A pesar de la intención de algunos personajes nacionales e internacionales de mantener la imagen idílica de una guerrilla idealista, el accionar de las Farc las asemeja cada vez más a una organización criminal desprovista de cualquier ideología, para comportarse más como una banda delincuencial dedicada al narcotráfico y al crimen común, el cual por sus características demuestra la degradación a la que están llegando.Lo sucedido en Chaparral, Departamento del Tolima, este fin de semana así lo comprueba. Terroristas de una de las estructuras criminales de las Farc llegaron a una discoteca donde departía un numeroso grupo de ciudadanos, entre ellos se encontraban tres soldados del Batallón de Contraguerrillas Pijaos, quienes se encontraban de civil y desarmados.
Después de proceder a hurtar teléfonos celulares, joyas, dineros y otras pertenencias personales de los contertulios, los terroristas le preguntaron a los soldados a qué Unidad pertenecían, procediendo a asesinarlos con tiros a la cabeza ante el estupor general, los soldados se encontraban en absoluto estado de indefensión y no representaban amenaza alguna para los asaltantes, los cuales se retiraron arrojando explosivos contra el establecimiento civil, que afortunadamente no causaron más víctimas.
Mientras tanto, en el municipio de La Solita, Departamento de Caquetá, amparándose tras la población civil y simulando un llamado de auxilio de los ciudadanos ante un aparente atentado con explosivos, bandidos de las Farc emboscaron una patrulla mixta dando muerte de manera salvaje a cinco agentes de la Policía Nacional y un soldado del Ejército. La celada fue tendida aprovechando los cortes de energía que en esa región se producen y actuando a mansalva y sobreseguro. Una vez cometido el crimen, los perpetradores se confundieron con la población para evitar la reacción de los uniformados sobrevivientes, contando con la certeza de que si esta se producía los llamados defensores de derechos humanos saldrían enseguida a señalar que se había producido un ataque de las fuerzas legales contra la población civil.
Estos dos actos constituyen una vez más, un ejemplo al mundo de cómo aprecian las Farc el derecho internacional humanitario y los derechos humanos a los que hacía referencia alias Alfonso Cano días antes, para invitar al nuevo gobierno a dialogar entre otros temas, hecho que ha sido ilustrado perfectamente por el presidente saliente Álvaro Uribe, al señalar que los narcoterroristas de las Farc posan de ideólogos en los periódicos, cuando esa ideología la escriben con la mano ensangrentada de asesinar a los colombianos.
En su desesperación por hacerse notar en la transición de gobierno, los narcoguerrilleros han preparado una serie de acciones criminales, como el denominado “plan pistola” puesto en práctica en Chaparral, atentados contra patrullas y atentados en algunas ciudades en un vano intento por deslucir la posesión del nuevo gobierno y mostrar una posición de fuerza tendiente a respaldar la propuesta de Cano al nuevo gobierno, que coincide con el llamado plan de paz que el canciller venezolano Nicolás Maduro llevaba a la Cumbre de Cancilleres de Unasur en Quito.
Esa posición de fuerza es radicalmente contrapuesta a la realidad actual de las Farc en el país, con estructuras desbaratadas, sin líneas de mando y comunicación, los componentes de la narcoguerrilla tratan de sobrevivir aisladamente recurriendo al delito común y al despojo de los bienes de humildes colombianos como se aprecia en la intención primera de los asaltantes de Chaparral, apropiarse ilícitamente de celulares, joyas, dineros y otros bienes, es decir como la más vulgar delincuencia común.
Debe anotarse, sin embargo, que las acciones de delincuencia común y narcotráfico en que incurren las estructuras de las Farc no son aisladas de la responsabilidad del llamado Secretariado; pensar lo contrario sería desvincular a los cabecillas de las acciones criminales de sus subordinados, en eventuales procesos judiciales nacionales o ante la Corte Penal Internacional y es una tesis apropiada para quienes defienden abierta o encubiertamente a las narcoguerrillas, pues permite indicar que la acción depredatoria o narcotraficante de los frentes criminales no es responsabilidad de las estructuras centrales o de mando de la organización como tal.
Las Farc han recurrido a conductas propias de la delincuencia común desde sus comienzos, no debe olvidarse que provienen de los residuos de las antiguas guerrillas liberales que no se acogieron a los procesos de paz en los años 50 del siglo pasado, precisamente porque hicieron del crimen su modo de vida, y que solo años después y por la influencia del partido comunista, dijeron acoger una plataforma política como excusa para la violencia, pero esencialmente, siempre han sido bandas armadas dedicadas al pillaje, al hurto, al secuestro, al homicidio y las lesiones personales preferencialmente de ciudadanos inermes, hechos delincuenciales que nada tienen que ver con la combinación de las formas de lucha política que pregona el marxismo-leninismo.
La degradación de las Farc y su conversión en organización criminal común fue advertida desde los años 90, así fuera de dientes para afuera, por el mismo Fidel Castro que descalificó la vigencia de esa teoría de la combinación de las formas de lucha en Latinoamérica. Pero aún si las Farc aún tuvieran un rescoldo de ideología política, valdría la pena preguntarse si ello las exime de culpa ante la gravedad de los crímenes que cometen contra personas indefensas según el derecho internacional humanitario.
Y que se escuchan frecuentemente discusiones sobre si las FARC tienen aún una ideología política. Para algunos, esto determina, en alguna forma, el grado de responsabilidad en los crímenes que comente la organización delictiva. Es una discusión bizantina. El hecho de tener una ideología no hace menos graves los delitos cometidos. ¿En que beneficia a una víctima el hecho de que su victimario tenga un ideal político? En nada, y por lo tanto, el hecho de tener el victimario una ideología no hace menos grave el delito. Claro está que la izquierda utiliza el argumento de que la ideología justifica en alguna medida el delito cuando se trata de los crímenes de la subversión marxista, pero no lo acepta cuando se trata de aquellos que cometan miembros de la Fuerza Pública. Este argumento es otra de las muchas falacias de los comunistas. Y así ha sido en todos los países. Basta leer el “Nunca Más” de Guatemala para ver esta línea de argumentación, para justificar que los antiguos terroristas accedan el poder mediante los mecanismos democráticos, mientras quienes defienden la democracia son juzgados como criminales.
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