Colombia es un Estado social de derecho fundado en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general, reza el artículo 1º de nuestra Constitución; pero la solidaridad es un principio que se queda en el papel cuando priman intereses particulares, regionales o de grupos de presión. La solidaridad a que hace referencia la Carta se refiere al sentimiento de unidad de la nación basado en metas o intereses comunes, que no pueden ser otros que la prosperidad general y el garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, como señala el art. 2º de la misma.
De ahí que sean injustificables e inaceptables expresiones de insolidaridad como las promovidas en el día de ayer por grupos políticos locales en Casanare, Boyacá, la Guajira y Meta, utilizando la buena fe y la credibilidad de los habitantes para generar acciones de hecho en una pretendida protesta contra la reforma a la Ley de Regalías, que busca trasladar una parte de los recursos generados por la explotación de hidrocarburos y minería a otras regiones carentes de ellos y agobiadas por los escasos recursos económicos que impiden alcanzar los objetivos más sagrados del Estado.
El argumento de la clase política que ha movido estas protestas no deja de ser absurdo y cínico; diputados y representantes de esos departamentos señalan que el proyecto de reforma a la ley de regalías afecta a las minorías étnicas porque le quita recursos destinados a la salud, la educación y la vivienda. Habría que entonces contrastar cuántos proyectos reales de salud, educación, vivienda y otros de interés social se han desarrollado mientras ha permanecido el actual sistema, cuántos municipios y veredas han sido sacados de las condiciones de miseria y pobreza que se registran a pesar de los ingentes recursos percibidos por esos departamentos.
Las compañías petroleras entregan al Estado entre el 8% y el 25% del valor de la producción del petróleo crudo extraído directamente del pozo (en boca de pozo), el Estado entrega las regalías a los departamentos y a los municipios a través de dos modalidades:
- Regalías directas que benefician a los departamentos y a los municipios productores (donde se encuentran los yacimientos de petróleo) y a los puertos marítimos o fluviales por donde se transporta el petróleo o sus productos derivados. Reciben el 76% de las regalías.
- Regalías indirectas que benefician a todos los departamentos y municipios del país que no son productores, a través de la presentación de proyectos definidos como prioritarios en el Plan de Desarrollo.
Las empresas que extraen recursos naturales no renovables en Colombia generan aproximadamente US$1.700 millones de dólares en regalías al año, de las cuales más del 70% se concentran en siete departamentos cuya población no supera el 11% del total nacional: Arauca, Casanare, Meta, Huila, Sucre, Guajira, Córdoba, Bolívar, Huila y Tolima.
Los municipios deben destinar el 75% y los departamentos el 60% de los recursos de las regalías a la solución de las necesidades básicas insatisfechas. Por lo tanto, deben utilizarlas en proyectos que permitan a más colombianos tener acceso a los servicios de educación, salud, agua potable y alcantarillado y a reducir la mortalidad infantil. Este destino sólo podrá cambiarse cuando las entidades territoriales alcancen las coberturas mínimas en: educación básica 90%, salud para los más pobres 100%, agua potable 70%, alcantarillado 70% y mortalidad infantil 1%.
Entre el año 1994 y 2005 se giraron más de US$10.000 millones por concepto de regalías directas e indirectas. Sólo en el año 2006 se generaron cerca de US$ 1,500 millones por regalías directas, de las cuales cerca de US$ 450 millones se distribuyeron entre 80 municipios.
A pesar de los esfuerzos institucionales realizados por el Estado en materia normativa para que los municipios que cuentan con yacimientos y explotaciones petroleras y mineras, reciban regalías directas y avancen hacia el incremento de las coberturas en los sectores sociales básicos: salud, educación, agua potable y alcantarillado y mortalidad infantil, después de más de 20 años no se observan cambios significativos en los índices de calidad de vida de la población, porque las entidades territoriales muestran poca efectividad en la aplicación de las regalías, lo que se debe principalmente a limitaciones en el ciclo de inversión municipal y a una reducida transparencia en la gestión.
El Departamento Nacional de Planeación destapa cada vez más “ollas podridas” en lo que respecta al manejo de las regalías por parte de las entidades territoriales como son los departamentos, municipios y distritos especiales. Según un informe de Planeación Nacional, 3 billones de pesos se han perdido en los últimos 5 años por el mal uso de esas regalías. Se han identificado cerca de 25.000 irregularidades y torcidos en el uso de esos recursos públicos que deben ser sagrados. ¿Cuántos problemas en salud, educación, saneamiento básico, infraestructura, alimentación, bienestar familiar, medio ambiente, energía, comunicaciones, etc., se pueden resolver en nuestras ciudades y veredas con esa plata? Los organismos de control investigan hoy al menos 19.913 casos de corrupción y malos manejos de estos recursos.
Y esa es la verdadera causa que tiene agitados a los políticos regionales en el país, perder esa gallinita de los huevos de oro que en nada ha beneficiado a los pobladores pero si ha sido fuente de enriquecimiento ilícito para unos pocos. Un botín de más de 1.6 billones de pesos por año no es nada despreciable; a la hora de perder parte de esas utilidades, esta clase política corrupta se acuerda de las minorías étnicas para utilizarlos como escudo humano de defensa de sus mezquinos intereses. Descaradamente los políticos que promueven la protesta dicen que “tuvimos que acudir a las minorías étnicas quienes constitucionalmente tienen vulnerados los derechos de participación, al debido proceso u a la consulta previa”[1].
No hay diferencia conceptual entonces entre los corruptos y los narcoterroristas, estos últimos también tratan de justificar sus acciones criminales por la presunta exclusión de las mayorías populares.
[1] EL ESPECTADOR. Tutela y marchas populares contra el acto legislativo de las regalías. Viernes 27 de mayo de 2011. En: http://www.elespectador.com/economia/articulo-272860-tutela-y-marchas-populares-contra-el-acto-legislativo-de-regalia
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