Al contrario de lo que sucede por estos lares, pese a la presión ejercida por el comunismo internacional y las intenciones del gobierno del exterrorista Pepe Mujica, el Congreso uruguayo rechazó ayer anular la llamada Ley de Caducidad, que dio por cerrado el periodo de la dictadura (1973- 1985) sin que sus responsables fueran juzgados por sus supuestos crímenes atribuidos por el terrorismo. El Frente Amplio (FA), que gobierna, fue el impulsor del intento de reabrir los procesos.
Contrario a lo que ocurre en Colombia, donde un poder minoritario que representa al PDA y la izquierda liberal, que imponen políticamente desde el poder judicial la retroactividad de la ley para juzgar a militares por supuestos delitos de lesa humanidad, con la intención de probar que efectivamente existió una supuesta Operación Cóndor orquestada por gobiernos e instituciones militares para asesinar y desaparecer miembros de la oposición comunista en el Continente, como se prueba en la intención del PDA de incluir como víctimas del Estado, a los miembros de las organizaciones criminales comprometidas con el terrorismo desde 1980.
En Colombia el debate de la Ley de Victimas busca satisfacer la vindicta del comunismo y el radicalismo liberal, no la obtención de la verdad, la justicia y la reparación. Para los colectivos de abogados afectos al narcoterrorismo, busca la obtención de jugosas ganancias por cuenta de las reparaciones económicas y la restitución de tierras. No cerrara heridas, abrirá nuevas llagas a nuestra ya deteriorada estructura social.
Por vía legal el Estado acometió la dudosa tarea de devolver las tierras invadidas, las ocupaciones de hecho que al amparo de la violencia narcoterrorista tuvieron que ser abandonadas por sus legítimos propietarios, aduciendo de manera oportunista una renuncia al derecho de propiedad. Los títulos legales de esa propiedad son ahora objeto de interpretación de los funcionarios públicos, no de la tradición escrita registrada de la misma.
Uruguay nos da un ejemplo trascendental. No importan las presiones de la comunistoide OEA y su amañada CIDH, ni de la ilegitima UNASUR, por mas secretaria a bordo que tengamos, del comunismo internacional propalado por el Foro de Sao Paulo y sus versiones como el bolivarianismo que pretende imponer Venezuela a través del MCB del cual hacen parte las Farc y Eln; si el país tiene dignidad se impone a los intentos de los jueces que hacen parte de ese juego, se impone a la pequeñez doctrinaria de la oposición comunista del PDA, para salvaguardar la dignidad y la honra de la institución militar como garante de la democracia.
Habiéndole ganado al narcoterrorismo el campo de batalla, no podemos política o jurídicamente abonarle victorias que no pudieron obtener. El enemigo se pliega a la legalidad o se le destruye mediante las armas, no hay campos grises en esta materia.
Colombia, como reconocimiento a su Ejercito legitimo, debe rechazar de plano los juicios políticos, que precedidos de una propaganda feroz del comunismo criollo y aceptada por los medios de comunicación, donde no se presentan pruebas, ni argumentos válidos, y que están conduciendo a la intención de desmoralizar y arrasar a las tropas para destruirlas o convertirlas en instrumentos del comunismo como ha sucedido en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua o Bolivia.
Es posible que algunos militares hayan cometido excesos; pero las decisiones judiciales en Colombia están probando que el objetivo de estas acciones no es hacer justicia, mucho menos recuperar la verdad o la memoria historica, sino cobrar venganza y acabar con las instituciones castrenses. Porque si buscasen justicia, verdad y reparacion, también condenarían a los terroristas de izquierda, que cometieron delitos de lesa humanidad, al colocar bombas, realizar atentados y asesinar víctimas inocentes.
Es un hecho incontrovertible que la teoría de los “falsos positivos”, inventada por el comunismo latinoamericano, está haciendo estragos en Colombia, al convertir a muchos terroristas y narcotraficantes, en supuestas “víctimas” del sector castrense. El hecho de que la ofensiva exista de manera casi idéntica en naciones con gobiernos de diferente ideología, como ha ocurrido en Uruguay, demuestra que se trata de una estrategia supranacional, orquestada desde fuera de nuestros propios países.
Hay que ver nada mas la última sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, no condena como ilícita la operación militar, Operación Fénix, del Ejercito Nacional contra el terrorista Raul Reyes, pero invalida el material probatorio obtenido durante la misma. Lo que de por sí constituye una paradoja inexplicable en lo jurídico. Si la operación no fue ilegal, los resultados de la misma deben ser tenidos como ciertos y ajustados a derecho.
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