Para el pueblo colombiano son inolvidables las irascibles actitudes del presidente venezolano Hugo Chávez Frías y sus funcionarios de gobierno, con ocasión de la captura en el 2004 del terrorista alias Rodrigo Granda, liberado como gesto de buena voluntad y a petición del gobierno francés por solicitud del venezolano, para facilitar la liberación de la ex candidata presidencial Ingrid Betancur, con la promesa internacional de no reincidir en actividades criminales. Encargo, que como es conocido por el mundo entero, jamás dio ningún resultado, Ingrid fue liberada en la Operación Jaque.
Recordemos entonces, el fundamento de los argumentos venezolanos para denunciar la captura de Granda en 2004, tenía ciudadanía y documentos de identidad venezolanos, mientras residía en Caracas, y su captura fue un acto de secuestro por parte del gobierno colombiano; los mismos argumentos tendrá el gobierno venezolano para el caso de alias Iván Márquez, Timochenko y otros terroristas que residen en territorio del vecino país. Es decir, mediante la expedición de documentos oficiales del gobierno venezolano, cualquier terrorista puede alcanzar la ciudadanía de ese país y evadir cualquier persecución judicial.
Conforme a la legislación penal internacional y a lo definido por la ONU en sus resoluciones contra el terrorismo, aún cuando riña con la sana lógica, no está claro y en qué extensión, el Gobierno de Venezuela otorgó apoyo material a terroristas colombianos, y a qué nivel. Un ex guerrillero del ELN le mencionó a la prensa en febrero que un pacto de “no-agresión” existía entre en ELN y autoridades venezolanas, añadiendo que la Guardia Nacional venezolana permitió que el grupo militar secuestre a hacendados. Armas y municiones – algunas de procedencia oficial venezolana- regularmente se encuentran en manos de organizaciones terroristas colombianas.
El Gobierno del país vecino, sistemáticamente no patrulla 1.400 millas de la frontera colombo–venezolana, con una línea limítrofe de 2,216 kilómetros de extensión, para prevenir el movimiento de grupos y hombres armados, o prohíbe el flujo de armas para narcoterroristas. Venezuela aprobó la Ley contra el crimen organizado y reformó el código penal que prohíbe colaboración con terroristas pero no define el término “terrorista” o “terrorismo”. En 2004, la Corte Suprema de Justicia estableció un tribunal especial para casos de terrorismo pero no está claro si ha enjuiciado a alguna persona por actos terroristas.
En 2008, oficialmente el presidente venezolano proclamó unilateralmente que no consideraba a las Farc o Eln movimientos terroristas sino verdaderos ejércitos revolucionarios y le notificaba a Colombia que no tenían fronteras comunes, sino fronteras con las Farc y Eln. Esos excesos verbales no fueron debidamente atendidos en su momento, en aras de mantener las relaciones, pero implican antecedentes ante el derecho internacional que ojalá Colombia no tenga que lamentar después. Era el ejercicio de la construcción marxista-leninista de las relaciones internacionales, lo que no me niegas me lo permites, lo que no castigues en su momento carece luego de reclamo.
El lenguaje de doble filo de las relaciones en los salones diplomáticos termina traduciéndose en otros resultados que Claüsewitz describió como la continuación de la política por otros medios cuando la diplomacia fracasa. La historia de la humanidad está repleta de fracasos de la democracia como medio para resolver algunos conflictos, entre ellos es suficiente recordar lo sucedido para quienes entonces eran maestros de la diplomacia, los ingleses y el famoso pacto que sirvió como verdadero detonante para el proyecto nacional-socialista impulsado en Europa entre 1939-1945, a la vez que recordar para qué sirven los organismos regionales cuando las burocracias diplomáticas se ven superadas por las realidades que deberían armonizar.
Sin ser pesimista, muchas cosas de hoy nos permiten llamar la atención del período entreguerras, I y II Guerras Mundiales, que vivió Europa, y muchas otras no diferencian de esa situación. Colombia denunció oportunamente, después del agotamiento de diferentes vías diplomáticas, una situación ya de por si irresistible, el ataque de grupos terroristas desde un país vecino que se negó en todo momento a atender los avisos tempranos, que conforme al derecho internacional y las reglas de la guerra, ante la pasividad y permisividad de ese gobierno, hubieren justificado una respuesta militar adecuada para eliminar la amenaza.
La democracia occidental poco parece haber aprendido de los principios de Sun Tzu, salvo en el campo empresarial y económico; en lo político y militar seguimos creyendo que todo mundo se ajusta a las regulaciones legales, a los principios éticos y al dejar pasar, dejar hacer que supuestamente orientó los mejores ideales liberales de la historia. Estos ideólogos del liberalismo, que combatieron ayer la libertad de los pueblos, terminan convertidos de pronto en aliados del marxismo-leninismo que hoy apenas conocen por referencia pero frente al que sus padres y abuelos fueron a guerras sangrientas para evitar su dominio.
Cuando se habla de reconstruir una memoria histórica, debe ser inevitable situarse en el momento histórico en que la sucesión de hechos dan lugar a los resultados, muchos de ellos luctuosos y tristes para un país, pero ineludiblemente ligados al momento en que se viven. ¿Cuántos terroristas eran ampliamente aceptados en la sociedad del siglo pasado? Ahora que se exprime de nuevo la sensibilidad social, que se muestran los cadáveres de caídos en la lucha ideológica que nos envolvió en esa mitad del siglo, los únicos que parecen salir a flote en esa fosa común que nos reunió, son los de quienes mediante la bomba, el ataque sorpresa, el fusilamiento, el degollamiento, fueron prohéroes de una fracasada revolución social.
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