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martes, 31 de mayo de 2011

HONOR A LOS HÉROES DEL EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA

A propósito de la guerra jurídico-política declarada por la narcoguerrilla y sus aliados políticos contra el Ejército Nacional de Colombia, mediante la cual se busca deslegitimar las acciones que éste desarrolla contra las organizaciones criminales que desde 1964 vienen agrediendo injustamente al pueblo colombiano y restar el apoyo popular que ha tenido a través de nuestra accidentada historia, vale la pena traer a colación una frase pronunciada con ocasión del día de recordación de los caídos (Memorial Day), en Miami, en el acto de homenaje al sargento Ofren Arrechaga, asesinado en Afganistán.

La libertad no es un regalo. Se trata de un beneficio ganado que está siendo continuamente pagado por la sangre de nuestros héroes[1], señaló Gary Cárdenas, secretario general del Distrito 14 de la Legión Americana, organización de veteranos.

La actitud del pueblo norteamericano representada en estos reconocimientos, contrasta desafortunadamente con la apatía y la indiferencia con que en Colombia se aprecia el sacrificio diario de nuestras tropas a lo largo y ancho de nuestra geografía; son héroes anónimos que con honor y valentía han defendido al país de un ataque terrorista y narcotraficante contra humildes campesinos, indígenas y afrodescendientes, de los humildes pobladores de nuestras más olvidadas regiones, impidiendo que mediante las armas se imponga un modelo político ajeno a nuestras más caras tradiciones y valores.

El encontró aquí la libertad que no había en Cuba y siempre me decía que la libertad no es gratis, que tiene su sacrificios”, comentó la madre del Sargento Arrechaga, doña Marta Álvarez. “La libertad es bien cara, lo estoy sintiendo así, porque la pérdida para mí es irreparable”. Lo que me compensa este dolor son las cosas buenas que hizo y las cosas lindas que se dicen de él”, agregó la señora Álvarez, quien vive en Clarksville, Tennessee, y viajó a Miami para asistir a la concurrida ceremonia en la que también participaron la joven viuda, Seana y su hijo de 3 años, Alston Ofren.

Como contraste en Colombia, organizaciones políticas y pseudodefensoras de los derechos humanos, quieren aprovecharse del dolor de las familias de los soldados caídos, mutilados o secuestrados, para atacar la moral de la tropa y haciéndole el juego a las narcoguerrillas imponerle a la sociedad una falaz salida política cambiando soldados y policías secuestrados por terroristas condenados por sus crímenes; mientras los criminales y sus voceros hablan de diálogo no dudan en asesinar a civiles inermes como se aprecia diariamente en los informes de prensa, para tratar de retomar la imposición de su voluntad mediante el terror, tarea que había sido frustrada por la Política de Defensa y Seguridad Democrática.

El soldado colombiano ha ganado con su sacrificio el corazón y las mentes de sus conciudadanos; pese a los viles ataques de que es objeto a diario por una minoría violenta que ha infiltrado peligrosamente organismos judiciales y otras instancias, el pueblo colombiano sigue reconociendo y tiene en alta estima a su Ejército, pero aún falta más, falta una movilización de ese pueblo que goza de sus libertades y garantías gracias a la labor de sus militares, que le muestre a los enemigos de la patria que no prevalecerán. Hace falta un Memorial Day en el que le rindamos los máximos honores a nuestros valientes soldados.

La historia de nuestro Ejército se remonta a las décadas de 1770 y 1780 con el Ejército comunero surgido en tierras del actual departamento de Santander: Luego de las capitulaciones de Zipaquirá de 1781, sus comandantes fueron traicionados, fusilados, sus cuerpos mutilados y esparcidos sus miembros, algo que absurdamente pareciere repetirse hoy con sentencias injustas mediante las cuales el derrotado narcoterrorismo busca cobrar venganzas contra quienes defienden nuestra libertad.

Desde los albores de nuestra nacionalidad el Ejército Nacional representa la patria misma y ha sido la base sobre la que se ha construido su historia institucional; por algo es hoy ejemplo en todos los campos en las páginas militares mundiales.

Debe retomarse el 7 de agosto de cada año para conmemorar la épica Batalla de Boyacá que selló nuestra independencia de España y convertir esa fecha en el día del reconocimiento al soldado; a partir de la familia y la escuela, las autoridades político-administrativas deben incentivar una verdadera fiesta nacional en la que se reafirme el sentimiento patriótico de las viejas y nuevas generaciones de colombianos.

El 7 de agosto de cada año debe convertirse en una fecha en la que debe recordarse que La libertad no es un regalo. Se trata de un beneficio ganado que está siendo continuamente pagado por la sangre de nuestros héroes a quienes estaremos eternamente agradecidos.

FARC PIDEN UNA SALIDA 'CIVILIZADA' AL CONFLICTO EN SU 47 ANIVERSARIO

Con este mismo título la revista Semana da cuenta de un comunicado del llamado Secretariado de las Farc-ONT, en el que supuestamente insisten en buscar una salida humanitaria al conflicto, basada en una "solución política" a la que "jamás" han renunciado, dicen[1].

Para la narcoguerrilla, "es la movilización de todos los sectores de la sociedad colombina quien impondrá la salida política del conflicto, iniciando con el acuerdo humanitario que libere a todos los presos políticos que se encuentran en las cárceles del régimen y a los prisioneros de guerra en poder de la insurgencia"[2].

Insistes así, cuando se cumple el 47 aniversario de su creación, en su propuesta del intercambio humanitario, que consiste en "canjear" a 17 militares y policías a quienes mantiene secuestrados, algunos desde hace más de 12 años, por medio centenar de rebeldes presos en Colombia y Estados Unidos[3].

Nada nuevo, ninguna propuesta real contiene ese comunicado de las Farc-ONT, vuelven a llover sobre lo mojado en la continuación de una cruel burla a la sociedad colombiana y la comunidad mundial.

Sintiéndose amparadas por las desafortunadas decisiones del poder judicial, que ha decidido no tener como pruebas o evidencia de la criminalidad fariana los documentos y correos encontrados en el computador personal del abatido Raúl Reyes, recurren ahora al expediente de la salida civilizada y del intercambio para presionar sentencias favorables a los delincuentes capturados y que son actualmente procesados, para que esos juicios sean anulados, tarea que están cumpliendo los colectivos de abogados citando la sentencia de la Corte Suprema de Justicia.

A este comunicado la respuesta del Gobierno no puede ser diferente a la ya pronunciada en su comienzo, exigir al grupo narcoterrorista "menos palabras y más hechos de paz", como la liberación de todos los secuestrados y el cese del terrorismo, para poder iniciar un diálogo.

Sobre esa exigencia ni las Farc, ni sus áulicos y agitadores políticos, han querido dar respuesta, siempre la han eludido; en este punto la sociedad colombiana no puede llamarse a engaño, el comunicado de las Farc es el mismo que pronunciaban antes de la experiencia del Caguán, cuando tenían secuestradas a unidades policiales y militares. Es el mismo que han utilizado a través de su historia para engañar cuando se sienten acorralados y derrotados, para obtener espacios en los cuales pueda reorganizarse para continuar su arremetida terrorista y fortalecer su negocio narcotraficante.

Valdría la pena que le explicaran al país a qué se refieren cuando afirman que en este casi medio siglo de confrontación armada, hemos puesto todas nuestras energías por la solución política del conflicto[4], cuando la realidad es que su esfuerzo solamente ha servido para causar más de 25.000 asesinatos, más de 3.500 secuestros, más de 1.500 colombianos mutilados, por no hablar de los invalorables daños ecológicos en los atentados a la estructura petrolera; ese esfuerzo sólo les ha servido para reclutar a más de 10.000 menores de edad que son utilizados como carne de cañón o instrumentos de satisfacción sexual de los cabecillas de esa organización criminal.

Las Farc en estos 47 años se han paseado impunes por todo el código penal colombiano y por la cartilla de violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, atendiendo lo que dijera Tirofijo sobre la Convención de Ginebra y sus Protocolos adicionales, ‘nosotros no firmamos esa vaina’ señalaba en el paraíso del Caguán a los periodistas nacionales y extranjeros.

Cómo pueden entonces hablar de salidas políticas o acuerdos humanitarios, si ellos no se sienten obligados por el DIH y de ahí su insistencia en el terrorismo como arma política o en el narcotráfico como medio de financiamiento.

Con las Farc no puede haber diálogo mientras no haya un giro de 180º en su accionar criminal, mientras no renuncien al narcotráfico y el terrorismo, mientras no liberen sin condiciones a todos los secuestrados, incluidos los niños y niñas utilizados como instrumento de guerra y se sometan al imperio de la ley.


[2] Ibíd.

[3] Ibíd.

[4] Ibíd.

viernes, 27 de mayo de 2011

LA RESPUESTA DEL PSOE A LA DERROTA ELECTORAL EN ESPAÑA

El gobierno de Zapatero responde a los inconformes en España con las mismas tácticas de las dictaduras socialistas o con lo reflejado, guardadas las proporciones y escenarios, frente a las protestas de los pueblos árabes contra los regímenes tiránicos.

En Barcelona, con un llamado "Operativo de limpieza", como repite la policía, se ordenó el desalojo de la plaza de Catalunya para que los acampados del movimiento 15-M abandonen el lugar, con un saldo de al menos 50 heridos y varios detenidos, como respuesta y coincidiendo con la presencia policial, han comenzado a congregarse más personas en los aledaños de la plaza en un abierto desafío al derrotado socialismo.

El Movimiento 15-M alcanzó sus objetivos y es hora de que sus dirigentes replanteen los medios que se utilizan y canalicen su acción para ganar las mentes y los corazones de los españoles para darle un giro radical a la forma en que se ha conducido el Estado, por ello vale la pena como un gesto valioso desocupar las plazas, no como una concesión al gobierno socialista, sino como un gesto de solidaridad con pobladores y comerciantes que han asumido las incomodidades y perdidas que las jornadas de protesta han generado.

La reivindicación del 15-M ha sido reconocida por Zapatero, está claro que muchos españoles "padecen graves dificultades" y "muchos jóvenes temen por su trabajo y su bienestar futuro", de manera que "han expresado su malestar y era razonable esperar que el PSOE, que ejerce la responsabilidad del Gobierno de la nación, recibiese hoy el castigo de las urnas". "Lo asumimos y lo entendemos", ha asegurado. A su juicio, el PSOE no ha sabido explicar "los orígenes, la naturaleza y la dimensión de la crisis", ni las "medidas difíciles" que ha tomado para atajarlas. Sin embargo, ha advertido de que no hay otro camino que las reformas, aunque no sea "fácil ni rápido" y no haya logrado aún "mejoría" en el empleo.

Es un triunfo político para el 15-M sin parangón en la historia española y debe servir para fortalecer la democracia por los canales adecuados, ejerciendo los derechos fundamentales para elegir y ser elegidos como sinónimo de cambio del actual estado de cosas, persistir en las vías de hecho solamente puede generar innecesarios conflictos que llegan a desbordar a los dirigentes y se convierten en caldo de cultivo para la anarquía y el caos, desnaturalizando el objetivo propuesto y alcanzado; hay que tener en cuenta que al menos 6 millones de españoles también se expresaron a favor de las políticas del PSOE y es necesario comenzar una etapa de concertación para el mejor futuro español.

Mantener las tomas de las plazas sin haber definido un ¿qué hacer?, solamente acudirá en contra del 15-M al despertar el rechazo de los ciudadanos que inicialmente los apoyaron, pero que ya comienzan a demostrar su cansancio; lo expresado por el Ayuntamiento de Madrid es ejemplarizante de ello, no hay que desestimar la inconformidad de esos ciudadanos que compartían "algunas de las reivindicaciones" que este movimiento defendía "durante los primeros días" de su lucha y que sin embargo, consideran que hoy la cosa "ha degenerado de manera dramática en un asentamiento chabolista".

EL NUEVO PANORAMA COMERCIAL DE AMÉRICA LATINA

Se presenta en la actualidad un interesante debate sobre la pérdida de influencia de los EE.UU. en la política y la economía de Latinoamérica, el centro de la discusión radica en la caída de las exportaciones de Estados Unidos en las importaciones totales de América Latina del 55 por ciento al 32 por ciento en la última década, según un nuevo informe de la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe de las Naciones Unidas, CEPAL. Algo parecido ha pasado con las inversiones extranjeras de Estados Unidos en la región[1].

El campo abandonado por EE.UU ha sido ocupado por China de manera notoria como principal socio comercial y está empezando a emerger como importante inversor en la región.

En Latinoamérica los países que realizan más negocios con China son Argentina, Brasil, Chile, México y Panamá.

El gran desarrollo de este comercio se fundamenta en las grandes potencialidades que presenta. Por ejemplo, desde la pasada crisis financiera de Asia del Este, China se ha esforzado en sostener un crecimiento veloz y duradero de forma de lograr la transición hacia un modelo basado en las necesidades locales de consumo e inversión. De esta forma la demanda de China por productos latinoamericanos seguirá creciendo activamente, sobre todo aquella que corresponde a productos mineros, agrícolas y energéticos. Otra señal de incremento potencial de dicho comercio lo constituye el hecho de que se han firmado una serie de acuerdos y tratados de cooperación económica y comercial entre China y México, Argentina, Cuba, Chile y Venezuela.

América Latina es vista generalmente como un grupo homogéneo, ya que las experiencias históricas de sus países han sido similares y se “tocan” en muchos otros aspectos como la cultura y la raza. Además, los países latinoamericanos se encuentran en procesos semejantes de desarrollo económico, político y social, lo cual provoca que los objetivos perseguidos sean comunes y que las aspiraciones internacionales sean también comunes. Las relaciones entre estos países son estrechas, a pesar de que los esfuerzos por una integración verdadera no han dado sus frutos[2].

Sin embargo, en estos tiempos que corren de “globalización económica” y desequilibrios, aparecen nuevas tendencias al respecto. Cada vez más entre los países de América Latina y Caribe aparecen diferentes intereses y, consecuentemente, diferentes formas de llevar a cabo sus relaciones exteriores; hay tres bloques definidos, el neosocialismo brasileño (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay), el neosocialismo radical bolivariano (Venezuela, Nicaragua, Cuba, Ecuador y Bolivia) y el grupo democrático (liderado por Colombia, Perú y Chile), más cercano a los acuerdos con EE.UU.[3]

Los siguientes hechos son ejemplarizantes: aunque se intercambian entre sí, existe una desarticulación entre las diversas subregiones; por otro lado, como ya señalamos, no hubo grandes avances en la promoción del proceso de integración de toda la región latinoamericana y caribeña; hemos asistido a varios comienzos, pero tanto la voluntad política como las medidas de integración de la región no alcanzan los fines esperados. A falta de esta estrategia de integración es que estos países han optado por estrechar lazos comerciales con otras zonas. Por último vale la pena mencionar el hecho de que hubo opiniones diferentes entre los países latinoamericanos sobre importantes temas internacionales, entre ellos, la reforma de la ONU.

Estas diferencias y disputas (por ejemplo territoriales y fronterizas) que cada vez se hacen más frecuentes en Latinoamérica pueden verse, de alguna forma, como el producto del desarrollo de la situación mundial: por un lado, la globalización económica, basada en el sistema económico de mercado de múltiples países, ha promovido el crecimiento económico internacional y ha afianzado las relaciones de interdependencia de diversas regiones y países del mundo; pero por el otro, las participaciones de diversos países en la globalización han sido muy desequilibradas, además de que cada vez se hacen más grandes las diferencias y brechas entre varios países y regiones, y entre diversas zonas, sectores económicos y grupos de gente dentro de los países[4].

Hasta 2004 la inversión china había predominado en los recursos naturales, hoy estas alcanzan a las infraestructuras (puertos y vías férreas, ensamblaje, telecomunicaciones, textiles, etc.). Asimismo, China obtuvo resultados sustanciales en las negociaciones de tratados de libre comercio con algunos países latinoamericanos, entre los que destaca el acuerdo alcanzado con Chile, en el cual las inversiones chinas se ubican en sectores textil, agrícola, industria ligera, pesca y electrodomésticos. Asimismo, los chinos se han convertido en uno de los principales destinos de las exportaciones chilenas, superando a Estados Unidos.

Si bien para el jefe de asuntos latinoamericanos del Departamento de Estado de Estados Unidos, Arturo Valenzuela, la creciente presencia económica de China en América Latina no le quita el sueño y no ve la urgencia de que el gobierno del presidente Barack Obama proponga un ambicioso plan de cooperación con la región, argumentando que las cifras del volumen total del comercio e inversión de China en el continente no son tan significativas como el contenido de los mismos y que los latinoamericanos están empezando a darse cuenta de que China compra a la región casi exclusivamente materias primas y se niega a comprar productos con mayor valor agregado, comparativamente, Estados Unidos está comprando a los países latinoamericanos productos más sofisticados, algo que es mucho más lucrativo para los países de Latinoamérica.

Las trabas puestas al TLC con Colombia son ejemplarizantes del abandono de los EE.UU. de sus relaciones con los que debería considerar socios estratégicos para la consolidación de sus propios intereses nacionales; el trato displicente del gobierno norteamericano a sus pares latinoamericanos, aunado a las políticas migratorias adoptadas, simplemente alimentan ese sentimiento vernáculo de oposición a esa potencia y la búsqueda de nuevos panoramas sustentados en lo anteriormente señalado.

La creación de organismos regionales como UNASUR y el ALBA, el desprestigio de la OEA y la inaplicación de otros tratados provenientes de la guerra fría, generan otro escenario en América que alienta unas nuevas relaciones sin EE.UU., y de pronto contra EE.UU., no se puede olvidar que aunque China haya adoptado una economía capitalista de Estado, sigue siendo una potencia comunista y sus intereses van más allá de lo puramente comercial.

LA INSOLIDARIDAD COMO PRINCIPIO

Colombia es un Estado social de derecho fundado en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general, reza el artículo 1º de nuestra Constitución; pero la solidaridad es un principio que se queda en el papel cuando priman intereses particulares, regionales o de grupos de presión.

La solidaridad a que hace referencia la Carta se refiere al sentimiento de unidad de la nación basado en metas o intereses comunes, que no pueden ser otros que la prosperidad general y el garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, como señala el art. 2º de la misma.

De ahí que sean injustificables e inaceptables expresiones de insolidaridad como las promovidas en el día de ayer por grupos políticos locales en Casanare, Boyacá, la Guajira y Meta, utilizando la buena fe y la credibilidad de los habitantes para generar acciones de hecho en una pretendida protesta contra la reforma a la Ley de Regalías, que busca trasladar una parte de los recursos generados por la explotación de hidrocarburos y minería a otras regiones carentes de ellos y agobiadas por los escasos recursos económicos que impiden alcanzar los objetivos más sagrados del Estado.

El argumento de la clase política que ha movido estas protestas no deja de ser absurdo y cínico; diputados y representantes de esos departamentos señalan que el proyecto de reforma a la ley de regalías afecta a las minorías étnicas porque le quita recursos destinados a la salud, la educación y la vivienda. Habría que entonces contrastar cuántos proyectos reales de salud, educación, vivienda y otros de interés social se han desarrollado mientras ha permanecido el actual sistema, cuántos municipios y veredas han sido sacados de las condiciones de miseria y pobreza que se registran a pesar de los ingentes recursos percibidos por esos departamentos.

Las compañías petroleras entregan al Estado entre el 8% y el 25% del valor de la producción del petróleo crudo extraído directamente del pozo (en boca de pozo), el Estado entrega las regalías a los departamentos y a los municipios a través de dos modalidades:

  • Regalías directas que benefician a los departamentos y a los municipios productores (donde se encuentran los yacimientos de petróleo) y a los puertos marítimos o fluviales por donde se transporta el petróleo o sus productos derivados. Reciben el 76% de las regalías.
  • Regalías indirectas que benefician a todos los departamentos y municipios del país que no son productores, a través de la presentación de proyectos definidos como prioritarios en el Plan de Desarrollo.

Las empresas que extraen recursos naturales no renovables en Colombia generan aproximadamente US$1.700 millones de dólares en regalías al año, de las cuales más del 70% se concentran en siete departamentos cuya población no supera el 11% del total nacional: Arauca, Casanare, Meta, Huila, Sucre, Guajira, Córdoba, Bolívar, Huila y Tolima.

Los municipios deben destinar el 75% y los departamentos el 60% de los recursos de las regalías a la solución de las necesidades básicas insatisfechas. Por lo tanto, deben utilizarlas en proyectos que permitan a más colombianos tener acceso a los servicios de educación, salud, agua potable y alcantarillado y a reducir la mortalidad infantil. Este destino sólo podrá cambiarse cuando las entidades territoriales alcancen las coberturas mínimas en: educación básica 90%, salud para los más pobres 100%, agua potable 70%, alcantarillado 70% y mortalidad infantil 1%.

Entre el año 1994 y 2005 se giraron más de US$10.000 millones por concepto de regalías directas e indirectas. Sólo en el año 2006 se generaron cerca de US$ 1,500 millones por regalías directas, de las cuales cerca de US$ 450 millones se distribuyeron entre 80 municipios.

A pesar de los esfuerzos institucionales realizados por el Estado en materia normativa para que los municipios que cuentan con yacimientos y explotaciones petroleras y mineras, reciban regalías directas y avancen hacia el incremento de las coberturas en los sectores sociales básicos: salud, educación, agua potable y alcantarillado y mortalidad infantil, después de más de 20 años no se observan cambios significativos en los índices de calidad de vida de la población, porque las entidades territoriales muestran poca efectividad en la aplicación de las regalías, lo que se debe principalmente a limitaciones en el ciclo de inversión municipal y a una reducida transparencia en la gestión.

El Departamento Nacional de Planeación destapa cada vez más “ollas podridas” en lo que respecta al manejo de las regalías por parte de las entidades territoriales como son los departamentos, municipios y distritos especiales. Según un informe de Planeación Nacional, 3 billones de pesos se han perdido en los últimos 5 años por el mal uso de esas regalías. Se han identificado cerca de 25.000 irregularidades y torcidos en el uso de esos recursos públicos que deben ser sagrados. ¿Cuántos problemas en salud, educación, saneamiento básico, infraestructura, alimentación, bienestar familiar, medio ambiente, energía, comunicaciones, etc., se pueden resolver en nuestras ciudades y veredas con esa plata? Los organismos de control investigan hoy al menos 19.913 casos de corrupción y malos manejos de estos recursos.

Y esa es la verdadera causa que tiene agitados a los políticos regionales en el país, perder esa gallinita de los huevos de oro que en nada ha beneficiado a los pobladores pero si ha sido fuente de enriquecimiento ilícito para unos pocos. Un botín de más de 1.6 billones de pesos por año no es nada despreciable; a la hora de perder parte de esas utilidades, esta clase política corrupta se acuerda de las minorías étnicas para utilizarlos como escudo humano de defensa de sus mezquinos intereses. Descaradamente los políticos que promueven la protesta dicen que “tuvimos que acudir a las minorías étnicas quienes constitucionalmente tienen vulnerados los derechos de participación, al debido proceso u a la consulta previa[1].

No hay diferencia conceptual entonces entre los corruptos y los narcoterroristas, estos últimos también tratan de justificar sus acciones criminales por la presunta exclusión de las mayorías populares.


[1] EL ESPECTADOR. Tutela y marchas populares contra el acto legislativo de las regalías. Viernes 27 de mayo de 2011. En: http://www.elespectador.com/economia/articulo-272860-tutela-y-marchas-populares-contra-el-acto-legislativo-de-regalia

jueves, 26 de mayo de 2011

LAS COMUNIDADES INDIGENAS OBJETIVO ILICITO DE LAS FARC

Pese a los intentos políticos y ahora jurídicos de mostrar a las Farc como una organización altruista motivada políticamente y no como lo que son, el más grande y sanguinario cártel de las drogas amparado en discursos ideológicos, la realidad muestra que sus objetivos siguen siendo contrarios al más mínimo postulado del derecho humanitario internacional.

Violando claros preceptos normativos internacionales, las Farc dirigen ahora su ofensiva contra los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes, no solo en el Chocó, Cauca, Nariño, Putumayo y Caquetá colombianos, sino que pretenden extenderse a estas comunidades en todo el país.

La acción ‘político-militar’ es coordinada por los terroristas “Francisco González ('Pacho Chino'), Miguel Pascuas ('Sargento Pascuas'), Carlos Patiño ('Caliche') y 'Matías', en comisión, queden encargados de reunirse con la Acin y el Cric, en comunicación directa con el Secretariado (...) En Nariño, los camaradas comisionados son 'Aldemar', 'Gustavo' y 'Villano' para que conversen a fondo", dice un mensaje enviado por 'Cano' y 'Pablo Catatumbo' en el 2009 y que fue hallado en los PC del 'Mono Jojoy', prueba que sobrevive a la intención jurídica de la CSJ de invalidar el material encontrado en los campamentos terroristas.

A finales del 2010, en la operación del 26 de noviembre contra alias 'Seplín', las autoridades hallaron instrucciones dirigidas a "darles contenido popular a las organizaciones y luchas indígenas", así como a crear cabildos y a establecer una organización para "que integre a diferentes cabildos del Cauca".

En otro archivo, correspondiente a los dispositivos electrónicos incautados en la operación contra alias 'Mayerly', el 11 de julio del 2010, se reportan encuentros con miembros de cuatro asociaciones indígenas de Tolima, Putumayo, Caquetá y Huila.

Y una de las últimas comunicaciones del abatido 'Jerónimo Galeano', uno de los jefes de las Farc en Valle y Tolima, fue una carta al cabildo indígena Páez de Gaitania (Tolima). En ella se queja por una supuesta infiltración de informantes del Ejército entre la comunidad. "Estaban haciendo inteligencia para el régimen y son responsables del bombardeo ocurrido a fines del 2009", dice.

En el oriente del país, alias 'Rafael Gutiérrez', jefe del frente 45, le reportó al bloque Oriental de las Farc supuestos encuentros con indígenas uwás, en Arauca y Boyacá. En un correo encontrado en los computadores de 'Jojoy' también habló de "cuatro reuniones masivas en los resguardos de Bachira y Sinsiga", en Norte de Santander.

En un correo del 2007, 'Raúl Reyes' le reportó a 'Ingrid', de la Comisión Internacional de las Farc en Argentina, sobre "comandantes guerrilleros indígenas que hablan con las comunidades sus dialectos" y que están sirviendo como cabeza de playa para la infiltración y reclutamiento de menores en esas comunidades.

Ojalá las autoridades políticas y judiciales entiendan la gravedad de estas informaciones y no justifiquen su ceguera en tecnicismos leguleyos para desecharlas; ese es el cambio de la estrategia fariana, infiltrar comunidades marginales y en alto grado de riesgo, no sólo para sostener el narcoterrorismo, sino para generar situaciones de conflicto político y social favorables a sus intereses.

Hay que ver lo que está sucediendo en una vereda en el Cauca, donde la comunidad indígena secuestró un grupo de soldados y a unos erradicadores para supuestamente protestar contra el incumplimiento gubernamental a los compromisos para sustitución de cultivos ilícitos; ello hace parte de esa nueva estrategia de las Farc, como se evidenció en Antioquia recientemente con un desplazamiento masivo para protestar contra las fumigaciones aéreas y la intención de regular la actividad minera.

Amparadas en las desafortunadas decisiones judiciales que favorecen a sus miembros capturados en operaciones militares al descalificar documentos y otros elementos probatorios encontrados en los campamentos terroristas, las Farc sienten ahora que pueden actuar con absoluta impunidad y tienen en las comunidades indígenas un enorme campo de cultivo para sus actividades criminales.

Esa sensación de impunidad no solo alienta a los narcoterroristas, sino que intimida y hace presa fácil a las comunidades indígenas. La Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), temerosa de nombrar a sus victimarios, se limita a etéreos señalamientos en los que indica que las comunidades han sido víctimas de todos los actores armados, que reclutan y presionan a los indígenas en medio del conflicto. El secretario de la O­nic, Luis Fernando Arias, aseguró que en varias oportunidades, ante los hechos de violencia, líderes de cabildos y de asociaciones han tenido contacto con estos grupos ilegales para salvaguardar la vida y territorio de sus comunidades.

Ello explica porque en muchas oportunidades las comunidades indígenas se pronuncien o actúen contra la presencia de la Fuerza Pública, algo que parece no haber entendido el poder judicial y la defensoría del pueblo, actúan bajo el terror creado por la presión armada de los narcoterroristas como lo evidencia la carta citada del abatido 'Jerónimo Galeano' al cabildo indígena Páez de Gaitania (Tolima).

Se ha evidenciado que los narcoterroristas utilizan indígenas en tareas de inteligencia, logística y de combate, teniéndose que en caso de que uno de ellos sea dado de baja, las mismas comunidades, las ONG, los colectivos de abogados y sectores políticos, salen inmediatamente a denunciar un ‘falso positivo’ con el fin de neutralizar la operación militar en contra de las estructuras criminales; estas tareas están a cargo fundamentalmente de milicianos infiltrados en las poblaciones y comunidades.

No es por ello raro que en los informes periodísticos presentados por los medios aparezcan muchas veces elementos que nada tienen que ver con las comunidades indígenas, dando declaraciones a nombre de ellas para justificar vías de hecho contra la Fuerza Pública. Allí, sin explicación alguna, aparecen individuos citadinos que manejan un lenguaje ideológico, que no corresponden a las características étnicas o raciales del grupo social, dando explicaciones del por qué de la acción ilícita que se desarrolla en contra del ordenamiento constitucional y legal.

miércoles, 25 de mayo de 2011

LOS NEXOS LIBIOS CON EL NARCOTERRORISMO COLOMBIANO

León Valencia, el director de Arco Iris, se da un momento para la añoranza de sus épocas como terrorista del ELN, recordando para la BBC de Londres el apoyo de Muamar Gadafi a las Farc, el Eln, el M-19 y otras organizaciones terroristas de Colombia y Latinoamérica desde hace décadas; un apoyo también brindado por los gobiernos de Cuba, Bolivia y Venezuela, así como por amplios sectores de la izquierda latinoamericana que en algún momento encontraron en Libia apoyo o inspiración[1].

"Fue a mediados de los 80 que se inició una relación muy fuerte entre las guerrillas colombianas con el gobierno libio", le dijo a BBC Mundo León Valencia, director de la Corporación Nuevo Arco Iris y antiguo miembro del Ejército de Liberación Nacional, ELN. "Pero antes de eso ya había una fuerte coincidencia ideológica… en los años 70 muchos movimientos guerrilleros colombianos encontraron inspiración en las ideas del manifiesto político de Gadafi, el famoso "Libro Verde… Era una alternativa interesante al proyecto soviético"[2].

Según el nicaragüense Erik Flakoll Alegría, Gadafi ya era un aliado del Frente Sandinista incluso antes de triunfo de la revolución nicaragüense, que se produjo en julio de 1979. "La prueba es que Tomás Borge fue a Libia casi inmediatamente después del triunfo. Y luego hizo muchos otros viajes, en algunos de los cuales yo lo acompañé", recordó Flakoll, quien se desempeñaba como intérprete y encargado de seguridad del comandante sandinista que fue miembro de la junta de gobierno y luego ministro del Interior. "La ayuda libia era bastante cuantiosa. Estoy hablando de centenares de millones de dólares", le aseguró a BBC Mundo. El apoyo "oficial" del gobierno libio a su similar de Nicaragua terminaría dejando una deuda de US$313.6 millones, condonada parcialmente en febrero de este año[3].

"Pero además había un envío muy importante de armas, que no eran sólo para Nicaragua, sino también para El Salvador", afirmó Flakoll[4].

León Valencia, por su parte, afirma que el apoyo de Libia a las guerrillas colombianas incluyó -además del ELN-, a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC; al Movimiento M-19, al Ejército Popular de Liberación, EPL, y "otros grupos pequeños", organizados en la Coordinadora Nacional Guerrillera colombiana.

Cínicamente Valencia afirma que “Gadafi no pedía mucho. Lo que aspiraba era que estas organizaciones golpearan intereses norteamericanos, lo que pedía era que atacaran embajadas y objetivos de los EE.UU.".

Imagínese, apreciado lector, el alcance de tal afirmación de León Valencia, atacar mediante acciones terroristas objetivos de otros países es considerado por este nuevo vocero de la paz y la moralidad, era pedir poco por parte de Gadafi; con razón el sesgo de sus ‘sesudos’ análisis sobre la situación colombiana, el narcoterrorismo es poco, sus efectos criminales sobre la sociedad y el pueblo colombianos son nimios.

No hay que llamarse a engaños, esta es la catadura moral de quienes habiendo pertenecido a la izquierda terrorista no han abandonado sus ideales y hacen lo que esté a su alcance por legitimar las acciones criminales de quienes insisten en el camino de las armas para la toma del poder o para imponer revoluciones socialistas a cualquier costo.

Si el Director de una Corporación que dice trabajar por el establecimiento de la paz, que ahora posa junto al Presidente para hablar de justicia y reparación dice que la petición de cometer actos terroristas a cambio de ayudas económicas, o en armas y entrenamiento, es poca cosa, que estarán pensando los criminales que ordenan atentados y acciones terroristas a diario. El lenguaje los une, justifican esos crímenes pero osan hablar de diálogos y de paz. Esos son los verdaderos enfermos mentales, no quienes se oponen con razones jurídicas y políticas a negociar con el enemigo a cualquier costo.

León Valencia y Erik Flakoll Alegría, llevados por la emoción de sus recuerdos descubren la realidad de los nexos de gobiernos con las organizaciones narcoterroristas latinoamericanas, algo que la izquierda recalcitrante y la misma Corporación Nuevo Arco Iris han pretendido ocultar; para el caso colombiano el probado apoyo de gobiernos como los de Cuba, Bolivia y Venezuela, así como por amplios sectores de la izquierda latinoamericana que en algún momento encontraron en Libia apoyo o inspiración.

Hay quienes dicen que prefieren a los terroristas disparando desde las trincheras de las ONG, los periódicos y otros medios, sus andanadas verbales, pero como se aprecia en las declaraciones de León Valencia a la BBC, no se contentan con ello, siguen disparando balas ideológicas que alimentan el narcoterrorismo como medio para tomarse el poder e imponer sus desuetas ideologías. El lobo no deja de ser lobo por vestirse de oveja.


[1] SEMANA. Los vínculos de la Libia de Gadafi con las guerrillas de América Latina. En: http://www.semana.com/mundo/vinculos-libia-gadafi-guerrillas-america-latina/157321-3.aspx

[2] Ibíd.

[3] Ibíd.

[4] Ibíd.

EL EFECTO DOMINO QUE BUSCABA EL NARCOTERRORISMO


Felices deben encontrarse Alfonso Cano y sus secuaces criminales, en la legalidad o en la ilegalidad, por el efecto dominó que comienza a causar el aberrante fallo de la Corte Suprema de Justicia de Colombia con respecto al material probatorio obrante en los computadores, memorias y otros medios que pertenecieron al abatido terrorista Raúl Reyes.

El alma errante del sanguinario Tirofijo podrá encontrar un reposo; los secretos de las Farc, si bien descubiertos, quedan a buen recaudo por obra y gracia del poder judicial y no causarán el daño que pensaron, es más, esos secretos ahora ‘legitiman’ según nuestros magistrados el accionar criminal de la banda narcoterrorista y en el peor de los casos, será cuestión de cambiar de táctica para seguir operando.

Por lo pronto, en Chile la Corte Suprema ha decidido suspender el proceso penal contra el enlace de las Farc Manuel Olate, hasta notificarse oficialmente sobre la resolución del máximo tribunal colombiano que declaró ilegales las pruebas obtenidas desde el computador del ex líder de las FARC, Raúl Reyes, y que sirven de sustento para acusar al requerido profesional chileno. La decisión se tomó en el marco de la tercera audiencia del juicio de extradición, luego que el Ministerio Público -que representa al gobierno de Bogotá en el proceso- solicitará una cautela de garantías al tribunal.

La decisión de la Corte Suprema de Colombia podría ser vital para el curso de la acción penal en Chile sobre las supuestas vinculaciones de Olate con las FARC. Si se confirma su ilegalidad, la Fiscalía chilena anunció que desistirán de seguir adelante con la extradición del diseñador gráfico, indicó a la prensa el ministro instructor de la Corte Suprema de ese país, Guillermo Silva Günderlach.

Extraoficialmente voceros de la Procuraduría de México han señalado que los organismos judiciales de ese país mirarán con lupa solicitudes del gobierno colombiano relacionadas con personas o procesos que vinculen acciones de las Farc en ese país, dado que han sido las mismas autoridades nacionales las que han señalado la ilegalidad de las pruebas que condujeron a la deportación de un profesor universitario relacionado en los correos de Raúl Reyes como agente narcoterrorista.

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Colombia le han otorgado a las Farc el mayor triunfo político y diplomático con el que jamás hubieren soñado; abrieron el camino para que cualquier proceso penal contra los terroristas en Colombia o en el exterior quede sin piso, aún cuando se empeñen en señalar que el fallo solo hace referencia al proceso contra Wilson Borja[1].

Los magistrados de la CSJ acogieron la tesis ‘jurídica’ que la mamertería criolla e internacional esgrimió desde que se ejecutó la Operación Fénix para neutralizar los hallazgos probatorios que se encontrarían; se rompió, dicen, la cadena de custodia como la reserva del sumario y la protección de la prueba bien habida; así como que fueron obtenidos durante una operación militar de carácter improcedente en territorio extranjero[2].

La decisión de este organismo judicial recogió también lo que decidieron jueces banales en procesos contra integrantes y auxiliadores del narcoterrorismo en otras sentencias, como la proferida por un Juez de Garantías a favor de Rubén Darío Granda, hermano del Canciller de las Farc, y de Carlos Emilio Palacio Gómez, acusados de los delitos de financiación del terrorismo y concierto para delinquir agravado, sentencia que abrió el boquete jurídico que culmina con el desbordamiento de lo decido por la CSJ, ilegalizar las pruebas de cargo contra los auxiliadores del narcoterrorismo y conducir las decisiones judiciales a ratificar lo que en el pasado habían señalado: Las Farc son una organización altruista y por ende sus acciones criminales no son condenables.

En la sentencia del Juez de Garantías a favor de Granda y Palacio Gómez se había señalado que es incierta la legalidad de las pruebas allegadas al proceso por parte de la Fiscalía y sostuvo que no tenían un sustento de peso que comprometieran a Rubén Darío Granda con los correos encontrados en el computador de Raúl Reyes incautado tras el bombardeo efectuado en la frontera con el Ecuador el primero de marzo de 2008. "Al momento de emitirse la presente decisión es incierta la legalidad de los elementos materiales probatorios, toda vez que el acta que lo hizo emitida por el juzgado 60 penal municipal con función de control de garantías el 10 de abril de 2008, es genérica y no hace alusión específica de qué hallazgo se están legalizando, y la Fiscalía no presentó los otros elementos que soportara los elementos probatorios que allegan", expresó el juez.

Ya representantes de ese poder judicial han anunciado que de nada valdrá el reconocimiento de la existencia del conflicto armado interno para ilegalizar el narcoterrorismo; que la legislación penal no ha sido modificada y que por ende continuarán la tarea de legitimación de las organizaciones criminales, pues seguirán exigiendo que cualquier acción militar contra los componentes de esas bandas delincuenciales requerirán orden previa de un juez o fiscal, de participación del cuerpo de policía judicial, que los operativos se realicen en horarios de oficina y todos los demás argumentos que recurrentemente exponen para ordenar la libertad de narcoterroristas y devolución de pruebas y bienes capturados de manera diferente.

2014 COMO META PARA ACABAR CON LAS ONT Y BACRIM

El gobierno nacional, a través del Ministerio de la Defensa, radicó en el día de ayer el proyecto de ley que recoge la estrategia denominada Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad, como continuidad y complemento de la Política de Defensa y Seguridad Democrática aplicada por 8 años por el anterior gobierno.

Ha dicho el Ministro que la PISDP representa la combinación adecuada de continuidad y cambio. Continuidad con las Políticas de Seguridad Democrática (2002-2006) y de Consolidación de la Seguridad Democrática (2006-2010) que permitieron los importantes logros en seguridad alcanzados por Colombia durante los últimos dos cuatrienios. Cambio, en la fijación de metas más ambiciosas, en la incorporación de nuevos objetivos estratégicos y en la elevación a la categoría de políticas de componentes instrumentales o habilitadores, llamados pilares, que permitirán alcanzar los objetivos estratégicos dentro de los límites de tiempo y recursos previstos por la PISDP.

El reto que se fija la PISDP es el de terminar con el último ciclo de violencia que se prolonga ya por 47 años, al tiempo que atiende sus necesidades de Defensa, enfrenta los retos derivados de la delincuencia común, responde oportuna y eficazmente a emergencias naturales cada vez más frecuentes y devastadoras, y propicia condiciones superiores de seguridad para que, en medio de la globalización, crezcan la inversión privada, la economía y la prosperidad de la gente. Todo ello dentro del más absoluto respeto por los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario, y la observancia ejemplar de los principios del Buen Gobierno.

La PISDP reconoce el importante esfuerzo de la sociedad colombiana se ha sostenido en el tiempo y se han alcanzado logros significativos en la recuperación del imperio de la ley, pero advierte que las organizaciones que amenazan la tranquilidad de los ciudadanos se han venido transformando y adaptando a las nuevas condiciones del escenario nacional. Esta nueva fase de la confrontación se ha basado en una guerra de desgaste, el involucramiento sistemático en la cadena productiva y comercializadora de narcóticos y la evasión de combates, alargando los plazos para la derrota definitiva de su capacidad criminal y violenta, y exigiendo el diseño de una nueva estrategia que responda a los desafíos del presente.

Señala que las FARC y el ELN usan el crimen y el terrorismo como ejes fundamentales para crear enclaves de producción de droga y explotación de recursos ilegales que los mantienen vigentes, e incluye las Bacrim como estructuras delincuenciales nacionalmente desarticuladas, con un alto poder corruptor, intimidador y armado que han combinado la producción y comercialización de drogas con la afectación violenta de los derechos y las libertades de los ciudadanos en ciertas zonas rurales y en la periferia de algunos centros urbanos del país. La acción estatal coordinada contra estas organizaciones delincuenciales, FARC, ELN y BACRIM, ha obligado a un número amplio de micro estructuras a generar alianzas para garantizar su supervivencia, convirtiéndose en dinamizadores de fenómenos delincuenciales rurales y urbanos regionalizados.

La PISDP reconoce que aún existen zonas del territorio nacional donde no se ha consolidado el Estado de Derecho y por consiguiente persiste la influencia de los grupos al margen de la ley -GAML- y las BACRIM, afectando la seguridad de los habitantes de esas áreas. Estos fenómenos tienen arraigos regionales particulares que requieren una respuesta diferenciada. Un ejemplo de esto son las zonas de frontera, donde se ha concentrado el accionar delictivo de las organizaciones armadas ilegales, que se han visto forzadas a delinquir en zonas cada vez más aisladas.

Reitera el reconocimiento del impacto determinante que el espiral creciente de corrupción genera sobre el conjunto de la seguridad en la nación. La corrupción en las regiones y en el ámbito nacional han sido dinamizadores de la violencia armada y del debilitamiento del Estado, dando así lugar a la transformación dinámica de los fenómenos delincuenciales y su incubación en diferentes sectores, haciendo un contrapeso determinante al esfuerzo que la nación ha emprendido por recuperar la legalidad, la seguridad y la prosperidad.

La consolidación de la paz, señala la PISDP, es un asunto que involucra un esfuerzo conjunto, coordinado y sostenido del Estado, en el cual el sector defensa y seguridad cumple un rol de liderazgo. En esa medida, la PISDP ha definido seis objetivos estratégicos, con los cuales se pretende neutralizar cualquier amenaza proveniente de cuatro factores principales de riesgo: los grupos armados al margen de la ley, los delitos contra los ciudadanos, las amenazas externas y los desastres naturales.

La PISDP impulsa el diseño de un conjunto de estrategias que apuntan a un balance entre seguridad interna y disuasión externa, que permita no solo hacer sostenible el esfuerzo de la última década, sino blindar a la nación frente a la feroz dinámica del crimen trasnacional. Esto incluye el planteamiento de una estructura de fuerza polivalente e interoperable.

El esfuerzo operativo debe ser de carácter diferencial. Esto significa que aún existen zonas rojas donde las estrategias de control territorial y desarticulación de grupos armados al margen de la ley, implementadas en el marco de la Política de Seguridad Democrática, son necesarias para acabar con la violencia. Asimismo, también se reconoce que en otras zonas (amarillas), o bien recuperadas de la violencia o bien carentes de adecuada presencia estatal, las estrategias deben converger en el propósito estatal de la consolidación de la seguridad, siendo el uso de fuerzas de control, la cooperación internacional y la acción integral del Estado los elementos fundamentales para lograr el éxito. Finalmente, el MDN empezará a sentar las bases de la seguridad para la prosperidad -fuerza policial, inteligencia y tecnología- en zonas consolidadas (verdes), caracterizadas por niveles adecuados de institucionalidad, inversión y gobernabilidad. Para el sector defensa y seguridad, la eliminación de zonas rojas o territorios donde haya necesidad de desarrollar operaciones de desarticulación es una apuesta fundamental para el 2014.

sábado, 21 de mayo de 2011

URUGUAY DA EJEMPLO DE DIGNIDAD NACIONAL


Al contrario de lo que sucede por estos lares, pese a la presión ejercida por el comunismo internacional y las intenciones del gobierno del exterrorista Pepe Mujica, el Congreso uruguayo rechazó ayer anular la llamada Ley de Caducidad, que dio por cerrado el periodo de la dictadura (1973- 1985) sin que sus responsables fueran juzgados por sus supuestos crímenes atribuidos por el terrorismo. El Frente Amplio (FA), que gobierna, fue el impulsor del intento de reabrir los procesos.

Contrario a lo que ocurre en Colombia, donde un poder minoritario que representa al PDA y la izquierda liberal, que imponen políticamente desde el poder judicial la retroactividad de la ley para juzgar a militares por supuestos delitos de lesa humanidad, con la intención de probar que efectivamente existió una supuesta Operación Cóndor orquestada por gobiernos e instituciones militares para asesinar y desaparecer miembros de la oposición comunista en el Continente, como se prueba en la intención del PDA de incluir como víctimas del Estado, a los miembros de las organizaciones criminales comprometidas con el terrorismo desde 1980.

En Colombia el debate de la Ley de Victimas busca satisfacer la vindicta del comunismo y el radicalismo liberal, no la obtención de la verdad, la justicia y la reparación. Para los colectivos de abogados afectos al narcoterrorismo, busca la obtención de jugosas ganancias por cuenta de las reparaciones económicas y la restitución de tierras. No cerrara heridas, abrirá nuevas llagas a nuestra ya deteriorada estructura social.

Por vía legal el Estado acometió la dudosa tarea de devolver las tierras invadidas, las ocupaciones de hecho que al amparo de la violencia narcoterrorista tuvieron que ser abandonadas por sus legítimos propietarios, aduciendo de manera oportunista una renuncia al derecho de propiedad. Los títulos legales de esa propiedad son ahora objeto de interpretación de los funcionarios públicos, no de la tradición escrita registrada de la misma.

Uruguay nos da un ejemplo trascendental. No importan las presiones de la comunistoide OEA y su amañada CIDH, ni de la ilegitima UNASUR, por mas secretaria a bordo que tengamos, del comunismo internacional propalado por el Foro de Sao Paulo y sus versiones como el bolivarianismo que pretende imponer Venezuela a través del MCB del cual hacen parte las Farc y Eln; si el país tiene dignidad se impone a los intentos de los jueces que hacen parte de ese juego, se impone a la pequeñez doctrinaria de la oposición comunista del PDA, para salvaguardar la dignidad y la honra de la institución militar como garante de la democracia.

Habiéndole ganado al narcoterrorismo el campo de batalla, no podemos política o jurídicamente abonarle victorias que no pudieron obtener. El enemigo se pliega a la legalidad o se le destruye mediante las armas, no hay campos grises en esta materia.

Colombia, como reconocimiento a su Ejercito legitimo, debe rechazar de plano los juicios políticos, que precedidos de una propaganda feroz del comunismo criollo y aceptada por los medios de comunicación, donde no se presentan pruebas, ni argumentos válidos, y que están conduciendo a la intención de desmoralizar y arrasar a las tropas para destruirlas o convertirlas en instrumentos del comunismo como ha sucedido en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua o Bolivia.

Es posible que algunos militares hayan cometido excesos; pero las decisiones judiciales en Colombia están probando que el objetivo de estas acciones no es hacer justicia, mucho menos recuperar la verdad o la memoria historica, sino cobrar venganza y acabar con las instituciones castrenses. Porque si buscasen justicia, verdad y reparacion, también condenarían a los terroristas de izquierda, que cometieron delitos de lesa humanidad, al colocar bombas, realizar atentados y asesinar víctimas inocentes.

Es un hecho incontrovertible que la teoría de los “falsos positivos”, inventada por el comunismo latinoamericano, está haciendo estragos en Colombia, al convertir a muchos terroristas y narcotraficantes, en supuestas “víctimas” del sector castrense. El hecho de que la ofensiva exista de manera casi idéntica en naciones con gobiernos de diferente ideología, como ha ocurrido en Uruguay, demuestra que se trata de una estrategia supranacional, orquestada desde fuera de nuestros propios países.

Hay que ver nada mas la última sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, no condena como ilícita la operación militar, Operación Fénix, del Ejercito Nacional contra el terrorista Raul Reyes, pero invalida el material probatorio obtenido durante la misma. Lo que de por sí constituye una paradoja inexplicable en lo jurídico. Si la operación no fue ilegal, los resultados de la misma deben ser tenidos como ciertos y ajustados a derecho.