En la entrega pasada veíamos como, en 2002, Colombia había recibido el dudoso calificativo de país inviable, dados los graves problemas de narcotráfico y terrorismo que permitían pensar en una pérdida de control del Estado y su inminente disolución.
Al finalizar su período segundo presidencial, quizá el mejor reconocimiento a Álvaro Uribe Vélez lo sintetizó The Economist desde el pasado mes de diciembre: Uribe ha logrado un país "mejor y más seguro, a través de un incansable y decidido liderazgo". También resalta que a través del fortalecimiento de las Fuerzas Militares se ha podido reducir a la guerrilla de las Farc, y recuerda que durante el mandato de Uribe se desmovilizaron miles de paramilitares.
Pero sería injusto con el Presidente saliente limitar ese reconocimiento a los logros en materia de seguridad democrática desde el punto de vista puramente militar en el combate al narcotráfico y el terrorismo, al que quieren reducirlo la mayoría de sus críticos.
La recuperación de la seguridad incidió notablemente en otros aspectos del desarrollo nacional que a veces quedan relegados en la información diaria. Las condiciones de seguridad alcanzadas entre 2002-2010 han permitido que hoy la tasa de inversión, por ejemplo, haya pasado del 12 por ciento del PIB al 26 por ciento. El déficit y el endeudamiento se comportan en franca reducción y el desempleo, que bordeó el 20 por ciento, está en el 11,6% y ello en tanto influyó la crisis económica mundial en la pérdida de puestos de trabajo en todo el globo. En el campo económico, pese a esa crisis, los resultados fueron los mejores de los últimos 35 años como lo han señalado expertos en la materia.
En la búsqueda de un Estado más eficiente al servicio de la comunidad y no apropiado por componendas politiqueras, excesos sindicales o grupos de interés, se reformaron y consolidaron más de 420 entidades estatales, logrando que el colombiano promedio hoy tenga más atención del Estado a sus inquietudes, planteamientos y necesidades, como parte de la puesta en marcha así mismo de la iniciativa privada en la atención de servicios básicos, pero con responsabilidad social expresada en la transparencia de las relaciones entre los inversionistas y el Estado, en la solidaridad empresarial con la comunidad, y en las relaciones laborales enmarcadas por la fraternidad, contrarias al capitalismo salvaje y a la lucha de clases.
El problema del desplazamiento humano dejó de ser un motivo de queja y letanías permanentes de quienes se oponen al sistema democrático como modelo de gobierno y de quienes convirtieron ese fenómeno en una fuente de enriquecimiento ilícito aprovechándose de la pobreza y la situación de miles de colombianos. A través de la Oficina de Acción Social y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), se destinaron ingentes recursos para atender el desplazamiento, el cual se ha reducido significantemente con el retorno a sus lugares de origen de más de 50.000 familias en los últimos años. El gobierno de Colombia ha respondido incrementalmente mejor a las necesidades humanitarias y de protección de los colombianos desplazados. Ha desarrollado un marco legal global y recientemente, ha demostrado un mayor compromiso financiero para proporcionarles asistencia.
Otro logro poco exaltado es el alcanzado en el mejoramiento del cubrimiento y calidad de la educación en Colombia, como parte de la estrategia general de recuperación del país, el Ministerio de la Educación Nacional promovió una verdadera revolución que sacó la educación del marasmo en que se encontraba por obra de la coadministración sindical y la baja calidad en la formación del magisterio colombiano; este hito debe marcar el resurgimiento de la potencialidad educacional a nivel regional y mundial que llegó a tener en alguna época.
La justicia en Colombia, por primera vez dispuso de los presupuestos económicos necesarios para desarrollar su labor de manera eficiente, se impuso el sistema acusativo que dio más eficacia a la atención de los procesos para dar cumplimiento a uno de los objetivos fundamentales del Estado: la correcta administración de justicia. Desafortunadamente en este campo no fueron mayores los avances por la evidente politización del poder judicial que durante los dos períodos presidenciales estuvo más pendiente de la confrontación con el Ejecutivo que en el cumplimiento cabal de sus funciones.
Queda mucho por hacer, apenas se comenzó con paso firme el camino de la recuperación de la institucionalidad, el vaso queda medio lleno y es deber del próximo gobierno y de toda la sociedad colombiana continuar la tarea emprendida, no basta con haber recuperado la esperanza sino que debe ser transformada en realidad.
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