LA VISIÓN DE LAS FARC SOBRE LA FRUSTRACIÓN DEL CAGUÁN

En la página de Anncol hay un documento que pretende responsabilizar al gobierno de Andrés Pastrana por el fracaso del Caguán (1998-2002) [1], al atribuir la concesión de la llamada zona de despeje a una estrategia dirigida no a la negociación con las Farc, sino a buscar la justificación política perfecta para iniciar una intensa campaña propagandística y mediática encaminada no solo a satanizar moralmente la guerrilla, sino a criminalizarla y a convertir el secuestro en el peor delito de la humanidad, señalando además que la elección de Uribe Vélez era el resultado lógico de esa estrategia de la línea militarista que, se impuso hegemónica en Colombia sobre el fracaso del Caguán y con la monserga de la “pronta” derrota de la guerrilla, y que ha impedido el inicio de cualquier otro proceso de dialogo tendiente a encontrarle una solución política al histórico conflicto social armado colombiano.

Según el analista fariano, fueron las Farc las que resultaron burladas en el fracasado proceso del Caguán, no el país; ese fracaso no se deriva de la asunción de las Farc de la llamada zona de despeje para consolidar sus intereses narcotraficantes y terroristas, sino de la acción del gobierno tendiente a la modernización de las Fuerzas Militares y al establecimiento del Plan Colombia, concebido inicialmente como estrategia contra el narcotráfico, pero que se señala como una política hábilmente utilizada por el gobierno de Clinton para adelantar el reordenamiento geoestratégico neoliberal e imperialista en la región andino amazónica.

Las Farc señalan que la concesión de la zona de despeje hizo parte de una estrategia norteamericana para consolidar su control sobre el continente, que era un secreto diplomático muy bien guardado que sólo salió a flote 10 años después en una trifulca típica entre Uribe Vélez y Pastrana, cuando este debió declarar públicamente que había sido una imposición del gobierno Clinton, como una parte esencial del desarrollo del Plan Colombia; el fundamento de tal afirmación es un documento de Camilo González Posso [2], Ex Ministro de Estado, negociador de los acuerdos para la Asamblea Constituyente de 1991, Secretario Técnico del Mandato por la Paz (1997 – 2002) y de las Mesas Ciudadanas para la agenda de negociación (1999-2002). Actualmente Presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, y quien hiciera parte de las comisiones del gobierno de Pastrana en ese proceso.

Para las Farc el proceso del Caguán fue una maniobra distractora del gobierno cuyo objetivo era “hablar sin negociar y pararse a tiempo, para luego derrotarlos y volver a dialogar con los que queden”, señalando entonces que la Política de Defensa y Seguridad Democrática diseñada como estrategia contra el narcoterrorismo y aplicada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez era la continuidad necesaria de lo desarrollado por Pastrana Arango a través del Plan Colombia como estrategia imperialista que a través de la oligarquía cipaya y militarista colombiana impuso una iniciativa regional andina para oponerse al Socialismo del Siglo XXI, cuando este ni siquiera había tomado forma, sólo hasta 1999 Chávez alcanza el poder en Venezuela, Evo Morales lo hará en el 2005 en Bolivia y en el 2006 Daniel Ortega en Nicaragua.

Esconde el analista fariano los intereses con que las Farc acudieron al Caguán, que no eran los de adelantar verdaderas negociaciones para la paz, sino como lo devela Fidel Castro en el 2008 [3], consolidarse políticamente como poder después de los triunfos tácticos en Patascoy, Las Delicias, Mitú, y a partir de los cuales el Estado Mayor de las FARC vislumbraba la posibilidad de controlar buena parte del sur y el oriente del país y de llevar su ofensiva militar a las ciudades; Marulanda y sus secuaces veían factible dividir el país y crear un gobierno provisional que simbolizara un poder dual pero de alguna manera sentían que su punto débil era el déficit de aliados políticos que llenaran el vacío dejado por la Unión Patriótica y por su repliegue a una organización de estructuras dominantemente rurales. La Mesa de Diálogo en el Caguán se inscribió en esa estrategia general como un instrumento útil para promover en el país el programa de gobierno definido en las Conferencias de las Farc (Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia a través del PC3), y tender puentes con sectores diversos que podrían ser neutralizados o tornarse simpatizantes de la propuesta revolucionaria [4].

No es entonces gratuito o coincidencial que el Partido Comunista Colombiano, PCC, atendiendo esa estrategia creara en el 2005 el llamado Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Lesa Humanidad y Violaciones a los Derechos Humanos MOVICE, representado por Iván Cepeda, actualmente Representante a la Cámara por el Polo Democrático, o que en el 2008 surgiera el movimiento político de la exsenadora Piedad Córdoba, Ciudadanos y Ciudadanas por la Paz (CCP), como mecanismos para neutralizar el creciente rechazo al terrorismo fariano y especialmente a la práctica del secuestro como arma política, promoviendo actos como la marcha del 6 de marzo de 2008, mediante la cual se pretendía mostrar apoyo popular a la organización criminal, y el desarrollo de la guerra política contra la institución militar adelantada desde el poder legislativo y el poder judicial, adelantado por los elementos pertenecientes o afectos al PC3.

Es entonces claro que si el Estado tenía como objetivo “hablar sin negociar y pararse a tiempo, para luego derrotarlos y volver a dialogar con los que queden”, las Farc igualmente se proponen “dividir el país y luego si negociar con lo que quede en pie”, algo en lo que el MOVICE y el CCP siguen actuando con toda intensidad, alcanzando logros como el poner a los militares en el mismo plato de la balanza a través de la llamada Ley de Víctimas o ahora con el anuncio de la liberación de cinco secuestrados como homenaje reivindicativo por parte de las Farc a la exsenadora Córdoba Ruíz.

El pueblo colombiano no puede llamarse a engaños y no puede perder de vista lo actuado por las Farc en la llamada zona de distensión del Caguán, experiencia que realmente debe ser irrepetible; ha sido la narcoguerrilla la que ha puesto en práctica a lo largo de su nefasta historia el principio promulgado por Ho Chi Min en Vietnam, “hablar sin negociar y pararse a tiempo, para luego derrotarlos y volver a dialogar con los que queden”, como lo demuestran las fallidas negociaciones que desde la amnistía e indulto concedido en el gobierno de Rojas Pinilla se ha repetido hasta el gobierno de Andrés Pastrana o frente a la Ley de Justicia y Paz promulgada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

Mentir descaradamente como lo hacen MOVICE y CCP tiene un solo fin: mentir diciendo algo que no es verdad con intención de engañar. Quien engaña, trasmite a los demás su propia equivocación, y solamente atiende la estrategia fariana de dividir a la Sociedad para intentar la legitimación de su praxis narcoterrorista. ¿Por qué las Farc anuncian la liberación de cinco secuestrados como un homenaje a Piedad Córdoba y no como un gesto humanitario ante la exigencia de la comunidad nacional e internacional? Es el juego político del engaño y de la mentira para posicionar a sus elementos.

[1] Ver texto completo en: http://anncol.eu/columnistas/21/l-pos-cagu%C3%A1n-982?templateId=982

[2] GONZÁLEZ POSSO, Camilo. El Caguán irrepetible. Indepaz. Texto completo en: http://www.indepaz.org.co

[3] Fidel Castro, La Paz en Colombia, 2008. Cita en el libro: “Antes de esa ofensiva final, tienen previsto como alternativa dividir el país en dos, tomando el poder en dos o tres departamentos del Sur (Caquetá, Putumayo, Meta), mientras que en el Norte mantendrán cercadas y bloqueadas a las grandes ciudades. En ese caso buscarían una solución negociada sobre la base de los 10 puntos programáticos de las FARC y estarían en mayor ventaja de negociar; en caso de que esto no sea posible, continuarán la guerra hasta la toma del poder, que se ejercerá convirtiendo a los 80 frentes guerrilleros en la columna medular de un poder popular y que los mejores comandantes asuman la conducción de las fuerzas armadas”.

[4] GONZÁLEZ POSSO, Camilo. Ob.cit.

COLOMBIA ANTE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL

Decepcionada debe sentirse la mamertería nacional e internacional ante el espaldarazo que la CPI le acaba de dar a la Ley de Justicia y Paz y el proceso de reinserción de los componentes de las autodefensas ilegales y otros grupos narcoterroristas; la ley que había querido ser presentada como un esfuerzo del anterior gobierno por favorecer a las autodefensas ilegales y que ha sido objeto de ataques jurídicos desde la misma Corte Constitucional, fue reconocida como novedosa y un ejemplo para el mundo por el máximo tribunal penal internacional.

Así lo señala el Fiscal jefe de la CPI quien declara al diario El Tiempo [1], El hecho de que nosotros estemos observando el proceso en Colombia es solamente el fruto de que ese país ratificó el estatuto. Mi tarea es esa, pero no implica ningún juicio 'deplorativo' contra Colombia –como lo han pretendido los organismos propagandísticos o afines a la narcoguerrilla-. Así que me parece que justamente el Presidente lo que está haciendo es mostrar qué es lo que Colombia hace y lo que se compromete a hacer.

Hay un reconocimiento implícito a la labor del Ejército y las Fuerzas Militares cuando señala el citado Fiscal que las Fuerzas Armadas tienen una fuerte idea de respetar la legalidad, se hacen más eficientes y más sutiles, mientras con respecto a los narcoterroristas indica que un avance que se ha producido es que hay poca simpatía política para la guerrilla; no hay mucho soporte en la sociedad. Esto es central: una guerrilla que no tiene apoyo social y político no dura mucho tiempo.

La CPI hace un reconocimiento especial al compromiso adquirido por el gobierno nacional de tiempo atrás y especialmente de la vinculación de las Fuerzas Militares a ese compromiso, El Presidente ha asumido varios compromisos hoy. Ha asumido el de hacer justicia, de hacer reparación a las víctimas y de que las Fuerzas Armadas van a respetar el marco legal. Si esos compromisos se cumplen, Colombia está haciendo lo que todo el mundo espera que se haga, así que en ese sentido mi deber es no intervenir cuando no debo intervenir, con lo que indudablemente quedan por tierra las intenciones de ONG’s y otros grupúsculos interesados en deslegitimar a nivel internacional el papel del gobierno y especialmente del Ejército en la consolidación de la seguridad democrática y el logro de la paz que anhelan los colombianos.

Hay que recordar que recientemente la la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH), recogiendo las mentiras de organizaciones como el MOVICE, Ciudadanos y ciudadanas por la paz, el Polo Democrático y el sector izquierdista del partido liberal, le había pedido oficialmente a la CPI que investigara y sancionara los crímenes de lesa humanidad que se cometían en Colombia y había calificado la Ley de Justicia y Paz como "una mascarada que se sancionó para evitar la acción de la CPI" e indicar falazmente que en Colombia las víctimas no han tenido acceso ni a la verdad, ni a la justicia ni a la reparación, desconociendo el esfuerzo legislativo por promulgar la Ley de Víctimas como complemento de la Ley de Justicia y Paz.

En su momento esas mismas organizaciones que hacen apología de las narcoguerrillas se habían quejado porque los paramilitares siguen delinquiendo desde la cárcel y en lugar de arrepentimiento por sus crímenes, los justifican en sus versiones libres, pero ahora se muestran indignados porque fueron excluidos del proceso de reincorporación contemplado en Justicia y Paz y extraditados a los EE.UU., para que respondan por delitos internacionales, hasta el punto que la exsenadora Piedad Córdoba Ruíz pasó de víctima doliente de los paramilitares a su acérrima defensora.

Para que la verdad, la justicia y la reparación por fin sea una realidad en el país aún hace falta que la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía y los organismos de control asuman con responsabilidad la investigación de la llamada farcpolítica con el mismo ímpetu con que adelantaron la parapolítica, mientras tanto sólo podrán proyectar la imagen de un poder judicial sesgado y politizado que contraviniendo la impresión internacional sigue considerando a los narcoterroristas como luchadores altruistas para no sancionar los delitos de lesa humanidad cometidos por organizaciones criminales como las Farc y Eln, quienes terminarían siendo objeto de la intervención de la CPI por omisión del Estado del que el poder judicial es uno de sus pilares.

Indudablemente también deberán responder quienes se han negado por omisión a investigar y sancionar a los responsables de masacres como las de Machuca, Bojayá, las de la comunidad indígena Awá, que han sido convenientemente relegadas al olvido mediante las maniobras propagandísticas que únicamente magnifican los hechos criminales cometidos por las autodefensas ilegales.

[1] EL TIEMPO. Colombia puede ofrecer su experiencia: fiscal jefe de la CPI. Martes, 7 de diciembre de 2010. En: http://www.eltiempo.com/justicia/fiscal-jefe-de-la-corte-penal-internacional-hablo-de-colombia_8537230-4

LA SOSPECHOSA EFICIENCIA JUDICIAL

Para quienes tienen dudas sobre la falta de garantías procesales en las acciones judiciales que se han iniciado contra el Presidente Uribe y sus colaboradores, hay una perla que no puede dejarse de lado. Mientras la Corte Suprema de Justicia ha represado injustificadamente la investigación y juicio por los probados nexos de la exsenadora Piedad Córdoba Ruíz y otros congresistas en la denominada farcpolítica, de manera sospechosa la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes le reconoce a esta señora personería para actuar como parte civil dentro del proceso abierto contra el expresidente por el tema de las ‘chuzadas’, permitiéndole presentarse como víctima del Estado y de esta manera neutralizar cualquier acción en su contra.

Efectivamente, de ahora en adelante Córdoba Ruíz podrá interrogar a los testigos, decidir quiénes podrán ir a testificar, resolver si citan o pedir que se cite a Uribe, seguir completas las investigaciones y conocer la información reservada con la que cuenta la Comisión, lo que en lenguaje llano significa que podrá interferir en el curso de cualquier acción judicial en su contra derivada de las denuncias elevadas por su participación en los hechos conocidos a raíz de la develación de los correos electrónicos de los abatidos Raúl Reyes y el Mono Jojoy, que la exsenadora ha señalado son un montaje del anterior gobierno en su contra.

No hay que ser un erudito en leyes para entender que la señora Piedad Córdoba no va a desaprovechar esta oportunidad brindada en bandeja de plata, para convertir sus procesos criminales en hechos políticos, de tal manera que puede asegurarse que con la complacencia de la CSJ su caso quedará en la absoluta impunidad, mientras se prosigue la guerra jurídico-política contra el Ejército y quienes hayan participado en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, no sería de extrañar que la misma Política de Defensa y Seguridad Democrática termine en la picota pública, mientras el Plan Renacer de las Farc es elevado a manifiesto altruista.

Debe recordarse que el poder judicial colombiano, pese al aval de la Interpol con relación a las pruebas recaudas legalmente de los computadores de los cabecillas terroristas abatidos, ha puesto en duda el acervo probatorio, de tal manera que la tarea de la señora Córdoba Ruíz y su colectivo de abogados, será la de cavar los cimientos probatorios y señalar que esas pruebas son resultado de escuchas o interceptaciones ilegales de sus comunicaciones o las que hagan referencia a ellas, hecho que no tiene asidero jurídico pero que seguramente será aceptado dentro de las decisiones políticas a las que nos vienen acostumbrando los operadores judiciales, de tal manera que las pruebas terminarán revirtiéndose en contra de los funcionarios y los militares que han tenido que ver con su recaudación.

El cinismo de la exsenadora no tiene límites. En su página oficial puede leerse el siguiente texto: La ex senadora Piedad Córdoba pidió a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, que la reconozca como víctima dentro de la investigación preliminar que se adelanta contra el ex presidente Álvaro Uribe, con el objetivo de lograr una millonaria indemnización en caso de que el ex mandatario sea hallado culpable en el escándalo de los seguimientos ilegales en contra de la ex parlamentaria. Así lo expresó la ex legisladora al final de su diligencia ante los tres representantes investigadores, quienes la citaron para escuchar su versión frente a las 'chuzadas' de las cuales ha sido víctima según denuncias públicas [1].

Esa razón ‘jurídica’ fue aceptada de manera automática por los representantes Alfredo Bocanegra, Heriberto Escobar y Augusto Posada, que sin otra consideración diferente le reconocieron la personería jurídica para actuar como parte civil dentro del proceso; nada tiene que ver con una intención de verdad y justicia, ni siquiera a razones políticas, sino como ella misma lo expresa, su razón es perseguir una millonaria indemnización, a la vez que se presenta como víctima del delito de persecución política para tratar de desvirtuar la decisión de la Procuraduría que la destituyó del cargo y la inhabilitó por 18 años, razón por la cual exige que su actuación sea transmitida en directo por los medios de comunicación, es decir pretende un proceso político y mediático que le permita controvertir desde ese campo las decisiones disciplinarias o judiciales, al sostener que las acusaciones en su contra obedecen a la cadena de seguimientos e interceptaciones realizadas por el DAS fueron orquestadas desde el Palacio de Nariño, en el anterior gobierno.

Estos hechos comprueban una vez más la degradación de nuestro sistema judicial, incluida la comisión de acusaciones de la Cámara, juez natural de los congresistas, en su afán por cobrar revancha contra el anterior gobierno e imponer el socialismo a través del llamado siglo de los jueces que anunciara el Magistrado Ibáñez en contra del Estado social de derecho que pregona la separación de poderes en nuestra Constitución. Tiene razón el expresidente Uribe al señalar que el poder judicial no le brinda suficientes garantías procesales a quienes han combatido el narcoterrorismo considerado de tiempo atrás por nuestras Cortes como el sumun del altruismo.

[1] Ver artículo completo: Piedad Inocente. Todo lo que sea para alcanzar una paz justa y duradera. http://www.piedadcordoba.net/piedadparalapaz//modules.php?name=News&file=article&sid=3963&mode=thread&order=0&thold=0

LOS INTERESES IRANÍES EN AMERICA LATINA

El acercamiento del régimen fundamentalista de Irán, encabezado por Mahmud Ahmadineyad, a America Latina se ha intensificado durante los últimos cinco años, según indican las comunicaciones entre las embajadas estadounidenses de la región y el Departamento de Estado que están siendo filtrados por la “ONG virtual”, Wikileaks. Reportes confidenciales reseñan que, desde 2006, Irán ha desplegado una grande ofensiva diplomática en America Latina para investigar la presencia de uranio y gestionar la obtención y procesamiento de este mineral en la región, particularmente en Venezuela y Bolivia, países donde imperan regimenes con los que Teherán comparte su oposición a ultranza e irracional hacia Estados Unidos.

Esto, no sólo ha generado gran recelo en EE.UU. sino también en Israel. Y no es para menos. Irán es controlado por un gobierno teocrático fundamentalista que odia, literalmente, a EE.UU. y a Israel, y en repetidas ocasiones, ha amenazado con la destrucción del “régimen sionista de ocupación”. Teherán ha violado sistemáticamente las regulaciones internacionales sobre enriquecimiento de uranio y no proliferación, y ha incrementado su programa nuclear, que en ningún caso tiene fines pacíficos, sino que se enfoca en la fabricación de armas nucleares. Con este objetivo, Irán se ha aliado con los regimenes bolivarianos comunistas para investigar y explotar los yacimientos descubiertos en la región.

Ya en julio de 2009, el Ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Avigdor Lieberman, había llamado la atención sobre el tamaño desmesurado de la representación diplomática iraní en Bolivia, que estaría relacionado con la ambición del país andino de producir uranio y construir una central nuclear en Potosí. Para esta empresa, Bolivia contaría con la ayuda de Irán, a cambio de “pastel amarillo” como se le conoce al concentrado de óxido de uranio.

Sin embargo, es en Venezuela donde Irán tiene puestas sus mayores expectativas para la obtención de uranio. Según la Embajada de EE.UU. en Caracas, 57 técnicos iraníes han trabajado, desde 2004, en los organismos nacionales de minería y geología. Estos iraníes han estado desarrollando pruebas geofísicas y vuelos de supervisión para confirmar el potencial de producción de uranio de Venezuela, especialmente en los estados de Bolívar y Táchira.

No obstante, y a pesar de la ambición de Chávez por detentar un poder nuclear que sustente su retórica antiimperialista, la inteligencia estadounidense ha logrado establecer que Venezuela “no tiene ahora mismo científicos cualificados para llevar a cabo un programa nuclear”, si bien no se deben “despreciar los rumores sobre el uranio” . Por esto, Chávez estaría recurriendo a la experiencia de los técnicos iraníes para suplir la incapacidad científica de los venezolanos.

Además del estado de alerta por la presencia iraní en la región, en otros documentos clasificados, Washington también expresa su preocupación por el descubrimiento de explotaciones ilegales de uranio en zonas fronteriza con Brasil, que son controladas por los narcoterroristas de las FARC, quienes estarían utilizando el mineral en sus municiones.

Para Colombia, estas revelaciones deben representar una grande intranquilidad. No sólo por las alianzas tendenciosas entre Irán, Venezuela y Bolivia para explotar y producir uranio, sino también por la probable apropiación de uranio y material radioactivo por parte de los narcoterroristas colombianos que, no conformes, con secuestrar, asesinar, robar y violar, ahora pretenden seguir ampliando su arsenal terrorista.

La preocupación es mayor si consideramos que precisamente gobiernos como el de Chávez y Morales, se han mostrado simpatizantes y cercanos al supuesto proyecto socialista que dicen representar las guerrillas narcoterroristas en Colombia, razón por la cual no es descabellado pensar que el acercamiento de Irán con Venezuela y Bolivia, implique también la proximidad de aquel régimen asiático del terror con el narcoterrorismo colombiano, y que cualquier progreso en el programa nuclear venezolano o boliviano sirva al fortalecimiento de las capacidades militares de estos grupos ilegales.

1. http://www.elpais.com/articulo/internacional/Iran/sigue/pista/uranio/America/Latina/elpepuint/20101201elpepuint_23/Tes

LAS FARC NO TIENEN CAPACIDAD OFENSIVA

Para León Valencia se convirtió en obsesión pregonar una inexistente ofensiva de las Farc; ahora, con ocasión del cobarde atentado en Vegalarga, Huila, vuelve a la carga y señala que si bien el Estado ha demostrado su ventaja militar sobre la guerrilla, sobre todo en operaciones aéreas y de inteligencia, las Farc están mostrando fortaleza en la ofensiva terrestre [1].

Considerar que atentados terroristas como los que se han presentado en algunos municipios del Cauca, Nariño, Arauca, Caquetá o Putumayo, como la acción criminal de Vegalarga, constituye una ofensiva terrestre de la narcoguerrilla, es demostrar un desconocimiento absoluto de lo que es una ofensiva armada, si fuere así la ETA o el IRA habrían ganado las guerras que emprendieron o las organizaciones terroristas islámicas ya habrían destruido el Estado de Israel. Por profusas y espectaculares que sean las acciones terroristas ellas de por sí no constituyen una ofensiva militar, por el contrario, los teóricos a través de la historia han mostrado que ellas son demostración de debilidad militar y política.

El solo hecho de que el Secretariado de las Farc haya ordenado a sus frentes y demás estructuras reducirse y no desplazarse en grupos significativos de hombres ante el temor a las acciones militares combinadas de las Fuerzas Militares legítimas, indica que esa organización narcoterrorista se encuentra en una fase de operaciones defensivas de huida en todas las regiones del país. El terrorismo desplegado simplemente tiene un objetivo propagandístico para mostrar una fortaleza de la que carecen.

El señor León Valencia debe repasar los conceptos que utiliza. Ofensiva es una operación militar que intenta a través de la proyección agresiva de la fuerza armada ocupar el territorio, ganar un objetivo o alcanzar alguno más grande estratégico, operacional o táctico. Pese al terrorismo las Farc no han podido ocupar los territorios de donde fueron desalojadas; que las operaciones militares conjuntas tengan ahora mayor preponderancia a las puramente terrestres, dadas las características nuevas de la confrontación a las organizaciones narcoguerrilleras, no quiere decir que el Ejército no se encuentre, estas si, en verdaderas operaciones ofensivas contra las organizaciones criminales.

El país no puede esperar grandes operaciones como las desplegadas en el Plan Patriota y en la Consolidación de la Seguridad Democrática, porque esas fases ya fueron alcanzadas victoriosamente y las operaciones se han trasladado a otros escenarios que no impactan mediáticamente, el corazón de nuestras selvas, pero a diario el Ejército está reportando operaciones exitosas contra las pequeñas estructuras en que se dividieron frentes y cuadrillas de la organización delincuencial.

Ahora bien, hay que señalar de la misma manera que tras las operaciones aéreas de bombardeo, han seguido operaciones helicotransportadas desarrolladas por el Ejército, así mismo los anillos de cerco están constituidos por hombres de esta Fuerza, no de otra manera se explicarían los soldados caídos o heridos en combate, algo previsible en el accionar militar, y que regularmente obedecen a la acción terrorista de las minas antipersonal sembradas en su huida por las estructuras criminales o la utilización de francotiradores como se ha apreciado en el Cauca y Nariño, en manera alguna a una ofensiva de las Farc. Las ofensivas se conducen en gran parte como los medios de asegurar iniciativa en una confrontación entre los opositores y el terrorismo no es un medio para asegurar iniciativa, sino para esconder la eminente derrota. Cada ofensiva tiene una tarea primaria de negar a enemigo defensas, y cause a enemigo a retirarse, de tal manera que quien desarrolla operaciones ofensivas es el Ejército, no la narcoguerrilla.

En el único escenario posible en el que las Farc adelantan operaciones ofensivas es en el que operan sus facciones no armadas, la guerra política y jurídica de las Farc, que responde con infiltraciones con milicias a las instituciones del Estado, las universidades y organizaciones sociales a través del PC3, donde pueden operar sin temor gracias a las mismas debilidades del Estado y amparadas en la tesis de quien hace apología del delito no es delincuente porque no porta un fusil; allí sin son débiles las FF.MM., porque no tienen facultades legales para operar en el control y reducción de esa amenaza, no son policía judicial y por ende no pueden siquiera adelantar investigaciones para que se judicialicen las conductas delictivas.

La misma Corporación Nuevo Arco Iris de León Valencia reconoce que Las Farc, “han dividido las fuerzas en pequeños grupos, no más de doce, evitando la construcción de grandes campamentos y la concentración de tropas”, de tal manera que su pretendida ofensiva se limita a la siembra de minas antipersona en carreteras y árboles, degradando aún más el conflicto armado, como lo dice el informe que produjeron, para concluir en una afirmación falaz e irreal, las Farc mantienen presencia en el 50% del territorio nacional.

Lo único evidente en este tipo de análisis e informes tendenciosos e irreales, es un afán por desacreditar los logros de la Política de Defensa y Seguridad Democrática y mantener la ilusión de una fortaleza de las Farc que pueda presionar desde el exterior, el que el gobierno nacional deba retroceder en lo alcanzado y ceder al pretendido diálogo con la organización narcoterrorista al amparo del manoseado discurso del acuerdo humanitario como lo hicieron durante los gobiernos de Belisario Betancur, Ernesto Samper y Andrés Pastrana.

Las Farc han señalado que mientras exista capitalismo su accionar criminal continuará y solo mediante el establecimiento y consolidación del socialismo en el país podrán reconsiderar la lucha armada como medio de hacer política; lo malo para ellas es que perdieron la capacidad ofensiva y su accionar se limita al terrorismo y los delitos de lesa humanidad como único recurso armado.

[1] EL TIEMPO. ‘Una bomba va a estallar’, decía el rumor en Vegalarga. Jueves 2 de diciembre de 2010. En: http://www.eltiempo.com/justicia/reacciones-tras-el-carro-bomba-en-vegalarga_8500104-4

CUBA ES REFUGIO DE NARCOTERRORISTAS

Continúa la publicación a ‘cuentas gotas’ de comunicaciones reservadas entre el Departamento de Estado y sus servicios diplomáticos en el exterior. Esta vez, la información filtrada por el portal Web Wikileaks hace referencia a los vínculos de la organización narcoterrorista de las FARC con el régimen autoritario de los hermanos Castro en Cuba. Según un informe de 2009 de la Sección de Intereses de Washington en La Habana (SINA), existe evidencia de la presencia de narcoterroristas de las FARC, así como de miembros de las también organizaciones terroristas ELN y ETA de España en Cuba. La información filtrada señala que aunque Cuba sirve de refugio a estas tres agrupaciones, hay pocas probabilidades que planeen operaciones terroristas en la isla.

Según el documento secreto, el régimen de los Castro permite a estos grupos “disfrutar de períodos de relajamiento y descanso, atención médica y otros servicios en la isla“ , incluso acompañados con miembros de sus familias. Asimismo, puntualiza que ETA y FARC se apoyan mutuamente en su accionar terrorista, cuestión ésta que ya había sido develada con los campamentos de entrenamiento conjunto en Venezuela. Y añade el reporte clasificado, que el Partido Comunista de Cuba tiene unas abiertas y cercanas relaciones con el Partido Comunista Clandestino Colombiano, el brazo político de las FARC.

En numerosas ocasiones Cuba ha ‘justificado’ sus relaciones con las agrupaciones terroristas colombianas, así como con la ETA, en gestiones de intermediación en procesos de paz. Lo que es más, Cuba no reconoce a estas bandas como grupos terroristas y, en consecuencia, ha exigido repetidamente que Estados Unidos lo excluya de la lista de países patrocinadores del terrorismo.

Que Cuba brinda refugio a las guerrillas narcoterroristas colombianas no es algo nuevo, como también sabemos que lo hacen Venezuela y Nicaragua y otros países fuertemente influenciados por la doctrina comunista cubana y que mantienen profundas simpatías con el proyecto criminal de las FARC y del ELN. Y es que desde el triunfo de la revolución castrista en 1959 y el ascenso de un gobierno autoritario que cerró cualquier espacio democrático, Cuba se convirtió en el faro de los movimientos guerrilleros en America Latina y ejemplo a seguir de los populistas que aspiraban a ‘tiranuelos’ en la región.

Hoy en la isla reciben adoctrinamiento comunista tanto los miembros de las agrupaciones terroristas como las fuerzas militares de Venezuela, compartiendo espacios y formándose en los mismos principios antidemocráticos y ‘antiyanquis’, para replicar el régimen autoritario castrista, tan fracasado y retrogrado como es, en el resto de países de América Latina.

Tanto las FARC como Castro y Chávez, y ETA y el ELN, hacen parte de ese grupo detestable del ‘mamertismo internacional’ que pretende maquillar con supuestas causas sociales y luchas legítimas por la “liberación y la verdadera democracia”, los innumerables crímenes que cometen para hacerse y conservar poder y dinero. En el caso de las FARC, hablamos de secuestros, homicidios, terrorismo, narcotráfico; en el caso de Castro y Chávez, de la censura, de la represión y del terrorismo de estado contra sus opositores. No nos extrañamos cuando Castro lamentó la muerte del terrorista alias ‘Mono Jojoy’ a manos de las Fuerzas de Seguridad del Estado colombiano, ni cuando rindió homenajes al difunto alias ‘Tirofijo’ calificándolo, de forma pusilánime, como un gran revolucionario que lucho por el bienestar de los pobres de Colombia [sic]. Y por eso, tampoco nos extrañamos que un documento clasificado del gobierno de Estados Unidos, obtenido ilegalmente por Wikileaks, revele que Cuba es refugio para los terroristas colombianos.

Eso ha sido un secreto a voces desde hace mucho tiempo. Lo que realmente nos preocupa es que el servicio exterior colombiano, no haya querido apersonarse del caso para poner coto a la situación. Colombia debe hacer todos los esfuerzos diplomáticos posibles para cerrar todos los espacios que posibilitan el fortalecimiento del aparato narcoterrorista y la difusión de sus mentiras comunistas, en Cuba, y en Venezuela, y también en España.

1.http://www.eltiempo.com/mundo/estados-unidos/guerrilleros-de-farc-eln-y-la-eta-segn-diplomticos-de-ee-uu-wikileaks_8490565-4

MÁS HUMANISMO ALTRUISTA DE LAS FARC

El demencial terrorismo fariano cobró más vidas de inocentes pobladores civiles en Vegalarga, a media hora de Neiva, cuando de manera cobarde y salvaje hicieron detonar un vehículo de servicio público frente a la estación de Policía, lo grave y aberrante del caso es que el vehículo transportaba pasajeros.

Si esta semana se rechazaba el decapitamiento de dos soldados heridos por parte de los narcoterrorista, hoy hay que repudiar desde el fondo del alma el terrible hecho de utilizar un vehículo civil repleto de pasajeros para atentar contra una sede policial; al menos los terroristas islámicos tienen el coraje de ser ellos los que se sacrifiquen y no cobardemente utilizar a terceros inocentes para cometer estos actos de barbarie indescriptibles.

Hay que recordar los claros y obligatorios mandatos de la Convención de Ginebra de 1948 y su Protocolo II Adicional que obligan a cualquier actor armado, incluso en los casos de rebelión o desorden interno, a acatar el Derecho Internacional Humanitario y en especial a excluir de sus acciones a la población civil, algo que permanentemente las Farc y Eln dejan de lado para amparar crímenes de esta naturaleza como una muestra más de su humanismo altruista al decir de nuestras Cortes y las ONG’s que callan cualquier condena o rechazo a actos como el sucedido en Vegalarga, Departamento del Huila.

Pero ya veremos a los mismos agitadores políticos, a los propagandistas y áulicos de las Farc, a los colectivos de abogados y a ciudadanos y ciudadanas por las Farc, justificando el criminal atentado, negando lo innegable, trasladando culpas o demandando al Estado en busca de indemnizaciones millonarias. El cobarde atentado narcoterrorista dejó ocho policías heridos, uno de ellos de gravedad, y un número aún no determinado de civiles muertos, pues en el lugar quedaron esparcidos “restos humanos irreconocibles”, como indicara Emma Constanza Sastoque, gobernadora del departamento del Huila.

Indigna que un abominable hecho como este apenas merezca la reseña de los medios de comunicación, que ni uno solo de los habituales columnistas de la prensa escrita se ocupe hoy de condenar vehementemente esa masacre, como si se ocupan cuando de resaltar cualquier error de un militar apenas este sucede. En su afán de deslegitimar la Política de Defensa y Seguridad Democrática, al Presidente Uribe y sus funcionarios, parece que realmente se estableció un pacto de silencio frente a la condena a las acciones criminales del narcoterrorismo, mientras se magnifican otros hechos como empeñarse en señalar que la Ley de Justicia y Paz fue establecida para favorecer a los cabecillas de las autodefensas ilegales.

Mientras España se ha movilizado cada vez que la ETA comete un atentado terrorista y ha logrado mediante esa acción aislar y derrotar política y socialmente a la banda criminal, en Colombia es aterrador el silencio frente a un hecho como este, los narcoterroristas del frente 17 ‘Angelino Godoy’, colocaron la carga explosiva en un vehículo de servicio público con pasajeros y lo hicieron detonar en los alrededores del comando de Policía, la carga explosiva fue camuflada en bultos de naranjas que llevaba la camioneta de servicio público de placas TBK 607, afiliada a la empresa Cootransvega, conducida por el ciudadano Ferley Mosquera, la única víctima fatal reconocida hasta el momento.

No es la primera vez que los narcoterroristas atentan contra Vegalarga, el pasado 14 de agosto, fue un ‘bulto bomba’ el que estalló en ese municipio, dejando a cuatro militares heridos. Un bulto de plátanos y naranjas aparentemente indefenso terminó convertido en un engaño de las Farc y activado contra la población civil y la fuerza pública.

Indudablemente el atentado de ayer hace parte de la conmemoración que la banda criminal anunció para honrar la memoria del Mono Jojoy y lo hace al mejor estilo del bandolero muerto, atentando cobardemente contra la población civil y especialmente contra los más necesitados, los campesinos de Colombia, como lo han hecho a lo largo de su sangrienta historia.

Las Farc se burlan de los derechos humanos y del Derecho Humanitario, DIH, con lo han hecho en múltiples ocasiones su forma de lucha son las emboscadas y los campos minados, el utilizar a la población civil como escudo o mediante engaño como arma de ataque, hay que recordar que en varias ocasiones se han aprovechado de niñas y niños para que porten paquetes explosivos dirigidos a las instalaciones militares o de policía, actuaciones todas a mansalva y de manera ruin, pero ello no ha servido de obstáculo para que nuestro poder judicial los considere luchadores altruistas como lo hizo en una triste sentencia de la Corte Suprema de Justicia que aún no ha sido explicada.

Hay que reaccionar socialmente, no se puede permitir que mediante el silencio medroso se permita que los bandoleros narcoterroristas sigan manteniendo una imagen de fuerza para alentar la lucha política jurídica y política que desde las instancias mismas del Estado libra el PC3 para destruir la democracia y los valores tradicionales de nuestro pueblo.

EL DERECHO A LA VIDA Y DOBLE MORAL

Cuando el entonces magistrado de la Corte Constitucional Carlos Gaviria Díaz, posteriormente senador y presidente del Polo Democrático, avalaba la práctica del aborto, señalaba que este se justificaba porque un ser humano en desarrollo fetal no es objeto de derechos porque tampoco tiene obligaciones, criminal conclusión que permitió despenalizar algunas prácticas abortivas basadas en consideraciones médicas o pragmáticas, como que el nonato fuere fruto de la violación o se considerare que podría nacer con graves deficiencias físicas o pusiere en riesgo la vida de la futura madre.

Esa apreciación se identifica con la tesis nazi que permitía eliminar ancianos, enfermos o niños bajo la excusa de que eran elementos no productivos y se convertían en cargas onerosas para la sociedad, la misma que en la China comunista justificó el asesinato de los bebés de sexo femenino porque después serían seres reproductivos que afectarían la de por sí excesiva población del país asiático.

La intención de la Corte iba más allá, pretendía el reconocimiento del aborto como una práctica común, como cambiarse de camisa u optar por este o aquél producto de consumo. Decía la sentencia C-133/94, cuyo ponente fue el Magistrado ANTONIO BARRERA CARBONELL, que como en los primeros noventa días –del embarazo-, el derecho a la autonomía procreativa de la mujer ha sido admitido en diversos países en los que igualmente se protege el valor de la vida desde la concepción, para que Colombia estuviera a la moda había que aceptar la misma tesis.

Sostenían los abortistas, en contra de todo fundamento científico y fáctico, que los fetos en ese momento de su formación no sentían dolor ni experimentaban sufrimiento, desconociendo pruebas reales obtenidas mediante vídeos en los que se muestra como si sienten dolor y experimentan sufrimiento, ignorando la realidad de los múltiples cadáveres cercenados que se arrojan a los basureros de las ciudades de seres humanos ya formados.

No es una cuestión de atacar el aborto por simples convicciones religiosas, es un deber de humanidad; quienes dicen defender los derechos de la mujer y su autonomía procreativa, simplemente están instrumentalizando a la mujer como un simple elemento reproductor para garantizar una especie de control de calidad en la concepción del ser humano, la misma teoría nazi que propendía por la pureza de la raza al impedir los embarazos de quienes consideraban seres inferiores o les permitía sacrificar niños y niñas que padecieren alguna limitación física o mental.

Los argumentos altruistas de la Corte para legalizar el aborto se muestran realmente como la aceptación de la derrota por parte del sistema judicial para impedir su práctica clandestina, no hay ninguna consideración humanística, simplemente es la forma de ocultar la ineficiencia e ineficacia del poder judicial, en efecto la Corte señalaba entonces que la efectividad del derecho constitucional - a la vida- , queda condicionada a la protección del valor que se le asigne a la vida, según la creencia religiosa que se adopte. La mujer embarazada goza de un derecho constitucional a la autonomía procreativa. El Estado debe proteger este derecho y tomar las medidas necesarias para que sea efectivo, brindando apoyo a la mujer que desee procrear o poniendo al alcance de la reticente los medios médicos para impedir el riesgo que la práctica clandestina del aborto representa.

Es esa misma doble moral, la hipocresía reiterativa y la falta de humanismo que llevó a nuestras Cortes a considerar luchadores altruistas a los narcoterroristas pese al cúmulo de evidencias que muestran como las organizaciones delincuenciales se burlan de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en su práctica criminal desde sus mismos orígenes; lo que nuestros magistrados calificaron fue el discurso ideológico y no la realidad fáctica de la actividad criminal contra el pueblo colombiano.

Seguramente para nuestras Cortes es altruista el secuestro, el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes para ser utilizados como instrumentos sexuales o criminales, el sembrado de minas antipersonal prohibido por la legislación internacional, el uso de cilindros bomba o tatucos contra la población civil o el detonar un vehículo de servicio público con su conductor y pasajeros adentro, como acaba de suceder en Vegalarga, para causarle daños a unos policías; total, por su pobreza los habitantes de nuestros municipios alejados deben ser considerados desechables porque su contribución económica, cumplimiento de obligaciones, es precaria y lo que interesa es profundizar la crisis del sistema en pleno siglo de los jueces.

Lastimosamente estos no son temas de consumo masivo, oponerse al aborto o a las narcoguerrillas no está in, no vende, no logra pautas publicitarias, y por eso los medios prefieren darle curso a cuanto columnista o analista proabortista o profariano inunda esos medios, de tal manera que la indiferencia de los colombianos frente a esos hechos criminales se amolda a la tesis aberrante de que lo improductivo no tiene derechos que originó el holocausto mundial tan abundantemente documentado durante la II Guerra Mundial. ¡Dios nos guarde de estos iluminados juristas que rigen nuestros destinos legales!

Cuando el entonces magistrado de la Corte Constitucional Carlos Gaviria Díaz, posteriormente senador y presidente del Polo Democrático, avalaba la práctica del aborto, señalaba que este se justificaba porque un ser humano en desarrollo fetal no es objeto de derechos porque tampoco tiene obligaciones, criminal conclusión que permitió despenalizar algunas prácticas abortivas basadas en consideraciones médicas o pragmáticas, como que el nonato fuere fruto de la violación o se considerare que podría nacer con graves deficiencias físicas o pusiere en riesgo la vida de la futura madre.

Esa apreciación se identifica con la tesis nazi que permitía eliminar ancianos, enfermos o niños bajo la excusa de que eran elementos no productivos y se convertían en cargas onerosas para la sociedad, la misma que en la China comunista justificó el asesinato de los bebés de sexo femenino porque después serían seres reproductivos que afectarían la de por sí excesiva población del país asiático.

La intención de la Corte iba más allá, pretendía el reconocimiento del aborto como una práctica común, como cambiarse de camisa u optar por este o aquél producto de consumo. Decía la sentencia C-133/94, cuyo ponente fue el Magistrado ANTONIO BARRERA CARBONELL, que como en los primeros noventa días –del embarazo-, el derecho a la autonomía procreativa de la mujer ha sido admitido en diversos países en los que igualmente se protege el valor de la vida desde la concepción, para que Colombia estuviera a la moda había que aceptar la misma tesis.

Sostenían los abortistas, en contra de todo fundamento científico y fáctico, que los fetos en ese momento de su formación no sentían dolor ni experimentaban sufrimiento, desconociendo pruebas reales obtenidas mediante vídeos en los que se muestra como si sienten dolor y experimentan sufrimiento, ignorando la realidad de los múltiples cadáveres cercenados que se arrojan a los basureros de las ciudades de seres humanos ya formados.

No es una cuestión de atacar el aborto por simples convicciones religiosas, es un deber de humanidad; quienes dicen defender los derechos de la mujer y su autonomía procreativa, simplemente están instrumentalizando a la mujer como un simple elemento reproductor para garantizar una especie de control de calidad en la concepción del ser humano, la misma teoría nazi que propendía por la pureza de la raza al impedir los embarazos de quienes consideraban seres inferiores o les permitía sacrificar niños y niñas que padecieren alguna limitación física o mental.

Los argumentos altruistas de la Corte para legalizar el aborto se muestran realmente como la aceptación de la derrota por parte del sistema judicial para impedir su práctica clandestina, no hay ninguna consideración humanística, simplemente es la forma de ocultar la ineficiencia e ineficacia del poder judicial, en efecto la Corte señalaba entonces que la efectividad del derecho constitucional - a la vida- , queda condicionada a la protección del valor que se le asigne a la vida, según la creencia religiosa que se adopte. La mujer embarazada goza de un derecho constitucional a la autonomía procreativa. El Estado debe proteger este derecho y tomar las medidas necesarias para que sea efectivo, brindando apoyo a la mujer que desee procrear o poniendo al alcance de la reticente los medios médicos para impedir el riesgo que la práctica clandestina del aborto representa.

Es esa misma doble moral, la hipocresía reiterativa y la falta de humanismo que llevó a nuestras Cortes a considerar luchadores altruistas a los narcoterroristas pese al cúmulo de evidencias que muestran como las organizaciones delincuenciales se burlan de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en su práctica criminal desde sus mismos orígenes; lo que nuestros magistrados calificaron fue el discurso ideológico y no la realidad fáctica de la actividad criminal contra el pueblo colombiano.

Seguramente para nuestras Cortes es altruista el secuestro, el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes para ser utilizados como instrumentos sexuales o criminales, el sembrado de minas antipersonal prohibido por la legislación internacional, el uso de cilindros bomba o tatucos contra la población civil o el detonar un vehículo de servicio público con su conductor y pasajeros adentro, como acaba de suceder en Vegalarga, para causarle daños a unos policías; total, por su pobreza los habitantes de nuestros municipios alejados deben ser considerados desechables porque su contribución económica, cumplimiento de obligaciones, es precaria y lo que interesa es profundizar la crisis del sistema en pleno siglo de los jueces.

Lastimosamente estos no son temas de consumo masivo, oponerse al aborto o a las narcoguerrillas no está in, no vende, no logra pautas publicitarias, y por eso los medios prefieren darle curso a cuanto columnista o analista proabortista o profariano inunda esos medios, de tal manera que la indiferencia de los colombianos frente a esos hechos criminales se amolda a la tesis aberrante de que lo improductivo no tiene derechos que originó el holocausto mundial tan abundantemente documentado durante la II Guerra Mundial. ¡Dios nos guarde de estos iluminados juristas que rigen nuestros destinos legales!

EL PROTOCOLO DE UNASUR CONTRA LOS “GOLPES DE ESTADO”

Durante la más reciente cumbre de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), efectuada en Guyana, los países miembros han aprobado un protocolo contra “intentonas golpistas” en la región, como la que supuestamente ocurrió en Ecuador a finales de septiembre de este año. El Protocolo Democrático acordado por los mandatarios de la Unasur, incluso eal de Colombia, impone “una serie de sanciones diplomáticas, políticas y comerciales ante eventuales rupturas del orden democrático en la región”, que incluyen el cierre de fronteras y la suspensión del comercio con la nación que sufra un golpe de Estado.

Según Rafael Correa, presidente del Ecuador, el protocolo busca enviar el mensaje de que “cualquier gobierno de facto que pretenda llegar al poder por medio de un golpe de Estado, sabrá que se tendrá que enfrentar con el ostracismo total de la región". Entre tanto, Hugo Chávez, afirmó que este acuerdo “es un protocolo de apoyo a la democracia y de ataque a los golpes de Estado y movimientos desestabilizadores que siguen siendo una amenaza para la región y sobre todo para Bolivia, Ecuador y Venezuela" .

Este Protocolo parece condenar a la caducidad la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA), vigente desde 2001, que tiene objetivos similares al del documento democrático de la Unasur. La diferencia principal parece radicar en que la principal sanción a la que hace referencia la Carta Democrática, es la expulsión de la OEA del Estado que sea capturado por un gobierno de facto, mientras que el nuevo Protocolo de Unasur establece sanciones coercitivas muchos más importantes, incluso sanciones económicas. Asimismo, mientas la Carta de la OEA prevé mecanismo que favorecen el diálogo entre las partes en conflicto antes de la toma de sanciones, en el Protocolo de Unasur las sanciones son automáticas y compulsa compromete a los Estados miembros a asumir medidas como el cierre de fronteras y suspensión de las relaciones diplomáticas y comerciales, ante cualquier hecho que sea calificado de intento de ‘golpe de estado’ en un país de la región.

La iniciativa del Protocolo Democrático nació después de la sublevación policial de septiembre 30 en Ecuador, que tozudamente el gobierno de Rafael Correa se ha empeñado en calificar como un intento de golpe de estado, cuando en realidad se trato de una manifestación de una inconformidad laboral por parte de los policías de Quito, que sí bien se torno violenta, nunca tuvo una voluntad manifiesta por asesinar al presidente o deponer el gobierno legitimo. Violencia que además se incrementó y desbordó por la actitud desafiante de Correa que, queriendo posar de mártir de la democracia, hizo gala de una verborrea belicosa para llamar a las armas al pueblo y a los militares contra los policías sublevados. El discurso de Correa fue comprado por la comunidad sudamericana que inmediatamente se comprometió en la construcción de acciones colectivas en defensa de la democracia en la región.

Igual, esto no garantiza menores posibilidades de golpes de estado en la región. La verdad es que las intentonas de golpes son producto de una realidad política, social y económica en cada país y, por tanto, deben siempre entenderse dentro de este contexto particular. En tanto este contexto sea negativo, o mejor aun, en tanto existan malos gobiernos que propicien malas condiciones sociales, políticas y económicas, la posibilidad de un golpe de Estado siempre estará abierta, sin importar que sanciones impongan los organismos multilaterales. Por eso, los gobiernos deberían preocuparse primero por promover la democracia en sus instituciones y sociedades.

Por esto resulta curioso que sean los presidentes con tendencias comunistoides y totalitarias los que promuevan un protocolo en defensa de la democracia. Para no ir mas lejos, Chávez, el ‘nuevo mejor amigo de Colombia’, es uno de los principales abanderados de esta iniciativa, siendo él mismo, un ex golpista y uno de los mandatarios que menos respeta los valores democráticos en el mundo. Sólo para refrescar nuestra memoria, el mismo Chávez intento derrocar al gobierno legítimo de Carlos Andrés Pérez en 1992. Luego, como presidente de Venezuela, ha establecido un régimen policial que persigue a la oposición democrática, coarta la libertad de expresión y restringe la propiedad privada. Eso sin mencionar que apoya y patrocina a grupos narcoterroristas que atentan contra regimenes democráticos extranjeros.

El Protocolo Democrático parece ser parte del ‘jueguito’ megalómano de los mandatarios comunistoides que sufren de un delirio de persecución y utilizan el discursito del golpe de estado para perpetuarse en el poder e incrementar la represión sobre su pueblo. Para ellos, la culpa de los males endémicos de sus países no es de ellos ni de sus desastrosos gobiernos, sino de Estados Unidos y de la oposición interna que conspira para derrocarlos. Que pena que Colombia se preste para este ‘jueguito’ en un escenario controlado por la izquierda regional, como lo es la Unasur.

1.http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2010/11/101126_colombia_ecuador_relaciones_restablecimiento_unasur_jg.shtml

KIM JONG IL Y CHÁVEZ, DOS DÉSPOTAS CORTADOS CON LA MISMA TIJERA

El régimen comunista de Corea del Norte, presidido por Kim Jong Il, ha decidido atacar brutalmente y sin justificación alguna a su vecino del Sur. Aunque las tensiones entre las dos Coreas han perdurado desde el fin de la Guerra (1950-1953), el ataque de esta semana a la isla surcoreana de Yeonpyeng representa la segunda agresión de importancia del norte contra el sur en este año, después del hundimiento de un buque de la Marina surcoreana en el mes de marzo, causando medio centenar de victimas. Según las informaciones de prensa, las fuerzas comunistas descargaron alrededor de 50 obuses sobre las torres de vigilancia militar surcoreanas, así como sobre viviendas civiles, dejando una estela de dieciocho heridos y cinco muertos (tres civiles y dos soldados).

Sendos comunicados del régimen de Pyongyang ‘rezan’ que el ataque fue una respuesta a las ‘provocaciones’ de Corea del Sur, cuya Marina había estado desarrollando maniobras militares en la zona durante los días pasados. "Les avisamos varias veces de que no toleraríamos su presencia" y agregaron que lanzarían ataques inmisericordes si "el enemigo se atreve a invadir nuestras aguas territoriales por un solo milímetro". Con la retórica guerrerista que caracteriza a los regimenes autoritarios, en Asia y en America Latina, la comandancia militar norcoreana llegó a señalar que “sí nos siguen provocando, el próximo objetivo será Seúl. Se convertirá en un mar de fuego. La guerra nuclear puede empezar en cualquier momento" .

Seúl, como no podía ser de otra forma, ha puesto a sus fuerzas militares en máxima alerta y ordenó la movilización de sus reservistas. Ha prometido además fuertes represalias, pero sólo contra una segunda agresión de Norcorea. Segunda agresión que ya ha sido propuesta por el Norte de continuar la presencia ‘sureña’ en la zona en conflicto. Estados Unidos por su parte, ha manifestado su apoyo resuelto a la Corea democrática y ha anunciado la realización de ejercicios militares conjuntos con la Corea agredida en el Mar Amarillo –donde se encuentra la isla atacada. Mientras tanto, China, el principal aliado de la Corea comunista, se ha limitado ha expresar su ‘preocupación’ por la situación en la península, pero ha bloqueado una resolución condenatoria al régimen de Kim Jong Il por parte del Consejo de Seguridad de la ONU.

Seamos claros, el ataque no sólo fue una advertencia de Pyongyang a Seúl. Fue una demostración de la capacidad militar norcoreana y su determinación de llevar a cabo ataques fulminantes contra su vecino del sur, contra Japón, contra Estados Unidos o contra cualquier otro que se oponga al desarrollo de su programa nuclear y su aspiración de convertirse en una potencia regional. Pero el ataque fue posible por la falta de firmeza de las grandes potencias, particularmente de Estados Unidos, para imponer limites a la dictadura comunista. Pues mientras Occidente se ha preocupado por negociar el ‘desmonte’ de los planes nucleares norcoreanos, incluso dándole contraprestación económicas a Pyongyang, Kim Jong Il ha continuado trabajando subrepticiamente en el enriquecimiento de uranio, utilizando ahora un nuevo y mejor modelo de centrifugadoras, las P2, que son las mismas que los iraníes están utilizando en sus instalaciones atómicas.

Corea del Norte ha desplegado todo su arsenal para amedrentar a su vecino del sur. Lo hace a sabiendas de que, mientras ellos parecen estar dispuestos a llegar a la guerra total y destruir a sus ‘hermanos del sur’, la Corea democrática cederá y tratará de buscar soluciones más salomónicas con ayuda internacional. Lo hace porque calcula muy bien los daños que le puede ocasionar una guerra como la del año cincuenta, tomando en consideración el potencial de destrucción que ahora posee su contraparte.

La responsabilidad recae entonces en la comunidad internacional, particularmente en Estados Unidos, y permitir que una democracia sea aniquilada por una dictadura comunista. Hace sesenta años, los estadounidenses con la ayuda de varios países, incluyendo a Colombia, actuaron en defensa de la democracia y la libertad, si bien en aquella ocasión no se logró poner punto final al régimen comunista autoritario de Pyongyang. Hoy, este ataque representa una oportunidad para que la comunidad internacional entienda por fin que con gobiernos de este tipo, tiránicos y terroristas, no es posible negociar, pues se trata de déspotas que no están dispuestos a ceder un centímetro.

En este momento, los ojos del mundo están puestos en la zona del Mar Amarillo. Pero la situación en Corea nos da pie para hacer un paralelo con nuestra propia situación. Al igual que Corea del Sur, Colombia tiene la desgracia de tener que convivir con una dictadura comunista que constantemente amenaza nuestra democracia. Hugo Chávez es tan déspota como lo es Kim Jong Il, y al igual que lo ha hecho éste, aspira a perpetuarse en el poder de su país, propagar su comunismo del siglo XXI y convertirse en una potencia regional. También ha iniciado un programa nuclear para enriquecer uranio, a la tétrica sombra de Irán. Y aunque el régimen bolivariano no ha atacado directamente a Colombia, como lo ha hecho la Corea tiránica con aquella democrática, sí lo ha hecho indirectamente mediante sus aliados narcoterroristas que pretenden desestabilizar el Estado de Derecho. Y, al igual que con Corea del Norte, la comunidad internacional ha querido ‘dialogar’ y tratar con ‘buenísimo’ al déspota de Miraflores; ojala no se necesite una agresión directa contra Colombia para que Occidente se de cuenta que Chávez es también una amenaza a la seguridad internacional.

1. http://www.eltiempo.com/mundo/asia/el-peor-ataque-de-corea-del-norte-a-su-vecino-del-sur-en-50-aos_8424480-4

OTRO TORPEDO JUDICIAL

La decisión de la Corte Constitucional de tumbar la aplicación del principio de oportunidad a cerca de 19 mil desmovilizados rasos de las AUC y cerca de 10 mil de las organizaciones narcoterroristas, indudablemente constituye un injustificado torpedo del poder judicial con la peregrina excusa de que no se consulta con los derechos de las víctimas.

El 19 de junio de 2009, el Congreso había aprobado una ley que permitía el sometimiento a la justicia de los desmovilizados rasos que lo hubieren hecho mientras era aprobada la Ley de Justicia y Paz, y que quedaron en un limbo jurídico porque no se les podía aplicar los beneficios de la ley pues la Corte Suprema de Justicia (sentencia del 11 de julio de 2007) y la Corte Constitucional argumentaron que estos paras no se podía procesar por delitos políticos y debían ser juzgados por el delito de concierto para delinquir, mientras elevaban a la categoría de luchadores altruistas a los narcoguerrilleros.

La realidad fáctica y jurídica no tenida en cuenta en la actual decisión de la Corte Constitucional amenaza directamente lo alcanzado en la pacificación de amplios territorios del país y estimula la vuelta a la actividad delictiva de los desmovilizados con argumentos deleznables. Señalar que el principio de oportunidad no se permite para la justicia transicional, porque concede un grado muy amplio de discrecionalidad al fiscal, es un adefesio contrario a esa realidad. La decisión pone en una situación crítica el proceso con estos desmovilizados porque todos tendrán que ser juzgados por la justicia ordinaria y pueden recibir condenas mayores a las que recibirán los jefes paramilitares por estar en Justicia y Paz (8 años como pena alternativa).

Esta ley fue presentada por el Gobierno Uribe al Congreso, y en ella introducía una modificación al Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), permitiendo que el 'principio de oportunidad' fuera aplicado a desmovilizados de grupos armados ilegales bajo ciertas condiciones, incluyendo a los que se desmovilizaron después de julio de 2005. Lo que buscaba esa reforma era que si un integrante de un grupo armado ilegal se entregaba a las autoridades pudiera recibir un beneficio al confesar sus delitos, pero quedaban exentos quienes hubieran cometido delitos de lesa humanidad.

El texto aprobado preveía la aplicación de dicho beneficio al desmovilizado que "haya manifestado con actos inequívocos su propósito de reintegrarse a la sociedad, siempre que no haya sido postulado por el Gobierno Nacional al procedimiento y beneficios establecidos en la ley 975 de 2005 y no cursen en su contra investigaciones por delitos cometidos antes o después de su desmovilización con excepción de la pertenencia a la organización criminal, que para efectos de esta ley incluye la utilización ilegal de uniformes e insignias y el porte ilegal de armas y municiones".

La Ley ha sido tergiversada desde siempre por los políticos liberales y de izquierda, como por las narcoguerrillas, al señalar perversamente que solamente beneficiaba a quienes hicieron parte de las autodefensas desconociendo que al amparo de ella se han desmovilizado cerca de 10 mil integrantes de otros grupos armados entre ellos las Farc y Eln; sin duda para las narcoguerrillas la decisión judicial constituye un inimaginable triunfo político y servirá como elemento propagandístico para tratar de cerrar el dique de las desmovilizaciones.

Si a la decisión judicial se le suma el riesgo a la vida e integridad de los desmovilizados, que debería ser garantizada por la Policía Nacional, y que según la Fiscalía registra cifras impresionantes, 800 desmovilizados fueron asesinados entre 2007 y 2009, y la Policía sostiene que durante los últimos tres años murieron 923, “siendo la tendencia al incremento”, dice la Comisión Nacional de Reconciliación y Reparación CNRR, se tiene que los mecanismos de protección para la seguridad personal de los desmovilizados no han sido los necesarios y se revela falta de capacidad del Estado para responder a fondo, con medidas adecuadas y oportunas, ante la aguda problemática de violencia que los afecta, es de preverse el retorno de muchos de estos a las narcoguerrillas y las BACRIM, por falta de voluntad política y judicial para consolidar la paz.

La decisión de la Corte Constitucional es un torpedo evidente contra la última fase del proceso de Desarme y Desmovilización, pues al negar la posibilidad de aplicación del principio de oportunidad dentro de la fase de Reintegración claramente amenaza lo alcanzado en las dos fases anteriores.

El desarme, como señalan las normas expedidas, comprende el proceso de recolección, control y destrucción de armas que se encuentran tanto en poder de combatientes como de civiles. Se incluyen también campañas y políticas para el uso responsable de armas. La desmovilización por su parte, que constituye la siguiente etapa, se trata de un proceso menos tangible o mesurable porque consiste en la disolución de la unidad armada en el caso de desmovilización colectiva o la reducción de los combatientes de un grupo en el caso de la desmovilización individual. Teniendo en cuenta que por combatiente se entiende no sólo quien porta un arma sino también aquellos que trabajen en logística, administración o suministro de información, la desmovilización cobija también a estas poblaciones. Finalmente, la tercera etapa llamada reintegración, comprende desde la desarticulación del grupo hasta que los combatientes recobran el carácter civil, por tanto su sustento proviene de actividades lícitas y libres de violencia, que es la garantía de no repetición de la conducta criminal que se exige para la aplicación del principio de oportunidad en la justicia transicional.

Negros nubarrones se extienden pues en el firmamento que permitía a los colombianos vislumbrar una paz cercana y un estado posconflicto; las erradas decisiones judiciales y políticas nos están devolviendo 8 años en el tiempo y los violentos reclamarán satisfechos que las derrotas militares que se les propinaron en ese tiempo son ilícitas y que lo lícito es su lucha altruista a juicio de nuestras Cortes.

¿HAY GARANTÍAS JUDICIALES EN COLOMBIA?

Un escándalo mediático y político ha despertado la declaración del ex Presidente Uribe al señalar la falta de garantías judiciales en los procesos que se adelantan contra sus antiguos colaboradores, especialmente en los casos que más explotó la oposición política y la narcoguerrilla durante su mandato, los llamados yidispolítica y las chuzadas.

Como debe recordarse la yidispolítica nació de las declaraciones de la exparlamentaria Yidis Medina quien resolvió ante la Corte Suprema de Justicia, buscando una atenuación de su culpa en una serie de conductas delictivas, señalar que sus actuaciones de derivaron de compromisos con funcionarios para cambiar su voto como Representante a la Cámara para aprobar la reelección presidencial; las chuzadas es la denominación que se le da a una serie de investigaciones y escuchas realizadas para determinar la certeza de unas denuncias de la prensa con referencia a vínculos de Magistrados y otros ciudadanos con posibles elementos u organizaciones criminales.

Las garantías judiciales hacen referencia en primer lugar a los derechos consagrados en el art. 29 de la Carta como lo son el debido proceso, el derecho a la defensa, la presunción de la ley, el principio de favorabilidad de la ley y otros conexos que deben ser garantizados por el poder judicial en cabeza de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación y en lo que actúa como garantía el Ministerio Público, esto es la Procuraduría General de la Nación.

Los citados derechos consagrados en la Carta hacen parte de lo dispuesto en el art. 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que exigen, entre otras cosas, que los operadores judiciales garanticen a los procesados la presunción de inocencia la cual debe ser controvertida en los estrados judiciales y mediante pruebas idóneas; en el caso de los funcionarios de la anterior administración y desde su misma vigencia, tal derecho no ha sido garantizado y se hacen juicios mediáticos, de linchamiento moral y social que fácilmente ponen en peligro la vida de estos funcionarios en una sociedad polarizada y propensa a la justicia por propia mano como la nuestra.

El mismo Presidente de la Corte ya había anunciado su posición frente al tema de las chuzadas cuando aún antes de iniciarse la investigación anunciaba a los medios que quienes intervinieron ese órgano judicial no quedarían impunes; ese poder judicial que su afán de ejercer venganzas políticas contra el anterior gobierno es pródigo en ofrecer beneficios legales (rebajas de pena, aplicación del principio de oportunidad, etc.), a delincuentes y funcionarios de menor rango si en sus declaraciones vinculan a los mandos superiores tratando de llegar a la misma cabeza del gobierno nacional.

Son garantías judiciales que se han inocuas e inaplicables en un poder judicial con más de 1.5 millones de procesos represados que vulneran el derecho al acceso a la justicia, donde para convalidar la ineficiencia e ineficacia de ese poder público se vulneran y desconocen los términos fijados en los códigos procesales llevando los procesos a la perención, al vencimiento de términos y otras figuras que eximen de responsabilidad a los jueces por la negación de ese derecho.

¿Qué garantías judiciales pueden ofrecer estos Magistrados que han definido a las narcoguerrillas como organizaciones de luchadores altruistas y se niegan a procesar a los políticos que las han estimulado, apoyado y defendido? ¿Si el poder judicial considera altruista el narcoterrorismo qué pueden esperar quienes lo han combatido?

Esa respuesta bien la conocen los militares que se han visto enfrentados a la guerra jurídica en contra la institución castrense. Basta la declaración de un individuo psicológicamente insano para desechar por parte de nuestros jueces todo el acervo probatorio favorable al militar y proferir sentencias condenatorias, pisoteando principios como el del juez natural, de la cosa juzgada o el de favorabilidad de la ley penal en su afán de mostrar el altruismo de las narcoguerrillas.

Es un hecho que en Colombia hace carrera la venganza política de las narcoguerrillas derrotadas militarmente por la Política de Defensa y Seguridad Democrática; lo ganado en el terreno por las armas corre el riesgo de perderse en los estrados judiciales y algunos círculos políticos que tienen en la mira a Álvaro Uribe Vélez para mostrarle a los ciudadanos la validez de sus razones que nunca pudieron conquistar el alma de los electores.

No es coincidencia que en Panamá la pretendida marcha de las juventudes contra el asilo territorial otorgado a la anterior Directora del DAS solo hubiere congregado una veintena de miembros de la juventud comunista de ese país, de unos despistados que gritaban consignas contra la dictadura en Colombia o el espionaje colombiano como pudo apreciarse en las declaraciones de los presuntos organizadores a los medios, que ese despiste no hubiere sido recogido por los medios colombianos mientras magnificaban el alcance de unas protestas de minorías contra el hecho diplomático.

VUELVE Y JUEGA

El fanático esquizofrénico que mal gobierna a Venezuela ha lanzado nuevas acusaciones contra el "imperio yanqui” y sus “lacayos en Venezuela y América Latina". Nuevamente Chávez ha inculpado a la “extrema derecha” estadounidense de patrocinar conspiraciones para derrocar a su gobierno, en asocio con la burguesía venezolana. Según el déspota bolivariano, Washington arremete contra su revolución socialista porque se siente "engolosinado" por los resultados electorales de la mitaca.

Las declaraciones las hace el mandatario después de haber ‘develado’ la existencia de un nuevo plan para asesinarlo, orquestado esta vez por Guillermo Zuloaga, director del canal de televisión Globo visión. En la mente de Chávez, la oposición venezolana habría recaudado unos 100 millones de dólares para entregarlos como recompensa a quien lo asesine. Por eso exhortó a las autoridades venezolanas, “al señor Vicepresidente, la Fiscal General, al Tribunal Supremo de Justicia, a que hagan algo” y actuar contra las propiedades y acciones que Zuloaga tiene en el canal televisivo.

Cabe recordar que Zuloaga es uno de los principales opositores al gobierno socialista y debió escapar de Venezuela por la persecución política de Chávez, quien lo acuso de usura y asociación para delinquir. Globo visión, por su parte, es el único canal televisivo que mantiene una clara línea editorial crítica al gobierno, después de la censura y cierre de los otros canales de oposición.

Hace pocos días, Zuloaga comentó desde Washington que el gobierno déspota de Caracas representa una amenaza para la seguridad de Estados Unidos, por sus probadas relaciones con el gobierno de Irán, Libia, Argelia e Irak. Afirmaciones que fueron secundadas por congresistas republicanos de Estados Unidos quienes prometieron, ahora que recuperaron la mayoría en la Cámara de Representantes, aumentar la presión frente al "declive de las libertades democráticas" en Venezuela y sus aliados regionales, que algunos calificaron de "azote".

En hora buena el Congreso estadounidense vuelve a posar sus ojos sobre las dictaduras bolivarianas que amenazan la paz y la seguridad de la región. Durante el cuatrienio pasado, y pese a la constante preocupación del presidente republicano George W. Bush, el Congreso, que había estado controlado por el ala más izquierdista del Partido Republicano encabezada por Nancy Pelosi, sólo prestaba atención a América Latina para condenar al Estado colombiano por supuestas violaciones a los derechos humanos e interponerse en la ratificación del Tratado de Libre Comercio con nuestro.

Sin embargo, cuando se trataba de condenar a Chávez y a sus compañeros populistas en Bolivia, Ecuador y Nicaragua, por sus vínculos con organizaciones narcoterroristas, por sus relaciones con estados terroristas como Irán, por el armamentismo exagerado, por el intervencionismo en los asuntos internos de otras naciones, por la censura a la libertad de prensa en sus países, por la opresión de sus sociedades, entre otros muchas conductas detestables, los demócratas preferían mirar para otro lado y pasar por alto la conductas antidemocráticas de los socialistas del siglo XXI. Ahora los republicanos prometen establecer límites a los desmanes de los déspotas bolivarianos y empezar a tratarlos como lo que realmente son, una amenaza para la seguridad de Estados Unidos y de America Latina.

Sin embargo, mientras esto ocurre en Washington, Colombia parece plegarse cada vez más a las exigencias del tirano de Miraflores. En su afán por restaurar las relaciones diplomáticas con el país vecino, Juan Manuel Santos parece estar sometiéndose, sin mayor reparo, a los dictados de Chávez. La desidia del gobierno actual por salvar el acuerdo de cooperación militar con Estados Unidos y la extradición del narcotraficante Makled a Caracas, son desafortunadas decisiones políticas que corroboran la aparente capitulación de Nariño a Miraflores, y que pueden acarrear graves consecuencias en la relación de Colombia con su más importante aliado en la lucha contra el narcoterrorismo, Estados Unidos.

Es inaceptable que el gobierno colombiano prefiera ahora la sanidad de unas relaciones diplomáticas con un régimen antidemocrático que patrocina a las guerrillas narcoterroristas. El ‘nuevo mejor amigo’ de Santos es el mismo dictador que ha proferido, en repetidas ocasiones, insultos y amenazas contra el Estado y las instituciones democráticas colombianos. Es el mismo déspota que incita a Nicaragua y Ecuador para que fustiguen a Colombia. Es el mismo megalómano que inventa conspiraciones en su contra para aniquilar a toda oposición, a toda voz discordante con su trasnochado discurso comunista totalitario.

AHORA ITALIA SE SUMA A LA GUERRA JURÍDICA CONTRA MILITARES LATINOAMERICANOS

Siguiendo los pasos del tristemente recordado juez español Baltasar Garzón, el Fiscal de Roma, Giancarlo Capaldo, cerró la investigación sobre el llamado "Plan Cóndor", el que definió como un sistema de coordinación represiva ilegal entre las dictaduras militares sudamericanas en los años 70 y 80. El cierre de la investigación, que duró más de diez años, precede al pedido de envío a proceso de alrededor de 140 indagados.

Los que podrían ser sometidos a proceso, incluso en contumacia, son los miembros de las juntas militares y de los servicios de seguridad de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, acusados de la muerte de 25 italianos. De esta lista, el único encarcelado es el ex fiscal militar durante el régimen de Augusto Pinochet, Alfonso Podlech Michaud, quien fue extraditado a Italia tras ser detenido el 27 de julio de 2008 en el aeropuerto de Barajas.

Al ex fiscal se le acusa de la desaparición en la cárcel de Temuco del ex sacerdote de origen italiano Omar Venturelli vinculado a actividades políticas clandestinas durante el gobierno de Salvador Allende.

También se pedirá enjuiciar al ex jefe de la DINA, Manuel Contreras, y al ex ministro del Interior de Paraguay Sabino Augusto Ciarletti Montanaro, al ex presidente de Perú Francisco Morales Bermúdez y al primer ministro de ese país Pedro Prada Richter. A estas personas se les sindica de haber hecho parte del llamado “Plan Cóndor” desarrollado dentro de la guerra contra la subversión armada comunista en el Continente durante los años 70 y 80.

Como fundamento para la decisión del fiscal italiano se tiene un presunto “expediente del terror” que se dice encontró el izquierdista juez paraguayo José Fernández quien afirma haber encontrado el 22 de diciembre de 1992 un volumen importante de información sobre esta operación. Al visitar una comisaría en Lambaré, suburbio de Asunción, para buscar archivos de un ex preso político, descubrió los llamados "archivos del terror", que detallan el destino de miles de latinoamericanos secretamente secuestrados, torturados y asesinados.

El citado documento jamás fue utilizado en Paraguay para abrir causas penales contra posibles violadores de los derechos humanos, sólo hasta ahora 20 años y en pleno auge de la guerra jurídica y política desatada por el Foro de Sao Paulo y el comunismo internacional contra las Fuerzas Militares, especialmente latinoamericanas, resurge como motivo de discordia y sin que nadie haya avalado su legitimidad o validez para indicar que de haber existido la Operación Cóndor fue adelantada contra inocentes demócratas en el sur del continente.

Todos estos presuntos documentos, manipulados y tergiversados a conveniencia de las organizaciones terroristas que asolaron el continente en los años 60 y 70, han sido productos de las llamadas Comisiones de la Verdad, las Comisiones sobre Prisión Política y Tortura, Comisiones de Reconciliación y otros organismos no gubernamentales que de manera sesgada siempre han mostrado a los terroristas y sus secuaces y voceros como víctimas y a los militares como victimarios, excluyendo o minimizando en sus politizados informes las acciones criminales adelantadas por el comunismo internacional en nuestros países.

Los informes de estas comisiones sólo tienen como fin transformar mediante el miedo a futuros procesos similares a los militares activos, convirtiéndoles por la fuerza en brazo armado del socialismo (como ocurre en Venezuela), y neutralizar la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo (como se pretende en Colombia).

Hay una conclusión que brillantemente expone el hoy preso político venezolano Alejandro Peña Esclusa: La Conclusión propone “diseñar una estrategia continental para defender las Fuerzas Armadas frente a la injusta y brutal agresión de las que son objeto. Esta defensa” -añade- “debe ser emprendida no solamente por los militares, sino por la sociedad entera; porque la existencia de unas FF.AA. bien equipadas, bien entrenadas y con una Alta Moral, es requisito indispensable para la supervivencia misma de nuestras naciones. De ello pueden dar testimonio el pueblo colombiano, que ha sido rescatado por las Fuerzas Armadas de las garras de las FARC; y el pueblo hondureño que, gracias a sus militares, pudo salvarse de una dictadura chavista.”[1]

En ningún momento se puede bajar la guardia y si los funcionarios que lucharon contra el narcoterrorismo son hoy víctimas de la persecución judicial de una Corte Suprema de Justicia protagonista de muchos de los escándalos que suscitaron las escuchas e investigaciones de hechos que podrían haber sido considerados delitos cuando fueron divulgados por la prensa, indudablemente no constituyen garantía del debido proceso para los militares que han sacrificado sus vidas persiguiendo a los bandidos que por más de 50 años han sumido nuestra patria en el dolor de una violencia infame y que ahora son presentados por esa Corte como luchadores altruistas.

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[1] PEÑA ESCLUSA, Alejandro. Ver: http://www.unoamerica.org/unoPAG/libros.php?id=11