Movimientos como Ciudadanos y Ciudadanas por la Paz, y otros similares como el MOVICE, se han apresurado a celebrar el nuevo lenguaje utilizado por el gobierno nacional con relación a la eventualidad de un hipotético diálogo con las narcoguerrillas para buscarle salidas políticas a la amenaza narcoterrorista representada por las Farc, el Eln y otras bandas criminales que amenazan la seguridad ciudadana, principalmente en los centros urbanos.
Los tan abundantes analistas y opinadores en materia de seguridad, se devanan los sesos tratando de explicar que la creciente inseguridad en las ciudades obedece a desatención del gobierno central a las situaciones de delincuencia común expresadas en el microtráfico de narcóticos, el empoderamiento de las bandas organizadas criminales (las llamadas oficinas de cobros), etc., señalando de manera perversa que ello es efecto del combate a las organizaciones armadas ilegales en las zonas rurales y que por ello fueron desplazadas a los centros urbanos, pero cuidándose de señalar el nexo causal de la inseguridad urbana como medio de las narcoguerrillas para lograr un alivio en la presión militar en sus ya inexistentes centros de gravedad estratégica en las zonas rurales.
Es evidente que las Farc no renunciaron a su idea de trasladar el conflicto a las zonas urbanas. Fracasada la intención de hacerlo con movilización de frentes y columnas terroristas, y atendiendo viejas premisas de la guerra de guerrillas, sus actores utilizan a la delincuencia común, el hampa, para generar caos social en un evidente intento de crear desconfianza en las instituciones democráticas.
Definitivamente Colombia ya no es un país rural, el mayor porcentaje de sus habitantes se concentra en las zonas urbanas y los problemas de satisfacción de las necesidades básicas se concentran en ciudades y municipios, incrementados por el desplazamiento forzado de población rural propiciado por las organizaciones armadas ilegales, el narcotráfico y el terrorismo. La Plataforma Bolivariana de las Farc ya preveía los efectos sociales y políticos ventajosos para el proyecto socialista que la nueva realidad representaba para sus intereses, mientras los círculos políticos, económicos y sociales gobernantes se limitaban a tratar de obtener réditos electorales de una situación ignorada secularmente.
De ahí que el establecimiento de una estrategia nacional como la Política de Defensa y Seguridad Democrática PDSD, rompiera muchos esquemas y moldes ancestrales que obligaron a todos los sectores a adoptar nuevas formas de supervivencia; para el comunismo, acostumbrado al paso del tiempo a favor de sus propósitos como lo probaron en Vietnam, las viejas fórmulas seguían teniendo aplicación, propiciar el diálogo para fortalecerse y continuar la acción depredadora; dentro del nuevo esquema nacional había que vender la idea de que así como la sociedad se cansó de la inutilidad de los mecanismos dialogantes con la insurgencia, colmados con el fracasado proyecto del Caguán, después de 8 años de derrotas continuas por las Farc, estas no habían sido completamente derrotadas y por tanto había que retomar el sendero de la dialoguitis para vislumbrar una oportunidad de paz. Con menos descaro la ETA ha tratado de sostener lo mismo en España.
Las Farc han sido claras en un propósito: No renuncian a las armas hasta no alcanzar la toma del poder, lo que no significa necesariamente una entrada triunfal a Bogotá como lo hicieran sus pares en La Habana o Managua, por antigüedad como guerrillas reclaman para sí algo más espectacular. No puede olvidarse que la antigua escuela marxista-leninista sigue vigentes y que cada uno de sus postulados en procura de la dictadura del proletariado sigue vigente, aún cuando hoy se vistan de bolivarianismo, ecologismo, indigenismo, negritudes, etc., se trata de aprovechar a los presuntamente excluidos sociales o económicos para crear las condiciones estructurales necesarias para el alcance de los objetivos.
Cada asesinato contra civiles o militares en una zona rural dará la sensación de fracaso de la PDSD, cada acto terrorista en una zona urbana aumentará la sensación de inseguridad; la acción conjunta de sus organismos políticos y de sus infiltrados en el poder público, provocarán la sensación de imposibilidad de respuesta por parte del Estado y de esa manera se alcanzará el objetivo político.
Alfonso Cano dice “Conversemos”, repitiendo la vieja fórmula de Ho Chi Min en París; las minorías políticas recurren a las anacrónicas explicaciones del modelo teórico de la exclusión social y económica como base de los estallidos de violencia, para explicarle a Colombia que pobreza y violencia son intrínsecas y que si no se aceptan las tesis de los violentos la pobreza se incrementará por la necesaria reacción de aquellos. Es el chantaje perfecto: O ensordecidos por el terrorismo de las Farc aceptamos el modelo de estado socialista que proponen o nos atenemos a la prolongación de la violencia que ejecutan desde los mismos años 50. El modelo de Marquetalia sigue vigente y ese es el punto de honor inamovible para los narcoterroristas.
Confiemos en que el discurso del presidente Santos es sincero y que realmente frente al desarrollo de la estrategia de seguridad nacional los cambios serán para mejorar la decisión política de los colombianos al elegirlo, que los deseos de mejorar el discurso, de cambiar el tono y el ritmo, no signifique volver a épocas aciagas en las que la semiología (el estudio de los signos en la vida social), tenía más prevalencia que la misma realidad; si eso fuere así, el militar debe prepararse para repetir el discurso de los anteriores años: Ave, Caesar, morituri te salutant, mientras los políticos hacen sus acuerdos.
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