Recurriendo al filibusterismo leguleyo que tanto daño le ha causado al país, el Magistrado de la Corte Constitucional Jorge Iván Palacio presentará moción de inconstitucionalidad al acuerdo de cooperación militar colombo-norteamericano contra el narcotráfico y el terrorismo, como colofón del trámite que se adelanta en la Corte para determinar la constitucional del acuerdo que permite a Estados Unidos el uso transitorio de bases militares en Colombia en la persecución internacional de esos delitos, firmado el año pasado entre los dos países.
Indudablemente el fallo, de producirse en ese sentido, solamente acude a favor de los argumentos de Venezuela y el Movimiento Continental Bolivariano, del que hacen parte las Farc y el Eln, y de los socios del club del socialismo siglo XXI, que han agitado esa bandera como excusa para la agresión a nuestro país. Un fallo en ese sentido sería proponer el suicidio colectivo y la renuncia a nuestra soberanía y dignidad.
Si prospera lo propuesto por el Magistrado Palacio, la Corte Constitucional estaría avalando el discurso que señala que combatir el narcotráfico y el terrorismo nos convierte en el “patio trasero” del imperialismo y que simplemente somos, no una nación soberana, sino el instrumento para imponer la dominación en el continente, ni más ni menos. Buena escuela dejó el señor Carlos Gaviria Díaz en el máximo tribunal judicial de Colombia; si llegan a proferir tal absurdo fallo, los Magistrados deben ponerse su camiseta amarilla para ejemplarizar su decisión.
La decisión de desconocer el momentum del acuerdo militar dentro de los cánones del Plan Colombia firmado hace más de 10 años, simplemente es un reconocimiento judicial de una derrota inexistente frente al programa estatal de combate al narcotráfico, es ceder ante los intereses del mayor cártel narcotraficante actual en Colombia, las Farc, desconociendo incluso que el problema de los cultivos ilícitos en el país está en retroceso gracias a esas políticas y esos acuerdos y muta hacia sus países de origen como lo indican los últimos estimativos de la ONU.
Un fallo adverso, pese a la gabela de considerar su legitimidad por un año más mientras el Congreso expide una ley que lo respalde, no constituye una reivindicación de la justicia sino una vindicta del poder judicial contra el Ejecutivo cuando termina su mandato constitucional. No es la apreciación de lo sustancial, sino el acomodamiento de lo formal para señalar que el gobierno hipotéticamente violó los mandatos constitucionales al suscribir ese acuerdo, no importan la gravedad que para el pueblo colombiano, conforme a los principios fundamentales del Estado consagrados en la Constitución, tenga el desarrollo de esas conductas criminales, lo importante es sentar el precedente político que acude en auxilio del proyecto socialista del siglo XXI, que atiende antes que los intereses nacionales, la preocupación de los gobiernos neocomunistas de la región, que se evidenció en la Cumbre extraordinaria de la Unión de Naciones Suramericanas, Unasur (28 de agosto del 2009) y que aunque no se condenó el acuerdo, se confirmó la necesidad de contar con una política de lucha contra el narcotráfico, no alineada a Washington, sino basada en los principios de la integración suramericana. Esta coyuntura es la oportunidad que aprovecharía la Corte Constitucional para enviar el mensaje de solidaridad al Movimiento Continental Bolivariano.
Los colombianos deben tener como seguro que el acuerdo de cooperación militar contra el narcotráfico y el terrorismo fue suscrito dentro de las normas que permitieron el Plan Colombia y no de otra manera, que la cooperación militar contra esos fenómenos criminales hace parte del cumplimiento de las Resoluciones de la ONU adoptadas en el presente siglo; pero sobre todo, que cualquier concesión a los intereses de los criminales significa la renuncia a la soberanía y la dignidad nacionales.
Ganando las principales batallas contra el narcotráfico y el terrorismo, los colombianos no podemos dejarnos distraer por los discursos sofistas de quienes recibieron apoyos criminales para ejercer el poder; es posible y se ha demostrado que estas conductas criminales son abatibles, de hecho las mediciones internacionales indican que el fenómeno narcotraficante se desplaza del país a donde encuentran condiciones favorables para ejercer su negocio ilícito, y tras ella marchan las organizaciones terroristas. Léanse una y otra vez las declaraciones de respaldo de Evo Morales que cuestiona precisamente el que se combata al narcoterrorismo como razón de los acuerdos suscritos por Colombia y los Estados Unidos.
La revolución comunista no la alcanzaron las Farc mediante las armas, la están imponiendo a través del PC3 mediante la infiltración al poder judicial y el siglo de los jueces anunciado por sus protagonistas, los Magistrados que ahora salen en defensa de los argumentos venezolanos contra su propio país, como resultado de lo ordenado por el Foro de Sao Paulo para imponernos la dictadura comunista. 
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