Lo sucedido en el campamento de la Talisman Energy Inc., en Cumaribo debe despertar las alarmas de las empresas al momento de contratar su personal para minimizar los riesgos de infiltración de elementos indeseables, como al parecer sucedió con relación al secuestro de 23 trabajadores de esa multinacional.
Como señaló el general Alejandro Navas, comandante del Ejército al denunciar que las Farc siempre buscan infiltrar guerrilleros en diferentes escenarios para que realicen trabajos de inteligencia y faciliten información sobre los movimientos de la Fuerza Pública, que luego es utilizada para realizar secuestros o atentados.
La anterior afirmación obedece a la intención de culpar a un destacamento militar encargado de la seguridad del campamento, indicando que habían permitido el secuestro por ‘estar jugando parqués’, sin embargo se ha concluido de manera fehaciente que los medios de seguridad electrónicos dispuestos en dicho campamento habían sido desconectados desde adentro, para facilitar la acción de los terroristas del Frente 16 de las Farc.
"No es un error porque los soldados del Ejército estaban cumpliendo con sus funciones de seguridad, lo que hay que tener en cuenta es que estos grupos subversivos tienen personas infiltradas que facilitan la información y ese es un vehículo para ser explotado en estas circunstancias y eso es lo que estamos investigando", aseveró el general Navas, al explicar que el tipo de seguridad que se le presta a estas empresas es de área y no sobre una zona específica, ya que por lo general los puntos de exploración sísmica están en terrenos selváticos donde delinquen, en este caso, guerrilleros del frente 16 de las Farc.
Es inexplicable que 23 personas sean retenidas por cinco o seis delincuentes sin que se presente algún tipo de resistencia o cuando menos una intención de alertar a las autoridades que se saben cercanas, salvo que exista algún tipo de colaboración interna para procurar el éxito de la acción criminal, como lo prueba el hecho de la desconexión de los sistemas de alarma.
Ojalá no estemos frente a un fenómeno de secuestros para posteriormente reclamar millonarias indemnizaciones al Estado por fallas en el servicio de seguridad a la vida e integridad de los ciudadanos, como parece estarse poniendo de moda por los al menos 8 casos de los otrora llamados ‘secuestrados políticos’ de las Farc, que han iniciado sus acciones indemnizatorias contra el país y no contra quienes los privaron ilícitamente de la libertad.
De ahí que se advierta a las empresas y a las personas para que blinden su seguridad en los procesos de selección e incorporación de personal, para tener empleados confiables como corresponde a los estándares universales de administración.
En ese aspecto, el trabajo de las empresas privadas debe ser compartido con lo público para poder potenciar las buenas respuestas tanto de los sistemas de emergencia como de los sistemas de seguridad, para evitar que en el futuro sucedan hechos como los de Cumaribo, que seguramente querrán ser potenciados por las organizaciones criminales como las Farc o las Bacrim.
La seguridad empieza por casa, reza un viejo adagio, y no se puede esperar que sea solamente el Estado el encargado de proporcionarla, para algo existe el preámbulo y los principios fundamentales que erigen a Colombia como Estado social de derecho, sintetizados en el art. 95 de la Carta que consagra los deberes del ciudadano.
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