UN NUEVO ROUND EN UNASUR

Es interés del movimiento socialista del siglo XXI, el que las denuncias colombianas ante la OEA sobre la presencia y respaldo a las narcoguerrillas de las Farc y Eln en territorio venezolano, se debatan en el seno de UNASUR, no para continuar lo ya planteado en Washington la semana anterior, sino a partir de ceros y en cambio retomar el hecho de las denuncias como una agresión colombo-norteamericana contra Venezuela se ha puesto más que en evidencia.

Sacaron a Fidel Castro de la sala de cuidados intensivos, lo vistieron con uniforme militar y lo pusieron a decir que Cuba favorece el diálogo pero que si hay un conflicto nadie puede dudar de qué lado está el gobierno castro-marxista, como mecanismo de presión ideológica a gobiernos de esa corriente en el continente; algunos países de la ALBA, como Nicaragua, también presionan para que se atiendan las razones ideológicas del apoyo a las narcoguerrillas antes que a la estabilidad regional.

Mañana UNASUR será un escenario donde el agresivo bloque bolivariano (Venezuela-Ecuador-Bolivia) pretenderá que la reunión de Cancilleres en Quito, se convierta en una hoguera donde quemar a Colombia por ser instrumento de la agresión yanqui contra Venezuela y sus argumentos serán el acuerdo de cooperación contra el narcotráfico y el terrorismo, y la negación sin pruebas de la presencia de terroristas y narcotraficantes en su país, este bloque contará con el respaldo sumiso del gobierno Argentino sometido a Caracas por razones económicas más que por identidad política. El discurso ecuatoriano se limitará a la letanía quejosa por la Operación Fénix.

En el medio tratarán de estar tres (3) países cuyos gobiernos se identifican también con los postulados del Foro de Sao Paulo, como que el de Brasil es coautor de este intento de revivir el marxismo-leninismo, y junto a él estarán los de Uruguay y Paraguay, querrán fungir como árbitros en un desigual combate.

Y por último el bloque de Colombia, la agredida por la actividad proterrorista del gobierno venezolano, con el posible respaldo de Chile y Perú, que a su vez han sido víctimas de la verborrea chavista por no doblegarse a sus planes expansionistas y hegemónicos del llamado bolivarianismo.

Para tratar de enmendar el error político que constituyó la decisión del presidente venezolano de ordenar el rompimiento diplomático con Colombia y a su vez como mecanismo distractor, el canciller de ese país, Nicolás Maduro intentará imponer un plan de paz que no resuelve el problema de la presencia narcoguerrillera en Venezuela con la anuencia de su gobierno.

El canciller venezolano ha hecho gala de cinismo en su correría por Suramérica exponiendo esa propuesta como una supuesta alternativa para evitar una salida desesperada de Colombia, como si fuera Colombia la que se estuviere jugando un destino político en las elecciones de septiembre a las que el PUSV acude con desventaja por el cansancio venezolano de un régimen ineficiente y corrupto que ha dilapidado una fortuna en tratar de expandir el pensamiento de Chávez.

Venezuela se juega sus cartas y ha propuesto al presidente Fernando Lugo como mediador, posición que también quiere asumir Lula da Silva; mediación que no tiene futuro alguno en cuanto es condicionada por el régimen venezolana a que no se intervenga en los asuntos venezolanos, a que no se busquen mecanismos de confirmación de las denuncias colombianas, a que no se cuestione la alianza del partido de gobierno PUSV con el movimiento filoterrrorista que encabezan las Farc y Eln, el Movimiento Continental Bolivariano MCB, sino que se remita simplemente a retomar el gastado discurso de la amenaza yanqui contra el Continente derivada del Plan Colombia y el reciente a la ampliación del acuerdo de cooperación militar colombo-norteamericano.

De hecho así lo advierten: "Cualquiera de estos países miembros de Unasur lo que van a hacer es lo mismo que sus cancillerías harían en el contexto de la OEA", explica el embajador venezolano, Milos Alcalay, quien además sostiene que el resultado del encuentro debe ser "una posición aferrada al Derecho internacional público", es decir y más claro no canta un gallo: UNASUR no va a definir nada sobre el asunto de la queja colombiana y para Venezuela solo es una oportunidad para alcanzar una esquiva victoria política que redunde en beneficios para todos los socialistas del siglo XXI en el continente, incluidos los áulicos del chavismo en Colombia.

EL REENCAUCHE DEL BOLIVARIANISMO DE CHÁVEZ EN COLOMBIA

Concentrando un grupo de campesinos de La Macarena, aupados por agitadores políticos que al ritmo de compañeros y compañeras los presionaban estratégicamente para aplaudir la tarima encabezada por Piedad Córdoba, Gloria Ramírez, Iván Cepeda y otros miembros de la marchitada izquierda colombiana, se pretendía un supuesto foro internacional por los derechos humanos, al que asistían dos ONG europeas con una precaria representación, y que serviría como marco para denunciar a Colombia por la existencia de la supuesta mayor fosa común en Latinoamérica.

Para tratar de darle un tinte de seriedad, el foro era patrocinado por el Colectivo de Abogados Alvear Restrepo y la Comisión Intereclesial Justica y Paz del cura Javier Giraldo; es decir era una reunión de los mismos caducos marxistas con las mismas denuncias que siempre ha hecho el marxismo en el país. Nada nuevo se movía bajo el sol canicular del Llano.

En la apertura del evento, la senadora Piedad Córdoba fustigó como es usual al gobierno y a la Política de Defensa y Seguridad Democrática, señalando que el Plan Colombia fue el precursor de todos los males que aquejan a la república, pero lo central de su intervención fue señalar a las Fuerzas Militares como genocidas y responsables por los falsos positivos que dieron lugar a la aparición de la mayor fosa común del continente, mientras reclamaba con voz herida un lugar en la historia para las Farc.

El colectivo de abogados presentó como prueba el testimonio de un campesino de nombre Harvey, quien en su relato de cómo murió su padre para demostrar que fue víctima del Ejército, señalaba que éste, presidente de una junta veredal, trabajaba en una obra comunitaria cuando llegaron guerrilleros de las Farc que le pidieron transportarlo en su canoa al otro lado del río, que de pronto surgió un enfrentamiento entre los guerrilleros que se movilizaban en la cano y unidades militares y que su padre fue la única víctima, que después aparecieron unidades de la Infantería de Marina que supone lo remataron.

Continua diciendo que el Ejército le impidió el acceso al área para averiguar por la suerte de su padre diciéndole que por su propia seguridad no podía ingresar porque había combates.

Si esa es la prueba de estos izquierdistas para mostrar que el Ejército atenta contra la población civil, valga la pena la siguiente reflexión para entender quiénes fueron los violadores de los derechos humanos y que merecen la condena de estos organizaciones que se autoproclaman defensoras de los mismos y que demuestran la falacia de aparatos políticos como el llamado MOVICE que pretende endosarle al Estado todas las víctimas de la agresión narcoterrorista contra la sociedad colombiana.

Señala el declarante que su padre, un líder campesino, trabajaba en una obra comunitaria y que fueron los terroristas de la estructura criminal Farc, los que violando el derecho internacional humanitario, lo llamaron a transportarlos en su canoa, es decir utilizaron población civil como escudo, teniéndose que el señor fue víctima de un enfrentamiento iniciado por personas al margen de la ley, que armadas agredieron al personal militar que por mandato legal estaba en el área

Las tropas agredidas respondieron al fuego y no podría esperarse que esperaran a identificar a cada uno de los integrantes del grupo atacante para preservar su propia vida y excluir a quien no fuera combatiente, en tanto en un combate como estos es humanamente imposible prevenir que dentro de un grupo que ataca hay un civil que simplemente los transporta. Los responsables ante el derecho internacional humanitario fueron los que portando armas y con intención criminal utilizaron un vehículo fluvial civil para la comisión del acto delincuencial.

Tampoco es indicativo de que el Ejército hubiere violado las normas del derecho internacional civil al impedir que civiles entraran a un área de combate, en cuanto lo que allí se demuestra es que precisamente se acató el D.I.H. al preservar los derechos humanos de los no combatientes y evitar que se vieran envueltos en situaciones de riesgo para su integridad y su vida. De tal manera que resultan muy pobres los argumentos de quienes de esta manera ruin, utilizando campesinos ingenuos, quieren probar las bondades del socialismo del siglo XXI en Colombia.

En cambio se hace evidente que el Foro tenía un cometido político; en medio de la crisis diplomática originada por el gobierno venezolano, la izquierda colombiana acude en ayuda de Caracas proporcionándole argumentos políticos para atacar al país, de hecho Hugo Chávez el pasado domingo señalaba este foro para tratar de justificar su decisión de romper relaciones con un gobierno que como el colombiano, dice, sirve únicamente como instrumento para agredir a su propia población y a Latinoamérica en beneficio de los intereses del imperio.

¿Qué esperará la Corte Suprema de Justicia para averiguar por las andanzas de la señora Piedad Córdoba, que en cada intervención solamente atenta contra los intereses nacionales y alienta agresiones contra el país? Una vez tirada la piedra, estos personajes neocomunistas salen inmediatamente a decir que cualquier respuesta que se les dé constituye una amenaza contra su vida, como lo han hecho en referencia a lo señalado en torno a la falsedad de la existencia de una fosa común de inocentes campesinos asesinados por las tropas en desarrollo del Plan Patriota que erradicó las narcoguerrillas de esa región.

VENEZUELA COMO AMENAZA REGIONAL

Evidentemente Venezuela se ha convertido en amenaza regional, no por su poderío militar sino por el desarrollo expansionista y hegemónico del proyecto del socialismo del siglo XXI nacido del Foro de Sao Paulo y su evidente vinculación al narcotráfico y el terrorismo como vehículos para exportar ideología.

Las recientes denuncias de Colombia ante la OEA sobre la masiva presencia de elementos narcoterroristas de las Farc y el Eln, no han sido más que el colofón de una situación que ya venía preocupando a autoridades internacionales y que, desde 2004, habían sido puestas en evidencia por el general James Hill, para la fecha jefe del Comando Sur, presentó un informe ante el Comité de las Fuerzas Armadas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos fundamental para comprender la visión del Pentágono frente al proceso revolucionario venezolano.

En ese informe Hill propuso incorporar a las amenazas tradicionales de seguridad manejadas por Estados Unidos para América Latina (narcotráfico y terrorismo) el concepto de “populismo radical”, definido como una “amenaza emergente que socava el proceso democrático al reducir, en lugar de aumentar, los derechos individuales”. Hill planteaba la necesidad de ideologizar la política hemisférica estadounidense, especialmente frente a Chávez, ya en abierto accionar conjunto con Fidel Castro y desarrollando una agresiva geopolítica energética (Petroamérica, búsqueda de aliados estratégicos para romper la interdependencia petrolera con Estados Unidos) y revolucionaria continental; llamaba a posponer los privilegios del negocio petrolero inmediato ante la necesidad de lo político-ideológico-militar, entendido dentro de la confrontación entre las democracias representativas y los “populismos radicales”.

Hill entendió a la perfección lo que representaban para el continente el proyecto del Foro de Sao Paulo y su expresión de la combinación de las formas de lucha expresadas ahora a través del Movimiento Continental Bolivariano, organismo surgido de la Coordinadora Continental creada por las Farc y de cuya naturaleza dan cuenta los campamentos bolivarianos desarrollados por la organización narcoterrorista y a la que han acudido mercenarios de diversos países.

Hacia el mes de julio de 2005, Tom Barry, director político del Internacional Relations Center (IRC), publicó un trabajo que tradujo la agencia de noticias IPS, cuyo título fue “Nuevas Prioridades para el Comando Sur”. Allí Barry sostenía que el Comando Sur, bajo la jefatura de Bantz Craddock, había elaborado nuevos documentos de estrategia para la región. En esos documentos se establecían como prioridades: a) garantizar el libre flujo de suministro regional de energía a los mercados internacionales, “sin que sea objetivo de agresión”; b) asegurar que los países ejerzan soberanía sobre su territorio, ayudando a las naciones andinas en su esfuerzo por dominar “espacios no gobernados” y a todos los países de la región para impedir el “efecto derrame” de sus vecinos inestables; c) buscar que los aliados regionales tengan capacidad y voluntad para participar en “operaciones combinadas” como “acciones antiterroristas” y “operaciones de paz”; d) impedir “que los Estados renegados apoyen organizaciones terroristas”; y e) fortalecer y mantener gobiernos estables y democráticamente electos” en toda el área de acción del Comando Sur.

Estos documentos son los que ahora sirven de base al gobierno venezolano y sus áulicos en el continente para hablar de un cerco del Pentágono al proyecto revolucionario de ese país; ante la evidencia de que estaba usando su influencia y recursos petroleros con el fin de introducir su conflictivo estilo de política en otros países y la innegable injerencia en las decisiones de países miembros del proyecto ALBA y la UNASUR, que afectaban notoriamente el equilibrio estratégico en Latinoamérica y el Caribe.

La desatención a las reiteradas denuncias presentadas por los gobiernos colombianos sobre el tránsito de narcoterroristas por territorio venezolano y las advertencias del Comando Sur de EE.UU., vistas como una reactivación de la derecha de sus prevenciones durante la guerra fría, permitió que las Farc extendieran sus vínculos con organizaciones terroristas como ETA, IRA y Hezbollah, teniendo santuarios para el entrenamiento y el intercambio de instrucción en el uso de explosivos, secuestro, y atentados indiscriminados contra la población civil, que hizo extensivas a países como Paraguay donde se probó su participación de este tipo de delitos y en la creación de bandas terroristas; que es evidente en su participación en el llamado triángulo suramericano como mercado de armas y narcóticos.

La tolerancia de algunos gobiernos regionales a las pretensiones expansionistas y hegemónicas del llamado proyecto bolivariano seguramente podrá permitirles a corto plazo seguir contando con el apoyo de los petrodólares venezolanos, pero va a permitir que en sus propios países se vea amenazada la seguridad pública por la expansión del terrorismo y el narcotráfico como ya se evidencia; organizaciones como las Farc requieren urgentemente de nuevos puertos de salida para el comercio ilícito y ellos se convierten en foco del incremento de la adicción en los países que se hacen ciegos y sordos a las denuncias.

Al convertirse Venezuela en un territorio donde se establecen las Farc y el Eln para desarrollar su negocio narcotraficante, se convierte indiscutiblemente en una amenaza para la seguridad regional, porque el gobierno de ese país utiliza las influencias ya señaladas como cobertura para las operaciones delincuenciales de la narcoguerrilla, que están siendo vistas con interés y ya se evidencia la participación de organizaciones europeas, asiáticas y del medio oriente que bajo la excusa de atacar los intereses yanquis, quieren convertir a nuestro continente en un polvorín.

ANTE LA CRISIS, LA CORTE CONSTITUCIONAL PROPONDRÁ EL SUICIDIO COLECTIVO

Recurriendo al filibusterismo leguleyo que tanto daño le ha causado al país, el Magistrado de la Corte Constitucional Jorge Iván Palacio presentará moción de inconstitucionalidad al acuerdo de cooperación militar colombo-norteamericano contra el narcotráfico y el terrorismo, como colofón del trámite que se adelanta en la Corte para determinar la constitucional del acuerdo que permite a Estados Unidos el uso transitorio de bases militares en Colombia en la persecución internacional de esos delitos, firmado el año pasado entre los dos países.

Indudablemente el fallo, de producirse en ese sentido, solamente acude a favor de los argumentos de Venezuela y el Movimiento Continental Bolivariano, del que hacen parte las Farc y el Eln, y de los socios del club del socialismo siglo XXI, que han agitado esa bandera como excusa para la agresión a nuestro país. Un fallo en ese sentido sería proponer el suicidio colectivo y la renuncia a nuestra soberanía y dignidad.

Si prospera lo propuesto por el Magistrado Palacio, la Corte Constitucional estaría avalando el discurso que señala que combatir el narcotráfico y el terrorismo nos convierte en el “patio trasero” del imperialismo y que simplemente somos, no una nación soberana, sino el instrumento para imponer la dominación en el continente, ni más ni menos. Buena escuela dejó el señor Carlos Gaviria Díaz en el máximo tribunal judicial de Colombia; si llegan a proferir tal absurdo fallo, los Magistrados deben ponerse su camiseta amarilla para ejemplarizar su decisión.

La decisión de desconocer el momentum del acuerdo militar dentro de los cánones del Plan Colombia firmado hace más de 10 años, simplemente es un reconocimiento judicial de una derrota inexistente frente al programa estatal de combate al narcotráfico, es ceder ante los intereses del mayor cártel narcotraficante actual en Colombia, las Farc, desconociendo incluso que el problema de los cultivos ilícitos en el país está en retroceso gracias a esas políticas y esos acuerdos y muta hacia sus países de origen como lo indican los últimos estimativos de la ONU.

Un fallo adverso, pese a la gabela de considerar su legitimidad por un año más mientras el Congreso expide una ley que lo respalde, no constituye una reivindicación de la justicia sino una vindicta del poder judicial contra el Ejecutivo cuando termina su mandato constitucional. No es la apreciación de lo sustancial, sino el acomodamiento de lo formal para señalar que el gobierno hipotéticamente violó los mandatos constitucionales al suscribir ese acuerdo, no importan la gravedad que para el pueblo colombiano, conforme a los principios fundamentales del Estado consagrados en la Constitución, tenga el desarrollo de esas conductas criminales, lo importante es sentar el precedente político que acude en auxilio del proyecto socialista del siglo XXI, que atiende antes que los intereses nacionales, la preocupación de los gobiernos neocomunistas de la región, que se evidenció en la Cumbre extraordinaria de la Unión de Naciones Suramericanas, Unasur (28 de agosto del 2009) y que aunque no se condenó el acuerdo, se confirmó la necesidad de contar con una política de lucha contra el narcotráfico, no alineada a Washington, sino basada en los principios de la integración suramericana. Esta coyuntura es la oportunidad que aprovecharía la Corte Constitucional para enviar el mensaje de solidaridad al Movimiento Continental Bolivariano.

Los colombianos deben tener como seguro que el acuerdo de cooperación militar contra el narcotráfico y el terrorismo fue suscrito dentro de las normas que permitieron el Plan Colombia y no de otra manera, que la cooperación militar contra esos fenómenos criminales hace parte del cumplimiento de las Resoluciones de la ONU adoptadas en el presente siglo; pero sobre todo, que cualquier concesión a los intereses de los criminales significa la renuncia a la soberanía y la dignidad nacionales.

Ganando las principales batallas contra el narcotráfico y el terrorismo, los colombianos no podemos dejarnos distraer por los discursos sofistas de quienes recibieron apoyos criminales para ejercer el poder; es posible y se ha demostrado que estas conductas criminales son abatibles, de hecho las mediciones internacionales indican que el fenómeno narcotraficante se desplaza del país a donde encuentran condiciones favorables para ejercer su negocio ilícito, y tras ella marchan las organizaciones terroristas. Léanse una y otra vez las declaraciones de respaldo de Evo Morales que cuestiona precisamente el que se combata al narcoterrorismo como razón de los acuerdos suscritos por Colombia y los Estados Unidos.

La revolución comunista no la alcanzaron las Farc mediante las armas, la están imponiendo a través del PC3 mediante la infiltración al poder judicial y el siglo de los jueces anunciado por sus protagonistas, los Magistrados que ahora salen en defensa de los argumentos venezolanos contra su propio país, como resultado de lo ordenado por el Foro de Sao Paulo para imponernos la dictadura comunista.

ANTE LA CRISIS, LA CORTE CONSTITUCIONAL PROPONDRÁ EL SUICIDIO COLECTIVO

Recurriendo al filibusterismo leguleyo que tanto daño le ha causado al país, el Magistrado de la Corte Constitucional Jorge Iván Palacio presentará moción de inconstitucionalidad al acuerdo de cooperación militar colombo-norteamericano contra el narcotráfico y el terrorismo, como colofón del trámite que se adelanta en la Corte para determinar la constitucional del acuerdo que permite a Estados Unidos el uso transitorio de bases militares en Colombia en la persecución internacional de esos delitos, firmado el año pasado entre los dos países.

Indudablemente el fallo, de producirse en ese sentido, solamente acude a favor de los argumentos de Venezuela y el Movimiento Continental Bolivariano, del que hacen parte las Farc y el Eln, y de los socios del club del socialismo siglo XXI, que han agitado esa bandera como excusa para la agresión a nuestro país. Un fallo en ese sentido sería proponer el suicidio colectivo y la renuncia a nuestra soberanía y dignidad.

Si prospera lo propuesto por el Magistrado Palacio, la Corte Constitucional estaría avalando el discurso que señala que combatir el narcotráfico y el terrorismo nos convierte en el “patio trasero” del imperialismo y que simplemente somos, no una nación soberana, sino el instrumento para imponer la dominación en el continente, ni más ni menos. Buena escuela dejó el señor Carlos Gaviria Díaz en el máximo tribunal judicial de Colombia; si llegan a proferir tal absurdo fallo, los Magistrados deben ponerse su camiseta amarilla para ejemplarizar su decisión.

La decisión de desconocer el momentum del acuerdo militar dentro de los cánones del Plan Colombia firmado hace más de 10 años, simplemente es un reconocimiento judicial de una derrota inexistente frente al programa estatal de combate al narcotráfico, es ceder ante los intereses del mayor cártel narcotraficante actual en Colombia, las Farc, desconociendo incluso que el problema de los cultivos ilícitos en el país está en retroceso gracias a esas políticas y esos acuerdos y muta hacia sus países de origen como lo indican los últimos estimativos de la ONU.

Un fallo adverso, pese a la gabela de considerar su legitimidad por un año más mientras el Congreso expide una ley que lo respalde, no constituye una reivindicación de la justicia sino una vindicta del poder judicial contra el Ejecutivo cuando termina su mandato constitucional. No es la apreciación de lo sustancial, sino el acomodamiento de lo formal para señalar que el gobierno hipotéticamente violó los mandatos constitucionales al suscribir ese acuerdo, no importan la gravedad que para el pueblo colombiano, conforme a los principios fundamentales del Estado consagrados en la Constitución, tenga el desarrollo de esas conductas criminales, lo importante es sentar el precedente político que acude en auxilio del proyecto socialista del siglo XXI, que atiende antes que los intereses nacionales, la preocupación de los gobiernos neocomunistas de la región, que se evidenció en la Cumbre extraordinaria de la Unión de Naciones Suramericanas, Unasur (28 de agosto del 2009) y que aunque no se condenó el acuerdo, se confirmó la necesidad de contar con una política de lucha contra el narcotráfico, no alineada a Washington, sino basada en los principios de la integración suramericana. Esta coyuntura es la oportunidad que aprovecharía la Corte Constitucional para enviar el mensaje de solidaridad al Movimiento Continental Bolivariano.

Los colombianos deben tener como seguro que el acuerdo de cooperación militar contra el narcotráfico y el terrorismo fue suscrito dentro de las normas que permitieron el Plan Colombia y no de otra manera, que la cooperación militar contra esos fenómenos criminales hace parte del cumplimiento de las Resoluciones de la ONU adoptadas en el presente siglo; pero sobre todo, que cualquier concesión a los intereses de los criminales significa la renuncia a la soberanía y la dignidad nacionales.

Ganando las principales batallas contra el narcotráfico y el terrorismo, los colombianos no podemos dejarnos distraer por los discursos sofistas de quienes recibieron apoyos criminales para ejercer el poder; es posible y se ha demostrado que estas conductas criminales son abatibles, de hecho las mediciones internacionales indican que el fenómeno narcotraficante se desplaza del país a donde encuentran condiciones favorables para ejercer su negocio ilícito, y tras ella marchan las organizaciones terroristas. Léanse una y otra vez las declaraciones de respaldo de Evo Morales que cuestiona precisamente el que se combata al narcoterrorismo como razón de los acuerdos suscritos por Colombia y los Estados Unidos.

La revolución comunista no la alcanzaron las Farc mediante las armas, la están imponiendo a través del PC3 mediante la infiltración al poder judicial y el siglo de los jueces anunciado por sus protagonistas, los Magistrados que ahora salen en defensa de los argumentos venezolanos contra su propio país, como resultado de lo ordenado por el Foro de Sao Paulo para imponernos la dictadura comunista.