En su afán de quedar bien con todo el mundo, el actual gobierno colombiano se está convirtiendo en víctima del siglo de los jueces que definiera Augusto Ibáñez, ex magistrado de la Corte Suprema, cuando anunciaba que el Poder Judicial no es un convidado de piedra y que sus decisiones van mas allá de lo jurídico, para convertirse en acciones que involucran el campo sociológico, económico y político[1].
Lo anterior no sería raro en una sociedad que no afronta una amenaza narcoterrorista como lo vive Colombia y cuando la incursión en esos campos busca la realización del bienestar general, pero que se convierte en amenaza a los derechos fundamentales de los ciudadanos, como está ocurriendo actualmente, cuando el poder judicial toma partido y sus fallos y sentencias buscan favorecer abiertamente a quienes de una u otra manera combaten el modelo de democracia imperante para convertirse en elemento legal de la acción ilegal.
Las sentencias de condena contra militares, aplicando una proscrita retroactividad de la ley penal; la constante absolución de terroristas invocando la inexistencia de facultades de policía judicial cuando son capturados por el Ejército; la descalificación de las tareas de inteligencia militar como soporte probatorio para la judicialización de miembros de las bandas narcoterroristas y de las Bacrim y ahora la ilegalización de las pruebas obtenidas en combate por los militares y miembros de la Policía no pertenecientes a la policía judicial, ya no son solo síntomas de la progresiva politización de la justicia a favor del comunismo, sino un claro indicador del rumbo que el poder judicial ha asumido liderado por Asonal como instrumento del PC3 de las Farc.
No en vano, en los últimos años, magistrado o funcionario judicial que se retira jubilado o retirado de las diferentes organizaciones del poder judicial, termina convertido en candidato del PDA o asesor de sus miembros, son los ideólogos por excelencia de las acciones de las ONG o colectivos de abogados que adelantan la guerra jurídico-política contra la institución militar, amparándose en las tesis que desarrollaron como magistrados, jueces o investigadores para legitimar como luchadores altruistas motivados políticamente a los narcoterroristas.
El siglo de los jueces ha castrado el principio de la división de poderes como sinónimo de democracia; como lo anunciaba Augusto Ibáñez, se han apoderado del Ejecutivo y del Legislativo con la amenaza de abrir procesos judiciales contra los funcionarios que osen oponerse o criticar las decisiones absurdas que toman. Hay que ver nada mas el papel que han asumido estos magistrados y jueces frente a la necesaria reforma del poder judicial para hacer efectivo el derecho constitucional de acceso a la justicia, solo podrá hacerse a la medida de sus ambiciones e intereses.
La investigación de conductas irregulares de magistrados que acudieron a los regalos, festines y convites del narcotráfico y las ilegales AUC, quedaron en nada porque una vez abierta la investigación los magistrados iniciaron procesos judiciales contra los congresistas para neutralizarla; las famosas grabaciones publicadas por la prensa sobre los agradecimientos por los regalos de mafiosos a los magistrados fueron declaradas pruebas ilegales por ellos mismos y sus conductas al menos contrarias a la dignidad y la ética de la justicia quedaron impunes, a cambio abrieron el proceso de las chuzadas para castigar a quienes indagaron por esas conductas.
A cambio estos ideologizados jueces y magistrados aceptaron como valida una interceptación ilegal de comunicaciones militares realizada por un supuesto radioescucha en los hechos del Palacio de Justicia (1986), para interpretar a su acomodo las ordenes emitidas para rechazar el asalto de los terroristas y señalar que eran ordenes para asesinar y desaparecer personas; esa no fue una interceptación ilegal de comunicaciones sino una prueba aportada al proceso para combatir política y jurídicamente a la institución militar a fin de destruirla moralmente.
Aquí toda prueba que demuestre la participación de civiles desde cualquier sector de la sociedad con las acciones terroristas y narcotraficantes de las Farc y el Eln, como lo señalo la Sala Penal de la CSJ, será tenida como invalida, mientras que cualquier dicho, declaración o reunión que un ciudadano tenga con quienes intentaron combatir al narcoterrorismo legal o ilegalmente, será suficiente para condenarlo. La orden expuesta en la última sentencia sobre las pruebas de los computadores de los terroristas abatidos así lo indica.
Estamos en el siglo de los jueces, anunció Augusto Ibáñez y la meliflua actitud del actual gobierno así lo está aceptando, no obstante los tardíos y tibios avisos de prensa en los que manifiesta una inexistente oposición a las sentencias que pretenden destruir el tejido social que acompaña la legitimidad de la institución militar, objetivo por excelencia del expansionismo hegemónico del socialismo propuesto por el Foro de Sao Paulo.
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