristas de las FARC, amigos ideológicos y socios narcotraficantes.

El nuevo comandante de las FAN ha hecho un abierto llamado a alzarse en armas contra cualquiera mandatario que no sea el comandante camarada Chávez, a preparar el ‘golpe de estado’ contra un eventual gobierno de oposición, a desconocer cualquier resultado electoral que no sea conveniente para la revolución socialista. ¿Alguna duda sobre la dictadura bolivariana antidemocrática enquistada en el poder en Venezuela?

Y mientras las FARC están de plácemes porque uno de sus amigos, un buen socio, un compañero de ‘lucha’, un camarada comunista, detenta ahora uno de los mayores cargos dentro de las FAN, el Presidente de los colombianos, Juan Manuel Santos, extradita al narcotraficante Makled a Caracas y con esto le ayuda a su ‘nuevo mejor amigo’ a ocultar la verdad sobre los vínculos de Rangel Silva con el narcoterrorismo.

1. http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/articulo-235625-chavez-asciende-general-militar-senalado-de-tener-vinculos-farc

EL EXILIO DE MARÍA DEL PILAR HURTADO.

La noticia de consumo este fin de semana ha sido la solicitud de asilo de la ex directora del DAS María del Pilar Hurtado y la concesión del mismo como asilo territorial por parte del gobierno panameño. La abogada María del Pilar Hurtado, cuya responsabilidad en el escándalo de las “chuzadas” aún no ha sido definida por la Fiscalía General de la Nación, pidió asilo en Panamá, informaron este viernes fuentes diplomáticas en Bogotá.

El embajador panameño en Colombia, Ricardo Anguizola, dijo a la cadena Caracol Radio que la ex funcionaria formalizó su solicitud el jueves en Ciudad de Panamá. "En este momento, el Gobierno nacional (de Panamá) está evaluando (la petición) y oportunamente, a través de las instancias correspondientes (...), dará a conocer qué decisión toma", explicó el diplomático. Anguizola dijo que no conoce el documento con el cual la antigua directora del Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia pide que le sea conferida la condición de asilada política. "De manera que no podría decir cuáles fueron los argumentos, pero entendemos que, si fue aceptada, habrá llenado los requisitos básicos", apuntó luego [1].

El Gobierno panameño ha señalado que para tomar dicha determinación se tuvieron en cuenta "las circunstancias de razonable temor por su seguridad personal, que la han llevado (a Hurtado) a abandonar su país". Y concluye la comunicación: "Con el ánimo de contribuir a la estabilidad política y social en la región, en estricto apego a las normas y la doctrina de asilo territorial reconocidas por el derecho internacional e históricamente observadas por la República de Panamá, ha considerado favorablemente su petición, por lo que ha procedido a concederle asilo territorial en la República de Panamá, con base en lo que dispone el Decreto Ley No. 16 del 30 de junio de 1960 sobre Migración y sus modificaciones" [2].

Contra la petición de asilo concedida a la Dra. María del Pilar Hurtado no demoraron en reaccionar las organizaciones políticas que han abanderado la oposición a la Seguridad Democrática por cuenta de la circense excusa de las “chuzadas” efectuadas por los organismos de seguridad nacional a quienes puedan representar una amenaza para la estabilidad institucional o una participación de ciudadanos, sin importar su rango o cargo, en conductas punibles contra la seguridad del Estado y las cuales tienen como fin prevenir riesgos y amenazas contra la seguridad ciudadana, el orden público o el ordenamiento constitucional y legal.

Debe recordarse que los hechos que dieron lugar a la discusión mediática de las famosas chuzadas surgieron a partir de una información de prensa que daba cuenta de las andanzas de los Honorables Magistrados de la Corte Suprema de Justicia con elementos de dudosa reputación que sufragaron paseos y parrandas en Neiva y la Costa Atlántica, hecho que motivó la solicitud de investigar discrecionalmente cualquier actividad disciplinaria o penalmente ilícita de los funcionarios públicos comprometidos.

El conocimiento de esta noticia dio como origen la correspondiente investigación de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, juez natural de los Honorables Magistrados, quienes ripostan con el anuncio de apertura de investigaciones penales contra los Congresistas, lo que desemboca en la descarada y contraevidente absolución de los ex Presidentes de la Corte Suprema de Justicia

Sres. YESID RAMÍREZ y CARLOS ISAAC NÁDER, por su indiscutible vínculo con el mafioso GIORGIO SALE, a través de su socio ASCENCIO REYES SERRANO.

En Junio de 2.006, el narcotraficante Italiano GIORGIO SALE, fue capturado y encarcelado por la Justicia Italiana por el delito de tráfico de estupefacientes cometido con anterioridad a dicho año; debido a ello, se descubrió la relación que había tenido, en ése entonces, el asociado de GIORGIO SALE, señor ASCENCIO REYES, con el ex Presidente de la C.S.J. CARLOS ISAAC NÁDER en 2.005 y, en el mismo año, con el Presidente YESID RAMÍREZ. ASCENCIO REYES SERRANO, contrató y pagó un vuelo chárter Bogotá-Neiva-Bogotá para algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y les pagó su alojamiento y embriagues en el Hotel Pacandé de Neiva, por $42’165.144.oo El Tiempo VI-15-08. (US$28.110.10) [3].

El 31 de Julio de 2.007, la Comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes les inició la frustrada investigación con expediente 2219-07, por la financiación de fiestas y viajes para los magistrados y por los costosos regalos recibidos de GIORGIO SALE. También se incluyó la fiesta que en 2.005 en Sincelejo fue costeada por los narcotraficantes, para celebrar la designación de CARLOS ISAAC NÁDER como presidente de la Corte Suprema de Justicia. Como retaliación contra la Cámara de Representantes, por haber ‘osado’ iniciarles investigación, la Sala penal de la Corte Suprema de Justicia, inició una infame campaña de persecución contra los miembros del Congreso, fabricándoles supuestos vínculos con el ‘paramilitarismo’ y tomando como creíble lo afirmado por cualquier delincuente que, previo chantaje, declarase dicho supuesto vínculo [4].

La precariedad de los magistrados de las cortes colombianas quedó al descubierto cuando la esposa de uno de ellos agradecía a un mafioso el regalo de unos botines y otros bienes; la guerra jurídica contra el Estado colombiano quedó declarada porque a juicio de quienes incurrieron en posibles conductas criminales, nadie tenía el derecho a oír sus conversaciones privadas aún cuando ellas probaran prevaricato, cohecho o cualquier otra actividad punible sino existía orden de su juez superior para realizarlas.

La corta memoria de los colombianos olvidó que durante el famoso proceso 8.000 las mismas actividades fueron desarrolladas para proteger y blindar al entonces Presidente para superar el juicio del Congreso, entonces el DAS si fue utilizado como arma política. Ahora que se descubrían actividades posiblemente no legales de los Honorables Magistrados, la actividad de seguridad nacional tenía que ser criminalizada y los responsables de la misma tratados como los delincuentes que nunca fueron para la Corte Suprema de Justicia los señores Giorgio Sale y Ascencio Reyes.

De tal manera que no existe garantía legal para la señora MARÍA DEL PILAR HURTADO para afrontar un proceso justo conforme al art. 29 de la Constitución Política y que ella sólo objeto de la vindicta de los Honorables Magistrados de la Corte Suprema Judicial y por solidaridad por todo el Poder Judicial, por su atrevimiento de desnudar al rey en su paseo matinal.

Mientras los magistrados involucrados se rasgan las vestiduras por el asilo concedido, siguen manteniendo silencio sepulcral frente a la farcpolítica, nada dicen de los denunciados Alexander López Maya, Carlos Julio González Villa, Gema López de Joaquín, Gloria Inés Ramírez Ríos, Luis Enrique Dussán López, Luis Fernando Velásco Chávez, Mauricio Jaramillo Martínez, Pedro Nelson Pardo Rodríguez, Piedad Esneda Córdoba Ruíz y Wilson Alfonso Borja Díaz, como tampoco la justicia colombiana se pronuncia frente a las actividades del señor Javier Giraldo M., reatos al menos del delito de instigación al terrorismo.

Si el poder judicial colombiano fue el presunto afectado por las actividades de investigación en seguridad de la Dra. MARIA PILAR HURTADO, no asiste acaso una evidencia derivada de un hecho cierto de que sus investigados serán sus jueces, en tanto es clara y pública la inactividad, omisión y desidia de ese cuerpo judicial en investigar las conductas de quienes desde los años 50 por decisión propia se han puesto sistemáticamente por fuera de la ley.

La justicia colombiana está en crisis y la institucionalidad estará en mayor peligro mientras nuestro presidente considere que lo viable para Colombia es conseguir mejores nuevos amigos en Twitter mientras olvida el mandato del art. 188 e ignora que aún subsisten territorios en los que el narcoterrorismo representa amenaza, como lo señala el num. 4 del art. 189, u olvide que es su deber supervisar o ejercer la inspección y vigilancia de los servicios públicos, entre los que se encuentra la seguridad y la justicia como parte de las instituciones de utilidad común, para garantizar lo dispuesto en el preámbulo y el artículo 1º de la Carta.

[1] COLOMBIA.COM. Ex directora del Das, María del Pilar Hurtado, pide asilo en Panamá. Viernes 19 de noviembre de 2010. Disponible en: http://www.colombia.com/actualidad/politica/sdi/2148/ex-directora-del-das-maria-del-pilar-hurtado-pide-asilo-en-panama

[2] SEMANA.COM. Panamá concede asilo a María del Pilar Hurtado. Sábado 20 de noviembre de 2010. Disponible en: http://www.semana.com/noticias-nacion/panama-concede-asilo-maria-del-pilar-hurtado/147519.aspx

[3] SOYPERIODISTA.COM. ¿Justicia orwelliana en Colombia? III. Disponible en: http://www.soyperiodista.com/tematicas-activas/comente-el-nuevo-aplazamiento-d/nota835-justicia-orwelliana-colombia-iii

[4] Ibíd.

LA PAZ EN COLOMBIA, POR LA RAZÓN O POR LA FUERZA

En su discurso sobre los primeros cien días de su gobierno, el presidente Juan Manuel Santos reiteró la decisión gubernamental de “No descansar hasta que consigamos la paz de Colombia, por la razón o por la fuerza", lo que significa que se mantiene la decisión para que en el país se creen escenarios para la reconciliación nacional en los que no se han cerrado las puertas del diálogo, siempre y cuando las guerrillas demuestren voluntad de paz, palabras que también pronunció al iniciar su mandato.

Esos gestos de buena voluntad que se exigen a la narcoguerrilla son el cese de las acciones terroristas, la devolución de todos los secuestrados sin ninguna condición, la desmovilización de niñas, niños y adolescentes reclutados forzosamente, conductas todas estas prohibidas por el derecho internacional humanitario y que constituyen delitos de lesa humanidad que no pueden ser aceptados por ninguna sociedad y que convierten a las Farc y Eln en organizaciones con las cuales no se puede adelantar ningún diálogo mientras persistan en las mismas.

Es evidente que el país no puede ceder en tal exigencia so pena de legitimar esos crímenes al permitir su continuidad y dialogar con sus autores. Las narcoguerrillas a través de videos han dicho que desean iniciar acercamientos con miras a unos diálogos que permitan escenarios de paz en Colombia a lo cual el gobierno nacional no ha respondido ni si, ni no, y más bien ha mantenido una actitud prudente frente al tema; el gobierno ha respondido que más que mensajes se esperan hechos concretos. El presidente Juan Manuel Santos ha sido reiterativo cuando ha asegurado que la llave de la paz no está perdida, pero que las narcoguerrillas tienen que ser serias en su voluntad de paz y negociación y para esto estableció unas condiciones muy precisas, estas fueron, acabar con la práctica del secuestro, el uso de minas antipersonas, respeto por las normas del Derecho Internacional Humanitario.

El Coordinador del Programa de Políticas Públicas de Paz del actual gobierno, Luis Eduardo Celis ha señalado que si bien se está en un momento en el que la sociedad colombiana comienza a entender la importancia no solo de explorar distintos caminos con miras a lograr un entendimiento nacional, sino también de iniciar o darle impulso al desarrollo rural, redistribución de tierras y ordenamiento del campo, que son las raíces de este conflicto. El gobierno ha mostrado interés en realizar un reordenamiento en el campo, tema que de darse, le daría posibilidades a la paz y para esto se le debe rodear y darle el apoyo necesario , pero no ha señalado tampoco que los diálogos con las narcoguerrillas puedan darse mientras estas no cumplan con el respeto al DIH.

La paz no es un producto de compraventa, ni puede darse mientras las narcoguerrillas insistan en la criminalidad como instrumento político, máxime ahora cuando la legislación penal internacional contempla unos claros y obligatorios principios que impiden cualquier negociación que tenga por objeto ignorar y no sancionar delitos de lesa humanidad para los cabecillas y autores materiales de los ataques contra la población civil, los homicidios en persona protegida, los secuestros, el reclutamiento de menores, entre otros; no habrá oportunidad para la paz y la culpa será exclusivamente de las narcoguerrillas y es a ellas a quienes les corresponde crear un ambiente favorable para que estos diálogos se den, ¿de qué manera?, liberando a los secuestrados, terminando con esta práctica, no sembrando minas antipersonas, etc., como señaló el señor Celis.

La sociedad colombiana e internacional deben tener claro que no se puede dialogar, no se puede negociar cuando el argumento de la contraparte es la amenaza criminal, acceder a ello, como lo ha demostrado la experiencia colombiana, simplemente fortalece a quienes por fuera de la ley pretenden imponer sus condiciones.

1. REVISTA SEMANA.COM. Blog Corporación Nuevo Arco Iris. Tanto el gobierno como las guerrillas creen que es necesario dialogar. 17 de noviembre de 2010. En: http://www.semana.com/wf_InfoBlog.aspx?IdBlg=59&IdEnt=2776

DECLARADA INEXEQUIBLE LA LEY DE INTELIGENCIA

La Corte Constitucional, atendiendo una demanda presentada por la llamada Comisión Colombiana de Juristas, decidió el pasado 16 de noviembre declarar la inexequibilidad de la Ley de Inteligencia, la cual regulaba la actividad de las agencias de seguridad colombianas, al aceptar una demanda que consideraba que la misma violaba algunos derechos fundamentales por el uso desmedido de escuchas telefónicas y espionaje.

La Ley 1288 de 2009, o de inteligencia, fue demanda por la Comisión Nacional de Juristas, que señaló que esa norma violaba los derechos humanos y fundamentales de las personas debido a los presuntos excesos que se presentaron con el escándalo de las escuchas y espionaje por parte de funcionarios del anterior Gobierno a opositores, periodistas y magistrados. Debe recordarse que la Fiscalía adelanta actualmente las investigaciones sobre esos hechos y que algunos funcionarios del DAS se han acogido a beneficios legales aceptando los cargos imputados.

La Ley 1288 de 2009 permitía coordinar la producción de un reporte de análisis estratégico mensual dirigido al presidente y era la única que regulaba la actividad de las agencias de seguridad del Estado.

La sala plena de la Corte Constitucional consideró que la ley requería un trámite especial en el Congreso para ser aprobada y por eso deberá empezar un nuevo estudio en el Legislativo como ley estatutaria y, de ser aprobada, revisada de nuevo por ese tribunal. A juicio de la Corte el Congreso la tramitó como ley simple y no estatutaria como debe darse en cuanto pueda afectar derechos de los colombianos.

La Corte aceptó así el argumento central de la demandante Comisión Colombiana de Juristas, según el cual la Ley de Inteligencia era una norma estatutaria, por lo que debió ser aprobada con mayorías absolutas (la mitad más uno del total) en las comisiones y plenarias y no, como ocurrió, con mayorías simples (la mitad más uno de los asistentes). Según la demanda de la Comisión -que consideraba el articulado un abuso para los Derechos Humanos-, la categoría de estatutaria se la da el hecho de que regulaba la protección de derechos fundamentales como la intimidad y el hábeas data.

En todo caso, la decisión deja en el aire pasos claves dados por el Estado colombiano para depurar entidades como el DAS, la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) y las inteligencias de la Policía y el Ejército. Esa labor se realizaba con la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Por eso, en la práctica, se pierde, al menos temporalmente, una herramienta que, en palabras del presidente Juan Manuel Santos, buscaba "fortalecer los controles, definir los propósitos y dirigir los esfuerzos de las diferentes agencias de inteligencia del Estado" colombiano.

La Ley de Inteligencia fue sancionada en marzo de 2009 por el entonces presidente, Álvaro Uribe (2002-2010), y con ella buscaba fortalecer las actividades de inteligencia y contrainteligencia, a pesar del escándalo desatado en la central de inteligencia estatal DAS. Además creaba la Junta de Inteligencia Conjunta (JIC), compuesta por el cuestionado Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), el Ministerio de Defensa, el departamento de inteligencia de las Fuerzas Militares y de Policía. La JIC se reuniría una vez al mes para analizar asuntos relacionados con la seguridad y defensa del Estado.

Los demandantes de la Comisión Nacional de Juristas consideraron además que de aprobarse la ley se crearía una base de datos de las personas sin que existiera un soporte legal claro sobre su manejo, lo que no corresponde a un hecho jurídico sino a presunción de mala fe atribuible a los organismos de seguridad, desconociendo la realidad jurídica contenida en la norma, en efecto la ley obligaba la creación de un centro de protección de datos en cada uno de los organismos de seguridad para evitar filtraciones o afectación a esos derechos fundamentales.En el Senado se afirma que el fallo hay que respetarlo pero que atenta contra la iniciativa que buscaba eficiencia de las instituciones. A la mayor brevedad se radicará en el Congreso, un nuevo proyecto con carácter estatutario que incluya las materias esenciales de la ley de inteligencia declarada inconstitucional por la Corte Constitucional, anunció el senador del partido liberal Juan Manuel Galán, quien lamentó la declaratoria de ilegalidad de la propuesta, pues en su opinión, esa decisión “crea un vacío legal para las actividades de inteligencia en detrimento de la efectividad de los derechos humanos y la eficacia de las instituciones”.

LOS PRESOS POLITICOS COLOMBIANOS MADE IN UK

La ONG inglesa de extrema izquierda, 'Justice for Colombia', ha lanzado una nueva andanada de calumnias y ultrajes como parte de su extensa campaña de desprestigio internacional contra el Estado Colombiano. Esta vez, en contubernio con Parlamentary Friends of Colombia, un grupo de parlamentarios miembros de la Cámara de los Comunes del Reino Unido, laboralistas en su mayoría, han lanzado un comunicado en el que exigen al Presidente de la Republica, Juan Manuel Santos, la liberación de cinco ‘presos políticos’ detenidos en Colombia. Según el grupo, estas personas son "miembros de la sociedad civil colombiana encarcelados en su país sin que fuesen condenados por delito alguno" .

Se trata de los sindicalistas Rosalba Gaviria y Liliany Patricia Obando, los activistas de derechos humanos David Ravelo y Carmelo Agamez, y el profesor universitario Miguel Ángel Beltrán, todos ellos presos legalmente por cargos de rebelión y conspiración con fines criminales, y en algunos casos, por vínculos directos con grupos narcoterroristas. No obstante, la insolente organización izquierdista presenta a estos individuos como “prisioneros políticos” que han pasado varios años encarcelados sin juicio “bajo falsos cargos de rebelión que las autoridades colombianas utilizan en contra de sus oponentes” [sic]. Y continúa la desinformación de la ONG señalando que estos “presos políticos” son mantenidos en “cárceles con pésimas condiciones de hacinamiento, muchos de ellos son torturados y, con frecuencia, se les son negados servicios médicos, tiempos de ejercicio y oportunidades de formación y educación”. [Sic]

Lo peor es que existan parlamentarios miembros de una instancia tan connotada como la Cámara de los Comunes, que se presten al juego pernicioso de la izquierda radical británica. Juego que, en últimas, termina sirviendo a los intereses narcoterroristas pues reviste a la violencia guerrillera con un halo de legitimidad, una ‘justa lucha revolucionaria’ contra un ‘régimen opresor y violador de derechos humanos’ culpable de la inequidad social en Colombia.

Entonces hemos de escuchar declaraciones de laboristas como Jim McGovern, diputado por la circunscripción de Dundee West (Escocia), quien señala que el régimen colombiano encarcela personas simplemente para silenciar sus opiniones y se refiere a los cinco presos como "hombres y mujeres inocentes que han sido encarcelados simplemente porque no están de acuerdo con el Gobierno o porque critican políticas gubernamentales” . Y otro diputado laborista, Jim Sheridan, por la circunscripción de Paisley (Escocia), hace un llamado al gobierno del Reino Unido a romper relaciones con Colombia mientras el régimen en Bogotá siga encarcelando a sindicalistas, activistas de derechos humanos y otros líderes de la sociedad civil.

Es claro que, lejos de lo que parece pensar el servicio exterior colombiano, la campaña de difamación de la extrema izquierda sí está teniendo un impacto significativo en las instancias legislativas y ejecutivos europeas. No se trata simplemente de un grupo de ONG mamertas que sirven de idiotas útiles al narcoterrorismo guerrillero, sino de grupos con influencia política que pueden llegar a determinar decisiones políticas que Europa tome hacia Colombia. Sin ir más lejos, el año pasado esta organización logró que el gobierno británico congelara algunos pocos recursos de la ayuda que el Reino Unido presta a Colombia en el marco de la guerra contra el narcoterrorismo. ‘End UK Military Aid to Colombia’, es aún una de las principales campañas de esta ONG y se fundamenta en presentar a las Fuerzas Militares colombianos como un ejercito de violadores sistemáticos de los derechos humanos, y para ello promocionan, ponderan y tergiversan casos como la reciente muerte de los tres niños en Arauca.

Entre tanto, el gobierno colombiano duerme en los laureles y parece no prestarle atención a las injurias de estas organizaciones que actúan en todo el continente europeo, desde España, pasando por Francia, Holanda, Dinamarca y, por supuesto, Suecia, sede de la agencia noticiosa narcoterrorista ANNCOL, sembrando dudas sobre la legitimidad del régimen y la misión legal y constitucional de las fuerzas de seguridad del Estado en defensa de su sociedad amenazada por los criminales narcoterroristas. La verdad es que, en cuanto relaciones ‘diplomáticas’, las FARC han sido muy activas en lograr apoyos políticos y financieros en el exterior, mientras que la cancillería colombiana ha carecido de firmeza para exigir a los gobiernos de estos países que cierren cualquier espacio de expresión al narcoterrorismo guerrillero.

1. http://www.eltiempo.com/mundo/europa/diputados-britnicos-piden-la-libertad-de-cinco-presos-en-colombia_8377800-4

2. Ver: http://www.justiceforcolombia.org/campaigns/prisoners/

3. http://www.eltiempo.com/mundo/europa/diputados-britnicos-piden-la-libertad-de-cinco-presos-en-colombia_8377800-4

COLOMBIA Y TAILANDIA, DOS CARAS DE UNA MISMA MONEDA

El traficante de armas de origen ruso, Viktor Bout, detenido en Tailandia desde 2008, fue extraditado a Estados Unidos acusado de vender ilegalmente armas a dictadores y organizaciones criminales en África, Suramérica y Oriente Medio. Bout, un antiguo piloto del Ejército soviético, recibió su alias de ‘mercader de la muerte’ debido al gran negocio de contrabando de armamento y material de guerra que había logrado consolidar. Haciendo uso de su flota privada de aviones de carga, el ruso transfirió armas a varias organizaciones terroristas del mundo, entre ellas, Al Qaeda y las FARC. De hecho, su detención fue resultado de labores de inteligencia por parte de agentes norteamericanos que se hicieron pasar por emisarios de la guerrilla narcoterrorista.

Según las labores de inteligencia de las autoridades estadounidenses, el ‘mercader de la muerte’ hizo negocios con las FARC por varios millones de dólares, incluyendo la venta de misiles tierra-aire, fusiles AK-47, explosivos C-4 y minas antipersonas. Asimismo, según el FBI, habría transferido fusiles, bazucas, carros de combate y helicópteros, entre otro material de guerra, a varios dictadores africanos e intentó comprar una batería antiaérea para luego revenderla en el mercado negro. Por estos delitos, el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusa de terrorismo y conspiración para asesinar ciudadanos estadounidenses, e incluso puede condenarlo a cadena perpetua.

La extradición del ruso suscitó una intensa disputa diplomática y judicial entre Washington y Moscú por espacio de dos años, puesto que, según Rusia, Estados Unidos no tiene competencia para juzgar a un extranjero por actividades desarrolladas por fuera de territorio norteamericano y el caso tiene claras motivaciones políticas por desprestigiar al Kremlin. Y es que Bout podría revelar las relaciones existentes entre su red de contrabando de armas y antiguos miembros del espionaje soviético quienes le habrían facilitado el acceso a los arsenales militares de la antigua Unión Soviética. Después de una intensa presión de ambos gobiernos, Tailandia decidió extraditar al contrabandista de armas a Estados Unidos, donde es claro que existen mayores probabilidades de que el criminal internacional responda por sus actividades delictivas.

Al respecto, el Presidente de la Republica, Juan Manuel Santos, ha expresado su satisfacción por la decisión de la justicia tailandesa. El mandatario de los colombianos señaló que si Bout “estuvo traficando armas, armas que han causado las muertes de muchos inocentes, este criminal debe pagar […] si paga en una cárcel norteamericana o paga en una cárcel colombiana, la verdad que eso es secundario, pero que pague por sus delitos, eso es lo importante" .

Lo contradictorio es que, cuando es su turno de decidir sobre la extradición de un criminal internacional, también señalado de negocios ilícitos con la guerrilla narcoterrorista de las FARC, Santos prefiera allanar el camino para enterrar la verdad y la justicia. Hablamos claro del caso de Walid Makled, el narcotraficante venezolano capturado en Cúcuta e igualmente pedido en extradición por Estados Unidos. Al igual que Bout, Makled tiene muchas cosas que contar respecto al involucramiento de sus gobiernos (Rusia y Venezuela, respectivamente) en actividades del crimen transnacional. Makled es una pieza clave para exponer, ante la comunidad internacional, la red de tráfico ilegal de drogas que se ha organizado en Venezuela con el auspicio del régimen comunista bolivariano, y que involucra a altos mandos militares y funcionarios venezolanos con narcoterroristas de las FARC en el envío de cocaína hacia Estados Unidos y Europa.

Sin embargo, Santos, que ahora mismo está en una tónica de camaradería y postración frente a Hugo Chávez, ha optado por desoír la solicitud de extradición estadounidense y anunció que enviará a Makled a Caracas pues ya había dado su palabra a aquel déspota. Una vez allí, Chávez confinará en un calabozo al narcotraficante, sino es que lo asesina antes, para así enterrar la verdad sobre los vínculos criminales de su gobierno. Y en todo esto, Santos será cómplice.

LA ESQUIZOFRENIA DE ORTEGA

Daniel Ortega vuelve a arremeter contra Colombia para justificar sus ambiciones expansionistas en Centroamérica. En una clara señal de la esquizofrenia que caracteriza a los déspotas bolivarianos, Ortega ha señalado que el fallo en su contra por parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), en referencia al conflicto limítrofe con Costa Rica, ha sido producto de un complot orquestado por Colombia para proteger al narcotráfico y apoderarse del Caribe. Según el mandatario nicaragüense, su país fue víctima de la conspiración encabezada por Bogotá, que "impulsa una política expansionista en el mar Caribe".

El mandatario guerrillero dijo que los gobiernos de México, Panamá, Honduras y Guatemala se han aliado con Costa Rica y Colombia para fustigar a Nicaragua y defender los intereses del narcotráfico en el Caribe. Con total insolencia, Ortega afirmó que Colombia "ha querido apoderarse del mar Caribe, mantiene por la fuerza de las armas a San Andrés, Roncador, Providencia, entre otras. Mantiene por la fuerzas de las armas sus patrullas en estas zonas”; y que Bogotá ha firmado tratados limítrofes con San José y Tegucigalpa para “robarle” territorio a Nicaragua y ahora estimula las “ambiciones expansionistas” costarricenses en el río San Juan [sic]. Y finalizó lanzando acusaciones temerarias contra estos seis países, señalando que son aliados de los narcotraficantes que no quieren que Nicaragua combata el tráfico de drogas ilícitas [sic] .

Para contextualizar, cabe señalar que el conflicto entre Costa Rica y Nicaragua por los territorios contiguos al Río San Juan se ha intensificado recientemente. De acuerdo al Tratado Cañas-Jerez de 1858, la soberanía de la margen norte y las propias aguas de aquel río son potestad de Nicaragua, mientras que la margen sur pertenece a territorio costarricense. Sin embargo, este mismo tratado le otorgó derechos perpetuos de libre navegación con fines comerciales a Costa Rica, si bien le prohibió la navegación con fines militares o policiales.

A pesar del Tratado, según lo explica Arturo Wallace, “los sedimentos acumulados durante años han creado meandros y cambios en el curso del río" , con lo cual la delimitación y soberanía de los territorios ha resultado bastante difusa. Aprovechándose de esta ambigüedad, en meses pasados el gobierno nicaragüense decidió iniciar un proceso de dragado del río, provocando el malestar de Costa Rica que señala que dicha acción tiene por objetivo desviar el cause del río y, de esta forma, su vecino del norte busca adueñarse de zonas que nunca le han pertenecido.

El cuadro se complica con la reciente decisión de Ortega de desplegar efectivos militares en la Isla Calero, con el argumento de la presunta presencia del narcotráfico en aquel territorio. La Isla Calera ha sido reconocida históricamente como parte de Costa Rica, pero Nicaragua reclama su soberanía y busca apropiarse de un territorio de unos 150 kilómetros cuadrados en el delta del San Juan al que considera parte de la laguna Harbor Head.

Ante la incursión militar de Nicaragua en Costa Rica, la OEA emitió una resolución en la que se insta al gobierno de Ortega a retirar las tropas del territorio en disputa y hace un llamado a la cordura y el dialogo sobre una solución bilateral al litigio. Es esta resolución la que Ortega, que como cualquier déspota no acepta oposición alguna, ha dicho que no acatará, calificándola como una conspiración contra su país y ha amenazado con retirarse de la organización multilateral.

Con estas declaraciones queda claro que Daniel Ortega siente un total desprecio por el Derecho Internacional y busca pasar por encima de los tratados para adueñarse de los territorios que no le pertenecen. Para ello, saca ventaja de la condición de Costa Rica, país que no cuenta con fuerzas militares desde 1948, pero sí con una acreditada tradición democrática y de respeto irrestricto por el Derecho Internacional. Calidades que no comparte Nicaragua, cuyo gobernante es un guerrillero perteneciente a esa aberración comunista – terrorista comandada por Hugo Chávez, y quien asaltó el poder del país centroamericano a sangre y fuego en la década de los ochenta; desde aquel momento, Ortega ha hecho lo posible por desestabilizar la paz y la seguridad de la región, amenazando la soberanía territorial y marítima de sus vecinos, incluyendo la de Colombia.

Y mientras la OEA y los países ofendidos han mostrado un firme rechazo a las temerarias acusaciones de Ortega y a la violación de la soberanía de Costa Rica, la cancillería colombiana duerme. Para no molestar al déspota de Miraflores, gran amigo del presidente guerrillero, probablemente el gobierno colombiano decida mirar hacia otro lado y callar ante tamaña ofensa de ser ‘socio del narcotráfico’. Con tal de congraciarse con su ‘nuevo mejor amigo’, el gobierno Santos es capaz de rifar la dignidad del país. ¡Que vergüenza!

1. http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/el-presidente-de-nicaragua-arremete-de-nuevo-contra-colombia-en-crisis-con-costa-rica_8362961-4

2. http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2010/11/101110_nicaragua_costa_rica_google_mapas_oea_az.shtml