LA PRESENCIA DE LAS FARC Y ELN EN VENEZUELA

No es novedosa la denuncia efectuada por el Ministerio de la Defensa Nacional de Colombia sobre la presencia de campamentos de las organizaciones narcoterroristas Farc y Eln en Venezuela, pero tampoco se trata de publicitar un refrito para enturbiar cualquier posibilidad de restablecimiento de relaciones diplomáticas con ese país como pretenden hacerlo ver ahora algunos politólogos y opinadores para quienes tales denuncias constituyen una proterva intención del gobierno nacional de Colombia.

El motivo de escándalo debe residir sin lugar a dudas en la falta de respuesta positiva del gobierno bolivariano que conoce de tiempo atrás esa realidad, porque las autoridades colombianas siempre han dado a conocer en forma oportuna y detallada la presencia de los delincuentes colombianos en ese país para evadir la acción de las autoridades nacionales.

Ya desde la XVII Cumbre Iberoamericana el mandatario colombiano le informó documentadamente a su homólogo venezolano que según informes de inteligencia no tenía duda alguna de que el cabecilla terroristas Iván Márquez y otros delincuentes de las Farc y Eln vivían de tiempo completo en territorio venezolano.

Dicha información también le indicaba al gobierno venezolano desde ese territorio operaban al menos cuatro frentes de las Farc en los estados de Zulia, Barinas y Apure y el funcionamiento de varias estructuras de las llamadas Fuerzas Bolivarianas de Liberación -FLB- que mantienen un estrecho vínculo con las Farc respecto del intercambio de combatientes y otras actividades delincuenciales.

El documento asegura que en el Alto Apure, especialmente en los municipios de Páez y Rómulo Gallegos, se mueve el frente décimo o Guadalupe Salcedo, comandado por el colombiano Juan Vicente Carvajal. En ese grupo tiene relevancia el ex jefe de finanzas y hoy segundo cabecilla de este grupo, Misael Rodríguez, encargado de coordinar secuestros y extorsiones. Según los propios organismos venezolanos de inteligencia, en la misma región opera el frente 45, bautizado como Atanasio Girardot, que extiende sus operaciones al Estado Mérida. Allí su principal mando es Euclides Rubio Carrillo, El Mono, que ocasionalmente visita las poblaciones de El Nula, La Victoria y Parroquia San Camilo. De acuerdo con los datos coordina secuestros y actividades sicariales y señala las rutas del narcotráfico que alimenta la maquinaria de guerra de las Farc en Norte de Santander.

El documento se refiere también a las columnas móviles Urías Cuellar y Julio Mario Taveras, que son comandadas Roberto Chitiva, el Pollo, y Juan Carlos Porras, el Grillo. Según la descripción, estas dos personas tienen su centro de operaciones en los departamentos colombianos de Arauca, Casanare y Vichada, y se mueven hacia Venezuela cuando las tropas colombianas apuran a sus estructuras. "Utilizan el sector de Los Bancos, Municipio Páez en el Estado Apure, como zona de alivio y tienen como función primordial la protección de los sembradíos de planta de coca y de los laboratorios para el procesamiento del alcaloide ubicados en los referidos departamentos y en territorio venezolano", concluye el documento.

Pero no solo son las Farc, Colombia ha denunciado también que el frente Domingo Laín Sáenz del Eln, comandado por Carlos Guarín Marín y cuyo centro de operaciones está en El Amparo y Guasdualito y se encarga de las operaciones financieras derivadas de la extorsión y del secuestro desarrollados en los municipios de Páez y Rómulo Gallegos. En esa región comparten territorio con las comisiones o bloques Rafael Erasmo Villamizar, Camilo Cienfuegos, Omaira Montoya Henao y Ché Guevara. El Eln creó las comisiones de Fronteras I y II, comandadas por Adelmo Aguirre, Bateman, donde alternan con otros bloques en el Estado Barinas, donde desarrollan actividades delictivas de gran calado.

El estudio no se remite sólo a las estructuras y las actividades de las Farc en territorio venezolano. También hace una descripción de los vínculos de este grupo guerrillero con las FLB, un grupo que no sólo ha contribuido a la expansión territorial de las Farc en el país vecino a nivel operacional, sino que ha permitido que ciudadanos venezolanos de El Cantón, Santa Bárbara, Socopo y Barinas, en el Estado Barinas, así como San Cristobal, El Piñal, Abejales y El Milagro en Táchira y El Amparo y Guasdualito en Apure, se identifiquen o apoyen ideológicamente a este grupo subversivo.

Las denuncias del Estado colombiano se remontan por lo menos diez (10) años atrás y siempre el gobierno venezolano ha mantenido silencio sobre ellas o se ha limitado a rechazarlas mediante altisonantes discursos de contenido ideológico y pletóricas de insultos hacia los colombianos, incluyendo la suspensión de las relaciones comerciales y diplomáticas; entonces ha sido Venezuela el estado agresor conforme al derecho internacional en tanto ha incumplido sus obligaciones como miembro de la ONU frente al terrorismo y el narcotráfico.

Pretender que ante estos hechos Colombia debe mantener silencio y aceptar la colaboración del gobierno venezolano con las Farc y Eln para mantener la apariencia de unas buenas relaciones, no es ni más ni menos que tener poco sentido de patria y aceptar el expansionismo bolivariano como un sino ineludible para Colombia, algo a lo que no están dispuestos los colombianos que sienten suya su nacionalidad; el respeto entre los países parte de la base de no aceptar una indebida injerencia e intervención de gobiernos extranjeros en los asuntos internos expresada en la abierta apología que el gobierno bolivariano hace de las narcoguerrillas.

Tampoco puede la diplomacia colombiana ignorar el alcance del proyecto denominado Movimiento Continental Bolivariano MCB, algo que hasta los mismos venezolanos rechazan e incluso les llevan a pedir que el gobierno colombiano mantenga una posición firme y vertical frente a esa intención cubano-castrista de imponerle a nuestros países un proyecto político fracasado en todo el mundo, recurriendo incluso a la violencia como el mismo MCB predica.

Las narcoguerrillas y otras fuerzas delincuenciales se mueven a sus anchas en Venezuela y constituyen el principal motivo de desestabilización regional y ese es un hecho que no puede pasar desapercibido para alimentar una falsa diplomacia meliflua que nos devuelva a años anteriores, cuando esos fenómenos criminales amenazaron incluso la integridad nacional. En ese campo no se puede ceder, no se pueden asumir posiciones indefinidas en aras de satisfacer unos limitados intereses económicos o políticos; el nuevo gobierno nacional no puede retroceder ante las agresivas actitudes del régimen bolivariano contra el país.