DESVIAR LA ATENCIÓN PÚBLICA

El representante comunista Iván Cepeda promueve un debate en la Cámara para señalar que el Estado es inferior a la actividad criminal de las Bacrim, las que, dice, son las mismas autodefensas ilegales desmovilizadas en 2006 y en cuyo accionar actual tiene responsabilidad el anterior gobierno, del que hacía parte el actual presidente como Ministro de Defensa.

La izquierda colombiana, como las narcoguerrillas, han manifestado su oposición a la Ley de Justicia y Paz torciendo el espíritu de la norma para convencer a la opinión pública que la misma fue diseñada para favorecer a quienes conformaron las AUC y ahora el caballito de batalla es señalar que a su amparo se produjeron únicamente ‘falsas desmovilizaciones’, para deslegitimarla y justificar la persistencia del narcoterrorismo.

Lastimosamente para sacar adelante sus protervos planes, la izquierda radical ha contado con el apoyo político de ciertos idiotas útiles con asiento en el Congreso y en otros sectores de presión social y política, que repiten como loros las consignas comunistas sin tomarse el tiempo para ilustrarse sobre la realidad fáctica que existe hoy en Colombia.

Por ejemplo, sostienen que las Bacrim son las mismas AUC de ayer, sin tener en cuenta que desde 2006 no se presenta un solo combate entre las organizaciones criminales por dominio territorial, se han presentado escaramuzas entre estructuras delincuenciales por diferencias en el manejo del narcotráfico, como sucedió recientemente entre un grupo de las Farc y la banda criminal conocida como ‘Los Rastrojos’, pero la generalidad es que actúan conjuntamente en los negocios de narcotráfico.

Desvían la atención pública hacia las Bacrim, ocultando que esas estructuras no tienen motivación política como en su momento la tuvieron las AUC, que son organizaciones puramente narcotraficantes y herederas de los antes poderosos cárteles de la droga de Medellín y Cali, desvertebrados por el Estado y la acción de la Fuerza Pública. Que a esas estructuras concurran ahora delincuentes que no se desmovilizaron o que habiéndolo hecho reincidan en conductas criminales, no indica que el Estado o la Fuerza Pública hayan fracasado en su intención de reducir los factores de violencia que representaban las AUC.

Detrás del debate promovido por Iván Cepeda hay una clara intencionalidad política, al señalar que el combate a las Bacrim no es un tema de aumento del pie de fuerza, sino de replanteamiento de la estrategia, se ataca la esencia de la Política de Defensa y Seguridad Democrática y se busca debilitar el papel que la Fuerza Pública cumplen en la consolidación de esta política que ha reducido significativamente la acción criminal de las Farc, Eln y otras estructuras delincuenciales, fundamentalmente se persigue la reducción de presupuestos para la acción de las FF.MM. y de Policía, con el sofisma de fortalecer otros campos de acción del Estado en la persecución del delito narcoterrorista.

En segundo lugar se pretende un impacto mediático en la sociedad. Mostrar que el incremento del pie de fuerza alcanzado en desarrollo de la PDSD, no ha solucionado el problema de la violencia narcotraficante y que por el contrario ha sido causa de su crecimiento, al insistir falazmente en que existen vínculos entre FF.MM y bandas criminales, presionando con ello que no se creen más unidades militares y se desmonten algunas de las existentes, para aliviar la presión sobre los grupos narcoterroristas.

Esa presión política será acompañada por acciones de hecho contra la fumigación de cultivos ilícitos como recientemente ocurrió en el Bajo Cauca antioqueño, así mismo con otra oleada de denuncias contra miembros de las FF.MM auspiciadas por los ya conocidos colectivos de abogados y ONGs como MOVICE, que dirige el mismo Cepeda Castro, acciones que tienen por objetivo darle un tinte de certeza a los argumentos del debate.

La PDSD es un objetivo prioritario de las organizaciones narcoterroristas y sus voceros políticos, deslegitimar a las FF.MM. mediante el sistemático y continuo ataque jurídico-político es el medio preciado con que cuentan para eliminar la más importante talanquera que tienen para imponer sus ideales totalitarios contemplados desde el Foro de Sao Paulo. Aunque suene trillado, el neocomunismo no renuncia a destruir la democracia colombiana y las FF.MM. son el principal obstáculo que han encontrado para concretar esa intención.

Colombia no puede perder de vista una realidad: El riesgo de perder la guerra contra el narcoterrorismo tiene hoy como principal campo de batalla el escenario político y judicial, en lo político engañando a la sociedad con los mismos cantos de sirena que el comunismo ha utilizado desde comienzos del siglo XX, ahora disfrazados de bolivarianismo, latinoamericanismo y humanitarismo, y en lo judicial mostrando que la culpa de la violencia no es de los ‘luchadores altruistas’ que conforman las organizaciones narcoguerrilleras y las Bacrim, sino del Estado, su institución militar y de los ciudadanos que no agachan la cabeza ante las protervas intenciones de los enemigos de la democracia.