HIPOCRESIA EN TORNO A LA VERDAD Y LA REPARACIÓN

Ahora que está de moda en Colombia el tema de la Ley de Víctimas y cualquier reparo a su contenido es tenido como un ataque a la justicia, la verdad y la reparación, es bueno detenerse un poco y mirar lo que sobre el particular sucede en otras latitudes de nuestro continente.

Por obra y gracia del Foro de Sao Paulo los terroristas, sus voceros y auspiciadores, terminaron siendo en el siglo XXI las víctimas y quienes sufrieron y combatieron el terrorismo, los victimarios. Los llamados defensores de los derechos humanos terminaron construyendo una visión sesgada, parcial y engañosa de la historia.

La clase política tradicional, inmersa en un mar de corrupción y clientelismo que la llevó al ostracismo, quiere resucitar ahora aferrándose a esa versión mendaz de la historia y omitiendo un mea culpa frente a las políticas que pudieron incidir en el estado de cosas, se presenta como abanderada de los DD.HH y nada más fácil que recurrir al argumento falaz de señalar a la institución militar como responsable único de cualquier señalamiento de violación a esos derechos, coadyuvando a la eliminación de las garantías constitucionales para aquellos que han sido fulminados por la acusación que lanzan los antiguos terroristas y que señalan al militar per se de haber cometido delitos de “lesa humanidad.

El fenómeno se repite desde Argentina y Chile en todo el continente, los terroristas que ahora posan de demócratas han elevado al altar de mártires a quienes en los años 60 y 70 en su accionar no trepidaron en asesinar, robar, secuestrar, extorsionar, y cometer toda clase de atentados violentos, no solo contra los integrantes de las FFAA y FFSS y sus guarniciones, sino también contra civiles inocentes, políticos, empresarios, y sindicalistas; ahora quienes sustentaron ideológica y políticamente la actividad criminal del terrorismo, son víctimas que simplemente ejercían su derecho a disentir del régimen.

Nuestros tribunales de justicia, imbuidos en la ideología que les inyectara Jaime Pardo Leal, se convirtieron en jueces parciales, politizados y cuyo único objetivo es contribuir a la destrucción de la institucionalidad militar a quien ven como su antípoda, su enemigo natural. La consigna sorda y constante entre jueces y fiscales, es asumir los procesos que lleguen a sus despachos bajo la premisa de la presunción de culpabilidad del militar y por ende sólo se investiga lo desfavorable, ignorándose, ocultándose, destruyéndose cualquier elemento favorable al procesado.

Hay que ver la composición ideológica de los colectivos de abogados y movimientos que dicen representar las víctimas del Estado que deben ser reparadas, la forma selectiva en que permiten o no que un colombiano pueda reclamar esa reparación; pareciere ser que en Colombia sólo hay víctimas por la acción de las Fuerzas Militares o de las AUC, las víctimas de la narcoguerrilla han sido excluidas, son invisibles, no existen ni para la justicia colombiana, ni para la clase política y mucho menos para quienes se autodenominan defensores de derechos humanos.

En Colombia, como en Argentina y Chile, los agresores de la sociedad civil ahora son apañados y se los destaca como personalidades ejemplares y hasta se les pagan abultadas indemnizaciones, además de ocupar altos cargos en el Gobierno, mientras los militares son conducidos en medio del escarnio público al banquillo de los acusados, para señalarlos como únicos responsables de las situaciones de violencia que aquellos propiciaron.

Mientras los narcoterroristas son objeto de indultos, amnistías y perdones, siendo casi imposible por falta de voluntad política el llamarlos a juicio por sus acciones criminales, al militar se le aplican retroactivamente contra todo principio del derecho penal, normas, acuerdos y tratados, argumentando contra él la imprescriptibilidad de las conductas consideradas delito de lesa humanidad.

Como afirmara en Argentina, Abel Posse: “después de los juicios a las juntas militares y de tantas condenas, los que ejercieron la violencia por orden del Estado carecen de toda esperanza legal, mientras que los violentos del otro sector, con sus miles de atentados, reciben un trato inaceptable en cualquier sociedad civilizada “.

Marchando a tono con los acordes que marca el comunismo latinoamericano, nuestra clase política, los tribunales de justicia, y hasta la misma oficina de la ONU, ahora atacan el derecho a la defensa de los militares, DEMIL se convierte en el objetivo y sobre esa institución se quiere ahora volcar la responsabilidad de la ineficiencia e ineficacia del sistema penal acusatorio que en el país se aprecia por más de un millón de procesos represados como lo denunciara recientemente la Comisión Excelencia de la Justicia; tal es la aberración que se aprecia, que hasta el crimen cometido contra una Juez en Saravena se atribuye mediáticamente al hecho que era de su conocimiento un proceso llevado a cabo contra un ex integrante del Ejército.

Definitivamente en torno a la Ley de Víctimas campea la más absurda hipocresía de la que una sociedad puede hacer gala y las verdaderas víctimas de la guerra narcoterrorista que se adelanta contra el pueblo colombiano desde 1964 nunca podrán saber que es justicia, verdad y reparación, porque ella sólo estará reservada a la medida de la verdad construida por el comunismo en el continente.

EL INFORME DE LA ONU SOBRE DERECHOS HUMANOS

Que las ONG afectas a la izquierda utilicen sofismas, verdades a medias, tergiversaciones y afirmaciones fantasiosas para denunciar un precario estado de los DD.HH., en Colombia, no es de extrañar, es una práctica habitual desde hace muchos años para tratar de deslegitimar el Estado.

Pero que el alto comisionado de la ONU recurra al mismo juego absurdo, si es preocupante. El documento sobre Colombia, elaborado por la Oficina del delegado, Christian Salazar, destaca que en el 2010 hubo "una drástica disminución" de las muertes en falsos combates, frente a años anteriores, pero denuncia tres nuevos casos de ejecuciones extrajudiciales, incluido uno del 2011.

Pero la denuncia que hace el funcionario de la ONU no se soporta en pruebas, ni obedece a una técnica investigativa que al menos señale indicios de la comisión de los hechos que denuncia, es una conclusión especulativa que recoge simplemente rumores para indicar la posible comisión de conductas punibles en unos casos y una supuesta labor de entorpecimiento de los procesos en lo que refiere a la defensa de los militares sindicados.

En el caso de la presunta ejecución de un terrorista herido en combate por parte de una unidad militar para presuntamente apropiarse indebidamente de un dinero encontrado en el campamento narcoterrorista, el alto comisionado se anticipa a la labor investigativa de la justicia ordinaria que tiene a su cargo el proceso, para llegar a conclusiones que no consultan la realidad probatoria y que se basan únicamente en el testimonio rendido por otro bandido capturado.

En el caso de un menor terrorista herido en combate, llega igualmente a una conclusión especulativa al decir que murió ejecutado por las tropas y no como consecuencia de las heridas sufridas en el combate, que acepta ocurrió. Ahí están los informes rendidos por la unidad militar y que al parecer el señor Salazar ni siquiera leyó, están los informes judiciales que tampoco tiene en cuenta, solamente acepta como válidas las denuncias de presuntos testigos no conocidos, anónimos, interesados en enviar a los terroristas el errado mensaje de que no se desmovilicen o entreguen porque serán asesinados.

Especula también la oficina de la ONU cuando señala que hay 488 casos -aparte de los 1.488 que ya tiene la Fiscalía- que "pudieron ser archivados sin una adecuada actuación judicial" de los jueces militares, y denuncia "destituciones y traslados de algunos jueces penales militares, que podrían estar motivados por su colaboración con la justicia ordinaria; no hay un examen científico de los procesos, hay un absurdo jurídico cuando se descalifica sin argumentos la actuación de la JPM y cuando se juzga sin fundamento que los movimientos normales en la jurisdicción obedece a retaliaciones contra los funcionarios judiciales. Nótese que faltando a la objetividad que debería acudir en el informe de la ONU, el funcionario se limita a decir que pudieron darse unos hechos, lo que genera una injustificada duda sobre la Justicia Penal Militar por conductas no probadas.

Pero la gota que reboza la copa la constituye el ataque contra la Defensa Militar (Demil) -fundación que defiende penalmente a militares procesados por la justicia ordinaria-, de la que, dice, "obstaculiza que los acusados se acojan a sentencia anticipada o realicen declaraciones individuales sobre los niveles de participación en los hechos que pudieron haber tenido otros miembros del Ejército.

No se sabe que profesión tenga el señor Salazar, pero indudablemente no tiene ni idea de la garantía al debido proceso y el derecho a la defensa que rodea a todo colombiano y que está consagrada en el art. 29 de la Constitución; absurdamente el señor Salazar propone que todo militar acusado de cualquier hecho punible se acoja a sentencia anticipada y señale a otros miembros del Ejército como cómplices o partícipes en el mismo, única defensa que considera valedera.

Cualquier argumentación, solicitud de pruebas, controversia de las obrantes, o el mínimo ejercicio de las facultades de la defensa en todo proceso, es considerada ahora dilación injustificada del mismo. El señor Salazar cree sinceramente que al militar se le deben aplicar los juicios sumarios del castrismo o de los tribunales en los regímenes totalitarios, pues permitirle que se defienda es violar los derechos de las víctimas.

Por eso, cínicamente propone la eliminación del juez natural que para el militar consagra la Constitución y concluye diciendo que la actividad de la JPM es un retroceso frente a la colaboración con la jurisdicción ordinaria para que asuma las investigaciones que tengan que ver con las presuntas conductas punibles en que se vea incurso un militar.

Habrá que ver que dijo este extranjero con relación a la violación de los DD.HH. y el D.I.H., por parte del narcoterrorismo, a lo mejor también los está elevando a la angelical condición de ‘luchadores altruistas’ y por lo tanto considerará sus criminales conductas como humanistas acciones.

DESVIAR LA ATENCIÓN PÚBLICA

El representante comunista Iván Cepeda promueve un debate en la Cámara para señalar que el Estado es inferior a la actividad criminal de las Bacrim, las que, dice, son las mismas autodefensas ilegales desmovilizadas en 2006 y en cuyo accionar actual tiene responsabilidad el anterior gobierno, del que hacía parte el actual presidente como Ministro de Defensa.

La izquierda colombiana, como las narcoguerrillas, han manifestado su oposición a la Ley de Justicia y Paz torciendo el espíritu de la norma para convencer a la opinión pública que la misma fue diseñada para favorecer a quienes conformaron las AUC y ahora el caballito de batalla es señalar que a su amparo se produjeron únicamente ‘falsas desmovilizaciones’, para deslegitimarla y justificar la persistencia del narcoterrorismo.

Lastimosamente para sacar adelante sus protervos planes, la izquierda radical ha contado con el apoyo político de ciertos idiotas útiles con asiento en el Congreso y en otros sectores de presión social y política, que repiten como loros las consignas comunistas sin tomarse el tiempo para ilustrarse sobre la realidad fáctica que existe hoy en Colombia.

Por ejemplo, sostienen que las Bacrim son las mismas AUC de ayer, sin tener en cuenta que desde 2006 no se presenta un solo combate entre las organizaciones criminales por dominio territorial, se han presentado escaramuzas entre estructuras delincuenciales por diferencias en el manejo del narcotráfico, como sucedió recientemente entre un grupo de las Farc y la banda criminal conocida como ‘Los Rastrojos’, pero la generalidad es que actúan conjuntamente en los negocios de narcotráfico.

Desvían la atención pública hacia las Bacrim, ocultando que esas estructuras no tienen motivación política como en su momento la tuvieron las AUC, que son organizaciones puramente narcotraficantes y herederas de los antes poderosos cárteles de la droga de Medellín y Cali, desvertebrados por el Estado y la acción de la Fuerza Pública. Que a esas estructuras concurran ahora delincuentes que no se desmovilizaron o que habiéndolo hecho reincidan en conductas criminales, no indica que el Estado o la Fuerza Pública hayan fracasado en su intención de reducir los factores de violencia que representaban las AUC.

Detrás del debate promovido por Iván Cepeda hay una clara intencionalidad política, al señalar que el combate a las Bacrim no es un tema de aumento del pie de fuerza, sino de replanteamiento de la estrategia, se ataca la esencia de la Política de Defensa y Seguridad Democrática y se busca debilitar el papel que la Fuerza Pública cumplen en la consolidación de esta política que ha reducido significativamente la acción criminal de las Farc, Eln y otras estructuras delincuenciales, fundamentalmente se persigue la reducción de presupuestos para la acción de las FF.MM. y de Policía, con el sofisma de fortalecer otros campos de acción del Estado en la persecución del delito narcoterrorista.

En segundo lugar se pretende un impacto mediático en la sociedad. Mostrar que el incremento del pie de fuerza alcanzado en desarrollo de la PDSD, no ha solucionado el problema de la violencia narcotraficante y que por el contrario ha sido causa de su crecimiento, al insistir falazmente en que existen vínculos entre FF.MM y bandas criminales, presionando con ello que no se creen más unidades militares y se desmonten algunas de las existentes, para aliviar la presión sobre los grupos narcoterroristas.

Esa presión política será acompañada por acciones de hecho contra la fumigación de cultivos ilícitos como recientemente ocurrió en el Bajo Cauca antioqueño, así mismo con otra oleada de denuncias contra miembros de las FF.MM auspiciadas por los ya conocidos colectivos de abogados y ONGs como MOVICE, que dirige el mismo Cepeda Castro, acciones que tienen por objetivo darle un tinte de certeza a los argumentos del debate.

La PDSD es un objetivo prioritario de las organizaciones narcoterroristas y sus voceros políticos, deslegitimar a las FF.MM. mediante el sistemático y continuo ataque jurídico-político es el medio preciado con que cuentan para eliminar la más importante talanquera que tienen para imponer sus ideales totalitarios contemplados desde el Foro de Sao Paulo. Aunque suene trillado, el neocomunismo no renuncia a destruir la democracia colombiana y las FF.MM. son el principal obstáculo que han encontrado para concretar esa intención.

Colombia no puede perder de vista una realidad: El riesgo de perder la guerra contra el narcoterrorismo tiene hoy como principal campo de batalla el escenario político y judicial, en lo político engañando a la sociedad con los mismos cantos de sirena que el comunismo ha utilizado desde comienzos del siglo XX, ahora disfrazados de bolivarianismo, latinoamericanismo y humanitarismo, y en lo judicial mostrando que la culpa de la violencia no es de los ‘luchadores altruistas’ que conforman las organizaciones narcoguerrilleras y las Bacrim, sino del Estado, su institución militar y de los ciudadanos que no agachan la cabeza ante las protervas intenciones de los enemigos de la democracia.

DOBLE MORAL EN LOS JUICIOS CONTRA OFICIALES DE FF.MM.

Si algo viene quedando claro de los ya famosos wilkileaks, fue una indebida intromisión del entonces embajador norteamericano en Colombia, el señor William Brownfield, especialmente en el proceso contra el Almirante (r) Gabriel Arango Bacci y lo que denomina el sinsabor estadounidense por su final absolución frente a los cargos de colaboración con organizaciones narcotraficantes.

Brownfield escribía a su gobierno señalando que el oficial había tenido que retirarse de manera forzada por sospechas de narcotráfico, basadas en evidencia convincente de que Arango había ayudado a traficantes de droga a evadir las patrullas de interdicción estadounidenses y colombianas, pese a que la misma DEA le había advertido sobre la inconsistencia de los cargos formulados en su contra; de todos modos la Embajada concluyó que la petición de absolución de Arango significaba un paso hacia atrás para la justicia colombiana[1].

Pero más allá de la inconformidad del embajador por la decisión judicial en el caso particular del señor Almirante, la preocupación radicaba en que se estaba enviando el mensaje de que los oficiales de bandera en Colombia eran casi inmunes de ser procesados. Una preocupación muy seria por los efectos negativos que el tema podría traer en los casos de derechos humanos que envolvían a los militares[2].

Con esa lógica el mensaje de la embajada norteamericana es contrario a nuestro ordenamiento constitucional y legal, pues se estaría diciendo que el militar sometido a juicio debe ser condenado per se, que debe instituirse la presunción de culpabilidad como principio rector procesal, negándose al militar todo derecho o garantía cuando se ve sometido a los tortuosos procesos que a diario se abren por denuncias infundadas, provenientes generalmente de delincuentes en procura de beneficios judiciales.

La Justicia Penal Norteamericana, siendo sumaria, no contempla ese mismo tratamiento para sus militares, por el contrario, el procesado tiene todas las garantías para su defensa, de hecho tal reconocimiento fue el fundamento para la oposición al acuerdo de cooperación militar colombo-norteamericano, en tanto los EE.UU. no permitían que sus militares o contratistas fueran juzgados por autoridades distintas a las suyas propias y bajo sus propias normas.

De paso, el wilkileak publicado por El Espectador[3], deja, ese sí, un sinsabor sobre el papel que juegan los ministros de Defensa frente a su acción política institucional, pues no se concibe que desconociendo el debido proceso seguido en el caso Arango Bacci, el entonces Ministro le haya manifestado al embajador norteamericano que sospechaba que en la absolución del Almirante hubo corrupción de por medio.

Si en verdad un ministro colombiano, que tiene como función la defensa institucional, hace esa clase de comentarios a autoridades extranjeras, el militar se encuentra en absoluto estado de indefensión frente a la guerra jurídico-política que en contra de la institución se adelanta, cuyo primer triunfo a reclamar fue el sustraer a los miembros de las FF.MM. de su juez natural mediante un acuerdo administrativo interinstitucional, Ministerio de Defensa – Fiscalía, que ha servido enormemente a las organizaciones criminales y sus voceros políticos.

Son hechos como estos los que ameritan la revisión de la aplicación de las facultades discrecionales para ordenar el retiro del servicio activo de militares acusados de delitos de alto impacto social, pues evidentemente violan derechos fundamentales consagrados en la Carta y dejan al servidor público en condiciones de indefensión frente a las acciones judiciales, pues el retiro discrecional sirve como antecedente mediático para exigir su condena aún cuando exista inconsistencia en los cargos contra él formulados.

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[1] EL ESPECTADOR. A EE.UU. no le gustó la absolución de Arango Bacci. Miércoles, 23 de marzo de 2011. En: http://www.elespectador.com/noticias/wikileaks/articulo-258544-eeuu-no-le-gusto-absolucion-de-arango-bacci

[2] Ibíd.

[3] Ibíd.

LAS ABSURDAS CONCLUSIONES DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Ahora para nuestros magistrados no sólo los terroristas son ‘luchadores altruistas’ por decisión judicial, sino que las autodefensas ilegales son producto de decisiones de los mandos militares, acogiendo de paso las tesis de las Farc y el PC3 en su amañada forma de presentar la historia a través de organizaciones como el MOVICE.

La izquierda colombiana y ahora las Cortes, le están atribuyendo a las FF.MM un poder político que jamás han tenido, por el contrario, si algo ha sido reconocido por propios y extraños, ha sido la legítima subordinación del estamento militar al poder político, por algo cuando hay alguna manifestación de inquietud en las filas militares por decisiones políticas contrarias a la Constitución, se ha hablado en Colombia de ‘ruido de sables’, sin que nunca se haya quebrantado el orden legítimo de la república.

Nuestros ilustres juristas están desconociendo la realidad fáctica al endilgarle a las FF.MM. y especialmente al Ejército, la creación de grupos de autodefensas o de justicia privada para ‘que le hicieran el trabajo sucio’, como desde tiempos remotos viene sosteniendo la izquierda.

El fenómeno denominado ‘paramilitar’ tiene sus raíces en los comienzos del siglo XX y se explica desde la incapacidad del Estado por brindarle garantías a amplios sectores de la población, generalmente ubicados en zonas marginales o rurales de nuestra geografía; ya desde 1920 comenzaron a surgir grupos de autodefensa privados con diversos y variados intereses.

Con el surgimiento de las bandas criminales Farc y Eln, como reactivación de algunos rezagos de las desmovilizadas guerrillas liberales, fue el poder político el que legitimó las primeras autodefensas. El surgimiento formal de los grupos armados al margen del Estado data de 1965 y de 1968, cuando dos textos jurídicos -el Decreto 3398 y la posterior Ley 48- senta­ron las bases legales que permitieron crear organizaciones de defensa civil. Estas normas de marcado carácter presidencial hablan por sí mismas de la violencia que vivió el país no sólo en aquellos años, sino en los decenios anteriores. La debili­dad de las instituciones estatales, fuera culpable o no de este asunto, sí tenía cierta responsabilidad en la aparición de estas formas singulares de ejercer el derecho legítimo a la defensa y a la protección de la propiedad privada: cuando el Estado no controla el territorio no puede ejercer sus funciones de protección de la población ni ostentar el monopolio exclusivo de la violencia[1].

En Colombia, no puede olvidarse, con el concurso de los partidos políticos y la anuencia de los gobiernos, al amparo de las normas existentes, las autodefensas que en los años sesenta y en los setenta había sido parte de la solución a los problemas cau­sados por la guerrilla -especialmente para los propietarios de tierras y los ganaderos- en los años ochenta transformaron su esencia. Por regla general, las autodefensas dejaron de ser pequeños grupos protectores de tierras, bienes y vidas para convertirse en bandas que defendían los intereses privados de los propietarios perjudicados por la guerrilla. Es más, en ese tiempo -con honrosas excepciones- se estaban formando y consolidando grupos diferentes de paramilitares, como los de los narcotraficantes, los de las mafias de las esmeraldas y los de los ganaderos y de los terratenientes[2].

Si bien el Ejército inicialmente tuvo a su cargo el control y seguimiento de esos grupos de autodefensas, pronto los hechos lo desbordaron y su labor se vio limitada, cuando no anulada, por decisiones políticas, por desinterés del ejecutivo, por falta de recursos y otros factores que no pueden ser soslayados para ahora trasladar la culpa de las decisiones políticas a la institución militar.

Si hay Oficiales o Suboficiales comprometidos con las acciones al margen de la ley de las autodefensas, esas actitudes sólo obedecen a decisiones personales, a responsabilidades de conductas individuales, no como parte de la doctrina militar; el Ejército cumplió con su deber en la medida que las circunstancias políticas así lo permitieron, prueba de ello es que muchos de sus miembros perdieron la vida combatiendo a esas organizaciones cuando así lo decidió el Estado.

Las absurdas conclusiones de la Corte Suprema no sólo constituyen una afrenta al honor militar, una falta a la verdad y una ausencia absoluta del derecho y la justicia, sino que constituyen un engaño a los ciudadanos y al mundo que en resumen configuran una denegación de justicia y un extralimitación de las funciones propias del Tribunal que lo pone, sin lugar a dudas, inocente o perversamente al servicio de los oscuros de los intereses del PC3 y las organizaciones narcoterroristas, como parte de la campaña de destrucción de las Fuerzas Militares trazada desde el Foro de Sao Paulo.

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[1] RIVAS NIETO, Pedro y REY GARCÍA, Pablo. Las autodefensas y el paramilitarismo en Colombia (1964-2006). CONFINES. Enero-mayo 2008. Pág. 43. En: http://confines.mty.itesm.mx/articulos7/RivasP.pdf

[2] Ibíd.

OTRO HISTÓRICO QUE CAE

Arquímedes Muñoz Villamil, alias 'Jerónimo Galeano', quien se desempeñaba como uno de los jefes del Estado Mayor Central de las Farc y era el principal apoyo a la seguridad del cabecilla narcoguerrillero 'Alfonso Cano', fue abatido por tropas del Batallón Tenerife del Ejército Nacional este fin de semana pasado al norte del Departamento del Huila.

Alias ‘Jerónimo’ era un terrorista caracterizado por su crueldad y sevicia, en su tenebrosa hoja de vida queda el fusilamiento de 13 policías en el asalto al municipio de Roncesvalles (Tolima) en julio de 2000, cuando dando muestras de todo desprecio por la vida y por el DIH ordenó que los ya reducidos miembros de la Fuerza Pública fueran asesinados con tiros de gracia por sus hombres. "Dijeron que nos rindiéramos, que nos iban a perdonar la vida, y los guerrilleros los mataron uno a uno con tiros de gracia", relató el único agente sobreviviente. Durante doce horas, detonaron más de 18 cilindros bomba dirigidos contra la población civil.

Alias Jerónimo tenía a su cargo 16 estructuras criminales de las Farc encargadas no sólo de la seguridad de alias Alfonso Cano, sino de implementar el llamado Plan Renacer para someter a las comunidades indígenas a los nefastos designios de los terroristas y establecer corredores estratégicos para estos delincuentes.

Muñoz Villamil tenía circular roja de Interpol (para ser capturado en cualquier parte del mundo), 13 órdenes de captura y había protagonizado más de 36 crímenes desde 1997, entre homicidios, secuestros y ataques contra la población y la Fuerza Pública.

Este bandido había sembrado el terror en el sur del Tolima y el norte del Huila y llevaba más de 37 años de pertenencia a la organización narcoterrorista, es uno de los llamados ‘históricos’ de las Farc, aún cuando no hizo parte de los creadores de la organización. Fue uno de los ejecutores de las llamadas ‘pescas milagrosas’ y de los atentados contra la infraestructura energética, escalando posiciones dentro de la narcoguerrilla por su capacidad criminal, su sevicia y crueldad.

Pero más allá de la nota periodística, su muerte debe servir de motivo de reflexión a los bandidos que aún insisten en proseguir con una actividad narcoterrorista sin futuro alguno; los actos de terror como los que desarrollaba Muñoz Villamil no les han ganado ningún tipo de apoyo popular, por el contrario, el rechazo y repudio de los habitantes es demostrativo de la inutilidad de la lucha armada y no hay ninguna opción para que las cosas cambien, los guerrilleros están desperdiciando su vida para sostener un discurso político vacío mientras otros se enriquecen mediante el narcotráfico y aseguran sus vidas en otros países y en otras condiciones.

No pueden confiarse en los efímeros triunfos que la guerra jurídico-política pueda brindarles, ella no ha amilanado a las Fuerzas Militares y han podido comprobar que cada golpe mediático es respondido con mayor empeño y valor por los soldados y que el único futuro que les espera de proseguir en su empeño es morir de manera miserable en las selvas, lejos de todo, olvidados por todos; no hay una lágrima o un rezo por ellos, sólo una alegría sorda de quienes fueron sus víctimas, porque el victimario desaparece para siempre.

La PDSD no pudo ser derrotada, por el contrario cada acción de los soldados la reafirma y consolida, mientras que el plan renacer de Cano se convierte en la sentencia para quienes engañados siguen soñando con las Farc idílicas que hace rato dejaron de existir. Seguro que en cada estructura criminal la mayoría de los guerrilleros quisiera cambiar de vida, pero están asustados, están amedrentados por cabecillas crueles que pueden ser dominados y entregados a cambio de una nueva forma de vida, como pueden garantizarlo todos sus compañeros desmovilizados.

El golpe propinado a las Farc demuestra que el Ejército nacional no se ha acuartelado y ha renunciado a la ofensiva, como algunos pregonan, por el contrario demuestra que el lema FE EN LA CAUSA está vigente y acompaña a cada soldado en su decisión de derrotar al enemigo y propiciar un clima favorable para la paz, que no debe encontrarse muy lejana.

POBLACION CIVIL DEL CAUCA, OBJETIVO DE LAS FARC

Nada tiene de altruista o de insurreccional lo sucedido en el día de ayer en Patía, sur del Cauca, cuando de manera aleve y cobarde los terroristas de las Farc atacaron con cilindros bomba, tatucos, morteros y disparos de fusilería a los pobladores de ese municipio, en un claro intento de amedrentar a la población civil, como estaba consignado en el llamado Plan Renacer de Alfonso Cano publicitado en 2008.

La cobarde acción deja también un peligro latente, especialmente para la infancia y la adolescencia, pues fueron lanzados explosivos que no estallan sino al ser manipulados posteriormente y es un hecho que los menores se sienten atraídos por estos artefactos y resultan víctimas fatales o con lesiones enormes que los invalidan toda su vida.

¿Qué buscan las Farc con estas acciones? Su primer objetivo es demostrar que aún permanecen fuertes y con capacidad de hacer daño, para presionar los diálogos que tanto señalan sus voceros políticos e imponer condiciones para obtener políticamente lo que nunca alcanzaron por las armas; el segundo objetivo es demeritar lo alcanzado por la Política de Defensa y Seguridad Democrática y un tercer objetivo, quitarle el respaldo poblacional a la Fuerza Pública con el apoyo mediático que mostraría que ésta es incapaz de proteger a la población.

No puede perderse de vista que estamos ante una guerra asimétrica en la que el enemigo recurre a toda clase de terrorismo y acciones para ganar posicionamiento como posible elemento de poder, para ello recurre a cualquier tipo de alianzas a fin de ganar movilidad, como ocurre en las alianzas con las Bacrim que se da especialmente en el sur colombiano, y que el objetivo de las narcoguerrillas es precisamente quebrar mediante el terror la voluntad de oposición a sus intereses expresada por la sociedad (4 de febrero de 2008), que terminaría exigiendo al gobierno negociar con ellas y aceptar sus condiciones.

El terror ejercido de esa manera pareciera estar dando resultados, por ejemplo, en el prolongado conflicto israelí-palestino y la sociedad mundial termina poniendo en riesgo la supervivencia de Israel cediendo a las condiciones del extremismo terrorista palestino al reconocer un Estado palestino por fuera de las conversaciones de paz adelantadas con Israel.

El concepto de la guerra asimétrica indica como un enemigo pequeño puede enfrentar con éxito a uno militarmente más poderoso y alcanzar la victoria, para ello combina aspectos armados, políticos, informativos, de operaciones de infiltración en el Estado y las instituciones a fin de atacar desde adentro la legitimidad de ese mismo Estado, evitando la confrontación directa con las fuerzas militares legítimas y recurriendo a actos calificados de terrorismo aunque ello implique la comisión de delitos de lesa humanidad a fin de quebrar y dividir a la sociedad. Alcanzado ello, lograr el poder es el paso a seguir.

Desafortunadamente el poder político no aprecia la dimensión de esa amenaza y minimiza ciertas acciones que el terrorismo adelanta en campos distintos al militar, bajo la premisa de fortalecer la democracia se permite su debilitamiento. Dijo el General Stanley McCristal: Es imposible ganar un conflicto asimétrico con un componente exclusivamente militar. Los militares aportamos un elemento de reacción inmediata, de seguridad, pero hoy las guerras desatadas por el terrorismo se apoyan en un enemigo invisible compuesto por actores civiles, narcotraficantes, terroristas, ONG y agentes internacionales.

Desalojadas las facciones armadas de las Farc y Eln de lo que consideraban sus santuarios, aún mantienen un poder invisible dentro de las regiones que atemoriza a la población. Sea con milicianos bolivarianos, comandos móviles, asociaciones o comunidades indígenas y comunidades de paz bajo su control, el mismo fenómeno se repite en el Catatumbo, sur de Tolima y Huila, el Putumayo, Cauca, Nariño, zonas de Arauca, Guaviare y Vaupés. De esta manera, las Farc y el Eln logran un real dominio territorial sin que nuestros militares puedan hacer mayor cosa para impedirlo(1).

Es tan grave la infiltración que logran los narcoterroristas, que a la sociedad hoy le escandaliza más y se hace condena pública de alguna conducta punible cometida por un miembro de las Fuerzas Militares y mediáticamente esa responsabilidad se traslada a toda la Fuerza, mientras se contemplan como normales y apenas son motivo de alguna reseña periodística hechos tan graves como el sucedido en Patía o lo que viene sucediendo con los continuos ataques a la población civil en otras regiones del Cauca, y lo que es más paradójico la culpa de esos ataques también es trasladada a la Fuerza Pública, de tal manera que los antisociales siguen siendo presentados como luchadores altruistas.

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[1] APULEYO MENDOZA, Plinio. La guerra asimétrica. Periodismo sin Fronteras. En: http://www.periodismosinfronteras.com/la-guerra-asimetrica.html

LA LIBRE EXPRESIÓN NO ES UN DERECHO ABSOLUTO

A diferencia de lo que sucede en Colombia, la Audiencia Provincial de Girona, España acaba de ponerle un límite a la capacidad de algunos periodistas y columnistas de enlodar la honra ajena o presentar como hechos ciertos acusaciones sin fundamento que constituyen un linchamiento moral y social de los afectados.

El sistema jurídico español, no contempla el derecho al insulto y a la mentira. El insulto y la expresión vejatoria no pueden ser aceptados como ejercicio legítimo del pretendido derecho de información, señala una sentencia de la Audiencia Provincial de Girona que califica de falsos 11 artículos de "investigación" publicados en 2005 y 2006 en el diario El Mundo donde dos reporteros acusaron al pintor Gaetano Pisano, Tano, y a su esposa Blandine Pellet, de ocultar y proteger en España a Aribert Heim, el criminal nazi que asesinó a presos judíos en la enfermería del campo de concentración de Mauthausen. Pisano, que reside en Palafrugell, recibe desde entonces tratamiento psiquiátrico y la venta de sus acuarelas cayó en picado en el mercado europeo y norteamericano. "Esta terrible historia es como un mal sueño que, además, ha provocado un enorme daño en mi carrera", asegura el pintor que se pregunta cómo se puede borrar de Google los reportajes en los que se les acusaba(1).

Las publicaciones denunciadas conculcan de forma manifiesta y palmaria el derecho al honor de los demandantes al atribuirles hechos que les hacen desmerecer del público el aprecio y respeto granjeados a lo largo de más de 10 años en Palafrugell; del contenido se desprenden expresiones insultantes e insinuaciones insidiosas; están redactadas con ánimo vejatorio al relacionarlos con el nazi más buscado; son obtenidas con un claro desprecio a la verdad al no haber sido contrastadas ni verificadas con la diligencia exigida a un profesional de la información; las informaciones no solo eran inveraces sino también plagadas de expresiones insinuantes y preñadas de imputación delictiva que no pueden tener cabida en el derecho a la información(2).

Si eso sucediera en Colombia, periodistas, columnistas y opinadores de nuestros medios harían causa común para señalar que la condena constituye un atentado contra la libertad de prensa y una censura a la libertad de informar, porque aquí lo común es que se denigre, se acuse, se insulte y se utilicen expresiones vejatorias para referirse a gobernantes, militares y otras personalidades que no son del afecto de quien escribe. Por ejemplo, al expresidente Uribe hoy cuanta persona quiere lo hace objeto de acusaciones injuriosas y calumniosas, basta leer a personajes como Ramiro Bejarano, Daniel Coronel y otros, sin que deban asumir responsabilidad alguna, ni civil, ni penal, ni disciplinaria aplicada por los propios medios obligados a informar al público de manera veraz e imparcial.

Igual sucede con instituciones como el Ejército Nacional, se denigra, se utilizan expresiones injuriosas y lesivas para la dignidad de los militares, pero nunca hay una rectificación, mucho menos un llamado de atención siquiera para que escriban con ética, con honestidad, con veracidad; los periodistas en Colombia se han convertido en una especie de sicarios morales que disparan su pluma contra quien no es de sus afectos o contra quien es señalado como blanco por oscuros intereses políticos.

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[1] EL PAIS. Víctimas de una mentira periodística. Madrid, marzo 15 de 2011. En: http://www.elpais.com/articulo/espana/Victimas/mentira/periodistica/elpepuesp/20110315elpepunac_21/Tes

[2] Ibíd.

MAS CASOS DE FALSOS POSITIVOS

Nuevamente la Fiscalía arremete contra las Unidades militares y filtra la información a la prensa para continuar el ataque jurídico-político contra el Ejército, esta vez se trata de una baja producida el 2 de febrero 2007en la Vereda La Danta de Puerto Asís, donde resultó muerta una presunta componente de una banda de extorsionistas que operaba en esa región; el hecho involucra a 3 Suboficiales y 3 Soldados Profesionales adscritos a la Brigada 27.

La Fiscalía señala que halló evidencias que podrían indicar que nunca se dio un fuego cruzado en la escena de los hechos porque la mujer que allí pereció no era parte de ninguna organización delictiva sino una civil asesinada en estado de indefensión y que en consecuencia los militares ahora sindicados deben responder por homicidio agravado y fraude procesal, en el entendido de que los informes presentados a sus Comandantes no contienen información real, sino que fueron amañados para encubrir el delito de homicidio.

Nótese la perversidad de la información, la Fiscalía deduce que la señora Lucero Melo Calderón era una civil, que por lo tanto no podía pertenecer a ninguna organización delictiva, es decir los civiles no delinquen por lo tanto no organizan grupos delictivos o en el mejor de los casos los civiles que delinquen son ‘luchadores altruistas’, como señalara el ex magistrado Carlos Gaviria Díaz, por lo tanto no pueden ser combatidos y mucho menos dados de baja en desarrollo de sus actividades criminales.

Sin conocer el pliego de cargos formulados a los militares, la información pública da a entender que los 6 uniformados concurrieron en un concierto para asesinar a la presunta víctima y luego presentarla como una extorsionista dada de baja en una operación de control y registro; ¿Cuál será la experticia y quién la rinde para determinar que no hubo tal combate o que la presunta víctima era ajena a los hechos que rodearon esa circunstancia? ¿Qué dice el informe de operaciones? ¿Qué otras pruebas se recogieron en el lugar de los hechos que puedan inducir la conclusión a que llega el ente investigador?

Esas son preguntas que no tienen respuesta en la información pública y que llevan a que fácilmente se concluya que si hubo un homicidio y que los informes presentados son falsos; el lector o escucha de los medios de comunicación no necesariamente conoce el procedimiento penal y mucho menos sobre operaciones militares, de tal forma que se le conduce mediáticamente a formarse opiniones contrarias a la imagen institucional militar, a señalar como se ha pretendido que existió una política oficial de generar víctimas inocentes para presentar resultados.

Que la presunta víctima careciera de antecedentes no es un hecho determinante para señalar que es inocente a lo que allí haya sucedido, pues los antecedentes sólo sirven para que el juez aprecie las medidas de aseguramiento o la fijación de la pena, en tanto siempre existe una primera vez en la que se delinque y se pueda ver una persona inmersa en un combate con la Fuerza Pública.

La información tendenciosa viola los derechos fundamentales de todos los colombianos y en especial los del que profesa la carrera militar, porque no es veraz e imparcial como lo exige la Constitución Política (art.20 y 86).

LOS SEÑALAMIENTOS DE ZEUS

Dentro de los beneficios perversos que contempla el híbrido judicial llamado Sistema Penal Acusatorio SPA, copia mala del sistema penal norteamericano, está el permitirle a los delincuentes obtener rebajas de pena y otros favorecimientos a cambio de señalar a otras personas como sus cómplices o determinadores de los delitos por los que son juzgados o han sido sentenciados.

Ahora, Juan Carlos Rodríguez Agudelo, alias ‘Zeus’, ex Oficial del Ejército que reconoce públicamente haber traicionado el honor militar y haberse puesto al servicio extraditado capo del cartel del norte del Valle Diego León Montoya, alias ‘Don Diego’, pretende minimizar su responsabilidad penal diciendo que lo hizo porque otros militares servían a otros cárteles de la droga contra los que buscaba venganza porque le habían matado un hermano, pero va más allá, dice que el General Montoya había ordenado su muerte para cubrir cualquier rastro.

No da pruebas, simplemente busca el noticiero del periodista Daniel Coronel para lanzar al aire sus infundios, como lo han hecho otras decenas de delincuentes para generar sospechas sobre el Ejército y sobre el gobierno anterior, buscando quedar como víctimas que deben ser premiadas con beneficios judiciales; por el mismo camino transitan antiguos jefes de las autodefensas ilegales al descalificar el proceso de desmovilización y que ahora ofrecen testimonios contra militares y políticos para obtener rebajas de penas y otras concesiones, que al parecer el poder judicial está dispuesto a otorgar aunque no estén debidamente probados los testimonios que ofrecen.

Hubo una época en que la palabra de un hombre era un valor, hoy frente a las palabras de un hombre de honor valen más las de un delincuente que no duda en arrasar con ese honor para obtener beneficios y hay jueces dispuestos a otorgarlos con tal de agregar a su currículum una condena contra personas que tienen relevancia social en nuestro país, como sería un Oficial del Ejército; sin duda estos hechos traen a la memoria de forma inmediata el tango ‘Cambalache’.

Indudablemente, como lo han señalado pluralidad de Foros especializados, las autoridades mismas y la academia el SPA tiene tantos defectos que están conduciendo al país a un estado de inseguridad judicial, al aprovechamiento doloso de los delincuentes de las garantías y beneficios para alcanzar la impunidad, en detrimento de la sociedad misma y de quienes son víctimas de los señalamientos de esos delincuentes y que no van a contar con los mismos beneficios y garantías, a menos que señalen a ‘alguien de más arriba’ para que la cadena continúe.

Es un hecho que lo declarado por alias Zeus deberá ser corroborado por el hoy Director de la Policía, de quien dice fue testigo directo de la orden de asesinarlo impartida por el señor General Montoya; a su vez el General Naranjo deberá explicar por qué, si esto fue cierto, no informó de inmediato a las autoridades competentes.

Lo que sí es evidente es que de pronto el General Naranjo se está convirtiendo en clave para esclarecer estas falsas acusaciones contra el personal militar, pues alias Zeus no es el primero que lo nombra como testigo directo, sino que muchas informaciones policiales se filtran a los medios para causar desprestigio al Ejército, como aparece en los famoso cables de wikileads donde se menciona su nombre y quejas supuestamente dadas a las autoridades diplomáticas norteamericanas.

FARC CONTINUAN VIOLANDO DERECHOS HUMANOS

Mientras el fugitivo cabecilla de las Farc, alias Alfonso Cano, y sus voceros políticos continúan haciendo llamados a ‘conversar’ para buscar salidas humanitarias al conflicto, sus estructuras criminales, especialmente en el Cauca siguen actuando contra la población civil, sembrando minas y utilizando francotiradores que afectan a los pobladores de Caldono, Caloto, Cajibió y Toribio, siendo sus víctimas principalmente mujeres, niños, niñas y adolescentes.

Ayer los bandidos dispararon indiscriminadamente y lanzaron granadas contra Caldono, dejando dos personas heridas, entre ellas un menor de edad; el ataque fue lanzado a las 14:50 horas cuando la población se dedica a sus labores rutinarias y muchos escolares están llegando a sus casas de las escuelas. El criminal acto fue realizado por el VI Frente de las narcoguerrillas Farc.

Debe recordarse que El derecho internacional humanitario (DIH) es el ordenamiento de derecho internacional que se aplica cuando la violencia armada alcanza el nivel de un conflicto armado, sea internacional o no internacional. Los tratados de DIH más conocidos son los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y sus dos Protocolos adicionales de 1977, pero existen otros tratados de DIH destinados a reducir el sufrimiento humano en tiempo de guerra, como la Convención de Ottawa de 1997 sobre las minas antipersonal.

El DIH, a veces llamado derecho de los conflictos armados o derecho de la guerra, no proporciona una definición de terrorismo, pero prohíbe la mayor parte de los actos cometidos en conflictos armados que comúnmente se consideran como "terroristas" si son perpetrados en tiempo de paz.

Uno de los principios fundamentales del DIH estipula que las personas que participan en los conflictos armados deben distinguir, en toda circunstancia, entre civiles y combatientes y entre objetivos civiles y objetivos militares. El "principio de distinción", como suele llamarse a esta norma, es la piedra angular del DIH. De él derivan numerosas normas específicas del derecho internacional humanitario destinadas a proteger a los civiles, como la prohibición de los ataques directos o deliberados contra los civiles o los bienes de carácter civil, la prohibición de los ataques indiscriminados o el uso de "escudos humanos". El DIH también prohíbe la toma de rehenes (secuestro).

En situaciones de conflicto armado, el hecho de describir a los actos de violencia deliberados contra civiles o contra bienes de carácter civil como "terroristas" no tendría significación jurídica alguna, pues esos actos ya constituyen crímenes de guerra. En virtud del principio de jurisdicción universal, los presuntos criminales de guerra pueden ser juzgados no sólo por el Estado donde se ha perpetrado el crimen, sino por todos los Estados.

Así mismo debe recordarse, con relación a las Farc, que el DIH contempla que muchas manifestaciones de violencia que suelen ser calificadas de "terroristas" son perpetradas por grupos poco organizados (redes) o por individuos que, en el mejor de los casos, tienen una ideología común. Aún cuando las pruebas de que habitualmente se dispone, no es posible calificar categóricamente a esos grupos o redes, la alianza Farc-Eln-Bacrim, como "partes" en un conflicto, en el sentido del derecho internacional humanitario.

Pero esos actos están sujetos al derecho, aunque el derecho internacional humanitario no sea aplicable a ellos. Independientemente de las motivaciones de sus autores, los actos terroristas cometidos fuera de un conflicto armado incumben al derecho nacional y al derecho internacional, y no al derecho de la guerra; así que los cabecillas de las Farc y los autores materiales de estos crímenes deben comparecen ante los tribunales internacionales cuando las autoridades judiciales del Estado se nieguen a su persecución y judicialización o sean objeto de penas que no guardan relación con sus delitos.

UN ASUNTO DE DEBATE

Mientras las organizaciones criminales que propiciaron el terrorismo en la última mitad del siglo XX, son objeto de amnistías e indultos que las hacen inmunes a cualquier investigación judicial, ellas mismas hoy se empeñan en que los Ejércitos latinoamericanos sean reos condenados por haberlas derrotado por las armas.

En Brasil se presenta el debate alentado por el gobierno alimenta a una izquierda, el Partido de los Trabajadores, que llega a contestar que la ley en lo que se refiere al perdón a los "torturadores", no puede cobijar un crimen que "no prescribe". La Comisión de la Verdad apoyada por Rousseff no pretende dirimir esa espinosa cuestión, aunque sí "esclarecer todos los hechos de aquel periodo", pero para nada contempla los crímenes de los terroristas que si se amparan en los indultos.

El escándalo mediático lo ha provocado una carta dirigida por el Comando de las Fuerzas Armadas de Brasil al Ministerio de la Defensa, en la que hacen cuestionamientos a la propuesta de la señora Rousseff al indicar que temen que dicha comisión pueda acabar pidiendo la revisión de la Ley de Amnistía, sancionada por el Tribunal Supremo Federal. Por ello, acaban de redactar un documento, enviado al ministro de Defensa, Nelson Jobim, en el que revelan su preocupación. Según el texto, adelantado en parte ayer por el diario O Globo, la comisión "provocará tensiones y serias desavenencias al traer a discusión hechos ya superados". Para los militares, la iniciativa de Rousseff "va a abrir una herida en la conciencia nacional" y "promover revanchas políticas" [1].

En caso de que no consigan parar la idea de la Comisión de la Verdad, las Fuerzas Armadas exigen que testigos y militares sean "invitados y no citados" a declarar; que se investiguen también casos de terrorismo y ajusticiamientos realizados dentro de los grupos de izquierdas de aquel momento, y el fin del anonimato para quienes entreguen voluntariamente documentos secretos de aquel tiempo [2].

En Brasil, una vez derrotadas militarmente las organizaciones terroristas, se produjo una Ley que en nombre de la pacificación nacional fue aprobada la Ley de Amnistía, que daba por perdonadas las atrocidades realizadas por ambos bandos en conflicto durante el Gobierno militar, que ahora quiere ser desconocida para llevar a juicio a los militares que participaron en el combate contra el terrorismo.

Brasil, siendo epicentro del neocomunismo, no ha podido reducir a sus FF.MM. al estado que se presenta en Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Argentina, donde el soldado o se presta al juego del gobierno o se presenta como culpable de la violencia que el terrorismo ejerció desde los años 60 del siglo pasado.

Las Fuerzas Armadas de América Latina son objeto de un ataque sin precedentes. La ofensiva se realiza en todas las naciones -aunque con métodos diferentes- para lograr un mismo fin: la destrucción definitiva de las instituciones armadas [3], como sucede en los demás países está sucediendo en Colombia, sólo que aquí parece que nadie quiere oponerse.

En Bolivia, Ecuador y Venezuela, han transformado a las FF.MM., cambiándoles la identidad, sustituyendo la doctrina tradicional por nuevos conceptos emanados del Socialismo del Siglo XXI. El caso más emblemático es el de Venezuela, donde obligan a los militares a gritar “Patria, Socialismo o Muerte”. El objetivo final es convertir a estas Fuerzas Armadas en guardias pretorianas al servicio de los regímenes socialistas [4] al estilo cubano, heredero único de la extinta URSS.

En Argentina, Chile y Uruguay, enjuician a los militares que combatieron la subversión armada, derogando las leyes de amnistía y obediencia debida, y aplicando retroactiva e ilegalmente los efectos de dicha derogación. En la mayoría de los casos, se trata de juicios políticos, precedidos de una propaganda feroz, donde no se presentan pruebas, ni argumentos válidos [5].

¿Qué le espera al militar colombiano cuando cada día la actividad de legisladores como Iván Cepeda Castro están encaminadas a mostrar a las Fuerzas Militares como responsables de la violencia mientras proponen a las Farc como ejemplo de reacción social a la injusticia?

[1] EL PAIS. El Ejército de Brasil se opone a la creación de una Comisión de la Verdad. Madrid. Jueves 10 de marzo de 2011. En: http://www.elpais.com/articulo/internacional/Ejercito/Brasil/opone/creacion/Comision/Verdad/elpepuintlat/20110309elpepuint_23/Tes

[2] Ibíd.

[3] UNOAMÉRICA. El plan del Foro de Sao Paulo para destruir las Fuerzas Armadas. En: http://www.unoamerica.org/unoPAG/libros.php?id=11

[4] Ibíd.

[5] Ibíd.

DURMIENDO CON EL ENEMIGO.

Lo sucedido en el campamento de la Talisman Energy Inc., en Cumaribo debe despertar las alarmas de las empresas al momento de contratar su personal para minimizar los riesgos de infiltración de elementos indeseables, como al parecer sucedió con relación al secuestro de 23 trabajadores de esa multinacional.

Como señaló el general Alejandro Navas, comandante del Ejército al denunciar que las Farc siempre buscan infiltrar guerrilleros en diferentes escenarios para que realicen trabajos de inteligencia y faciliten información sobre los movimientos de la Fuerza Pública, que luego es utilizada para realizar secuestros o atentados.

La anterior afirmación obedece a la intención de culpar a un destacamento militar encargado de la seguridad del campamento, indicando que habían permitido el secuestro por ‘estar jugando parqués’, sin embargo se ha concluido de manera fehaciente que los medios de seguridad electrónicos dispuestos en dicho campamento habían sido desconectados desde adentro, para facilitar la acción de los terroristas del Frente 16 de las Farc.

"No es un error porque los soldados del Ejército estaban cumpliendo con sus funciones de seguridad, lo que hay que tener en cuenta es que estos grupos subversivos tienen personas infiltradas que facilitan la información y ese es un vehículo para ser explotado en estas circunstancias y eso es lo que estamos investigando", aseveró el general Navas, al explicar que el tipo de seguridad que se le presta a estas empresas es de área y no sobre una zona específica, ya que por lo general los puntos de exploración sísmica están en terrenos selváticos donde delinquen, en este caso, guerrilleros del frente 16 de las Farc.

Es inexplicable que 23 personas sean retenidas por cinco o seis delincuentes sin que se presente algún tipo de resistencia o cuando menos una intención de alertar a las autoridades que se saben cercanas, salvo que exista algún tipo de colaboración interna para procurar el éxito de la acción criminal, como lo prueba el hecho de la desconexión de los sistemas de alarma.

Ojalá no estemos frente a un fenómeno de secuestros para posteriormente reclamar millonarias indemnizaciones al Estado por fallas en el servicio de seguridad a la vida e integridad de los ciudadanos, como parece estarse poniendo de moda por los al menos 8 casos de los otrora llamados ‘secuestrados políticos’ de las Farc, que han iniciado sus acciones indemnizatorias contra el país y no contra quienes los privaron ilícitamente de la libertad.

De ahí que se advierta a las empresas y a las personas para que blinden su seguridad en los procesos de selección e incorporación de personal, para tener empleados confiables como corresponde a los estándares universales de administración.

En ese aspecto, el trabajo de las empresas privadas debe ser compartido con lo público para poder potenciar las buenas respuestas tanto de los sistemas de emergencia como de los sistemas de seguridad, para evitar que en el futuro sucedan hechos como los de Cumaribo, que seguramente querrán ser potenciados por las organizaciones criminales como las Farc o las Bacrim.

La seguridad empieza por casa, reza un viejo adagio, y no se puede esperar que sea solamente el Estado el encargado de proporcionarla, para algo existe el preámbulo y los principios fundamentales que erigen a Colombia como Estado social de derecho, sintetizados en el art. 95 de la Carta que consagra los deberes del ciudadano.

LAS FARC PIERDEN CAPACIDAD OPERATIVA PARA DELINQUIR

Con el liderazgo in situ del señor General Navas, Comandante del Ejército, y la acción decidida de la Brigada de Selva 28, en menos de 48 horas fueron rescatados 22 de los 23 operarios de la empresa petrolera canadiense Talisman Energy Inc. secuestrados por el Frente 16 de las Farc en inmediaciones del municipio de Cumaribo, Departamento del Meta.

El otro secuestrado al parecer se había fugado de sus captores y en este momento es buscado sin descanso por las tropas.

Estos hechos demuestran como esas estructuras narcoterroristas han perdido toda capacidad operativa para delinquir en el país, que superviven utilizando como escudo humano a la población civil y con la asociación con la delincuencia común y las Bacrim, como sucede en el Cauca, Valle y Nariño, o exilándose clandestinamente en países vecinos.

Por su parte la acción del Ejército Nacional sirve para silenciar las voces pesimistas que señalan que las tropas están refugiadas en sus cuarteles y no actúan por temor o por falta de liderazgo militar; esta acción se pone a la altura de las mejores operaciones de rescate en el mundo entero por la capacidad de reacción demostrada para neutralizar la actividad criminal de los narcoterroristas.

Para nada se puede decir que se tiene capacidad operativa cuando los actos criminales desesperados se limitan a atacar poblaciones como Caldono, Cajibió u otras con francotiradores o lanzando artefactos explosivos de manera esporádica, afectando principalmente a inocentes pobladores y luego refugiándose sin dar lucha abierta; tampoco es muestra de poderío el sembrar minas antipersonal o secuestrar niños, niñas y adolescentes para utilizarlos como combatientes en aisladas veredas o en las comunidades indígenas que usan como refugio.

Debe recordarse que las Farc son responsables al menos por la muerte en combate o asesinadas por los propios cabecillas de 6.210 menores de edad desde finales del siglo pasado, hecho que extrañamente nunca se menciona cuando algunos sectores políticos hablan de ‘humanizar la guerra’ y buscar ‘acuerdos humanitarios’, sin tener en cuenta que se está ante uno de los peores delitos de lesa humanidad que no admite ningún tipo de transacción a la luz del Derecho Internacional Humanitario.

Hechos como el secuestro masivo de trabajadores asimila a las Farc a las bandas de piratas somalíes o a las bandas narcotraficantes mexicanas, que no actúan por razones políticas sino de delincuencia común interesada en sembrar terror para presionar a favor de sus intereses criminales.

Como señalaba el Comandante de las FF.MM. a comienzos de año, las acciones de las Farc muestra de que su comportamiento es de una banda criminal es el hecho de que en el Pacífico estén dedicados a mantener los corredores de movilidad de la droga que sale por esa zona con destino a Estados Unidos y Europa y ahora, con los hechos de Cumaribo, indudablemente quieren presionar la recuperación de un corredor estratégico hacia Venezuela o el Brasil.

El Frente 16 hizo un mal cálculo, seguramente contaba con que siendo los secuestrados miembros de una empresa internacional habría algún tipo de presión para que no se adelantaran operaciones militares para su rescate y que a la vez que podían negociar alguna recompensa por su liberación, aprovecharían para abrir ese corredor y escapar a la presión de las tropas.

El rescate militar de los secuestrados demuestra que el Ejército sigue a la ofensiva con Fe en la Causa, sin aspavientos, sin shows mediáticos, simplemente con la convicción profunda de que se cumple con el deber y la consolidación de la seguridad democrática avanza inexorablemente.

LOS MUERTOS DE LAS FARC QUE RESUCITARON

Con titulares similares los medios señalan la confirmación de que algunos terroristas que supuestamente habían sido dados de baja, como en su momento lo informó el Ejército, aparecieron nuevamente delinquiendo, y atribuyen de mala fe al Ejército tales informaciones iniciales.

Lo que olvidan es que inicialmente las mismas Farc habían supuesto la pérdida de esos delincuentes, como sucedió en el caso documentado en los mismos computadores del Mono Jojoy, del bandido Elmer Mata Caviedes, supuestamente abatido en una emboscada militar en el rio Putumayo el 5 de octubre de 2005, sólo hasta 8 meses después las Farc confirmaron que había sobrevivido.

¿Son los anuncios militares parte de una campaña de desinformación? Definitivamente no, cuando ocurren combates muchas veces no son los cuerpos los que dan información de las bajas producidas, las Farc son expertas en llevarse a sus muertos y enterrarlos en sitios diferentes, se llega a conclusiones a partir de indicios como documentos, computadores, elementos de uso personal de los cabecillas reconocidos en material fotográfico o en testimonios de terroristas que sobreviven al ataque.

En el caso del bandido Mata Caviedes, inicialmente las Farc reconocían su muerte en comunicaciones interceptadas a sus estructuras criminales, las cuales solo hasta meses después son desmentidas internamente cuando el supuesto muerto aparece recuperado de las heridas o porque se reincorpora a esas estructuras luego de permanecer oculto, incluso en otros países.

Inicialmente y mediante la evaluación de lo encontrado en los sitios de combate, la baja se presume por los rastros o declaraciones y así se anuncia, porque entre otras cosas el Ejército está obligado a reportar esas muertes, no las puede ocultar y es lógico que así sea porque vendría a suceder que entonces sería juzgado porque presuntamente capturó al bandido y lo desapareció, como sucede en el caso de la terrorista Cristina Guarín en el caso del Palacio de Justicia de 1985 y cuyo hermano, también militante de esa organización delincuencial, es ahora vocero de las presuntas víctimas de la recuperación militar y principal acusador contra el Estado.

Sólo la experiencia en estos eventos va permitiendo corregir algunos yerros y por eso ahora el Ejército no ha confirmado la baja de alias Fabián Ramírez, quien hasta la fecha no ha sido encontrado, como las mismas Farc lo reconocen; no se sabe aún si pereció o sobrevivió al ataque a su campamento el pasado mes de noviembre de 2010, pese a que allí se encontraron sus objetos personales y que algunos testimonios señalan que su cadáver fue retirado por algunos sobrevivientes, otros señalan que fue retirado con graves heridas de allí, pero sólo serán sus restos los que den cuenta del hecho, por ahora lo importante es que este peligroso terrorista al parecer está neutralizado.

El Ejército, a diferencia de las organizaciones narcoterroristas, no requiere de publicar bajas o capturas no producidas, sus resultados son medibles en la medida en que amplios territorios de nuestra geografía hoy gozan de tranquilidad y sus habitantes desarrollan de manera normal sus acciones; por el contrario la narcoguerrilla requiere inflar o inventar sus informaciones en páginas electrónicas como Anncol con falsos partes de guerra para mostrarse victoriosas e impedir el derrumbe final de la voluntad de lucha de los terroristas.

Los resultados militares del Ejército han impulsado en los dos últimos años la desmovilización de muchos integrantes de las organizaciones narcoterroristas al entender la futilidad de continuar delinquiendo, hasta el grado de obligar a los cabecillas de las distintas estructuras criminales a fusilar a quienes sospechen van a desmovilizarse, obligando mediante el terror a los terroristas, especialmente niños y adolescentes, a mantenerse en armas o a adelantar acciones criminales contra pobladores y en algunos casos contra militares y policías.

Allí es donde los medios deberían buscar sustento para su afán de la chiva y desenmascarar esa guerra propagandística en la que se sustenta la guerra político-jurídica contra el Ejército, convirtiendo al periodista en idiota útil de sus protervos fines.