Decepcionada debe sentirse la mamertería nacional e internacional ante el espaldarazo que la CPI le acaba de dar a la Ley de Justicia y Paz y el proceso de reinserción de los componentes de las autodefensas ilegales y otros grupos narcoterroristas; la ley que había querido ser presentada como un esfuerzo del anterior gobierno por favorecer a las autodefensas ilegales y que ha sido objeto de ataques jurídicos desde la misma Corte Constitucional, fue reconocida como novedosa y un ejemplo para el mundo por el máximo tribunal penal internacional.
Así lo señala el Fiscal jefe de la CPI quien declara al diario El Tiempo [1], El hecho de que nosotros estemos observando el proceso en Colombia es solamente el fruto de que ese país ratificó el estatuto. Mi tarea es esa, pero no implica ningún juicio 'deplorativo' contra Colombia –como lo han pretendido los organismos propagandísticos o afines a la narcoguerrilla-. Así que me parece que justamente el Presidente lo que está haciendo es mostrar qué es lo que Colombia hace y lo que se compromete a hacer.
Hay un reconocimiento implícito a la labor del Ejército y las Fuerzas Militares cuando señala el citado Fiscal que las Fuerzas Armadas tienen una fuerte idea de respetar la legalidad, se hacen más eficientes y más sutiles, mientras con respecto a los narcoterroristas indica que un avance que se ha producido es que hay poca simpatía política para la guerrilla; no hay mucho soporte en la sociedad. Esto es central: una guerrilla que no tiene apoyo social y político no dura mucho tiempo.
La CPI hace un reconocimiento especial al compromiso adquirido por el gobierno nacional de tiempo atrás y especialmente de la vinculación de las Fuerzas Militares a ese compromiso, El Presidente ha asumido varios compromisos hoy. Ha asumido el de hacer justicia, de hacer reparación a las víctimas y de que las Fuerzas Armadas van a respetar el marco legal. Si esos compromisos se cumplen, Colombia está haciendo lo que todo el mundo espera que se haga, así que en ese sentido mi deber es no intervenir cuando no debo intervenir, con lo que indudablemente quedan por tierra las intenciones de ONG’s y otros grupúsculos interesados en deslegitimar a nivel internacional el papel del gobierno y especialmente del Ejército en la consolidación de la seguridad democrática y el logro de la paz que anhelan los colombianos.
Hay que recordar que recientemente la la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH), recogiendo las mentiras de organizaciones como el MOVICE, Ciudadanos y ciudadanas por la paz, el Polo Democrático y el sector izquierdista del partido liberal, le había pedido oficialmente a la CPI que investigara y sancionara los crímenes de lesa humanidad que se cometían en Colombia y había calificado la Ley de Justicia y Paz como "una mascarada que se sancionó para evitar la acción de la CPI" e indicar falazmente que en Colombia las víctimas no han tenido acceso ni a la verdad, ni a la justicia ni a la reparación, desconociendo el esfuerzo legislativo por promulgar la Ley de Víctimas como complemento de la Ley de Justicia y Paz.
En su momento esas mismas organizaciones que hacen apología de las narcoguerrillas se habían quejado porque los paramilitares siguen delinquiendo desde la cárcel y en lugar de arrepentimiento por sus crímenes, los justifican en sus versiones libres, pero ahora se muestran indignados porque fueron excluidos del proceso de reincorporación contemplado en Justicia y Paz y extraditados a los EE.UU., para que respondan por delitos internacionales, hasta el punto que la exsenadora Piedad Córdoba Ruíz pasó de víctima doliente de los paramilitares a su acérrima defensora.
Para que la verdad, la justicia y la reparación por fin sea una realidad en el país aún hace falta que la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía y los organismos de control asuman con responsabilidad la investigación de la llamada farcpolítica con el mismo ímpetu con que adelantaron la parapolítica, mientras tanto sólo podrán proyectar la imagen de un poder judicial sesgado y politizado que contraviniendo la impresión internacional sigue considerando a los narcoterroristas como luchadores altruistas para no sancionar los delitos de lesa humanidad cometidos por organizaciones criminales como las Farc y Eln, quienes terminarían siendo objeto de la intervención de la CPI por omisión del Estado del que el poder judicial es uno de sus pilares.
Indudablemente también deberán responder quienes se han negado por omisión a investigar y sancionar a los responsables de masacres como las de Machuca, Bojayá, las de la comunidad indígena Awá, que han sido convenientemente relegadas al olvido mediante las maniobras propagandísticas que únicamente magnifican los hechos criminales cometidos por las autodefensas ilegales.
[1] EL TIEMPO. Colombia puede ofrecer su experiencia: fiscal jefe de la CPI. Martes, 7 de diciembre de 2010. En: http://www.eltiempo.com/justicia/fiscal-jefe-de-la-corte-penal-internacional-hablo-de-colombia_8537230-4
Así lo señala el Fiscal jefe de la CPI quien declara al diario El Tiempo [1], El hecho de que nosotros estemos observando el proceso en Colombia es solamente el fruto de que ese país ratificó el estatuto. Mi tarea es esa, pero no implica ningún juicio 'deplorativo' contra Colombia –como lo han pretendido los organismos propagandísticos o afines a la narcoguerrilla-. Así que me parece que justamente el Presidente lo que está haciendo es mostrar qué es lo que Colombia hace y lo que se compromete a hacer.
Hay un reconocimiento implícito a la labor del Ejército y las Fuerzas Militares cuando señala el citado Fiscal que las Fuerzas Armadas tienen una fuerte idea de respetar la legalidad, se hacen más eficientes y más sutiles, mientras con respecto a los narcoterroristas indica que un avance que se ha producido es que hay poca simpatía política para la guerrilla; no hay mucho soporte en la sociedad. Esto es central: una guerrilla que no tiene apoyo social y político no dura mucho tiempo.
La CPI hace un reconocimiento especial al compromiso adquirido por el gobierno nacional de tiempo atrás y especialmente de la vinculación de las Fuerzas Militares a ese compromiso, El Presidente ha asumido varios compromisos hoy. Ha asumido el de hacer justicia, de hacer reparación a las víctimas y de que las Fuerzas Armadas van a respetar el marco legal. Si esos compromisos se cumplen, Colombia está haciendo lo que todo el mundo espera que se haga, así que en ese sentido mi deber es no intervenir cuando no debo intervenir, con lo que indudablemente quedan por tierra las intenciones de ONG’s y otros grupúsculos interesados en deslegitimar a nivel internacional el papel del gobierno y especialmente del Ejército en la consolidación de la seguridad democrática y el logro de la paz que anhelan los colombianos.
Hay que recordar que recientemente la la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH), recogiendo las mentiras de organizaciones como el MOVICE, Ciudadanos y ciudadanas por la paz, el Polo Democrático y el sector izquierdista del partido liberal, le había pedido oficialmente a la CPI que investigara y sancionara los crímenes de lesa humanidad que se cometían en Colombia y había calificado la Ley de Justicia y Paz como "una mascarada que se sancionó para evitar la acción de la CPI" e indicar falazmente que en Colombia las víctimas no han tenido acceso ni a la verdad, ni a la justicia ni a la reparación, desconociendo el esfuerzo legislativo por promulgar la Ley de Víctimas como complemento de la Ley de Justicia y Paz.
En su momento esas mismas organizaciones que hacen apología de las narcoguerrillas se habían quejado porque los paramilitares siguen delinquiendo desde la cárcel y en lugar de arrepentimiento por sus crímenes, los justifican en sus versiones libres, pero ahora se muestran indignados porque fueron excluidos del proceso de reincorporación contemplado en Justicia y Paz y extraditados a los EE.UU., para que respondan por delitos internacionales, hasta el punto que la exsenadora Piedad Córdoba Ruíz pasó de víctima doliente de los paramilitares a su acérrima defensora.
Para que la verdad, la justicia y la reparación por fin sea una realidad en el país aún hace falta que la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía y los organismos de control asuman con responsabilidad la investigación de la llamada farcpolítica con el mismo ímpetu con que adelantaron la parapolítica, mientras tanto sólo podrán proyectar la imagen de un poder judicial sesgado y politizado que contraviniendo la impresión internacional sigue considerando a los narcoterroristas como luchadores altruistas para no sancionar los delitos de lesa humanidad cometidos por organizaciones criminales como las Farc y Eln, quienes terminarían siendo objeto de la intervención de la CPI por omisión del Estado del que el poder judicial es uno de sus pilares.
Indudablemente también deberán responder quienes se han negado por omisión a investigar y sancionar a los responsables de masacres como las de Machuca, Bojayá, las de la comunidad indígena Awá, que han sido convenientemente relegadas al olvido mediante las maniobras propagandísticas que únicamente magnifican los hechos criminales cometidos por las autodefensas ilegales.
[1] EL TIEMPO. Colombia puede ofrecer su experiencia: fiscal jefe de la CPI. Martes, 7 de diciembre de 2010. En: http://www.eltiempo.com/justicia/fiscal-jefe-de-la-corte-penal-internacional-hablo-de-colombia_8537230-4
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