A las cándidas propuestas del gobierno electo en Colombia, el régimen chavista ha respondido con una pedrada, condiciona el restablecimiento de las relaciones a la anulación del tratado de cooperación militar contra el narcotráfico y el terrorismo firmado entre Colombia y los EE.UU., o como lo llama el neocomunismo, al retiro de las bases militares del imperialismo, algo que solo existe en la imaginación de los patrocinadores de las Farc y el Eln.No es cuestión de odios o resentimientos, no se trata solamente de garantizarle a un sector económico los presuntos 2.5 millones de dólares que se derivan del comercio con Venezuela, es una cuestión de dignidad nacional que no permite ceder a las groseras pretensiones del régimen bolivariano en aplicación de lo que el presidente Uribe ha llamado una diplomacia babosa donde priman las formalidades y no el respeto al derecho internacional que debe regular las relaciones entre los países.
Le pide además el presidente Chávez Frías al nuevo gobierno colombiano que cese las denuncias sobre la presencia del narcoterrorismo de las Farc y Eln en territorio venezolano, como si ello significara que el problema desaparece y Venezuela pueda limpiar su imagen ante el mundo por la flagrante violación a los mandatos de la ONU sobre la protección a organizaciones terroristas.
No puede Hugo Chávez Frías, ni el socialismo del siglo XXI, surgido del Foro de Sao Paulo, pedir respeto al principio universal de libre determinación o de autonomía de los pueblos, cuando son precisamente sus prácticas hegemonistas y expansionistas las que atentan contra ese principio; mientras a través del Movimiento Continental Bolivariano predican el terrorismo como alternativa política y persiguen todo signo de oposición a sus proyectos, estos neocomunistas exigen a las naciones democráticas someterse pasivamente a sus designios como se evidenció en el caso de Honduras y como sucede con respecto a Colombia, en tanto se indubitan las decisiones soberanas de cada pueblo que no acepta el proyecto bolivariano como modelo de Estado.
Mientras Colombia ha dado ejemplo en materia de respeto al principio de autodeterminación de los pueblos al no intervenir en las decisiones políticas que toman los habitantes de las naciones latinoamericanas y del Caribe, se pretende que el pueblo colombiano someta sus decisiones a la voluntad de los gobiernos de UNASUR y del ALBA, como si ellos tuvieren alguna representación legítima con relación a la soberanía de Colombia como miembro de la comunidad internacional.
El respeto entre las naciones debe partir del reconocimiento de ese principio fundamental para que las democracias puedan operar dentro de la hermandad y dentro de la convivencia, nosotros tenemos que ser totalmente respetuosos de la decisión que tome soberanamente los pueblos del continente, pero de la misma manera exigir sin vacilaciones el respeto a nuestras decisiones; la diplomacia babosa fue la que permitió que otras naciones pretendieran determinar cómo debemos resolver nuestros asuntos y convertir a Colombia en el tablero sui géneris de los intentos de dominación mundial a que aspira el Foro de Sao Paulo y el resurgimiento del neocomunismo que pretende revivir la experiencia fallida de la URSS.
Al igual que sucede con el tema de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, el neocomunismo quiere apropiarse del tema de la libre autodeterminación de los pueblos para justificar sus proyectos expansionistas y hegemónicos en América Latina; así es válido que Venezuela amenace con intervenir militarmente en Honduras desconociendo la voluntad popular materializada en la elección de un nuevo gobierno o en el rechazo popular que las marchas contra las Farc se expresaron en Colombia.
¿Podrá el nuevo gobierno electo por más de 9 millones de colombianos ignorar el mandato de continuar las políticas de defensa y seguridad democrática en aras de un restablecimiento ficticio de relaciones con gobiernos abiertamente hostiles para satisfacer las necesidades económicas de sectores minoritarios y resolver los problemas internos creados por esos gobiernos en sus países?
Hay un hecho mundial cierto que no puede minimizarse, las resoluciones de la ONU contra el terrorismo le exigen a los gobiernos del mundo, entre otras cosas, el prestar apoyo o refugio a elementos y organizaciones terroristas, así como oponerse a las ideologías extremistas violentas, incluso con medidas para prevenir la subversión de instituciones educativas, culturales y religiosas por los terroristas y sus partidarios; mientras eso decide el mundo en su medio natural de debate, Venezuela patrocina organizaciones como las Farc y el Eln e instituye como políticas de estado la subversión educativa, cultural y religiosa mediante la creación de aparatos armados o intelectuales para combatir la democracia, los derechos civiles y políticos, ahogando mediante el acoso violento o judicial cualquier expresión de oposición a tales designios como acaba de suceder con la detención del defensor de derechos humanos Alejandro Peña Esclusa, representante de UNO AMÉRICA de la cual es parte integral la FUNDACIÓN DERECHOS HUMANOS Y DEMOCRACIA COLOMBIA, DERHDECO.
No es entonces Colombia quien lanza piedras, como dijo el señor Chávez Frías, son las actuaciones del gobierno venezolano las que minan el camino del entendimiento y ponen en evidencia cuál es el carácter del régimen bolivariano y sus aspiraciones continentales. Ningún colombiano, por idiotez que padezca, puede aceptar la grosería del mandatario venezolano como pretendido elemento para el restablecimiento de las relaciones entre los dos países so pena de renunciar a nuestra propia dignidad, a nuestra soberanía que es lo que fundamenta la existencia de nuestro Estado.
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