La corrupción es peor que el narcoterrorismo afirmó el presidente Santos para ilustrar el grave daño social provocado por los últimos escándalos de corrupción en el país, especialmente el que tiene que ver con el asalto a los dineros de la salud de los colombianos y el llamado ‘carrusel de la contratación’ en las obras de ingeniería civil en la capital y en todo el país.
Transparencia Internacional define la corrupción como el mal uso del poder encomendado para obtener beneficios privados. Esta definición incluye tres elementos[1]:
· El mal uso del poder
· Un poder encomendado, es decir, puede estar en el sector público o privado
· Un beneficio privado, que no necesariamente se limita a beneficios personales para quien hace mal uso del poder, sino que puede incluir a miembros de su familia o amigos.
De manera similar, para Transparencia por Colombia la corrupción se define como el “abuso de posiciones de poder o de confianza, para beneficio particular en detrimento del interés colectivo, realizado a través de ofrecer o solicitar, entregar o recibir, bienes en dinero o en especie, en servicios o beneficios, a cambio de acciones, decisiones u omisiones”[2].
Es un hecho que la corrupción destruye el tejido social que integra la Nación, acarrea la pérdida de confianza en las instituciones y motiva la apatía hacia lo público, identificado a priori con la práctica del fenómeno delictual.
La corrupción daña y atenta contra los pueblos de muchas formas. Conforme a lo declarado en el preámbulo de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, este flagelo representa una grave amenaza para “la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia y al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la ley.” Cuando la corrupción se encuentra extendida en un país, son muchos y variados los segmentos de la población afectados por sus efectos en toda la sociedad; sin embargo, existe consenso en que los más afectados por la corrupción son los pobres, por ser los menos capaces de absorber sus costos[3].
De ahí que la lucha contra la corrupción debe convertirse en un principio legal y ético de cada servidor público, de cada ciudadano en cumplimiento de lo ordenado por el art. 95.7 de la Carta; ningún colombiano puede sentirse excluido en la lucha contra ese flagelo, aún cuando no sea víctima directa del hecho de corrupción, el conocimiento de estas prácticas debe ser puesto de inmediato en conocimiento de las autoridades competentes para que se evite el daño al Estado, que es un daño a toda la sociedad.
Volver a posicionar la corrupción como prioridad en la agenda pública. La lucha contra la corrupción ha pasado a segundo plano, en un país cuya prioridad es vencer el conflicto armado. La corrupción no es percibida como el mal mayor y los colombianos no parecen percibir las conexiones y los efectos nefastos de este fenómeno sobre la efectividad y legitimidad de las instituciones, la equidad y la justicia social, el acceso a los derechos, la generación y distribución de riqueza, el fortalecimiento de la democracia, y sus propias vidas. La corrupción preocupa por los efectos que produce sobre la sociedad y la institucionalidad[4].
La corrupción es aprovechada por el narcoterrorismo para infiltrar el Estado y sus instituciones, para tratar de legitimar sus acciones criminales y para amedrentar a la sociedad; al debilitarse las instituciones por ausencia de la credibilidad pública, el Estado queda desguarnecido, indefenso ante el ataque de las organizaciones criminales interesadas en suprimir la democracia y las libertades civiles para imponer modelos totalitarios afines a sus intereses.
Las normas están claras en la legislación, de tal forma que no hay que inventar nada nuevo; hay que retomar el Programa de la Presidencia contra la Corrupción promulgado desde 2002 y aplicar con todo el rigor la normatividad existente, algo que corresponde al poder judicial y los organismos de control. La actual situación del país no soportaría ninguna clase de consideración especial o de acuerdos para dejar sin sanción los hechos denunciados, independientemente de cualquier apreciación política o ideológica, económica o social. Si no se blinda al Estado contra la corrupción, estamos poniendo en grave riesgo la misma subsistencia de la Nación colombiana.
[1] CORPORACIÓN TRANSPARENCIA POR COLOMBIA. CAPÍTULO TRANSPARENCIA INTERNACIONAL. En: http://www.transparenciacolombia.org.co/LACORRUPCION/tabid/62/language/es-ES/Default.aspx
[2] Ibíd.
[3] Ibíd.
[4] Ibíd.
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