Pese a los intentos políticos y ahora jurídicos de mostrar a las Farc como una organización altruista motivada políticamente y no como lo que son, el más grande y sanguinario cártel de las drogas amparado en discursos ideológicos, la realidad muestra que sus objetivos siguen siendo contrarios al más mínimo postulado del derecho humanitario internacional.
Violando claros preceptos normativos internacionales, las Farc dirigen ahora su ofensiva contra los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes, no solo en el Chocó, Cauca, Nariño, Putumayo y Caquetá colombianos, sino que pretenden extenderse a estas comunidades en todo el país.
La acción ‘político-militar’ es coordinada por los terroristas “Francisco González ('Pacho Chino'), Miguel Pascuas ('Sargento Pascuas'), Carlos Patiño ('Caliche') y 'Matías', en comisión, queden encargados de reunirse con la Acin y el Cric, en comunicación directa con el Secretariado (...) En Nariño, los camaradas comisionados son 'Aldemar', 'Gustavo' y 'Villano' para que conversen a fondo", dice un mensaje enviado por 'Cano' y 'Pablo Catatumbo' en el 2009 y que fue hallado en los PC del 'Mono Jojoy', prueba que sobrevive a la intención jurídica de la CSJ de invalidar el material encontrado en los campamentos terroristas.
A finales del 2010, en la operación del 26 de noviembre contra alias 'Seplín', las autoridades hallaron instrucciones dirigidas a "darles contenido popular a las organizaciones y luchas indígenas", así como a crear cabildos y a establecer una organización para "que integre a diferentes cabildos del Cauca".
En otro archivo, correspondiente a los dispositivos electrónicos incautados en la operación contra alias 'Mayerly', el 11 de julio del 2010, se reportan encuentros con miembros de cuatro asociaciones indígenas de Tolima, Putumayo, Caquetá y Huila.
Y una de las últimas comunicaciones del abatido 'Jerónimo Galeano', uno de los jefes de las Farc en Valle y Tolima, fue una carta al cabildo indígena Páez de Gaitania (Tolima). En ella se queja por una supuesta infiltración de informantes del Ejército entre la comunidad. "Estaban haciendo inteligencia para el régimen y son responsables del bombardeo ocurrido a fines del 2009", dice.
En el oriente del país, alias 'Rafael Gutiérrez', jefe del frente 45, le reportó al bloque Oriental de las Farc supuestos encuentros con indígenas uwás, en Arauca y Boyacá. En un correo encontrado en los computadores de 'Jojoy' también habló de "cuatro reuniones masivas en los resguardos de Bachira y Sinsiga", en Norte de Santander.
En un correo del 2007, 'Raúl Reyes' le reportó a 'Ingrid', de la Comisión Internacional de las Farc en Argentina, sobre "comandantes guerrilleros indígenas que hablan con las comunidades sus dialectos" y que están sirviendo como cabeza de playa para la infiltración y reclutamiento de menores en esas comunidades.
Ojalá las autoridades políticas y judiciales entiendan la gravedad de estas informaciones y no justifiquen su ceguera en tecnicismos leguleyos para desecharlas; ese es el cambio de la estrategia fariana, infiltrar comunidades marginales y en alto grado de riesgo, no sólo para sostener el narcoterrorismo, sino para generar situaciones de conflicto político y social favorables a sus intereses.
Hay que ver lo que está sucediendo en una vereda en el Cauca, donde la comunidad indígena secuestró un grupo de soldados y a unos erradicadores para supuestamente protestar contra el incumplimiento gubernamental a los compromisos para sustitución de cultivos ilícitos; ello hace parte de esa nueva estrategia de las Farc, como se evidenció en Antioquia recientemente con un desplazamiento masivo para protestar contra las fumigaciones aéreas y la intención de regular la actividad minera.
Amparadas en las desafortunadas decisiones judiciales que favorecen a sus miembros capturados en operaciones militares al descalificar documentos y otros elementos probatorios encontrados en los campamentos terroristas, las Farc sienten ahora que pueden actuar con absoluta impunidad y tienen en las comunidades indígenas un enorme campo de cultivo para sus actividades criminales.
Esa sensación de impunidad no solo alienta a los narcoterroristas, sino que intimida y hace presa fácil a las comunidades indígenas. La Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), temerosa de nombrar a sus victimarios, se limita a etéreos señalamientos en los que indica que las comunidades han sido víctimas de todos los actores armados, que reclutan y presionan a los indígenas en medio del conflicto. El secretario de la Onic, Luis Fernando Arias, aseguró que en varias oportunidades, ante los hechos de violencia, líderes de cabildos y de asociaciones han tenido contacto con estos grupos ilegales para salvaguardar la vida y territorio de sus comunidades.
Ello explica porque en muchas oportunidades las comunidades indígenas se pronuncien o actúen contra la presencia de la Fuerza Pública, algo que parece no haber entendido el poder judicial y la defensoría del pueblo, actúan bajo el terror creado por la presión armada de los narcoterroristas como lo evidencia la carta citada del abatido 'Jerónimo Galeano' al cabildo indígena Páez de Gaitania (Tolima).
Se ha evidenciado que los narcoterroristas utilizan indígenas en tareas de inteligencia, logística y de combate, teniéndose que en caso de que uno de ellos sea dado de baja, las mismas comunidades, las ONG, los colectivos de abogados y sectores políticos, salen inmediatamente a denunciar un ‘falso positivo’ con el fin de neutralizar la operación militar en contra de las estructuras criminales; estas tareas están a cargo fundamentalmente de milicianos infiltrados en las poblaciones y comunidades.
No es por ello raro que en los informes periodísticos presentados por los medios aparezcan muchas veces elementos que nada tienen que ver con las comunidades indígenas, dando declaraciones a nombre de ellas para justificar vías de hecho contra la Fuerza Pública. Allí, sin explicación alguna, aparecen individuos citadinos que manejan un lenguaje ideológico, que no corresponden a las características étnicas o raciales del grupo social, dando explicaciones del por qué de la acción ilícita que se desarrolla en contra del ordenamiento constitucional y legal.
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