Que las ONG afectas a la izquierda utilicen sofismas, verdades a medias, tergiversaciones y afirmaciones fantasiosas para denunciar un precario estado de los DD.HH., en Colombia, no es de extrañar, es una práctica habitual desde hace muchos años para tratar de deslegitimar el Estado.
Pero que el alto comisionado de la ONU recurra al mismo juego absurdo, si es preocupante. El documento sobre Colombia, elaborado por la Oficina del delegado, Christian Salazar, destaca que en el 2010 hubo "una drástica disminución" de las muertes en falsos combates, frente a años anteriores, pero denuncia tres nuevos casos de ejecuciones extrajudiciales, incluido uno del 2011.
Pero la denuncia que hace el funcionario de la ONU no se soporta en pruebas, ni obedece a una técnica investigativa que al menos señale indicios de la comisión de los hechos que denuncia, es una conclusión especulativa que recoge simplemente rumores para indicar la posible comisión de conductas punibles en unos casos y una supuesta labor de entorpecimiento de los procesos en lo que refiere a la defensa de los militares sindicados.
En el caso de la presunta ejecución de un terrorista herido en combate por parte de una unidad militar para presuntamente apropiarse indebidamente de un dinero encontrado en el campamento narcoterrorista, el alto comisionado se anticipa a la labor investigativa de la justicia ordinaria que tiene a su cargo el proceso, para llegar a conclusiones que no consultan la realidad probatoria y que se basan únicamente en el testimonio rendido por otro bandido capturado.
En el caso de un menor terrorista herido en combate, llega igualmente a una conclusión especulativa al decir que murió ejecutado por las tropas y no como consecuencia de las heridas sufridas en el combate, que acepta ocurrió. Ahí están los informes rendidos por la unidad militar y que al parecer el señor Salazar ni siquiera leyó, están los informes judiciales que tampoco tiene en cuenta, solamente acepta como válidas las denuncias de presuntos testigos no conocidos, anónimos, interesados en enviar a los terroristas el errado mensaje de que no se desmovilicen o entreguen porque serán asesinados.
Especula también la oficina de la ONU cuando señala que hay 488 casos -aparte de los 1.488 que ya tiene la Fiscalía- que "pudieron ser archivados sin una adecuada actuación judicial" de los jueces militares, y denuncia "destituciones y traslados de algunos jueces penales militares, que podrían estar motivados por su colaboración con la justicia ordinaria; no hay un examen científico de los procesos, hay un absurdo jurídico cuando se descalifica sin argumentos la actuación de la JPM y cuando se juzga sin fundamento que los movimientos normales en la jurisdicción obedece a retaliaciones contra los funcionarios judiciales. Nótese que faltando a la objetividad que debería acudir en el informe de la ONU, el funcionario se limita a decir que pudieron darse unos hechos, lo que genera una injustificada duda sobre la Justicia Penal Militar por conductas no probadas.
Pero la gota que reboza la copa la constituye el ataque contra la Defensa Militar (Demil) -fundación que defiende penalmente a militares procesados por la justicia ordinaria-, de la que, dice, "obstaculiza que los acusados se acojan a sentencia anticipada o realicen declaraciones individuales sobre los niveles de participación en los hechos que pudieron haber tenido otros miembros del Ejército.
No se sabe que profesión tenga el señor Salazar, pero indudablemente no tiene ni idea de la garantía al debido proceso y el derecho a la defensa que rodea a todo colombiano y que está consagrada en el art. 29 de la Constitución; absurdamente el señor Salazar propone que todo militar acusado de cualquier hecho punible se acoja a sentencia anticipada y señale a otros miembros del Ejército como cómplices o partícipes en el mismo, única defensa que considera valedera.
Cualquier argumentación, solicitud de pruebas, controversia de las obrantes, o el mínimo ejercicio de las facultades de la defensa en todo proceso, es considerada ahora dilación injustificada del mismo. El señor Salazar cree sinceramente que al militar se le deben aplicar los juicios sumarios del castrismo o de los tribunales en los regímenes totalitarios, pues permitirle que se defienda es violar los derechos de las víctimas.
Por eso, cínicamente propone la eliminación del juez natural que para el militar consagra la Constitución y concluye diciendo que la actividad de la JPM es un retroceso frente a la colaboración con la jurisdicción ordinaria para que asuma las investigaciones que tengan que ver con las presuntas conductas punibles en que se vea incurso un militar.
Habrá que ver que dijo este extranjero con relación a la violación de los DD.HH. y el D.I.H., por parte del narcoterrorismo, a lo mejor también los está elevando a la angelical condición de ‘luchadores altruistas’ y por lo tanto considerará sus criminales conductas como humanistas acciones.
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