El gobierno nacional, a través del Ministerio de la Defensa, radicó en el día de ayer el proyecto de ley que recoge la estrategia denominada Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad, como continuidad y complemento de la Política de Defensa y Seguridad Democrática aplicada por 8 años por el anterior gobierno.
Ha dicho el Ministro que la PISDP representa la combinación adecuada de continuidad y cambio. Continuidad con las Políticas de Seguridad Democrática (2002-2006) y de Consolidación de la Seguridad Democrática (2006-2010) que permitieron los importantes logros en seguridad alcanzados por Colombia durante los últimos dos cuatrienios. Cambio, en la fijación de metas más ambiciosas, en la incorporación de nuevos objetivos estratégicos y en la elevación a la categoría de políticas de componentes instrumentales o habilitadores, llamados pilares, que permitirán alcanzar los objetivos estratégicos dentro de los límites de tiempo y recursos previstos por la PISDP.
El reto que se fija la PISDP es el de terminar con el último ciclo de violencia que se prolonga ya por 47 años, al tiempo que atiende sus necesidades de Defensa, enfrenta los retos derivados de la delincuencia común, responde oportuna y eficazmente a emergencias naturales cada vez más frecuentes y devastadoras, y propicia condiciones superiores de seguridad para que, en medio de la globalización, crezcan la inversión privada, la economía y la prosperidad de la gente. Todo ello dentro del más absoluto respeto por los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario, y la observancia ejemplar de los principios del Buen Gobierno.
La PISDP reconoce el importante esfuerzo de la sociedad colombiana se ha sostenido en el tiempo y se han alcanzado logros significativos en la recuperación del imperio de la ley, pero advierte que las organizaciones que amenazan la tranquilidad de los ciudadanos se han venido transformando y adaptando a las nuevas condiciones del escenario nacional. Esta nueva fase de la confrontación se ha basado en una guerra de desgaste, el involucramiento sistemático en la cadena productiva y comercializadora de narcóticos y la evasión de combates, alargando los plazos para la derrota definitiva de su capacidad criminal y violenta, y exigiendo el diseño de una nueva estrategia que responda a los desafíos del presente.
Señala que las FARC y el ELN usan el crimen y el terrorismo como ejes fundamentales para crear enclaves de producción de droga y explotación de recursos ilegales que los mantienen vigentes, e incluye las Bacrim como estructuras delincuenciales nacionalmente desarticuladas, con un alto poder corruptor, intimidador y armado que han combinado la producción y comercialización de drogas con la afectación violenta de los derechos y las libertades de los ciudadanos en ciertas zonas rurales y en la periferia de algunos centros urbanos del país. La acción estatal coordinada contra estas organizaciones delincuenciales, FARC, ELN y BACRIM, ha obligado a un número amplio de micro estructuras a generar alianzas para garantizar su supervivencia, convirtiéndose en dinamizadores de fenómenos delincuenciales rurales y urbanos regionalizados.
La PISDP reconoce que aún existen zonas del territorio nacional donde no se ha consolidado el Estado de Derecho y por consiguiente persiste la influencia de los grupos al margen de la ley -GAML- y las BACRIM, afectando la seguridad de los habitantes de esas áreas. Estos fenómenos tienen arraigos regionales particulares que requieren una respuesta diferenciada. Un ejemplo de esto son las zonas de frontera, donde se ha concentrado el accionar delictivo de las organizaciones armadas ilegales, que se han visto forzadas a delinquir en zonas cada vez más aisladas.
Reitera el reconocimiento del impacto determinante que el espiral creciente de corrupción genera sobre el conjunto de la seguridad en la nación. La corrupción en las regiones y en el ámbito nacional han sido dinamizadores de la violencia armada y del debilitamiento del Estado, dando así lugar a la transformación dinámica de los fenómenos delincuenciales y su incubación en diferentes sectores, haciendo un contrapeso determinante al esfuerzo que la nación ha emprendido por recuperar la legalidad, la seguridad y la prosperidad.
La consolidación de la paz, señala la PISDP, es un asunto que involucra un esfuerzo conjunto, coordinado y sostenido del Estado, en el cual el sector defensa y seguridad cumple un rol de liderazgo. En esa medida, la PISDP ha definido seis objetivos estratégicos, con los cuales se pretende neutralizar cualquier amenaza proveniente de cuatro factores principales de riesgo: los grupos armados al margen de la ley, los delitos contra los ciudadanos, las amenazas externas y los desastres naturales.
La PISDP impulsa el diseño de un conjunto de estrategias que apuntan a un balance entre seguridad interna y disuasión externa, que permita no solo hacer sostenible el esfuerzo de la última década, sino blindar a la nación frente a la feroz dinámica del crimen trasnacional. Esto incluye el planteamiento de una estructura de fuerza polivalente e interoperable.
El esfuerzo operativo debe ser de carácter diferencial. Esto significa que aún existen zonas rojas donde las estrategias de control territorial y desarticulación de grupos armados al margen de la ley, implementadas en el marco de la Política de Seguridad Democrática, son necesarias para acabar con la violencia. Asimismo, también se reconoce que en otras zonas (amarillas), o bien recuperadas de la violencia o bien carentes de adecuada presencia estatal, las estrategias deben converger en el propósito estatal de la consolidación de la seguridad, siendo el uso de fuerzas de control, la cooperación internacional y la acción integral del Estado los elementos fundamentales para lograr el éxito. Finalmente, el MDN empezará a sentar las bases de la seguridad para la prosperidad -fuerza policial, inteligencia y tecnología- en zonas consolidadas (verdes), caracterizadas por niveles adecuados de institucionalidad, inversión y gobernabilidad. Para el sector defensa y seguridad, la eliminación de zonas rojas o territorios donde haya necesidad de desarrollar operaciones de desarticulación es una apuesta fundamental para el 2014.
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