El general venezolano Antonio Rivero enfrenta la posibilidad de ser enjuiciado y sentenciado con hasta 10 años de prisión por denunciar la participación activa de ciudadanos cubanos en áreas sensibles de la seguridad y defensa de Venezuela, recurriendo a la misma manida fórmula a Fiscalía Militar del país vecino, señaló que con esa exposición habría incurrido en los delitos de "ultraje a la Fuerza Armada" y "revelación de noticias privadas o secretas de la Fuerza Armada en grado de continuidad".
¿Qué fue lo que dijo Rivero? Denunció, en cumplimiento de su deber como militar y como ciudadano, que como jefe del Estado Mayor de la Quinta División de Infantería -cargo que ejerció después de Protección Civil, hasta abril del 2010- pudo constatar la presencia de cubanos en los cursos para francotiradores y en otras prácticas de capacitación y adiestramiento, en discusiones de defensa nacional, de dotación de sistemas de armas y planes de campaña. "Más que un intercambio militar, la inclusión de militares cubanos está más allá de lo que debería ser permitido. Están en áreas estratégicas, en seguridad de Estado".
Ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH, había advertido a Venezuela que el primer cargo que se le imputa debería desaparecer del Código Orgánico de Justicia Militar, pues no delimita estrictamente la conducta delictuosa, entre otros, resultando así en una tipificación amplia, vaga y ambigua que incluso permite que civiles sean enjuiciados en el fuero militar, siendo un procedimiento violatorio de los derechos humanos; debe recordarse que la respuesta del gobierno chavista fue la amenaza de retirarse de la CIDH.
Estas acusaciones vagas y ambiguas son las que le han servido a los regímenes totalitarios a través de la historia, para deshacerse de sus contradictores y opositores, y en Venezuela se están aplicando a mansalva para apuntalar el régimen socialista que construyen los asesores cubanos a contramarcha.
Así lo expresó la experta en derecho internacional Rocío San Miguel, quien recordó que debido a otro caso similar (el del general retirado Francisco Usón, quien estuvo más de tres años en prisión por haber opinado sobre el manejo de armas en un programa de televisión), la Corte ordenó la desaplicación del artículo de ultraje o injuria a la Fuerza Armada, "pues no delimita estrictamente la conducta delictuosa, entre otros, resultando así en una tipificación amplia, vaga y ambigua que incluso permite que civiles sean enjuiciados en el fuero militar".
Evidentemente los tribunales venezolanos están degradándose para convertirse en “tribunales de justicia popular” mediante los cuales el régimen disfraza de “actos de venganza del pueblo” el silenciamiento y represión a cualquier expresión de crítica o denuncia de la cubanización del país y la ya incontrolable corrupción en todas las esferas del poder público que permiten hechos como la protección territorial a narcotraficantes y terroristas.
Una profusión de actos terroristas judiciales haría aún mayores la abstención y la apatía. Ya no como demostraciones de desinterés o desencanto, sino como fehaciente prueba de miedo. En segundo término, aumenta la represión estatal. Y la acción represiva se aplica con más vigor sobre los sectores más desasistidos y marginales, con la mirada complaciente de la casi totalidad de quienes tienen más bienes que defender con la vana esperanza de conservarlos.
La disolución cada vez más evidente de la democracia en Venezuela es un tema que debe preocupar a los países de la región y especialmente a la OEA en la defensa de la Carta Democrática que es su sustento, pero parece que los gobiernos y el organismo regional son presas del mismo miedo que se impone al pueblo venezolano, hoy abandonado a la suerte de un régimen que pretende resucitar el anacronismo socialista a cualquier precio. Venezuela, al igual que Cuba, es hoy un país de discursos gubernamentales, consignas y carteles con propaganda política. Es algo tan común que, prácticamente, nadie les presta atención, pero que esconden una cruda realidad ante la que los ojos del continente miran hacia otro lado sin el valor para acudir al rescate de esos pueblos hermanos.
Solo y de manera aislada algunos medios han denunciado esa realidad como lo hace hoy The Washington Post al referirse al veto que el gobierno de Caracas tendió sobre el embajador norteamericano designado ante Venezuela, Larry Palmer, por haber señalado la baja moral de las tropas venezolanas y el evidente respaldo gubernamental a las Farc, Eln y organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, el diario norteamericano llama a una posición de dignidad señalando que Si la condición para tener un embajador de Estados Unidos en Caracas es ignorar hechos irrefutables como el apoyo que le da Hugo Chávez a la guerrilla colombiana, entonces es preferible no tener un embajador.
En su editorial, que titula "El bozal de Chávez", el diario dice que la estrategia de Chávez es intimidar o presionar a cualquiera que se atreva a decir en público "lo que todos en el Hemisferio saben que es cierto". Es entonces imperativo que América no siga mirando hacia otro lado y desconociendo lo que sucede en Venezuela donde la democracia es sacrificada todos los días y se burlan flagrantemente las normas del derecho internacional humanitario y los derechos humanos de unas mayorías que están siendo silenciadas mediante prácticas condenadas por la comunidad mundial.
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