Lo sucedido en la ciudad de Bogotá, cuando se hizo detonar un carro-bomba al parecer dirigido contra un importante medio de comunicación radial, constituye un reto de gran envergadura para el nuevo gobierno colombiano.
Es una respuesta indudable a la oferta del Presidente Santos de mantener una puerta abierta para el diálogo con las organizaciones armadas ilegales y a la invitación a que renuncien al terrorismo y otras conductas delictuales como mecanismo político, y da una idea real de cuál es la naturaleza criminal de esas organizaciones.
Este hecho querrá ser aprovechado ahora por personajes abiertamente enemigos de la Política de la Consolidación de la Seguridad Democrática, como en efecto se aprecia en el discurso del abogado Ramiro Bejarano quien soslayadamente ha querido atribuir el vil atentado no a las narcoguerrillas, sino a las que llama fuerzas oscuras que quieren incidir en las decisiones del Presidente Juan Manuel Santos, aludiendo, dada su animosidad patológica, a personas relacionadas con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
Nada más peligroso para la seguridad nacional que permitir nuevamente que estos grupúsculos radicales en busca permanente de protagonismo, se conviertan en voceros no autorizados de la sociedad colombiana para boicotear la decisión nacional de derrotar y someter a los factores armados de la violencia como son las organizaciones narcoterroristas y los demás fenómenos delincuenciales vinculadas a ellas.
No son ningunas fuerzas oscuras las que alimentan la violencia contra el pueblo colombiano, están completamente identificadas y se conocen como Farc, Eln y las Bacrim, más interesadas en imponer un modelo narcotraficante y terrorista que en ocuparse realmente del bienestar o mejoramiento de la calidad de vida de los desposeídos como afirman en sus plataformas políticas las dos primeras. El atentado en Bogotá corresponde a su modus operandi y es el mismo que logró frustrarse en Neiva, donde igualmente pretendían detonar un carro-bomba.
Alfonso Cano, el cabecilla de las Farc, dice invitar al diálogo, a que se converse sobre temas de la paz, pero no ha anunciado que esa organización renuncia a los métodos terroristas contrarios al derecho internacional humanitario que proclamó con su llamado plan renacer, mientras esa renuncia no sea efectiva nada bueno puede esperarse de estas organizaciones criminales.
Evidenciadas ante el mundo como organismos terroristas, pretenden mediante el discurso presentar otra cara y seguramente para ello cuentan con la ayuda indirecta de los idiotas útiles que por buscar posicionamiento político son capaces de contribuir a destruir la confianza en las instituciones democráticas con insinuaciones maliciosas sobre el estado de la violencia en el país.
El cambio en el lenguaje del gobierno no puede llamar a engaño, la amenaza narcotraficante y terrorista no ha sido eliminada del todo y permitir que se fortalezca, por consideraciones políticas, sólo podría significar un retroceso histórico que la sociedad colombiana no puede tolerar. La decisión de continuar combatiendo esta amenaza con todos los recursos disponibles que anunció el Presidente Santos debe comprometer a todos los estamentos de nuestra nacionalidad, no es una guerra del gobierno, es la respuesta contundente que debe dársele a la declaración de guerra que contra la Nación hicieran las organizaciones narcoterroristas desde hace ya 50 años.
La victoria está cerca y el pueblo colombiano no puede declinar su voluntad de triunfo; las narcoguerrillas siempre han dado la misma respuesta cuando se les abre la puerta al diálogo en un absurdo intento por mostrarse fuertes y llegar con capacidad de exigir que se acepten sus tesis como requisito para renunciar al método terrorista.
No hay comentarios:
Publicar un comentario