LA SOSPECHOSA EFICIENCIA JUDICIAL

Para quienes tienen dudas sobre la falta de garantías procesales en las acciones judiciales que se han iniciado contra el Presidente Uribe y sus colaboradores, hay una perla que no puede dejarse de lado. Mientras la Corte Suprema de Justicia ha represado injustificadamente la investigación y juicio por los probados nexos de la exsenadora Piedad Córdoba Ruíz y otros congresistas en la denominada farcpolítica, de manera sospechosa la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes le reconoce a esta señora personería para actuar como parte civil dentro del proceso abierto contra el expresidente por el tema de las ‘chuzadas’, permitiéndole presentarse como víctima del Estado y de esta manera neutralizar cualquier acción en su contra.

Efectivamente, de ahora en adelante Córdoba Ruíz podrá interrogar a los testigos, decidir quiénes podrán ir a testificar, resolver si citan o pedir que se cite a Uribe, seguir completas las investigaciones y conocer la información reservada con la que cuenta la Comisión, lo que en lenguaje llano significa que podrá interferir en el curso de cualquier acción judicial en su contra derivada de las denuncias elevadas por su participación en los hechos conocidos a raíz de la develación de los correos electrónicos de los abatidos Raúl Reyes y el Mono Jojoy, que la exsenadora ha señalado son un montaje del anterior gobierno en su contra.

No hay que ser un erudito en leyes para entender que la señora Piedad Córdoba no va a desaprovechar esta oportunidad brindada en bandeja de plata, para convertir sus procesos criminales en hechos políticos, de tal manera que puede asegurarse que con la complacencia de la CSJ su caso quedará en la absoluta impunidad, mientras se prosigue la guerra jurídico-política contra el Ejército y quienes hayan participado en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, no sería de extrañar que la misma Política de Defensa y Seguridad Democrática termine en la picota pública, mientras el Plan Renacer de las Farc es elevado a manifiesto altruista.

Debe recordarse que el poder judicial colombiano, pese al aval de la Interpol con relación a las pruebas recaudas legalmente de los computadores de los cabecillas terroristas abatidos, ha puesto en duda el acervo probatorio, de tal manera que la tarea de la señora Córdoba Ruíz y su colectivo de abogados, será la de cavar los cimientos probatorios y señalar que esas pruebas son resultado de escuchas o interceptaciones ilegales de sus comunicaciones o las que hagan referencia a ellas, hecho que no tiene asidero jurídico pero que seguramente será aceptado dentro de las decisiones políticas a las que nos vienen acostumbrando los operadores judiciales, de tal manera que las pruebas terminarán revirtiéndose en contra de los funcionarios y los militares que han tenido que ver con su recaudación.

El cinismo de la exsenadora no tiene límites. En su página oficial puede leerse el siguiente texto: La ex senadora Piedad Córdoba pidió a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, que la reconozca como víctima dentro de la investigación preliminar que se adelanta contra el ex presidente Álvaro Uribe, con el objetivo de lograr una millonaria indemnización en caso de que el ex mandatario sea hallado culpable en el escándalo de los seguimientos ilegales en contra de la ex parlamentaria. Así lo expresó la ex legisladora al final de su diligencia ante los tres representantes investigadores, quienes la citaron para escuchar su versión frente a las 'chuzadas' de las cuales ha sido víctima según denuncias públicas [1].

Esa razón ‘jurídica’ fue aceptada de manera automática por los representantes Alfredo Bocanegra, Heriberto Escobar y Augusto Posada, que sin otra consideración diferente le reconocieron la personería jurídica para actuar como parte civil dentro del proceso; nada tiene que ver con una intención de verdad y justicia, ni siquiera a razones políticas, sino como ella misma lo expresa, su razón es perseguir una millonaria indemnización, a la vez que se presenta como víctima del delito de persecución política para tratar de desvirtuar la decisión de la Procuraduría que la destituyó del cargo y la inhabilitó por 18 años, razón por la cual exige que su actuación sea transmitida en directo por los medios de comunicación, es decir pretende un proceso político y mediático que le permita controvertir desde ese campo las decisiones disciplinarias o judiciales, al sostener que las acusaciones en su contra obedecen a la cadena de seguimientos e interceptaciones realizadas por el DAS fueron orquestadas desde el Palacio de Nariño, en el anterior gobierno.

Estos hechos comprueban una vez más la degradación de nuestro sistema judicial, incluida la comisión de acusaciones de la Cámara, juez natural de los congresistas, en su afán por cobrar revancha contra el anterior gobierno e imponer el socialismo a través del llamado siglo de los jueces que anunciara el Magistrado Ibáñez en contra del Estado social de derecho que pregona la separación de poderes en nuestra Constitución. Tiene razón el expresidente Uribe al señalar que el poder judicial no le brinda suficientes garantías procesales a quienes han combatido el narcoterrorismo considerado de tiempo atrás por nuestras Cortes como el sumun del altruismo.

[1] Ver artículo completo: Piedad Inocente. Todo lo que sea para alcanzar una paz justa y duradera. http://www.piedadcordoba.net/piedadparalapaz//modules.php?name=News&file=article&sid=3963&mode=thread&order=0&thold=0