La Cancillería de Colombia ha llamado a consulta a nuestra embajadora en Venezuela María Luisa Chiappe; en el lenguaje diplomático equivale a dejar en suspenso las relaciones bilaterales por hechos notoriamente contrarios a las normas que rigen las relaciones entre los países, las cuales quedan a cargo de los encargados de negocios como desde 2008 lo decidió el gobierno de Caracas.¿Qué tan grave es la situación? Evidentemente ella obedece, en lo regional, a hechos reglados desde la Carta de la OEA suscrita desde 1948 y que para el continente tiene un nombre: la Democracia, y que ha tenido en el hemisferio un apellido: Representativa.
A pesar de lo que les duela a algunos opinadores del bolivarianismo, o del liberalismo, frente a Uribe, el gobierno, aun faltándole un mes, tiene el deber de cumplir las normas que reglan su existencia, entre ellas las de sus relaciones internacionales. Para el horror de nuestros comunistas criollos, el Protocolo de Buenos Aires, en 1967; en el Protocolo de Cartagena de Indias, de 1985; en el Protocolo de Washington, en 1992 y en el Protocolo de Managua, en 1993, la definición democracia representativa se mantiene inalterada y en ella no caben las organizaciones narcoterroristas como las Farc, y desde 1948, ha sido largo el trazo de la historia donde la gobernabilidad ha sido puesta a prueba: con ausencia de los autoritarismos indeseables, hemos tenido en algún modo democracias esperanzadoras; libertades limitadas como conquistas libertarias. Vivimos momentos para la reflexión, para examinar logros y carencias, en lo interior, pero no para renunciar a nuestro deber de proteger la integridad de la nación. Ningún colombiano, incluso la misma izquierda bolivariana, puede indicar que el estado de los derechos humanos ha cambiado y que precisamente ese cambio muestra otra imagen del estado inviable que tanto el capitalismo como el Foro de Sao Paulo pregonaban de nosotros.
Nadie puede osar a decir que el mecanismo de participación popular no ha sido puesto a prueba en el actual gobierno a través de los Consejos Comunales y que más de un ministro fue puesto a prueba frente al resultado de su misión; la democracia precisamente se destaca por la participación de las comunidades, asociaciones vecinales y organizaciones no gubernamentales, en la formulación de propuestas de inversión ante las autoridades estatales, departamentales o municipales. Esto es lo que la corrupción y la politiquería atacan desde los medios y que después, frente a un cambio de modelo en la forma de gobierno del próximo presidente, terminarán requiriendo, alegando olvido de las regiones y de las acciones disciplinarias o judiciales se iniciaron frente a los hechos que anteriormente se mantenían callados y por eso no eran noticias en los medios.
Nadie puede decir que el llamado a las víctimas de la violencia en Colombia, no es el resultado de una voluntad de gobierno que quiere alcanzar una paz duradera mediante la legislación nacional, para cerrar las heridas que en otros procesos jamás se tocaron o se sanaron por obra de las amnistías y los indultos concedidos a quienes delinquieron mediante el alzamiento en armas contra el Estado.
Quedó una herida profunda y que ahora es aprovechada por amnistiados e indultados para reclamar castigo contra quienes los combatieron y derrotaron; pero, para sanarla aún hay tiempo y frente a la defensa de la dignidad de Colombia ante la amenaza de la transnacional del delito narcotraficante y terrorista, hay prioridades más importantes.
Así como los soldados se han sacrificado a través de nuestra historia, no se puede permitir que ese sacrificio sea vano precisamente a favor de quienes han sido los más protegidos; decir hoy los que 2.5 millones de dólares diarios de ganancias. Bien en vale la pena la pena preguntarse si sacrificar esa dignidad es un despropósito solamente imaginable en el ideario bolivariano para derrotarnos.
Si los comerciantes de frontera obtiene sus resultados, ¿Cesarán las Farc en sus propósitos criminales?
¿Dónde dejamos a los colombianos asesinados y detenidos en Venezuela? ¿Qué les decimos mientras los beneficiarios de los 2.5 millones de dólares no proponen ni siquiera una indemnización a favor de ellos? ¿Qué decirle a las miles de víctimas de las Farc? ¿Será que estos comerciantes destinarían por su voluntad al menos una parte de sus ganancias en las ventas para reparar a las víctimas, si Colombia hiciera borrón y cuenta nueva frente a la realidad del apoyo venezolano a las narcoguerrillas?
Para algunos malos ciudadanos prima el interés comercial particular al interés de la soberanía nacional, basta con mirar columnas en los medios de comunicación masiva que así lo proponen y diciendo que la actitud de nuestro gobierno es chauvinista porque privilegia la dignidad nacional a los resultados económicos que pudiere representar la vista ciega a la violación de las normas internacionales sobre el terrorismo y el narcotráfico.
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