Respondiendo a la invitación del Presidente Santos a un diálogo franco y directo basado en el respeto entre las naciones, su homólogo venezolano Hugo Chávez respondió con las mismas amenazas de siempre: Al primer señalamiento de que en Venezuela apoyamos al terrorismo, que permitimos la instalación de campamentos guerrilleros, que les damos armamentos, dinero, todo se acabaría de inmediato, señaló Chávez en un acto político del PUSV en el día de ayer.
No hay entonces una verdadera voluntad política del mandatario venezolano en recomponer las relaciones con Colombia, es evidente que él necesita de un estado de confrontación para alimentar sus necesidades políticas internas. Si Colombia deja de ser el factor de sus discursos guerreristas y pendencieros, el pueblo venezolano comenzaría a mirar los problemas de adentro y su capital político acabaría derrumbándose, y el PUSV necesita consolidarse en las próximas elecciones para garantizar la imposición del socialismo anunciada por Chávez Frías.
Es un hecho que el gobierno colombiano no puede voltear la página e ignorar lo que se denunció ante la OEA, lo que se requiere es una decidida cooperación del gobierno venezolano para capturar a los terroristas que se refugian en ese país y ponerlos a órdenes de la justicia colombiana como único gesto de buena voluntad y deseo de una verdaderas relaciones en condiciones de respeto y de acatamiento a la normatividad internacional. Hay un punto de no retorno frente al tema del terrorismo y el narcotráfico como fenómenos que afectan las relaciones entre los dos países e ignorarlos no contribuiría en nada a resolver la problemática existente.
El gobierno venezolano no puede confundir una actitud decente y reposada del nuevo gobierno colombiano en la búsqueda de soluciones al conflicto diplomático, con debilidad o aceptación del papel que juega con relación al sostenimiento de bases y campamentos narcoguerrilleros, ni a la presencia de cabecillas de las organizaciones criminales en su territorio. La eliminación de esos factores de crisis es una obligación ineludible de Caracas, que no puede ignorar por consideraciones ideológicas con respecto a las Farc o Eln como parte del llamado proyecto bolivariano o socialismo del siglo XXI.
Colombia incurriría en un desconocimiento propio de su dignidad y soberanía si renunciara a continuar la búsqueda de una verificación internacional a sus denuncias ante la OEA, perdería de un tajo el respeto internacional que ha alcanzado en su lucha contra el terrorismo y el narcotráfico durante los últimos 8 años y este es el primer escenario que el Presidente Santos debe aprovechar a fondo para hacer realidad uno de sus "propósitos" fundamentales la "reconstrucción" de las relaciones con esos dos países vecinos, a través de "la diplomacia y la prudencia".
Para nada contribuye a ese propósito la velada amenaza del presidente venezolano, que mientras enviaba a su Canciller a Bogotá como gesto de reconciliación, utilizaba un acto político para agredir nuevamente al país, para insultar a sus gobernantes y para crear un espíritu anticolombiano en los fundamentalistas miembros del PUSV y en los ciudadanos venezolanos, mientras en Colombia, el presidente Santos pedía "dejar atrás confrontaciones estériles, pendencias desprovistas de contenido”.
Las palabras de Chávez deben servir como indicador válido de que las relaciones diplomáticas entre los dos países están rotas, no por asuntos personales entre los gobernantes como pretendió señalarlo el Presidente Lula, sino por una actitud política del mandatario venezolano empeñado en imponer en el continente su proyecto bolivariano a cualquier costo, comprando conciencias o amedrentando gobiernos sin reparo alguno en las normas que reglan las relaciones entre los Estados.
El Presidente de Chile, Sebastián Piñera, señaló atinadamente que el único mecanismo que garantice el normal restablecimiento de las relaciones entre Colombia y Venezuela debe ir más allá de declaraciones de buena voluntad y comprender mecanismos eficientes de certificación e indudablemente corresponde a Venezuela dar ese paso y con transparencia permitir que la OEA o UNASUR verifiquen in situ si las denuncias colombianas tienen o no razón; no con amenazas como lo pretende desde ayer el presidente venezolano.
No hay entonces una verdadera voluntad política del mandatario venezolano en recomponer las relaciones con Colombia, es evidente que él necesita de un estado de confrontación para alimentar sus necesidades políticas internas. Si Colombia deja de ser el factor de sus discursos guerreristas y pendencieros, el pueblo venezolano comenzaría a mirar los problemas de adentro y su capital político acabaría derrumbándose, y el PUSV necesita consolidarse en las próximas elecciones para garantizar la imposición del socialismo anunciada por Chávez Frías.
Es un hecho que el gobierno colombiano no puede voltear la página e ignorar lo que se denunció ante la OEA, lo que se requiere es una decidida cooperación del gobierno venezolano para capturar a los terroristas que se refugian en ese país y ponerlos a órdenes de la justicia colombiana como único gesto de buena voluntad y deseo de una verdaderas relaciones en condiciones de respeto y de acatamiento a la normatividad internacional. Hay un punto de no retorno frente al tema del terrorismo y el narcotráfico como fenómenos que afectan las relaciones entre los dos países e ignorarlos no contribuiría en nada a resolver la problemática existente.
El gobierno venezolano no puede confundir una actitud decente y reposada del nuevo gobierno colombiano en la búsqueda de soluciones al conflicto diplomático, con debilidad o aceptación del papel que juega con relación al sostenimiento de bases y campamentos narcoguerrilleros, ni a la presencia de cabecillas de las organizaciones criminales en su territorio. La eliminación de esos factores de crisis es una obligación ineludible de Caracas, que no puede ignorar por consideraciones ideológicas con respecto a las Farc o Eln como parte del llamado proyecto bolivariano o socialismo del siglo XXI.
Colombia incurriría en un desconocimiento propio de su dignidad y soberanía si renunciara a continuar la búsqueda de una verificación internacional a sus denuncias ante la OEA, perdería de un tajo el respeto internacional que ha alcanzado en su lucha contra el terrorismo y el narcotráfico durante los últimos 8 años y este es el primer escenario que el Presidente Santos debe aprovechar a fondo para hacer realidad uno de sus "propósitos" fundamentales la "reconstrucción" de las relaciones con esos dos países vecinos, a través de "la diplomacia y la prudencia".
Para nada contribuye a ese propósito la velada amenaza del presidente venezolano, que mientras enviaba a su Canciller a Bogotá como gesto de reconciliación, utilizaba un acto político para agredir nuevamente al país, para insultar a sus gobernantes y para crear un espíritu anticolombiano en los fundamentalistas miembros del PUSV y en los ciudadanos venezolanos, mientras en Colombia, el presidente Santos pedía "dejar atrás confrontaciones estériles, pendencias desprovistas de contenido”.
Las palabras de Chávez deben servir como indicador válido de que las relaciones diplomáticas entre los dos países están rotas, no por asuntos personales entre los gobernantes como pretendió señalarlo el Presidente Lula, sino por una actitud política del mandatario venezolano empeñado en imponer en el continente su proyecto bolivariano a cualquier costo, comprando conciencias o amedrentando gobiernos sin reparo alguno en las normas que reglan las relaciones entre los Estados.
El Presidente de Chile, Sebastián Piñera, señaló atinadamente que el único mecanismo que garantice el normal restablecimiento de las relaciones entre Colombia y Venezuela debe ir más allá de declaraciones de buena voluntad y comprender mecanismos eficientes de certificación e indudablemente corresponde a Venezuela dar ese paso y con transparencia permitir que la OEA o UNASUR verifiquen in situ si las denuncias colombianas tienen o no razón; no con amenazas como lo pretende desde ayer el presidente venezolano.
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