No es en vano que en el centro judicial más importante del país aparezca una efigie de Jaime Pardo Leal y que una estructura criminal de las Farc lleve ese mismo nombre, como sucede también con Manuel Cepeda, Teófilo Forero y otros ideólogos de la combinación de las formas de lucha promulgada por el Partido Comunista y que hoy son presentados como víctimas del Estado, por el poder judicial amarrado a las inclinaciones ideológicas de su sindicato, Asonal.
La justicia en Colombia no puede llegar a más degradación, no sólo estimula el atraco y el robo callejero al considerarlo de poca cuantía para ocuparse de él y dejar en libertad a los delincuentes, regañando al policía que lo llevó ante los estrados, sino incluso poniendo a la víctima como agresor del ladrón.
No son suficientes las decisiones judiciales a favor de narcotraficantes y otros delincuentes, que incluyen la devolución de las armas que portaban ilícitamente, sino que hay casos en que quienes los capturaron terminan siendo los reos por extralimitación de funciones; creándose de esa manera una coraza de protección a quien delinque y un aviso, una advertencia para que esa impunidad sea aceptada por las instituciones estatales y especialmente por las Fuerzas Militares.
Deprime sobre manera que cuando un narcotraficante o un terrorista es capturado por el Ejército, un fiscal o un juez, de manera alegre y burlándose de toda la sociedad, decrete su libertad porque el Ejército no tiene facultades de policía judicial; hay que leer solamente la información de la misma policía que señala que de cada 100 delincuentes capturados apenas 4 son judicializados y condenados, nos da una idea clara de que hay un poder judicial inoperante.
La adopción del Sistema Penal Acusatorio SPA, no fue otra cosa que la degradación total del sistema judicial; todos los derechos y todas las garantías concurren a favor de los victimarios, aquí se invirtió el principio universal de la presunción de inocencia para generar el principio de culpabilidad cuando el delincuente ‘colabora con la justicia’ y da nombres de funcionarios o militares a cambio de rebajas en la pena e incluso de asilo en el extranjero sufragado por los ciudadanos. No se requieren pruebas de lo dicho por el delincuente premiado, basta su simple aseveración para condenar a sus víctimas.
En el reciente caso ocurrido con relación a las fiscales 60 y 43, cuya conducta criminal no ha sido publicitada como lo fue con relación a las víctimas de sus actividades, quienes terminaron condenados por otro operador banal de nuestra justicia a penas de 32 años de prisión como ocurrió con el Mayor (r) Gustavo Enrique Soto por supuestos ‘falsos positivos’.
La prensa no se ha ocupado de informar a los ciudadanos con el mismo despliegue que hace cuando el militar es la noticia, o cuando lo hace lo realiza en terceras páginas, como ocurre con el expediente que involucra a el exparamilitar Wilson Rodríguez Mimisica recibió 5 millones de pesos a cambio de entregar a los militares toda la información referente a la ubicación de las víctimas, pero éste se negó a ratificar esta denuncia en diligencia de indagatoria, aduciendo haber sido engañado por LUZ MARGARET SALGUERO y MARTHA CUESTA, fiscales 60 y 43, de quienes asegura le ofrecieron una cantidad de beneficios a cambio de su versión[1].
“Ese día 23 de enero de 2009 usted le dio 50.000 pesos a la doctora Luz Margaret y la doctora Luz Margaret sacando 40.000 pesos del bolso pasó a darme 90.000 diciéndome que ese era el comienzo de lo prometido por atestiguar en contra de estas personas”, dice el documento de la indagatoria practicada en la Fiscalía por la supuesta responsabilidad del desmovilizado en estos hechos[2].
En el curso de la diligencia, el exparamilitar indicó que las fiscales se aprovecharon de su ignorancia para hacerlo firmar una declaración juramentada, de la cual ignoraba el contenido, sin siquiera haber contado con la asistencia de su abogado de confianza sino uno de oficio que, según él mismo, le fue asignado sin que él supiera a ciencia cierta de qué se trataba esa asistencia, seguramente el abogado asistente pertenece a alguno de los colectivos de abogados que usufructúan cualquier condena contra el Estado.
Los hechos materia de esta investigación ocurrieron el 6 de abril de 2007 en la vereda Las Tapias, del municipio de Hato Corozal, Casanare, donde testigos de la Fiscalía afirman haber visto cómo las víctimas fueron obligadas a bajar del vehículo en el cual se transportaban, despareciendo desde entonces; como consecuencia de esos testimonios 10 militares fueron llamados a juicio y se produjo la condena contra el Mayor (r) Gustavo Enrique Soto por supuestos ‘falsos positivos’.
No sobra advertir que el Mayor (r) Gustavo Enrique Soto no fue objeto de las garantías que establece el art. 217 de la Carta, sino víctima del acuerdo interinstitucional que le da la prerrogativa a la Fiscalía de asumir de plano cualquier investigación contra militares; este caso ejemplariza lo que está sucediendo, aún cuando políticamente sea conveniente reconocer la existencia de un conflicto interno y no la acción delincuencial de las organizaciones armadas ilegales. Como este son cientos los casos que maneja la justicia ordinaria que rinde culto a Jaime Pardo Leal en el complejo judicial de Paloquemao.
[1] EL ESPECTADOR. $90.000 habría costado testimonio contra militares en 'falso positivo'. Lunes 16 de mayo de 2011. En: http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-270317-90000-habria-costado-testimonio-contra-militares-falso-positivo
[2] Ibíd.
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