Si algo viene quedando claro de los ya famosos wilkileaks, fue una indebida intromisión del entonces embajador norteamericano en Colombia, el señor William Brownfield, especialmente en el proceso contra el Almirante (r) Gabriel Arango Bacci y lo que denomina el sinsabor estadounidense por su final absolución frente a los cargos de colaboración con organizaciones narcotraficantes.
Brownfield escribía a su gobierno señalando que el oficial había tenido que retirarse de manera forzada por sospechas de narcotráfico, basadas en evidencia convincente de que Arango había ayudado a traficantes de droga a evadir las patrullas de interdicción estadounidenses y colombianas, pese a que la misma DEA le había advertido sobre la inconsistencia de los cargos formulados en su contra; de todos modos la Embajada concluyó que la petición de absolución de Arango significaba un paso hacia atrás para la justicia colombiana[1].
Pero más allá de la inconformidad del embajador por la decisión judicial en el caso particular del señor Almirante, la preocupación radicaba en que se estaba enviando el mensaje de que los oficiales de bandera en Colombia eran casi inmunes de ser procesados. Una preocupación muy seria por los efectos negativos que el tema podría traer en los casos de derechos humanos que envolvían a los militares[2].
Con esa lógica el mensaje de la embajada norteamericana es contrario a nuestro ordenamiento constitucional y legal, pues se estaría diciendo que el militar sometido a juicio debe ser condenado per se, que debe instituirse la presunción de culpabilidad como principio rector procesal, negándose al militar todo derecho o garantía cuando se ve sometido a los tortuosos procesos que a diario se abren por denuncias infundadas, provenientes generalmente de delincuentes en procura de beneficios judiciales.
La Justicia Penal Norteamericana, siendo sumaria, no contempla ese mismo tratamiento para sus militares, por el contrario, el procesado tiene todas las garantías para su defensa, de hecho tal reconocimiento fue el fundamento para la oposición al acuerdo de cooperación militar colombo-norteamericano, en tanto los EE.UU. no permitían que sus militares o contratistas fueran juzgados por autoridades distintas a las suyas propias y bajo sus propias normas.
De paso, el wilkileak publicado por El Espectador[3], deja, ese sí, un sinsabor sobre el papel que juegan los ministros de Defensa frente a su acción política institucional, pues no se concibe que desconociendo el debido proceso seguido en el caso Arango Bacci, el entonces Ministro le haya manifestado al embajador norteamericano que sospechaba que en la absolución del Almirante hubo corrupción de por medio.
Si en verdad un ministro colombiano, que tiene como función la defensa institucional, hace esa clase de comentarios a autoridades extranjeras, el militar se encuentra en absoluto estado de indefensión frente a la guerra jurídico-política que en contra de la institución se adelanta, cuyo primer triunfo a reclamar fue el sustraer a los miembros de las FF.MM. de su juez natural mediante un acuerdo administrativo interinstitucional, Ministerio de Defensa – Fiscalía, que ha servido enormemente a las organizaciones criminales y sus voceros políticos.
Son hechos como estos los que ameritan la revisión de la aplicación de las facultades discrecionales para ordenar el retiro del servicio activo de militares acusados de delitos de alto impacto social, pues evidentemente violan derechos fundamentales consagrados en la Carta y dejan al servidor público en condiciones de indefensión frente a las acciones judiciales, pues el retiro discrecional sirve como antecedente mediático para exigir su condena aún cuando exista inconsistencia en los cargos contra él formulados.
[1] EL ESPECTADOR. A EE.UU. no le gustó la absolución de Arango Bacci. Miércoles, 23 de marzo de 2011. En: http://www.elespectador.com/noticias/wikileaks/articulo-258544-eeuu-no-le-gusto-absolucion-de-arango-bacci
[2] Ibíd.
[3] Ibíd.
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