Ahora que está de moda en Colombia el tema de la Ley de Víctimas y cualquier reparo a su contenido es tenido como un ataque a la justicia, la verdad y la reparación, es bueno detenerse un poco y mirar lo que sobre el particular sucede en otras latitudes de nuestro continente.
Por obra y gracia del Foro de Sao Paulo los terroristas, sus voceros y auspiciadores, terminaron siendo en el siglo XXI las víctimas y quienes sufrieron y combatieron el terrorismo, los victimarios. Los llamados defensores de los derechos humanos terminaron construyendo una visión sesgada, parcial y engañosa de la historia.
La clase política tradicional, inmersa en un mar de corrupción y clientelismo que la llevó al ostracismo, quiere resucitar ahora aferrándose a esa versión mendaz de la historia y omitiendo un mea culpa frente a las políticas que pudieron incidir en el estado de cosas, se presenta como abanderada de los DD.HH y nada más fácil que recurrir al argumento falaz de señalar a la institución militar como responsable único de cualquier señalamiento de violación a esos derechos, coadyuvando a la eliminación de las garantías constitucionales para aquellos que han sido fulminados por la acusación que lanzan los antiguos terroristas y que señalan al militar per se de haber cometido delitos de “lesa humanidad.
El fenómeno se repite desde Argentina y Chile en todo el continente, los terroristas que ahora posan de demócratas han elevado al altar de mártires a quienes en los años 60 y 70 en su accionar no trepidaron en asesinar, robar, secuestrar, extorsionar, y cometer toda clase de atentados violentos, no solo contra los integrantes de las FFAA y FFSS y sus guarniciones, sino también contra civiles inocentes, políticos, empresarios, y sindicalistas; ahora quienes sustentaron ideológica y políticamente la actividad criminal del terrorismo, son víctimas que simplemente ejercían su derecho a disentir del régimen.
Nuestros tribunales de justicia, imbuidos en la ideología que les inyectara Jaime Pardo Leal, se convirtieron en jueces parciales, politizados y cuyo único objetivo es contribuir a la destrucción de la institucionalidad militar a quien ven como su antípoda, su enemigo natural. La consigna sorda y constante entre jueces y fiscales, es asumir los procesos que lleguen a sus despachos bajo la premisa de la presunción de culpabilidad del militar y por ende sólo se investiga lo desfavorable, ignorándose, ocultándose, destruyéndose cualquier elemento favorable al procesado.
Hay que ver la composición ideológica de los colectivos de abogados y movimientos que dicen representar las víctimas del Estado que deben ser reparadas, la forma selectiva en que permiten o no que un colombiano pueda reclamar esa reparación; pareciere ser que en Colombia sólo hay víctimas por la acción de las Fuerzas Militares o de las AUC, las víctimas de la narcoguerrilla han sido excluidas, son invisibles, no existen ni para la justicia colombiana, ni para la clase política y mucho menos para quienes se autodenominan defensores de derechos humanos.
En Colombia, como en Argentina y Chile, los agresores de la sociedad civil ahora son apañados y se los destaca como personalidades ejemplares y hasta se les pagan abultadas indemnizaciones, además de ocupar altos cargos en el Gobierno, mientras los militares son conducidos en medio del escarnio público al banquillo de los acusados, para señalarlos como únicos responsables de las situaciones de violencia que aquellos propiciaron.
Mientras los narcoterroristas son objeto de indultos, amnistías y perdones, siendo casi imposible por falta de voluntad política el llamarlos a juicio por sus acciones criminales, al militar se le aplican retroactivamente contra todo principio del derecho penal, normas, acuerdos y tratados, argumentando contra él la imprescriptibilidad de las conductas consideradas delito de lesa humanidad.
Como afirmara en Argentina, Abel Posse: “después de los juicios a las juntas militares y de tantas condenas, los que ejercieron la violencia por orden del Estado carecen de toda esperanza legal, mientras que los violentos del otro sector, con sus miles de atentados, reciben un trato inaceptable en cualquier sociedad civilizada “.
Marchando a tono con los acordes que marca el comunismo latinoamericano, nuestra clase política, los tribunales de justicia, y hasta la misma oficina de la ONU, ahora atacan el derecho a la defensa de los militares, DEMIL se convierte en el objetivo y sobre esa institución se quiere ahora volcar la responsabilidad de la ineficiencia e ineficacia del sistema penal acusatorio que en el país se aprecia por más de un millón de procesos represados como lo denunciara recientemente la Comisión Excelencia de la Justicia; tal es la aberración que se aprecia, que hasta el crimen cometido contra una Juez en Saravena se atribuye mediáticamente al hecho que era de su conocimiento un proceso llevado a cabo contra un ex integrante del Ejército.
Definitivamente en torno a la Ley de Víctimas campea la más absurda hipocresía de la que una sociedad puede hacer gala y las verdaderas víctimas de la guerra narcoterrorista que se adelanta contra el pueblo colombiano desde 1964 nunca podrán saber que es justicia, verdad y reparación, porque ella sólo estará reservada a la medida de la verdad construida por el comunismo en el continente.
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