Indudablemente los narcotraficantes y los terroristas están de plácemenes, la Corte Constitucional en un absurdo fallo declaró inexistente la ampliación del acuerdo de cooperación militar de Colombia con los EE.UU., señalando que lo devuelve al Ejecutivo para que sea presentado a consideración y aprobación del Legislativo.
Sin conocerse aún la integralidad de la sentencia de la Corte Constitucional, es evidente que tiene una alta motivación política, más que jurídica. Como bien señala el Magistrado Jorge Pretelt, la Corte Constitucional desconoció la Convención de Viena y el derecho internacional en el momento en que ordenó dejar sin efectos el acuerdo de cooperación suscrito entre Colombia y Estados Unidos; a su vez el también Magistrado constitucional Nilson Pinilla manifestó que la Corte desconoció los principios de buena fe que rigen las relaciones internacionales y que han caracterizado los instrumentos de cooperación en defensa y seguridad entre Colombia y Estados Unidos desde hace más de 70 años, indicando además que la Corte se excedió al retirarle sus efectos jurídicos al acuerdo de cooperación militar.
Las posiciones izquierdizantes de algunos magistrados de la Corte Constitucional no son desconocidas para los colombianos y hoy se traducen en un manejo leguleyo de las normas para translucir su oposición al acuerdo de cooperación militar contra el narcotráfico y el terrorismo, atendiendo las tesis políticas del llamado socialismo del siglo XXI que se ha opuesto al mismo.
La ampliación del acuerdo de cooperación militar colombo-estadounidense no representaba un nuevo tratado internacional, ni contemplaba una autorización del gobierno para la movilización de tropas o recursos militares distintos a los que en virtud del Plan Colombia ya había suscrito el país; la novedad era la utilización de algunas bases aéreas y marítimas no contempladas inicialmente, lo que representaba un beneficio para la seguridad del país pues los EE.UU., se encargarían de su modernización y adecuación.
La caída del acuerdo militar con Estados Unidos frena los planes que tenían tanto autoridades norteamericanas como de Colombia. La base militar de Palanquero, manejada por la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), y ubicada en un punto estratégico, sería la más afectada, ya que se habían destinado 46 millones de dólares para su remodelación.
Debe advertirse que la decisión de la Corte Constitucional no afecta los acuerdos de cooperación. Pese a que Estados Unidos y Colombia deberán esperar a que el Congreso discuta el acuerdo antes de poner en marcha todos sus planes, los dos países mantendrán la cooperación actual, que no se verá afectada ni aplazada. Tampoco se deberá retirar el escaso personal militar extranjero que está en Colombia, la interdicción marítima y aérea no se afectará, ya que se trata de acuerdos de cooperación externas, y las operaciones contra el narcotráfico seguirán activas con el respaldo de Estados Unidos.
El Presidente Juan Manuel Santos ha anunciado que se va a evaluar el paso siguiente y de pronto, puedan acordarse unas normas, inclusive más ambiciosas con EE. UU., lo cual podría ameritar la llevada al Congreso. De esta manera la decisión de la Corte no pasa de ser un traspié temporal en el afinamiento de los mecanismos para combatir el narcotráfico y el terrorismo como lo mandaron 9 millones de colombianos que eligieron al actual gobierno.
En el mismo sentido el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, también estimó de menor repercusión la sentencia. "En estos momentos, dicho pronunciamiento no tiene un impacto directo. El número de efectivos que prestan su cooperación a la Fuerza Pública de Colombia está circunscrito a acuerdos que ya tenían vigencia anterior", de tal manera que el triunfo que pueda reclamar la anacrónica izquierda es apenas de una salva disparada a favor de las narcoguerrillas que en nada cambia la decisión de combatirlas hasta el fin del fin.
El Departamento de Defensa de los EE.UU., ha manifestado igualmente que el entendimiento con el Ministro de Defensa colombiano se mantiene y que la cercana cooperación con Colombia es importante y seguirá bajo acuerdos anteriores existentes; continuarán las consultas al Gobierno de Colombia, entendiendo los aspectos que implica este asunto legal y se mantienen a la espera de las medidas apropiadas para garantizar mantener la relación bilateral entre los dos países.
La decisión de la Corte Constitucional lo único que pone en evidencia es el sesgo ideológico de algunas de sus fallos; urge una reforma profunda al poder judicial para impedir que la evidente politización de sus miembros siga convirtiéndose en la talanquera para la ejecución integral de la Política de Defensa y Seguridad Democrática. Los constantes fallos favorables a los miembros de las narcoguerrillas y sus auxiliadores, deben ser tema de preocupación del gobierno actual y no se trata de vulnerar la autonomía del poder judicial, sino de proteger la integridad de los demás poderes asaltada por el llamado siglo de los jueces mediante el cual pretenden coadministrar el Estado.
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