El senador del PDA Luis Carlos Avellaneda, insiste a nombre de esa organización política que sean incluidas las presuntas víctimas del conflicto armado registradas a partir del 1º de enero de 1980; para tal efecto propone un texto alterno al ya concertado y presentado por el gobierno Santos, que señala que sólo las víctimas desde el primero de enero de 1985 podrán acceder a indemnización administrativa (cercana a 40 salarios mínimos mensuales vigentes) y aquellos que certifiquen que fueron desplazados desde el primero de enero de 1991 podrán ser restituidos de sus predios.
Dice el senador Avellaneda que si no se establece ese término, 1º de enero de 1980, quedarán discriminadas muchas víctimas que fueron objeto de desaparición, torturas, asesinatos y graves violaciones a los derechos humanos, así como las 330.000 hectáreas objeto de despojo, de acuerdo con registros de la pastoral social de la Iglesia Católica, fuente utilizada por el gobierno en su propuesta.
La razón de la propuesta de este senador de izquierda se puede encontrar en su afirmación de que no sólo la fecha contemplada por el proyecto de ley, sino el reconocer el conflicto armado interno, también reduce el universo de beneficiarios por la ley. “Al incluirse ese término (conflicto armado) se reducen las víctimas a aquellas con ocasión de la confrontación entre el Estado y los grupos armados ilegales. Quedarían fuera las víctimas de la violencia sociopolítica”[1]. El senador fija de plano una fecha para algo que habia comenzado en los años 50, desconociendo facticamente la fecha de inicio de la agresion narcoterrorista que el comunismo propicio.
Que busca entonces el PDA. No es la restitución de tierras y mucho menos perseguir los principios de verdad, reparación y justicia; es el reconocimiento de motivación política a quienes atendiendo el llamado del Partido Comunista apoyaron la tesis de la combinación de las formas de lucha, política y armada, y sucumbieron en la guerra declarada entre las organizaciones narcotraficantes y las entonces llamadas guerrillas comunistas de Colombia.
El comunismo criollo ha sido constante en reclamar que se reconozca al Estado como victimario desde la aplicación del Plan Laso en los años 60 del siglo pasado y como autor de crímenes de lesa humanidad contra los comunistas desde la aplicación de la Política de Seguridad Nacional adoptada por el gobierno de Turbay Ayala (1978-1982), época en la que se celebro el mayor numero de juicios presididos por la Justicia Penal Militar contra la entonces considerada insurgencia y cuando el país era asediado por múltiples organizaciones terroristas de diferentes cataduras ideológicas de la izquierda.
Apunta a llevar al país al mismo plano que el comunismo internacional ha puesto en los últimos 20 años al personal militar que combatió el terrorismo en Suramérica, especialmente en el Cono Sur, ese es el objetivo predilecto del Foro de Sao Paulo y las diversas expresiones del comunismo internacional en la Latinoamérica actual. Mostrar que han sido los militares los verdaderos responsables no solo de la desigualdad social, por los gastos en defensa, sino los victimarios de los inocentes comunistas que a punta de fusiles, granadas y otros artefactos explosivos asesinaron a miles de latinoamericanos en su afán de cambiar el rumbo de la historia del subcontinente.
Al senador Avellaneda poco le importan los campesinos supuestamente despojados de sus tierras, su tarea es demostrar que las presuntas víctimas de las que es abanderado el MOVICE de Iván Cepeda Castro son las verdaderas; si tuviere razón, honestidad y lógica, habría pedido que se incluyan a todos los colombianos que han sido víctimas de las Farc, el Eln y demás organizaciones narcoterroristas y de los partidos y movimientos que las han auxiliado y acompañado desde finales de los años 50 cuando le declararon la guerra a Colombia, según Tirofijo, por unos marranos y unas gallinas que le mataron durante las operaciones militares contra las repúblicas independientes que el PCC quería crear en la zona de Marquetalia[2].
Por cierto, hay que recordar que Iván Cepeda Castro ha sido uno de los primeros beneficiados de las condenas económicas que la CIDH impone a Colombia gracias a los juicios manipulados por el comunismo y que han contado con una débil defensa del Estado, por la muerte de su padre el también excongresista Manuel Cepeda, miembro del PCC y hábil defensor de la combinación de las formas de lucha que reclama la izquierda para oponerse al Estado, mientras condena política y jurídicamente la defensa armada que pueda presentar el Estado como se demuestra en los fallos judiciales proferidos en lo corrido de este Siglo, incluido el de la Corte Suprema de Justicia que declara inexistentes las pruebas que se encuentren en campamentos narcoguerrillos si las encuentra el Ejercito y no el CTI, previa orden judicial para la operación militar, o policial, contra elementos armados y potencial o realmente peligrosos.
Para nuestros jueces, fiscales y magistrados, el que en un combate mueran soldados o policías, no tiene importancia, para eso asumieron los riesgos; pero la muerte y recolección de pruebas de actividad criminal deben ceñirse a la literalidad de la ley, de ahí el interés de que el Estado asuma como fecha de victimización el que les conviene, cuando el narcoterrorismo fariano comenzó a ser atacado.
Para ellos será de suma importancia, advertimos, sacar a relucir las razones por la que los gobiernos civiles sacaran del servicio, y por la puerta de atrás, a valiosos Oficiales del Ejercito que no compartieron el injustificado exceso de optimismo de los gobiernos con relación a posibles acuerdos de paz con los entonces denominados grupos insurgentes.
Larga y dolorosa será la vía que deben transitar nuestras Fuerzas Armadas si el gobierno sigue cediendo ante partidos políticos de los que hacen parte aquellos que llamaron al combate armado contra el establecimiento, cuando la responsabilidad penal se le atribuye únicamente a quienes los combatieron[3].
Muchos Oficiales, Suboficiales y Soldados sintieron que nada pasaría después de la persecución política a quienes hicieron parte de las Juntas Militares, acomodándose a la propuesta de que declararan contra ellos, en un anticipo de lo que aquí llaman Sistema Penal Acusatorio: Te ofrezco beneficios a cambio de que declares contra tus Comandantes. Ojala hoy que existen los avances tecnológicos investiguen cuales fueron esos beneficios, perseguidos política, social y económicamente, muchos de esos Oficiales, Suboficiales y Soldados han tenido que recurrir al suicidio como única alternativa del acoso político-judicial al que hoy son sometidos los soldados colombianos en beneficio de la narcoguerrilla y sus auxiliadores.
[1] REVISTA SEMANA. Polo insiste en reparación desde 1980. Miércoles, 18 de mayo de 2011. En: http://www.semana.com/politica/polo-insiste-reparacion-desde-1980/156934-3.aspx
[2] Discurso pronunciado por alias Joaquín Gómez el 7 de enero de 1999 con ocasión de la apertura de la zona de distensión del Caguan, a la que no acudió Tirofijo por miedo y cobardía. También causó curiosidad el discurso del abuelo guerrillero ese día –leído por Joaquín Gómez– en el que volvió a reclamar por las vacas, las gallinas y los marranos que, según él, el Estado les había arrebatado en Marquetalia y Casa Verde. Crónica de la muerte de Tirofijo. En: http://www.colombialink.com/01_INDEX/index_personajes/guerrilla/marin_pedro_antonio.html
[3] POR FAVOR LEER: http://es.scribd.com/doc/30844753/Libro-Plan-Del-Foro-de-San-Pablo
No hay comentarios:
Publicar un comentario