Comenta la revista Semana[1], que según fuentes del gobierno local del Departamento del Meta y de la Corporación Nuevo Arco Iris, del exterrorista León Valencia, ya se están sintiendo en los llanos orientales los efectos del nuevo mando del Frente Oriental de las Farc, que dirigía el Mono Jojoy y al parecer ahora comanda Jaime Alberto Parra Rodríguez, alias 'Mauricio Jaramillo' o el 'Médico'.
Se fundamenta la información en el registro del incremento de delitos contra el patrimonio y contra la vida señalados en la región del Ariari: La Macarena, Uribe, Mesetas, Mapiripán, Puerto Lleras, Puerto Concordia y Vista Hermosa. Allí hay preocupación. Los comerciantes, los ganaderos, los transportadores, los contratistas son víctimas de extorsiones y de amenazas. Debe anotarse que son áreas recuperadas por el Ejército Nacional con ocasión de la aplicación de la Política de Defensa y Seguridad Democrática PDSD, ahora a cargo de la Policía Nacional y las instituciones del Estado, entre ellas Fiscalía y Poder Judicial.
En esta región han estado muy activas diversa ONG autoproclamadas como defensoras de derechos humanos, que no han dudado en señalar la existencia de fosas comunes como producto de ‘falsos positivos’, como lo recoge la organización Amnistía Internacional en su informe sobre los DD.HH. en Colombia 2010. De tal manera, que si se ha incrementado la amenaza narcoterrorista en el área, deberían ser las primeras en dar la alerta temprana, algo que no ha sucedido.
Debe recordarse incluso que en esta región se denunció el caso de una fiscal que andaba comprando testimonios para involucrar a militares en delitos de lesa humanidad, algo sobre lo que desafortunadamente el poder judicial y su vocera ASONAL no se han pronunciado, como tampoco lo han hecho los defensores de derechos humanos y la clase política nacional interesada en legitimar las acciones del narcoterrorismo mediante el reconocimiento de un estado de guerra interna.
Ariel Ávila, coordinador del observatorio del ‘conflicto armado’ de la Corporación Nuevo Arco Iris, las acciones que se están viendo en Meta no son nuevas. “Antes de la muerte de ‘Jojoy’ también se venían presentando. Lo que pasa es que eran camufladas por otras circunstancias. Ahora se ven más, pero no es por una retaliación de las FARC. No es que estén vengando la muerte de ‘Jojoy’, es solo un efecto de su muerte”[2], lo que resume la verdadera naturaleza de las acciones criminales registradas, ellas obedecen a acciones terroristas no vinculadas a ningún conflicto interno.
A propósito, cuándo Inglaterra reconoció la existencia de un conflicto interno con el terrorismo irlandés IRA, para superar el conflicto; cuándo lo hizo España con respecto a la ETA o Israel con relación al terrorismo palestino, libanés o panárabe. Nunca y ningún político o militar de esos países ha sido llamado como reo ante la CPI por haber combatido y atacado con armas a las facciones criminales.
Según la información de prensa, las extorsiones son quizá lo que más preocupa en la zona. Un reciente informe de Llano 7 Días señaló cómo algunos transportadores de la región han sido presionados a pagar con retroactividad, de hasta de ocho años, las extorsiones de las que están siendo víctimas[3]; lo que indicaría un deterioro de las condiciones de seguridad a cargo de instituciones distintas a las Fuerzas Militares, que no pueden intervenir, según la normatividad, sino a petición de la autoridad policial cuando se ve superada por la acción criminal, algo que no se registra documentalmente en el área, ni se aprecia en la información de prensa.
Ojalá ese silencio y los celos policiales no se conviertan posteriormente en cabeza de proceso contra los comandantes militares por omisión de ayuda, como sucedió en el caso del señor General René Uscátegui condenado a 40 años de prisión por no haber acudido en la petición de ayuda tardía que hizo el personero de Mapiripán, zona que no era de la jurisdicción de la Brigada militar con base en Villavicencio y que era el Comando del militar condenado, mientras en el proceso jamás se trató de averiguar cuál era la autoridad policial competente para evitar tal alteración del orden ciudadano.
Estas nuevas actuaciones de la narcoguerrilla deben servir como voz de alerta al gobierno del Presidente Santos, para definir por vía legal hasta donde llega la responsabilidad militar en el control de los asuntos internos del país, señalar si es cierto, como dice la mamertería nacional, que el Ejército no puede actuar dentro de las fronteras para defender las instituciones democráticas contra la agresión de las organizaciones criminales (art. 217 de la C.N.), sino que está constituido para asumir el papel defensivo cuando a algún país se le ocurra atacarnos directamente.
Así mismo este gobierno debe definir el alcance de la acción militar cuando en la acción de un bombardeo o ataque a una base narcoguerrillera resulten lesionados o muertos componentes extranjeros; debe recordarse que el juez Baltasar Garzón, de España, pretendió judicializar al señor General Augusto Pinochet por la muerte de nacionales españoles en la guerra contra el terrorismo adelantada en los años 70 y 80 en Chile.
Esa excusa es la que sigue sosteniendo Ecuador en la demanda contra Colombia en el caso de la Operación Fénix. Sostiene Ecuador que en esa Operación murieron ciudadanos de ese país, ‘asesinados’ por culatazos que les proporcionaron las fuerzas encargadas de dicha operación, según los comunistas ecuatorianos; algo similar a lo que ahora alegan los ‘humanistas’ con relación a la Operación Jerónimo que permitió la baja de Osama Bin Laden.
[1] SEMANA. El ‘médico’ reemplazo de ‘ Jojoy’, se empieza a sentir en Meta. Bogotá, D.C., Lunes, 16 de mayo de 2011. En: http://www.semana.com/nacion/medico-reemplazo-jojoy-empieza-sentir-meta/156825-3.aspx
[2] Ibíd.
[3] Ibíd.
No hay comentarios:
Publicar un comentario