VENEZUELA COMO AMENAZA REGIONAL

Evidentemente Venezuela se ha convertido en amenaza regional, no por su poderío militar sino por el desarrollo expansionista y hegemónico del proyecto del socialismo del siglo XXI nacido del Foro de Sao Paulo y su evidente vinculación al narcotráfico y el terrorismo como vehículos para exportar ideología.

Las recientes denuncias de Colombia ante la OEA sobre la masiva presencia de elementos narcoterroristas de las Farc y el Eln, no han sido más que el colofón de una situación que ya venía preocupando a autoridades internacionales y que, desde 2004, habían sido puestas en evidencia por el general James Hill, para la fecha jefe del Comando Sur, presentó un informe ante el Comité de las Fuerzas Armadas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos fundamental para comprender la visión del Pentágono frente al proceso revolucionario venezolano.

En ese informe Hill propuso incorporar a las amenazas tradicionales de seguridad manejadas por Estados Unidos para América Latina (narcotráfico y terrorismo) el concepto de “populismo radical”, definido como una “amenaza emergente que socava el proceso democrático al reducir, en lugar de aumentar, los derechos individuales”. Hill planteaba la necesidad de ideologizar la política hemisférica estadounidense, especialmente frente a Chávez, ya en abierto accionar conjunto con Fidel Castro y desarrollando una agresiva geopolítica energética (Petroamérica, búsqueda de aliados estratégicos para romper la interdependencia petrolera con Estados Unidos) y revolucionaria continental; llamaba a posponer los privilegios del negocio petrolero inmediato ante la necesidad de lo político-ideológico-militar, entendido dentro de la confrontación entre las democracias representativas y los “populismos radicales”.

Hill entendió a la perfección lo que representaban para el continente el proyecto del Foro de Sao Paulo y su expresión de la combinación de las formas de lucha expresadas ahora a través del Movimiento Continental Bolivariano, organismo surgido de la Coordinadora Continental creada por las Farc y de cuya naturaleza dan cuenta los campamentos bolivarianos desarrollados por la organización narcoterrorista y a la que han acudido mercenarios de diversos países.

Hacia el mes de julio de 2005, Tom Barry, director político del Internacional Relations Center (IRC), publicó un trabajo que tradujo la agencia de noticias IPS, cuyo título fue “Nuevas Prioridades para el Comando Sur”. Allí Barry sostenía que el Comando Sur, bajo la jefatura de Bantz Craddock, había elaborado nuevos documentos de estrategia para la región. En esos documentos se establecían como prioridades: a) garantizar el libre flujo de suministro regional de energía a los mercados internacionales, “sin que sea objetivo de agresión”; b) asegurar que los países ejerzan soberanía sobre su territorio, ayudando a las naciones andinas en su esfuerzo por dominar “espacios no gobernados” y a todos los países de la región para impedir el “efecto derrame” de sus vecinos inestables; c) buscar que los aliados regionales tengan capacidad y voluntad para participar en “operaciones combinadas” como “acciones antiterroristas” y “operaciones de paz”; d) impedir “que los Estados renegados apoyen organizaciones terroristas”; y e) fortalecer y mantener gobiernos estables y democráticamente electos” en toda el área de acción del Comando Sur.

Estos documentos son los que ahora sirven de base al gobierno venezolano y sus áulicos en el continente para hablar de un cerco del Pentágono al proyecto revolucionario de ese país; ante la evidencia de que estaba usando su influencia y recursos petroleros con el fin de introducir su conflictivo estilo de política en otros países y la innegable injerencia en las decisiones de países miembros del proyecto ALBA y la UNASUR, que afectaban notoriamente el equilibrio estratégico en Latinoamérica y el Caribe.

La desatención a las reiteradas denuncias presentadas por los gobiernos colombianos sobre el tránsito de narcoterroristas por territorio venezolano y las advertencias del Comando Sur de EE.UU., vistas como una reactivación de la derecha de sus prevenciones durante la guerra fría, permitió que las Farc extendieran sus vínculos con organizaciones terroristas como ETA, IRA y Hezbollah, teniendo santuarios para el entrenamiento y el intercambio de instrucción en el uso de explosivos, secuestro, y atentados indiscriminados contra la población civil, que hizo extensivas a países como Paraguay donde se probó su participación de este tipo de delitos y en la creación de bandas terroristas; que es evidente en su participación en el llamado triángulo suramericano como mercado de armas y narcóticos.

La tolerancia de algunos gobiernos regionales a las pretensiones expansionistas y hegemónicas del llamado proyecto bolivariano seguramente podrá permitirles a corto plazo seguir contando con el apoyo de los petrodólares venezolanos, pero va a permitir que en sus propios países se vea amenazada la seguridad pública por la expansión del terrorismo y el narcotráfico como ya se evidencia; organizaciones como las Farc requieren urgentemente de nuevos puertos de salida para el comercio ilícito y ellos se convierten en foco del incremento de la adicción en los países que se hacen ciegos y sordos a las denuncias.

Al convertirse Venezuela en un territorio donde se establecen las Farc y el Eln para desarrollar su negocio narcotraficante, se convierte indiscutiblemente en una amenaza para la seguridad regional, porque el gobierno de ese país utiliza las influencias ya señaladas como cobertura para las operaciones delincuenciales de la narcoguerrilla, que están siendo vistas con interés y ya se evidencia la participación de organizaciones europeas, asiáticas y del medio oriente que bajo la excusa de atacar los intereses yanquis, quieren convertir a nuestro continente en un polvorín.